Nunca vi irregularidades de los interventores de Saludcoop: ex superintendente Gómez

Conrado Gómez fue el superintendente de Salud que coordinó, como representante del presidente Santos en la vigilancia y control, la intervención de Saludcoop por los entonces escándalos de corrupción sobre la administración de Carlos Arturo Palacino en el 2011. La Contraloría le imputó responsabilidad fiscal por $20.470 millones de pesos porque argumenta que, como superintendente, tuvo una “conducta gravemente culposa y omisiva” al no detener el pago de unas deudas de Saluscoop en intervención con Banco de Occidente y Bancolombia por cerca de $35.000 millones de pesos por contratos de leasing, es decir de arrendamiento de bienes y equipos. Gómez asegura que la consecuencia de haber detenido esos pagos habría causado problemas muy graves para el sistema de salud y señala que en la intervención hubo muchos intereses de personas particulares que querían tener influencia sobre el futuro de los recursos. “Nos están pidiendo explicaciones y nos están imputando sobre por qué no dimos la orden de suspender el pago de unos arriendos financieros para unas clínicas y unos equipos biomédicos que estaban en toda la red de servicios de Saludcoop. Estamos hablando de unas 35 clínicas, 20 centros de urgencias, unos 15 centros de especialistas en todo el país, además de mesas de cirugías, lamparás de cirugías, material de quirófano que se estaba utilizando para atender a todos los pacientes. Yo no podía dar la orden de detener esos pagos porque eso habría creado una crisis de salud que habría atentado contra la vida de muchas personas”, explica Gómez que hoy tiene sus cuentas embargadas por el ente de control. Agrega que, cuando él hizo la intervención esos contratos, ya estaban y los equipos estaban funcionando. Afirma que de hecho hoy los equipos que fueron arrendados siguen en uso y están en poder o del Gobierno o de la agente interventora.Vea también: Investigan fiscalmente a dos exsuperintendentes de salud por caso Saludcoop “Yo no podía crear un colapso de la red de servicios más grande del país. La Contraloría lo que dice es que esos recursos no se utilizaron en cosas que no tuvieran que ver con la prestación del servicio de salud, y eso no es cierto. Todos estos equipos se utilizaron en consultas, cirugías, etcétera”, argumenta. Gómez insiste en que la decisión de la Contraloría es un mal mensaje para el sistema en general porque plantea un escenario en el que los privados no pueden utilizar los únicos recursos que poseen, los de la Unidad de Pago por Capitación, para pagar servicios que son necesarios en el modelo de la libre competencia. Pero hay otro tema. A los agentes interventores, Mauricio Castro, Wilson Sánchez y Guillermo Grosso también se les imputa cargos por contratar a firmas de asesorías de abogados por cientos de millones de pesos, lo cual, en opinión de la Contraloría no tenía nada que ver con la destinación de la prestación del servicio. Gómez señala que nunca se enteró de malos manejos de los interventores que nombró: Sánchez, en junio de 2011, y Mauricio Castro, de noviembre de 2011 a mayo de 2013. “Yo hice muchas reuniones de seguimiento, auditoría, y nunca vi nada irregular. En mi administración había 34.000 vigilados. Las entidades intervenidas son entidades que tienen vigilancia mayor de la Superintendencia. Era imposible saber que un interventor, una gobernación o una EPS contrató un abogado. Uno se entera después en las auditorías, pero el seguimiento que uno hace es en temas muy específicos. Pero yo nunca me di cuenta de irregularidades”, puntualiza. Gómez, al igual que los otros cuatro vinculados a la investigación fiscal, tiene medidas cautelares para asegurar el pago de la imputación. Por ahora, el proceso continúa, pero la decisión tiene implicaciones reales sobre la actualidad de la Superintendencia. Es un mensaje claro para el superintendente Aristizábal: Si no suspende pagos de créditos a las EPS con bancos u otras entidades, podría ser imputado por omisión como responsable fiscal.