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Blu Radio conoció un documento que fue enviado al magistrado del Tribunal de Cundinamarca que lleva el proceso sobre el Galeón San José. El tribunal ya denegó las medidas cautelares y le dio parcialmente la razón al Gobierno sobre la Alianza Público-Privada que se desarrolló en la administración Santos y que concluyó que una empresa privada participe del rescate y se lleve una parte de lo que no sea patrimonio cultural sumergido a cambio de su trabajo.
Esta vez se trata de un coadyuvante de la acción popular que solicitó un concepto de la Fundación de Numismáticos de Colombia, especialistas en el análisis de monedas, su valor y su historia, que concluyó que definitivamente las monedas que puedan encontrarse en el Galeón deben tener un valor de acuerdo con su historia y singularidad, no por su peso.
“En el pecio del Galeón San José es muy factible que se encuentren monedas de oro acuñadas en la ceca de Lima, que son muy apreciadas por los coleccionistas; por tanto, su pecio puede llegar a ser mucho mayor”, señala el documento redactado para el tribunal.
Vea también: Santos anunció nuevo plazo para licitación que permitirá recuperar Galeón San José
Este también hace un análisis de los precios con base en monedas similares de una fecha cercana a las que eran transportadas por el barco.
Dice el documento que “de llevarse a cabo el referido acuerdo de pago, dejando de lado los valores numismáticos de las piezas, aparte de ser una práctica nada ortodoxa para ser aplicada por un Estado o Nación, traerá inquietantes e insensatas consecuencias a cualquiera de las partes, y es injustificable a todas luces, que el estado colombiano participe en tan lamentable praxis, arriesgando a la ligera el patrimonio de la nación”.
El documento vuelve a recurrir a los criterios argumentados en la primera acción popular sobre el tratado de la Unesco.
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Sin embargo, el tribunal enfatizó en que Colombia no suscribió el pacto sobre el océano del año 2001 y aclaró que la ley 1675 de 2013, y una resolución sobre patrimonio sumergido, son los preceptos aceptados para este tipo de procesos, por lo que debe respetarse la soberanía del país a elegir cómo rescatar los bienes.
Este nuevo recurso debe ser evaluado por el tribunal, lo que de nuevo terminaría en una dilatación de la adjudicación que ya tiene fijado un nuevo cronograma hasta el 6 de septiembre.
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