Un informe de inteligencia militar permitió destapar a dos poderosos narcotraficantes que, desde las sombras, estarían detrás de la operación criminal de las estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Martín Villa’, brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias ‘Cheli’ y alias ‘Toro’, de 35 y 40 años respectivamente, dos hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína.¿A dónde envían droga estos capos?El informe señala que estos dos capos envían mensualmente más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Recientemente, también se detectaron despachos menores hacia la Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal.La riqueza de ‘Cheli’ y ‘Toro’, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias: proveen fusiles M16, Tavor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas.¿Qué negocio tienen con estructuras de 'Iván Mordisco?A cambio, la ‘Carlos Patiño’ en el Cauca y la ‘Martín Villa’ en el Meta deben garantizar la protección de cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias ‘Iván Mordisco’ en regiones estratégicas.Las investigaciones también revelaron que ‘Cheli’ y Toro mantenían negocios con alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la ‘Carlos Patiño’, quien se entregó a las autoridades en agosto pasado en zona rural de El Estrecho, Cauca. Sin embargo, los dos narcos lograron evadir operativos recientes gracias a una amplia red de informantes dentro de la población civil, que los alerta cada vez que la fuerza pública inicia movimientos en sus corredores de movilidad.Aunque las autoridades cuentan con fotografías y huellas dactilares de ambos, sus nombres aún no han podido ser confirmados. Aun así, quedaron rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, los cuales ya fueron detectados y están siendo rastreados por la Dijín y el Ejército.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente al Gobierno nacional del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y de las condiciones que permitieron el ataque de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos y heridos.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario lamentó la lentitud en la reacción del Estado frente al hostigamiento. “A las 11:30 de la mañana ya teníamos un saldo lamentable de seis uniformados muertos y otro tanto heridos. Y no puede ser que 30 bandidos hayan puesto en jaque casi durante 24 horas a la institucionalidad en su conjunto”, afirmó.Rendón aclaró que su crítica no es contra la Policía ni contra los soldados, sino contra el Gobierno. “Es una falta de determinación del Gobierno nacional, de una conducción eficiente de las capacidades en su conjunto”, aseguró.¿Fracasó política de paz total?El gobernador señaló que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en Antioquia. “Por cuenta de esa política equívoca de Petro, las disidencias Farc han crecido en Antioquia un 70 %, el Clan del Golfo un 60 %. Municipios que habían sido declarados libres de coca hoy son de nuevo enclaves cocaleros”, indicó.A esto se suma, según Rendón, la bonanza del oro ilegal. “Todo eso ha engrosado las rentas criminales, que los tienen estrenando uniformes riquísimos con tecnología como esta que pusieron infortunadamente ayer, al servicio del terror y con la que no cuenta la fuerza pública”, denunció.¿Qué pasa con los recursos para la fuerza pública?Uno de los señalamientos más fuertes del mandatario fue contra la reducción de inversión en seguridad. “¿Cómo se explica usted que una brigada como la Cuarta en Antioquia, que tiene bajo su jurisdicción más de 90 municipios, este año haya recibido apenas 32 millones de pesos para inversión? Con eso no tanquea ni los vehículos de un pelotón ni las motocicletas en un par de meses”, dijo.Rendón comparó esa cifra con el esfuerzo que hizo su administración para imponer la tasa de seguridad y recaudar un billón de pesos. “No lo hacíamos por capricho, sino porque entendíamos la precariedad dotacional, de infraestructura, de equipamiento en la que estaban soldados y policías. El Gobierno nacional desmanteló la capacidad de inversión que debía tener rutinariamente la fuerza pública”, aseguró.El gobernador agregó que “lo único que llega oportunamente a soldados y policías es su salario”, y denunció que buena parte de los helicópteros Black Hawk están en tierra por falta de mantenimiento.Rendón también criticó la liberación de jefes de las disidencias bajo la figura de “gestores de paz”. Recordó la captura de alias Calarcá y otros cabecillas en Barbosa, Antioquia, en 2023, quienes posteriormente fueron liberados. “Petro y su fiscal de bolsillo, la fiscal Camargo, los declararon gestores de paz y los liberaron. ¿Qué le puede quedar en el corazón a un soldado o un policía cuando recuerda eso?”, cuestionó.Para el mandatario, esas decisiones equivocadas hoy tienen consecuencias en departamentos como Valle y Antioquia. “Cuánto dolor nos hubiésemos evitado si ese criminal estuviera tras las rejas”, afirmó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió tras el atentado con carro bomba ocurrido en la ciudad que lo sucedido no puede verse como un hecho aislado, sino como una amenaza que puede expandirse a otras regiones de Colombia si no hay una respuesta rápida y contundente de las autoridades nacionales.