
presidenta de la Cámara de Comercio.
El parque funciona gracias a una alianza entre Corparques y la Cámara de Comercio de Bogotá en un contrato firmado en 1994 hasta el 2019, pero que estaba en litigio desde 2008 a causa de una acción popular de una vecina. (Vea más detalles con El Espectador).
El alcalde Gustavo Petro decidió reclamar a través del Instituto Distrital de Recreación y Deportes los terrenos afirmando que el contrato es ilegal y dejando en riesgo a más de 300 empleados y el capital invertido por la Cámara de Comercio en el sector.
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“Tendríamos que sacar las atracciones y buscar un sitio distinto. Es una situación complicada”, comentó De Greiff, quien aseguró en Blu Radio que interpondrá acciones legales contra el Distrito porque “el contrato es legal y nunca ha tenido una queja, ni un atraso ni una demora”.
De Greiff explicó que Corparques pagaba al Distrito el 1 por ciento del concepto de las entradas y por el uso de las atracciones que era destinado para el mantenimiento de otros parques de la ciudad.
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Blu Radio conoció que la intención del distrito al reclamar las tierras apuntaría a usarlas como zona de vivienda en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que cursa en el Concejo de Bogotá.