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Según Velásquez, desde hace un poco más de 5 meses tuvo la noticia sobre unos certificados expedidos por los funcionarios investigados que eran inexactos y que “tenían unas calificaciones diferentes a la realidad” y que desde ese mismo momento lo puso en conocimiento de la Fiscalía e interpuso la denuncia penal respectiva.
La universidad “inició un proceso disciplinario y encontramos que varias hojas de vida que se habían presentado no tenían datos correctos y eran inexactos”, dijo.
Se encontró que los funcionarios habían “utilizado la firma del representante legal escaneada”, por lo que se inició un proceso disciplinario y fueron inmediatamente desvinculados, siempre “garantizando la presunción de inocencia”.
Dos de los tres funcionarios implicados están en el rango ejecutivo, “encargados de los procesos licitatorios y una persona encargado de la unidad de consultoría”. Lea también (Por un documento falso, Fiscalía se declara víctima de la U. de la Sabana)
Ahora el proceso, en lo penal, se encuentra en etapa sumarial y sobre “el contrato se hizo una terminación de mutuo acuerdo. Ya la Universidad de la Sabana no va a adelantar el proceso de cargos en la Fiscalía, la universidad entiende que se ha cometido una conducta reprochable de algunos funcionarios y debe asumir la responsabilidad”, aseguró el rector.
“La universidad no hizo trampa, fueron unos funcionarios que tuvieron unas actuaciones. Esto es muy delicado y no se puede minimizar (..) Incluso hemos identificado otros contratos más, unas hojas de vida que no tenían precisión”.
“Me pregunto por qué teniendo capacidad institucional interna y externa” se llevó a cabo esta irregularidad. “Hay que conocer la verdad hasta las últimas consecuencias. No puedo permitir que los principios y valores de la universidad queden involucrados por el caso”, finalzó.
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