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, Eder explicó que la situación en Cali es “estable”, con presencia permanente del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes permanecen en la capital del Valle del Cauca para coordinar las acciones tras la emergencia.El mandatario confirmó que en las próximas horas se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado permanente entre la Nación, la Alcaldía, la Gobernación y la fuerza pública con el objetivo de recuperar la zona de Jamundí.“Venimos advirtiendo desde hace 20 meses que Jamundí es la principal amenaza para Cali. Es inaceptable tener 2.000 hectáreas de coca a 15 kilómetros de la Universidad del Valle. Eso es como si en Bogotá estuvieran sembradas al lado de la Universidad de La Sabana”, señaló Eder.¿Cuál era el objetivo del atentado en Cali?El alcalde fue enfático en que el ataque con carro bomba buscaba causar una masacre. “Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera Octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora, si no es para matar. Querían asesinar, querían sembrar terror”, afirmó.Sobre el segundo vehículo cargado con explosivos que no estalló, explicó que se trató de una falla de los atacantes. “Gracias a Dios no explotó, pero no quiero decir que por chambones. Son grupos de traquetos que están aprendiendo, pero que tienen que ser atendidos ya porque su objetivo es asesinar colombianos y reclutar niños en barrios marginados”, agregó.Eder reconoció que la fuerza pública mantiene su profesionalismo, pero insistió en que enfrenta limitaciones de recursos. “La capacidad de inteligencia que teníamos hace algunos años, la que permitió operaciones como Jaque o la caída de Cano, hoy está desfinanciada. Se han recortado hasta en un 30 % los recursos para seguridad, afectando capacidades estratégicas como la aérea. Eso es lo que se debe recuperar”, indicó.El mandatario aseguró que desde la Alcaldía se han duplicado los recursos de seguridad, al igual que en otras ciudades del país, pero recalcó que los municipios no tienen cómo financiar inteligencia, helicópteros ni aumentar pie de fuerza. “Eso lo debe hacer el Gobierno nacional”, sostuvo.El alcalde comparó a los actuales disidentes con los exguerrilleros con los que alguna vez negoció en La Habana. Recordó la captura de alias 'Sebastián', uno de los responsables del ataque, a quien describió como un joven que tenía brackets. “En más de una década nunca vi un desmovilizado con frenos. Eso quiere decir que tienen tiempo y comodidad para entrar a la ciudad y hacerse ese tipo de procedimientos. Estos no son guerrilleros, son delincuentes traquetos”, señaló.¿Cómo frenar el terrorismo en Cali?Eder insistió en que no se debe hablar de paz con estos grupos. “Con esta gente no hay nada que hablar, son delincuentes. Se puede hablar de sometimiento a la justicia, pero lo más importante ahora es empoderar a la fuerza pública para que recobre el control territorial”, dijo.El mandatario reiteró que lo ocurrido en Cali no es solo un problema local. “Esto no es aceptable para los caleños y no puede ser aceptable para Colombia, porque ese deterioro se está viviendo en todo el país. Si no hay un actuar contundente y rápido, lo que estamos viviendo aquí próximamente se vivirá en otras ciudades e intermedias de Colombia”, advirtió.Finalmente, valoró que el presidente Gustavo Petro calificara a estos grupos como “organizaciones terroristas” y que diera instrucciones claras para recuperar el territorio. “Ese es un paso importante, pero ahora necesitamos que se materialicen los recursos y se ejecute lo acordado. Aquí está en juego la vida de los caleños y de todos los colombianos”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio completo:
Las comunidades rurales del sur de Bolívar emitieron una alerta a las autoridades denunciado constantes amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados como consecuencia de la presencia de criminales del ELN y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.En respuesta a este llamado ciudadano, el Ejército, a través de la Brigada 19 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, desplegó una ofensiva militar para contrarrestar la expansión y el accionar de estos grupos ilegales.Cabecillas ELNUno de los principales objetivos de esta operación son los cabecillas del frente de Guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, quienes han impuesto el terror en la zona. Se trata de Jesús Navarro Robles, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, máximo jefe de esta estructura. Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas.Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la fuerza pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos.Otro de los hombres más buscados por las autoridades es alias ‘Harold’, responsable de operar la Compañía Tito Marín, y quien ha introducido el uso de drones con explosivos como forma de ataque a las tropas en terreno, generando preocupación por la capacidad tecnológica y el poder destructivo que ha adquirido la estructura criminal bajo su mando.Cabecillas Clan del GolfoPero la amenaza no termina ahí. En paralelo al accionar criminal del ELN, el Clan del Golfo también tiene fuerte presencia en esta región. Al mando de la estructura ‘Arístides Mesa Páez’, aparece Roineiro David Jiménez, conocido como alias ‘Jefferson’, un hombre que es considerado uno de los jefes más violentos de esa organización en el sur de Bolívar, con un largo prontuario por extorsión, tráfico de armas y coordinación de redes criminales en zona rural.A su lado delinque Luis Alberto Henao Cardozo, alias ‘Bejuco’, cabecilla de la