El Consejo de Estado negó la tutela interpuesta por el contralor Edgardo Maya Villazón con la que pretendía continuar con el contrato de arriendo de la nueva sede aquella, adquirida por la contralora Sandra Morelli.
El contralor pretendía continuar en la sede, pagando el arrendamiento que corresponde, sin tener que prorrogar el contrato.
Según la tutela, la solicitud del contralor es improcedente, ya que esta solicitud debe resolver en el ámbito civil.
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