El pasado 7 de mayo, un juez de Bogotá avaló un principio de oportunidad otorgado por el fiscal general de la Nación, a favor de Nicolás Isackson Palacios, exjefe del grupo legal de Reficar.
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Con este beneficio, la Fiscalía busca suspenderle la acción penal por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento a cambio de que Isackson revele información clave en el marco de la investigación que se adelanta por el presunto sobrecosto en la construcción de la refinería de Cartagena, detectado por la Contraloría General de la República en 2016 y además, deberá servir como testigo de cargo contra los presuntos responsables.
A través de un comunicado, la Contraloría (víctima en el proceso) y la Procuraduría (representante de los intereses de la gente), celebraron que se apliquen estos mecanismos de justicia premial, cuando estos permitan establecer la verdad de los hechos y así “perseguir a los mayores responsables y obtener la reparación integral del daño al erario público, en uno de los casos de mayor impacto a nivel nacional”.
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