subestructura ‘Euclides Arley Pérez Góez’, quien ha liderado enfrentamientos directos contra el ELN en la Serranía del Guamocho, buscando ampliar su dominio y controlar corredores estratégicos para el transporte de cocaína. Completa la cúpula alias ‘Piña’, jefe de la subestructura ‘Erlín Pino Duarte’, también implicado en homicidios selectivos y alianzas con redes ilegales para sostener el poder territorial de su grupo.La confrontación entre estos grupos armados deja a las comunidades rurales atrapadas en medio del fuego cruzado, por lo que el objetivo de la operación militar en curso es neutralizar las capacidades criminales de estas estructuras, impedir que continúen expandiéndose y garantizar la seguridad de miles de familias afectadas por años de abandono estatal y violencia sistemática.Las tropas del Ejército intensificaron patrullajes, aseguramiento de veredas, instalación de puntos de control y ofensivas en áreas montañosas de difícil acceso. Además, se reforzó la inteligencia en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, buscando golpear las finanzas y las redes de apoyo de estos grupos, al tiempo que se brinda protección a líderes sociales y campesinos que han sido amenazados por denunciar.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 5 de diciembre de 2025:Por primera vez, el Mundial de la Fifa tendrá 48 selecciones. Esto amplía la participación global de los equipos.En el sorteo del Mundial 2026, se formaron 12 grupos de 4 equipos cada uno, que irán desde la A hasta la L.En la fase de grupos, Colombia se enfrentará ante Uzbequistán, Portugal y el ganador del repechaje, que se definirá entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo.El cantante Michel Torres habló sobre la canción 'El Tic Tac de mi selección'.Escuche el programa completo aquí:
En Cundinamarca avanza una apuesta educativa sin precedentes: el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cundinamarca, un programa concebido para que los profesionales del ámbito educativo y social se conviertan en investigadores capaces de incidir en sus territorios. Este doctorado, primero en la historia de la Universidad de Cundinamarca y único ofrecido por una institución pública de educación superior en la región, se destaca por integrar tres dimensiones clave: territorio, saber pedagógico y creación de conocimiento. Desde esta perspectiva, la universidad busca aportar al desarrollo humano y a la consolidación de una educación de calidad que responda a los desafíos contemporáneos del país.Una característica central del programa es su estrecha relación con los contextos donde se desarrolla la vida educativa. Las líneas de investigación abordan asuntos como la formación docente, la educación ambiental, los aprendizajes para la paz, la resiliencia comunitaria, la evaluación educativa y las prácticas pedagógicas emergentes. Cada tesis nace de una pregunta surgida en escuelas rurales, instituciones urbanas, organizaciones sociales o entidades estatales que buscan redefinir cómo acompañan, enseñan y gestionan el conocimiento.La modalidad del doctorado también responde a las necesidades de quienes trabajan y estudian al mismo tiempo. El programa se desarrolla de manera presencial en Fusagasugá, con sesiones intensivas los viernes por la tarde y los sábados durante toda la jornada. Este esquema, unido a una duración estimada de entre tres y cinco años y un total de 80 créditos, permite avanzar en los seminarios, la investigación y la escritura de la tesis sin descuidar responsabilidades laborales y familiares.Su enfoque académico se sustenta en la educación transmoderna, corriente que promueve la reflexión crítica y el diálogo entre saberes. Gracias a esta orientación, los doctorandos participan en seminarios teóricos, talleres especializados, electivas de profundización, estancias académicas y redes académicas nacionales e internacionales. La meta es que cada estudiante consolide una voz investigativa propia y pueda posicionarse en debates contemporáneos sobre educación.El impacto de este proceso formativo se refleja en el perfil del egresado: un investigador autónomo, con capacidad para diseñar propuestas educativas, diagnosticar problemas y liderar iniciativas transformadoras en diferentes ámbitos sociales. Esta cualificación abre caminos profesionales en cargos directivos, consultorías, gestión de proyectos, trabajo comunitario y creación de programas pedagógicos innovadores.Uno de los aspectos más valorados del doctorado es su énfasis en la aplicabilidad del conocimiento. Las investigaciones no se quedan en el papel: se convierten en libros, artículos, modelos de intervención, recomendaciones de política pública, estrategias curriculares y propuestas comunitarias que fortalecen la vida educativa de los territorios. Las imágenes que acompañan estas iniciativas suelen mostrar esa doble dimensión del programa: discusiones académicas rigurosas y trabajo directo con comunidades rurales, grupos juveniles o colectivos étnicos.En materia económica, el costo por semestre es de $12.812.000 durante los primeros cuatro semestres y de $8.541.000 a partir del tercer año. La UDEC ofrece, además, un descuento del 20 % para egresados y otro del 10 % por certificado electoral, ambos acumulables.Quienes estén interesados pueden comunicarse con el Instituto de Posgrados de la Universidad de Cundinamarca o escribir al WhatsApp 317 401 5845 para conocer requisitos, fechas de admisión y opciones de financiación.
Frente al aumento de asesinatos, desplazamientos y amenazas contra líderes sociales, indígenas y afrodescendientes, las comunidades del Cauca, junto con la Arquidiócesis de Popayán y diversas organizaciones sociales, convocaron una jornada simbólica denominada “Día Blanco por la Paz del Cauca”, que busca hacer visible la difícil situación humanitaria que enfrenta la región.El evento central, llamado “SOS humano y luminoso”, se desarrollará de manera simultánea en cerca de 20 municipios del departamento. A las 10:00 de la mañana, habitantes de zonas urbanas y rurales formarán con sus cuerpos la frase “SOS Cauca”, como un llamado colectivo de auxilio y esperanza. Al caer la noche, se encenderán luces y velas blancas en hogares, calles y espacios públicos, simbolizando la unión y el deseo de detener la guerra que afecta al suroccidente colombiano.La iniciativa, de carácter ciudadano y pacífico, reúne a cabildos indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes, parroquias, organizaciones sociales, juntas de acción comunal y colectivos culturales, que buscan enviar un mensaje de unidad más allá de diferencias políticas o ideológicas. “El Cauca se cansó de la muerte. Este SOS es por la vida, por la paz y por la dignidad de todos”, señalaron los convocantes.La movilización pretende llamar la atención del Estado y de los actores armados para que cesen los ataques contra la población civil y se garantice la presencia integral del Estado en los territorios. Según la Arquidiócesis de Popayán, la jornada será “un gesto luminoso de fe, esperanza y resistencia frente a la oscuridad que deja la violencia”.En los últimos meses, el departamento del Cauca ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, asesinatos de líderes y confinamientos de comunidades enteras, lo que ha llevado a las organizaciones locales y a la Iglesia a lanzar este llamado urgente a la conciencia del país.El “SOS humano y luminoso” busca no solo rendir homenaje a las víctimas, sino reafirmar que la paz territorial es posible si el país escucha el clamor de las comunidades que, desde sus territorios, siguen apostándole a la vida.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
La exposición “Reconocer la máscara”, curada por Angelina Guerrero, propone un análisis profundo y sensorial sobre la identidad en tiempos marcados por la tecnología y la vigilancia. Desde una perspectiva que combina lo poético, lo político y lo ritual, la muestra parte de la idea de que “reconocer es como un espejo que se lee en dos direcciones”, estableciendo así la noción de doble mirada que atraviesa todo el proyecto. En este juego de opuestos, lo que se revela y se oculta, lo que se protege y se expone la máscara emerge como dispositivo central para entender la pluralidad contemporánea.El proyecto sostiene que la máscara es un territorio donde coexisten “dos fuerzas opuestas: la del disfraz y la del descubrimiento”. Esta tensión invita a cuestionar la relación entre apariencia e identidad, especialmente en una era saturada de imágenes, algoritmos y sistemas de reconocimiento facial. En este contexto, la exposición se pregunta: “¿Qué ocurre cuando decidimos no ser reconocibles?” La respuesta se despliega a través de obras que sugieren que cubrirse puede ser una forma de resistencia ante la hiperexposición digital, una manera de evadir la clasificación y reivindicar la multiplicidad del ser.Las piezas exhibidas también recuperan la dimensión ancestral y simbólica de la máscara. Según el texto curatorial, “las máscaras poseen la capacidad de elevar el objeto a la dignidad de la cosa, devolviéndole su sentido original de contener vida, memoria y espíritu”. Esta idea se refleja en el uso de materiales como madera, cerámica, vidrio, tierra, cera o fique, que evocan prácticas rituales y vínculos con la naturaleza. Al mismo tiempo, la muestra subraya la pregunta contemporánea “Are we robots?”, incorporando un diálogo entre lo humano y lo artificial que atraviesa la propuesta.El conjunto de artistas participantes, Camilo Pachón, Daniel Jiménez, Danielle Kovalski Monsonego, María Roldán Ruíz, Mateo López, Miguel Cárdenas, Nor@ Renaud, Rosana Escobar, Salvador Jiménez-Flóres y Santiago Lemus, presenta obras que funcionan como “fragmentos de posibles rostros”. Cada pieza actúa como una superficie de identidad superpuesta, una epidermis simbólica que remite tanto a los orígenes míticos de la máscara como a su vigencia en la cultura visual actual. La muestra destaca que estas formas pueden remitir a “cuernos, plumas, antenas, pelos, colmillos”, señales de una genealogía que enlaza lo animal, lo humano y lo espiritual.La exposición también incorpora experiencias performativas. Se anuncian encuentros de danza y ritual que buscan recordar que “la máscara no es un objeto inmóvil sino un gesto que respira”. En estos espacios, la metamorfosis se convierte en acción, reforzando la noción de que “reconocer la máscara es aceptar que detrás del rostro hay muchos otros”.Dónde ver la exposición“Reconocer la máscara” se encuentra abierta al público en Espacio KB, ubicado en la Calle 74 # 22-20, en Bogotá. La muestra estará disponible entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025, permitiendo a los visitantes acercarse a esta reflexión sobre lo visible, lo oculto y las nuevas identidades que emergen en un mundo híbrido entre lo ritual y lo tecnológico.
Una operación militar puso fin a la carrera criminal de alias ‘Libardo’, uno de los hombres más buscados del país, cabecilla principal de la estructura ‘Ismael Ruiz’ y ficha clave del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.La operación se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Páez, Cauca. En una casa camuflada en medio de las montañas, alias ‘Libardo’ se escondía junto a varios miembros de su estructura, entre ellos menores reclutados a la fuerza que estaban siendo adoctrinados. El lugar funcionaba como un centro de entrenamiento ideológico y militar.Su trayectoria delictiva es extensa. Según inteligencia militar, este peligroso criminal participó activamente en las filas de la extinta guerrilla de las Farc y luego en las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. En 2022 fue el responsable de la emboscada en San Luis, Neiva, que dejó siete policías muertos.Desde entonces, su nombre estuvo ligado a múltiples ataques contra tropas del Ejército, secuestros, asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, y actos de terrorismo con drones, como el ataque a la base militar de Casaverde en julio de 2024.Alias ‘Libardo’ era más que un cabecilla armado. De acuerdo con su perfil criminal, ejercía control territorial en varios municipios del Tolima y el Huila, extorsionaba al sector comercio, cafetero y transportador, y lideraba la instrumentalización de menores para nutrir sus filas armadas.Su caída representa, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, un golpe estratégico que debilita la expansión criminal del bloque ‘Isaías Pardo’ y reduce la amenaza contra civiles, líderes sociales y la Fuerza Pública.Este hombre era requerido por la Fiscalía por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y sobre él pesaba una recompensa de más de 1.600 millones de pesos. En apenas tres años, pasó de guerrillero raso a ser el sucesor de alias ‘Cholinga’ y se convirtió en el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.La muerte de este criminal marca un antes y un después en la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las FFMM sostienen que se han registrado más de 340 combates en lo corrido del año, con un incremento del 40 % en operaciones ofensivas. Ahora, el objetivo son alias ‘Marlon Vásquez’ y alias ‘Chapolo’, quienes heredaron estructuras debilitadas, sin el liderazgo violento de ‘Librado’.
Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar un millonario cargamento de café que había sido robado en el sur del país. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas de la brigada 29, en coordinación con unidades de la división de Policía del Cauca, ubicaron una tractomula que transportaba más de 32 toneladas de café tipo exportación. Según estimaciones, el valor de la carga supera los 1.000 millones de pesos.El hallazgo se dio tras una maniobra de inteligencia que permitió interceptar el vehículo antes de que la mercancía fuera movilizada fuera del departamento. Durante el operativo fueron capturadas dos personas, señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo armado residual estructura Jaime Martínez, una organización criminal con injerencia en esa región y con antecedentes en el robo sistemático de mercancías de alto valor.Además de recuperar el café, los uniformados incautaron un equipo de comunicación y un inhibidor de señal, elementos que, según las autoridades, iban a ser utilizados por los delincuentes para evitar el rastreo satelital de la tractomula y así dificultar su ubicación tras el robo.Tanto los capturados como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal involucrada. Las autoridades destacan que este tipo de acciones afectan directamente las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
El grupo de la Mesa Nacional Cacaotera se pronunció hoy en contra de los precios del cacao en el país y pidieron a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abrir la conversación para construir un acuerdo que permita estabilizar los precios del grano a los productores en ciertas regiones del país.La tonelada de cacao se paga a 8.300 dólares en el exterior, pero en Colombia se paga el kilo a $22.000 cuando, según los cacaoteros, deberían pagarlo a más de 30.000 pesos.Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera en Santander, aseguró que si antes del 30 de julio el Gobierno no da una respuesta, harán un paro en las principales vías del país, como la Panamericana y la troncal del Magdalena medio. “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, anunció Niño.A través de un comunicado, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia denunció que las políticas públicas en torno al cacao no se han abordado de manera correcta por este Gobierno, por lo que esperan una respuesta de la ministra Carvajalino, a más tardar en la tarde de este martes 22 de julio.“Denunciamos las prácticas desplegadas por las grandes industrias y exportadores que ejercen el monopolio sobre la producción, el comercio, la transformación y la exportación del cacao en sus diferentes formas, así como la falta de actuación por parte de los órganos rectores del gremio cacaotero”, se lee en el comunicado firmado por representantes de las mesas cacaoteras de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Arauca y la Asociación Campesina Agropecuaria y Piscícola de Santander.La propuesta de los cacaoteros al Gobierno es que se reúnan este 24 de julio para hablar de las necesidades del sector.Sin embargo, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) informó, a través de un comunicado, que ellos no están convocando a ningún tipo de manifestación, paro cacaotero, y que mantienen un diálogo abierto y constante con el Ministerio de Agricultura.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, llegó al departamento de Arauca para asumir personalmente el seguimiento del caso del subintendente y patrullero secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tame.Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos al cuerpo élite de investigación de la Dijin, quienes fueron interceptados y privados de la libertad en medio de su labor cotidiana que es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de la Habana en 2016.El general Triana se reunió con autoridades locales y la cúpula policial de la región para coordinar acciones de búsqueda y protección a sus vidas.“El ELN es absolutamente responsable por la integridad y la vida de nuestros policías”, afirmó el director, quien destacó que los uniformados cumplían funciones orientadas al esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz firmado en La Habana.Triana anunció que el secuestro será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Además, expresó su solidaridad institucional con las familias de los policías retenidos y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.“No es solo un ataque a dos servidores públicos, es un ataque directo al trabajo de protección de líderes sociales en el país. Gracias a ellos se han logrado esclarecer 26 homicidios de líderes sociales en Arauca en los últimos tres años”, destacó el general.
El ELN confirmó en las últimas que tiene en su poder a los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, secuestrados durante una operación de “control territorial” en el departamento de Arauca.Según la información del ELN, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025, cuando los dos policías se movilizaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en ese momento fueron interceptados por hombres fuertemente armados.Los secuestrados fueron identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente con 17 años de servicio Y Yordin Fabián Pérez Mendoza, patrullero con más de 10 años en la institución.El ELN afirmó haberles incautado dos pistolas 9mm, un computador y documentos. En el comunicado, el ELN asegura que los agentes están “sanos y salvos” y responsabiliza al Estado de cualquier daño que sufran, especialmente en caso de intentos de rescate militar.
Fue en medio de patrullajes de control que un perro antiexplosivos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército logró ubicar un artefacto explosivo improvisado junto a unas viviendas en una de las vías por donde se iba a realizar el desfile militar del 20 de julio.Este artefacto, dicen las autoridades, se encontraba dentro de bolsas de basura y había sido dejado en medio de las viviendas y cerca de un jardín infantil, zona de la inspección La Julia, del municipio de Uribe, Meta.Tras la verificación, un equipo de explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos, siguiendo todos los protocolos establecidos, procedió a despejar la zona con el apoyo de la Policía, y posteriormente realizó la destrucción de este artefacto de manera controlada.“Con esta acción, se neutralizaron las acciones del enemigo que buscaba atentar contra la vida e integridad de la población civil y las tropas desplegadas durante la conmemoración de los 215 años de Independencia”, destacó el Ejercito.La Fuerza de Tarea Omega rechazó este acto que pudo afectar muchas vidas y anunció el refuerzo de las operaciones ofensivas en la zona para combatir los grupos armados organizados, por lo que invitó a la población a denunciar todo acto sospechoso a través de la línea 107 antiterrorismo.
La Cuarta División del Ejército confirmó que tropas desplegadas en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fueron blanco de un ataque con artefacto explosivo improvisado lanzado mediante un dron por las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2025.De acuerdo con el comunicado oficial, los responsables del ataque serían integrantes de la las disidencias de las Farc, quienes emplearon un dron para arrojar una granada de fabricación artesanal contra las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.El artefacto detonó en el costado oriental externo del puesto de mando, donde se encontraba personal militar del dispositivo avanzado de combate. Sin embargo, gracias a las medidas de protección activadas por los soldados, no se presentaron afectaciones en el personal ni daños a la infraestructura militar.Tras la detonación, las tropas activaron el plan de reacción y contrataque, que incluyó el despliegue de medios aéreos no tripulados para asegurar el perímetro en un radio de 360 grados. Las unidades en la zona fueron alertadas y el dispositivo de seguridad permanece en máximo alistamiento para prevenir nuevos ataques.El Ejército Nacional calificó este hecho como una violación al derecho internacional humanitario y anunció que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, la Cuarta División reiteró su compromiso con la seguridad del suroriente colombiano, la defensa de la población civil y el respeto por los derechos humanos, manteniendo su presencia activa y contundente en la región.
Este martes, se desató una ola violenta por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en diferentes zonas del Cauca y el Valle, incluida Cali. Los hechos dejan hasta el momento cinco personas heridas y cuatro más fueron asesinadas. Dese la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques advirtiendo que la política de paz ha fallado."Estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales"; señala en un comunicado Asocapitales.Por otro lado, hicieron un llamado para que se tomen medidas urgentes con el fin de garantizar la seguridad en Colombia."La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables", dice el documento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el atentado terrorista que iba a a ser llevado a cabo en Miraflores, Guaviare, a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con el jefe de la cartera, esto confirma que la voluntad de alias ‘Mordisco’ nunca ha sido la paz.“Gracias a la capacidad de anticipación de nuestra Fuerza Pública, neutralizamos un plan criminal del Frente 1 del Bloque Amazonas que buscaba aterrorizar a nuestra población que transita en el área de Miraflores, Guaviare”, indicó el ministro de Defensa sobre el frustrado atentado terrorista.Un lancha cargada con explosivos fue abandonada en inmediaciones del puerto de Miraflores y, según el ministro, fue por la intervención oportuna de técnicos antiexplosivos que se evitó una tragedia. En la lancha, destaca la autoridad, fueron encontrados los siguientes elementos:4 cilindros con 20 kg de explosivos cada uno.Potencial destructivo de 200 metros a la redonda“Nuestros equipos ejecutaron una detonación controlada en zona segura, protegiendo la vida de soldados y civiles. En este momento se desarrollan operaciones para capturara los terroristas. No vamos a permitir que el terrorismo regrese a nuestros territorios”, agregó el ministro.Sánchez agregó además que el Estado colombiano tiene un programa de atención humanitaria al desmovilizado. “Desmovilícense. No le sigan haciendo daño a nuestros campesinos y a Colombia”.
El Ejército Nacional confirmó que un suboficial y tres soldados resultaron heridos en un ataque con drones cargados con explosivos en la vereda Capiscaracho en Balboa, Cauca. El atentado a las tropas es atribuido a la disidencia Carlos Patiño que delinque en esa zona.Hasta esta madrugada se extendieron los fuertes combates entre la fuerza pública y miembros de la estructura Carlos Patiño de la vereda Capiscaracho en zona rural del municipio de Balboa, en el sur del Cauca.Allí las tropas del Ejército fueron atacadas con ráfagas de fusil y drones cargados con explosivos, ocasionando temor en la comunidad que tuvo que resguardarse en sus viviendas."En la noche de hoy, 23 de mayo de 2025, en el marco de operaciones militares orientadas a ese desarticular las redes del narcotráfico, tropas de la brigada contra el narcotráfico N.3 fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones por el grupo armado organizado residual, (GAO-r) Carlos Patiño", dice el comunicado.Este hecho dejó como resultado un suboficial y tres soldados heridos, quienes de inmediato fueron atendidos por los enfermeros militares, pero llevados hasta el casco urbano al hospital local para recibir atención especializada."La oportuna reacción de las tropas permitió asegurar el sector con el fin de salvaguardar la integridad del personal desplegado en la zona y de la población civil, víctima de accionar de esta estructura residual", puntualiza el comunicado.A esta hora, las tropas del Ejército con la Fuerza Aérea refuerzan el despliegue en la zona para evitar nuevos ataques de los grupos armados que delinquen en esa zona del departamento del Cauca.
A través de un video difundido este miércoles 22 de mayo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó nuevas pruebas de vida de los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yilmer Andrés Coral Gómez, quienes fueron secuestrados hace más de seis semanas en Cúcuta, Norte de Santander.Las imágenes fueron publicadas por el frente Camilo Torres Restrepo de esa guerrilla, que también emitió un comunicado culpando al Gobierno nacional, según su versión, por no haber garantizado las condiciones necesarias para que se produjera la liberación de los militares.Los soldados, adscritos al Comando de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, fueron retenidos el pasado 9 de abril en el barrio Colinas del Tunal, al norte de la ciudad fronteriza. Según informó el Ejército, los uniformados realizaban tareas de vigilancia en la zona luego de recibir denuncias por presuntos casos de extorsión. En medio de estas labores se presentó una asonada y un grupo de hombres armados los interceptó, obligándolos a subir a motocicletas en las que desaparecieron con rumbo desconocido.Desde entonces, las operaciones de búsqueda se han concentrado en los alrededores del lugar del secuestro, así como en sectores cercanos a la frontera con Venezuela. “Una vez se sabe de los hechos, en coordinación con la Policía Nacional, se adelantan las labores de búsqueda que permitan el pronto regreso a la libertad sanos y salvos de nuestros soldados profesionales”, señaló el Ejército en un comunicado divulgado semanas atrás.El Comando de la Trigésima Brigada ha manifestado su rechazo al secuestro, calificándolo como una acción que vulnera los derechos humanos y contraviene lo establecido por el derecho internacional humanitario. También ha hecho un llamado para que se produzca la liberación inmediata de Sáenz y Coral Gómez.
En lo corrido de 2025, las autoridades en Colombia han logrado hacer extinción de dominio de un total de 447.078 millones de pesos en bienes de la mafia. “Colombia no será refugio de mafias ni fortín de economías ilegales”, indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Los Grupos Delincuenciales Organizados o también llamadas bandas criminales son las que han recibido el mayor impacto con la extinción de dominio de bienes, que estaban a su servicio para cometer delitos por parte de las autoridades con 319 de sus bienes por un total de 319.796 millones de pesos.Las bandas de crimen transnacional también han tenido un fuerte golpe en sus finanzas criminales con un total de 506 de ellos afectados que juntos suman un total de 92.483 millones de pesos. A estos le siguen los Grupos Armados Organizados, como el ELN o las disidencias de las Farc, entre otros, a los cuales las autoridades les han hecho extinción de dominio a 65 bienes avaluados en 802 millones de pesos.En lo que respecta a los Grupos Delictivos Organizados han tenido afectación en sus bienes por extinción de dominio por 802 millones de pesos y 9 bienes puestos a disposición de la autoridad competente.Estos son los bienes incautados a la mafia en lo corrido de 2025De acuerdo con el Ministerio de Defensa, entre los bienes a los cuales se les ha hecho extinción de dominio en lo corrido del año se encuentran fincas, lotes, casas y hasta parqueaderos, por lo que reveló el listado de las afectaciones a los criminales:Fincas: 20Lotes: 77Casas: 82Semovientes: 443Embarcaciones, vehículos y motos: 152Establecimientos y sociedades: 59Títulos valores: 8Locales: 4Bodegas: 7Cuarto útil: 1Dinero: 2Parqueaderos: 14Apartamentos: 29Garajes: 1
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, alertó a través del representante en Colombia del alto comisionado para la los derechos humanos, Scott Campbell, sobre el uso que bandas criminales estarían dando a redes sociales como Tik Tok y Facebook para reclutar menores de edad para el conflicto en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.El representante agregó que quedó profundamente preocupado por la situación de riesgo de las comunidades, no solo por los testimonios que pudieron conocer, sino también por la verificación de casos de vulneraciones a los derechos humanos, realizada por los representantes de esta oficina en la región.Según los datos de la ONU, en lo que va corrido del 2025, en el Catatumbo se ha documentado el asesinado de cuatro defensoras de derechos humanos; cinco masacres, con 18 víctimas, cuatro de las cuales se han dado en Tibú, además del reclutamiento, uso y utilización de 36 niños, niñas y adolescentes, en el 23% de los casos son menores migrantes.“El reclutamiento forzado de menores de 18 años es un crimen perpetrado por parte de los grupos armados no estatales. Nosotros condenamos este crimen y urgimos a que estos grupos se abstengan de reclutar niños y niñas y a que liberen de inmediato a aquellos que tengan en su poder. Las plataformas de redes sociales facilitan el reclutamiento en Colombia.” destacó Campbell.Llamó también al Estado colombiano a que cumpla su obligación de proteger a los menores de edad y a que tome las medidas para prevenir el reclutamiento.La ONU tiene en sus registros 126 homicidios selectivos en medio de la escalada violenta que empezó el 16 de enero, además de 66.080 personas desplazadas forzosamente, de las cuales cerca de 900 permanecen en refugios, mientras otras siguen desplazadas y ubicadas en redes de apoyo o con sus propios medios, otros por su parte, retornaron sin condiciones de seguridad; 11.490 siguen confinadas.En su visita, el representante del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, también sostuvo encuentros con líderes de la comunidad indígena Barí, quiénes señalaron que los grupos armados han instalado minas antipersonas en los caminos que llevan a sus resguardos, imposibilitando su movilidad y afectado además sus procesos ancestrales.Durante esta escalada violenta hay reportes de al menos 56 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, de los cuales el 64% corresponde a sobrevivientes migrantes.
En entrevista sobre el estado actual de la seguridad en Colombia, la ex viceministra de Defensa, Daniela Gómez, en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, analizó los desafíos y las dinámicas que afectan el control territorial y la percepción de seguridad en el país.Gómez destacó que, a pesar de las disminuciones en algunos datos estadísticos, la percepción de inseguridad sigue en aumento entre la población."A pesar de que los homicidios han mostrado una tendencia a la baja en algunas regiones, los ciudadanos no se sienten más seguros", enfatizó Gómez, señalando que la violencia se ha trasladado en gran medida a entornos urbanos y que el desafío principal recae sobre la Policía Nacional.La ex viceministra también hizo referencia al plan pistola del Clan del Golfo y otros grupos criminales, argumentando que tales acciones son estrategias para generar terror y afectar la imagen del Gobierno. El análisis de las cifras revela que el 75-80% de los homicidios en Colombia se concentran en áreas urbanas y que el crimen organizado es el principal responsable de esta violencia.Al referirse a las cifras de homicidios reportadas recientemente, Gómez destacó que el aumento no necesariamente indica una escalada en el crimen, sino más bien una respuesta a las acciones ofensivas del Gobierno."En un contexto de guerra, se espera que aumenten los homicidios. La escalada del conflicto a menudo resulta en más víctimas, y es importante distinguir entre quienes son los responsables de esta violencia", agregó.Aun así, reconoció que el actual Gobierno enfrenta grandes retos en el control de los territorios y que las políticas de paz implementadas pueden haber tenido efectos divergentes en la consolidación del orden público. La ex viceministra enfatizó la complejidad del tema, explicitando que la violencia no es nueva en Colombia, pero ha evolucionado en sus formas y actores."La violencia organizada es una constante en nuestra historia; lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de un proceso de paz que ha reorganizado ciertas dinámicas en el campo criminal", concluyó.Escuche la entrevista completa acá: