Un informe de inteligencia militar permitió destapar a dos poderosos narcotraficantes que, desde las sombras, estarían detrás de la operación criminal de las estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Martín Villa’, brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias ‘Cheli’ y alias ‘Toro’, de 35 y 40 años respectivamente, dos hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína.¿A dónde envían droga estos capos?El informe señala que estos dos capos envían mensualmente más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Recientemente, también se detectaron despachos menores hacia la Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal.La riqueza de ‘Cheli’ y ‘Toro’, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias: proveen fusiles M16, Tavor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas.¿Qué negocio tienen con estructuras de 'Iván Mordisco?A cambio, la ‘Carlos Patiño’ en el Cauca y la ‘Martín Villa’ en el Meta deben garantizar la protección de cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias ‘Iván Mordisco’ en regiones estratégicas.Las investigaciones también revelaron que ‘Cheli’ y Toro mantenían negocios con alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la ‘Carlos Patiño’, quien se entregó a las autoridades en agosto pasado en zona rural de El Estrecho, Cauca. Sin embargo, los dos narcos lograron evadir operativos recientes gracias a una amplia red de informantes dentro de la población civil, que los alerta cada vez que la fuerza pública inicia movimientos en sus corredores de movilidad.Aunque las autoridades cuentan con fotografías y huellas dactilares de ambos, sus nombres aún no han podido ser confirmados. Aun así, quedaron rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, los cuales ya fueron detectados y están siendo rastreados por la Dijín y el Ejército.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente al Gobierno nacional del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y de las condiciones que permitieron el ataque de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos y heridos.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario lamentó la lentitud en la reacción del Estado frente al hostigamiento. “A las 11:30 de la mañana ya teníamos un saldo lamentable de seis uniformados muertos y otro tanto heridos. Y no puede ser que 30 bandidos hayan puesto en jaque casi durante 24 horas a la institucionalidad en su conjunto”, afirmó.Rendón aclaró que su crítica no es contra la Policía ni contra los soldados, sino contra el Gobierno. “Es una falta de determinación del Gobierno nacional, de una conducción eficiente de las capacidades en su conjunto”, aseguró.¿Fracasó política de paz total?El gobernador señaló que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en Antioquia. “Por cuenta de esa política equívoca de Petro, las disidencias Farc han crecido en Antioquia un 70 %, el Clan del Golfo un 60 %. Municipios que habían sido declarados libres de coca hoy son de nuevo enclaves cocaleros”, indicó.A esto se suma, según Rendón, la bonanza del oro ilegal. “Todo eso ha engrosado las rentas criminales, que los tienen estrenando uniformes riquísimos con tecnología como esta que pusieron infortunadamente ayer, al servicio del terror y con la que no cuenta la fuerza pública”, denunció.¿Qué pasa con los recursos para la fuerza pública?Uno de los señalamientos más fuertes del mandatario fue contra la reducción de inversión en seguridad. “¿Cómo se explica usted que una brigada como la Cuarta en Antioquia, que tiene bajo su jurisdicción más de 90 municipios, este año haya recibido apenas 32 millones de pesos para inversión? Con eso no tanquea ni los vehículos de un pelotón ni las motocicletas en un par de meses”, dijo.Rendón comparó esa cifra con el esfuerzo que hizo su administración para imponer la tasa de seguridad y recaudar un billón de pesos. “No lo hacíamos por capricho, sino porque entendíamos la precariedad dotacional, de infraestructura, de equipamiento en la que estaban soldados y policías. El Gobierno nacional desmanteló la capacidad de inversión que debía tener rutinariamente la fuerza pública”, aseguró.El gobernador agregó que “lo único que llega oportunamente a soldados y policías es su salario”, y denunció que buena parte de los helicópteros Black Hawk están en tierra por falta de mantenimiento.Rendón también criticó la liberación de jefes de las disidencias bajo la figura de “gestores de paz”. Recordó la captura de alias Calarcá y otros cabecillas en Barbosa, Antioquia, en 2023, quienes posteriormente fueron liberados. “Petro y su fiscal de bolsillo, la fiscal Camargo, los declararon gestores de paz y los liberaron. ¿Qué le puede quedar en el corazón a un soldado o un policía cuando recuerda eso?”, cuestionó.Para el mandatario, esas decisiones equivocadas hoy tienen consecuencias en departamentos como Valle y Antioquia. “Cuánto dolor nos hubiésemos evitado si ese criminal estuviera tras las rejas”, afirmó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió tras el atentado con carro bomba ocurrido en la ciudad que lo sucedido no puede verse como un hecho aislado, sino como una amenaza que puede expandirse a otras regiones de Colombia si no hay una respuesta rápida y contundente de las autoridades nacionales.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, Eder explicó que la situación en Cali es “estable”, con presencia permanente del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes permanecen en la capital del Valle del Cauca para coordinar las acciones tras la emergencia.El mandatario confirmó que en las próximas horas se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado permanente entre la Nación, la Alcaldía, la Gobernación y la fuerza pública con el objetivo de recuperar la zona de Jamundí.“Venimos advirtiendo desde hace 20 meses que Jamundí es la principal amenaza para Cali. Es inaceptable tener 2.000 hectáreas de coca a 15 kilómetros de la Universidad del Valle. Eso es como si en Bogotá estuvieran sembradas al lado de la Universidad de La Sabana”, señaló Eder.¿Cuál era el objetivo del atentado en Cali?El alcalde fue enfático en que el ataque con carro bomba buscaba causar una masacre. “Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera Octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora, si no es para matar. Querían asesinar, querían sembrar terror”, afirmó.Sobre el segundo vehículo cargado con explosivos que no estalló, explicó que se trató de una falla de los atacantes. “Gracias a Dios no explotó, pero no quiero decir que por chambones. Son grupos de traquetos que están aprendiendo, pero que tienen que ser atendidos ya porque su objetivo es asesinar colombianos y reclutar niños en barrios marginados”, agregó.Eder reconoció que la fuerza pública mantiene su profesionalismo, pero insistió en que enfrenta limitaciones de recursos. “La capacidad de inteligencia que teníamos hace algunos años, la que permitió operaciones como Jaque o la caída de Cano, hoy está desfinanciada. Se han recortado hasta en un 30 % los recursos para seguridad, afectando capacidades estratégicas como la aérea. Eso es lo que se debe recuperar”, indicó.El mandatario aseguró que desde la Alcaldía se han duplicado los recursos de seguridad, al igual que en otras ciudades del país, pero recalcó que los municipios no tienen cómo financiar inteligencia, helicópteros ni aumentar pie de fuerza. “Eso lo debe hacer el Gobierno nacional”, sostuvo.El alcalde comparó a los actuales disidentes con los exguerrilleros con los que alguna vez negoció en La Habana. Recordó la captura de alias 'Sebastián', uno de los responsables del ataque, a quien describió como un joven que tenía brackets. “En más de una década nunca vi un desmovilizado con frenos. Eso quiere decir que tienen tiempo y comodidad para entrar a la ciudad y hacerse ese tipo de procedimientos. Estos no son guerrilleros, son delincuentes traquetos”, señaló.¿Cómo frenar el terrorismo en Cali?Eder insistió en que no se debe hablar de paz con estos grupos. “Con esta gente no hay nada que hablar, son delincuentes. Se puede hablar de sometimiento a la justicia, pero lo más importante ahora es empoderar a la fuerza pública para que recobre el control territorial”, dijo.El mandatario reiteró que lo ocurrido en Cali no es solo un problema local. “Esto no es aceptable para los caleños y no puede ser aceptable para Colombia, porque ese deterioro se está viviendo en todo el país. Si no hay un actuar contundente y rápido, lo que estamos viviendo aquí próximamente se vivirá en otras ciudades e intermedias de Colombia”, advirtió.Finalmente, valoró que el presidente Gustavo Petro calificara a estos grupos como “organizaciones terroristas” y que diera instrucciones claras para recuperar el territorio. “Ese es un paso importante, pero ahora necesitamos que se materialicen los recursos y se ejecute lo acordado. Aquí está en juego la vida de los caleños y de todos los colombianos”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio completo:
Las comunidades rurales del sur de Bolívar emitieron una alerta a las autoridades denunciado constantes amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados como consecuencia de la presencia de criminales del ELN y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.En respuesta a este llamado ciudadano, el Ejército, a través de la Brigada 19 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, desplegó una ofensiva militar para contrarrestar la expansión y el accionar de estos grupos ilegales.Cabecillas ELNUno de los principales objetivos de esta operación son los cabecillas del frente de Guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, quienes han impuesto el terror en la zona. Se trata de Jesús Navarro Robles, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, máximo jefe de esta estructura. Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas.Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la fuerza pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos.Otro de los hombres más buscados por las autoridades es alias ‘Harold’, responsable de operar la Compañía Tito Marín, y quien ha introducido el uso de drones con explosivos como forma de ataque a las tropas en terreno, generando preocupación por la capacidad tecnológica y el poder destructivo que ha adquirido la estructura criminal bajo su mando.Cabecillas Clan del GolfoPero la amenaza no termina ahí. En paralelo al accionar criminal del ELN, el Clan del Golfo también tiene fuerte presencia en esta región. Al mando de la estructura ‘Arístides Mesa Páez’, aparece Roineiro David Jiménez, conocido como alias ‘Jefferson’, un hombre que es considerado uno de los jefes más violentos de esa organización en el sur de Bolívar, con un largo prontuario por extorsión, tráfico de armas y coordinación de redes criminales en zona rural.A su lado delinque Luis Alberto Henao Cardozo, alias ‘Bejuco’, cabecilla de la subestructura ‘Euclides Arley Pérez Góez’, quien ha liderado enfrentamientos directos contra el ELN en la Serranía del Guamocho, buscando ampliar su dominio y controlar corredores estratégicos para el transporte de cocaína. Completa la cúpula alias ‘Piña’, jefe de la subestructura ‘Erlín Pino Duarte’, también implicado en homicidios selectivos y alianzas con redes ilegales para sostener el poder territorial de su grupo.La confrontación entre estos grupos armados deja a las comunidades rurales atrapadas en medio del fuego cruzado, por lo que el objetivo de la operación militar en curso es neutralizar las capacidades criminales de estas estructuras, impedir que continúen expandiéndose y garantizar la seguridad de miles de familias afectadas por años de abandono estatal y violencia sistemática.Las tropas del Ejército intensificaron patrullajes, aseguramiento de veredas, instalación de puntos de control y ofensivas en áreas montañosas de difícil acceso. Además, se reforzó la inteligencia en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, buscando golpear las finanzas y las redes de apoyo de estos grupos, al tiempo que se brinda protección a líderes sociales y campesinos que han sido amenazados por denunciar.
Ad portas de definirse el segundo finalista de la Liga BetPlay 2025-II, Fuad Char, el máximo accionista del Junior de Barranquilla, piensa en el 2026 del equipo y en especial el estadio en donde estará disputando sus partido profesionales debido a la renovación que tendrá el Metropolitano que lo obliga a alejarse de casa.Sin embargo, el cuadro tiburón aseguró torneo internacional en 2026 -a falta de confirmarse si Sudamericana o Libertadores-, hecho que lo obliga a salir de Barranquilla en 2026 debido a que el estadio Romelio Martínez no cumple con los criterios de Conmebol para disputar la competencia internacional y el tiburón saldrá de casa en la próxima temporada.Esta ciudad recibirá al Junior de Barranquilla en 2026En una reunión en Barranquilla este 4 de diciembre, Char habló de la situación del Metropolitano y confirmó que será Cartagena la ciudad que recibirá al cuadro tiburón en 2026. No obstante, esto solo será por torneos internacional, es decir, si el equipo disputa la fase de grupos de la Copa Libertadores, tendrá que enfrentarla en la capital del Bolívar -mismo caso en la Copa Sudamericana- al cumplir los criterios de Conmebol."Vamos a quedar campeones y lógicamente haremos los ajustes para hacer una representación en la Libertadores muy digna, de acuerdo a nuestra afición del Atlántico y en todo el país (...) Para los eventos de Copa Libertadores (Cartagena), los torneos locales los jugaremos en el Romelio Martínez. Sí, allá porque cumple los requisitos de Conmebol", dijo el máximo accionista.En ese orden de ideas, la Liga y Copa BetPlay la disputarán en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, mientras que para torneo internacionales saldrán de la capital del Atlántico.¿Cuál es el estadio de Cartagena?La capital de Bolívar cuenta con el reconocido y famoso estadio Jaime Morón, casa del Real Cartagena. Un reciente que cuenta con todos los parametros Conmebol con una capacidad de 16.000 espectadores, nombre que lleva en honor el futbolista que fue goleador con Millonarios e histórico con la Selección Colombia.
Alianza Educativa volvió a destacar en el panorama educativo del país al presentar los resultados de su más reciente evaluación de seguimiento a egresados, en la que se evidencia que el 72% de los estudiantes graduados en 2024 accedieron de inmediato a programas de educación superior. La cifra no solo duplica el promedio nacional, ubicado en 40,5%, sino que también supera el indicador distrital, que se sitúa en 43,1%, según datos del Ministerio de Educación.El estudio, que logró una cobertura del 99,9% de los egresados, al registrar información de 802 de los 803 jóvenes graduados, refuerza la tendencia positiva que la organización ha consolidado durante 25 años de trabajo en instituciones públicas de Bogotá. Para Diana Basto, directora general de Alianza Educativa, los resultados son una muestra del impacto social del modelo: “Reflejan el trabajo sobresaliente y novedoso que hemos desarrollado. Hemos construido un modelo que fortalece el componente académico, promueve el aprendizaje socioemocional e impulsa trayectorias educativas más exitosas”, aseguró .En un país donde el llamado “embudo de la educación” sigue siendo un desafío, donde de cada 100 niños que inician primaria solo 44 culminan el colegio, y apenas el 39% de ellos ingresa a educación superior, los avances de Alianza Educativa se convierten en un referente para el sector público. El impacto también se ve reflejado en las Pruebas Saber 11°, donde el Colegio Jaime Garzón, ubicado en la localidad de Kennedy, se posicionó entre los cinco mejores de los 391 colegios públicos de Bogotá. Además, cinco instituciones administradas por la organización entraron al top 30 de mejor desempeño en la capital, consolidándose como un activo educativo para la ciudad.El modelo de gestión de Alianza Educativa combina el fortalecimiento académico con una apuesta por el desarrollo socioemocional, especialmente a través de la estrategia Navegar Seguro, iniciativa que prepara a los estudiantes para enfrentar riesgos del entorno, construir relaciones saludables y proyectar un futuro con mayores oportunidades. Este enfoque integral ha permitido que miles de jóvenes mejoren sus trayectorias educativas y personales.
El presidente Gustavo Petro lanzó este jueves una fuerte respuesta a la advertencia emitida desde el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que cuestionó la efectividad de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Desde la Escuela Militar José María Córdova, el mandatario defendió la labor de las instituciones colombianas y reivindicó la autonomía nacional frente a presiones internacionales.“La soberanía se defiende con la vida… y a Colombia no se le amenaza… Porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común, y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico, como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y que aquí hay un cartel de los soles”, dijo el presidente.Petro insistió en que las redes del narcotráfico han intentado históricamente corromper instituciones y comunidades, pero subrayó que la resistencia del país frente a ese fenómeno no puede ser desconocida. “Todos sabemos que el narcotráfico puede comprar el corazón codicioso y por eso vuelvo a repetirlo: la codicia es enemiga antagónica de la vida”.El pronunciamiento del presidente se produce en medio de tensiones diplomáticas que han resurgido con la administración estadounidense, la cual ha endurecido su discurso frente a los gobiernos latinoamericanos y ha advertido sobre posibles repercusiones si Colombia no “mejora” sus indicadores en la lucha antidrogas.
La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) tendrá nueva presidente a partir de febrero de 2026. Se trata de María Consuelo Araujo, oriunda de Valledupar y graduada de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Araujo ha ocupado diversos cargos públicos, como el Ministerio de Cultura entre 2002 y 2006 y la jefatura de la cartera de Relaciones Exteriores entre 2006 - 2007.Cabe resaltar que el próximo año inicia una nueva era en la CCI, pues hasta el momento, el único presidente que ha tenido ha sido Juan Martín Caicedo, quien presentó su renuncia en octubre de este año, después de 21 años en el cargo, el mismo tiempo que tiene de creada la Cámara Colombiana de Infraestructura.El nombramiento de Araujo se da en un contexto en el que el sector de la infraestructura en Colombia enfrenta muchos retos. De acuerdo con un informe de Corficolombiana, aunque este sector llegó a representar más del 2% del PIB en 2019, su participación cayó a 1,1% en 2023, el nivel más bajo del siglo.La producción total de obras civiles hoy está 27,8% por debajo de los niveles prepandemia y la construcción de carreteras y calles registra un rezago del 43,8%. A esto se suma una transición incompleta entre las concesiones 4G, que ya están finalizando, y las 5G, que avanzan lentamente: a octubre de 2025, las metas del Plan Nacional de Desarrollo muestran solo un 47% de ejecución y ningún proyecto multimodal 5G (aeropuertos, trenes o canales) ha iniciado obra.Este rezago ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta la confianza del sector, marcado por dudas sobre el pago de vigencias futuras, retrasos en la actualización de peajes y señales regulatorias poco claras que incrementan la percepción de riesgo contractual. Todos estos son los retos que tendrá que asumir María Consuelo Araujo, a partir de febrero de 2026.
Tras aceptar responsabilidad por escrito, 40 antiguos miembros de seis batallones adscritos a la IV Brigada del Ejército y dos terceros civiles fueron llamados por la Jurisdicción Especial para la Paz a reconocer de manera pública la verdad y responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas que posteriormente fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate, lo que ocurrirá en una audiencia que se lleva a cabo desde este jueves y hasta el próximo sábado en Granada, Antioquia.Frente a más de 400 víctimas interesadas en participar y que fueron convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, los imputados deberán relatar de viva voz el rol que desempeñaron dentro del plan criminal, reconocer los daños ocasionados y responder las demandas de reconocimiento de las víctimas y sus familias, según informó esta jurisdicción.Entre los años 2002 y 2007, en distintas subregiones del departamento, Oriente, Norte, Nordeste, Valle de Aburrá, Suroeste y Occidente, se registraron al menos 589 asesinatos, de los cuales 228 personas también fueron desaparecidas forzadamente y 41 torturadas, en hechos atribuidos a seis batallones adscritos a la Cuarta Brigada.Por estos hechos, la sala imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 50 comparecientes, desde generales hasta soldados, considerados como máximos responsables y de los cuales 42 reconocieron por escrito su responsabilidad ante la JEP, aceptando su participación en los crímenes y comprometiéndose a contribuir con el reconocimiento pleno de lo ocurrido, el esclarecimiento de la verdad, la realización de acciones para restituir los derechos de las víctimas y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas."Es muy importante que en esta audiencia harán un reconocimiento público de cara al país, de cara a las víctimas, donde las víctimas serán también protagonistas. Escucharemos a las madres, hermanas, compañeras, plantear qué fue lo que ocurrió, cómo lo vivieron ellas, cuáles fueron los daños que sufrieron en sus vidas", explicó la magistrada Catalina Díaz.El general (r) Mario Montoya Uribe, el mayor general (r) Édgar Emilio Ávila Doria, el coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero y los tenientes coroneles Jairo Bocanegra De La Torre y Juan Pablo Forero Tascón no reconocieron responsabilidad, pese a la evidencia testimonial y documental valorada por la Sala de Reconocimiento de la JEP. Todos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y podrían enfrentar un juicio adversarial si son acusados formalmente.La JEP determinó que fue justamente en el Oriente antioqueño donde se instauró la política de facto del “conteo de cuerpos”, bajo la comandancia en la IV Brigada del general (r) Mario Montoya Uribe entre 2002 y 2003, conforme a la cual las muertes en combate se convirtieron en el principal indicador de éxito militar.La segunda parte de la audiencia se desarrollará en Medellín los días 15, 16 y 17 de diciembre, y en ella se abordarán los hechos atribuidos a los demás batallones, ocurridos principalmente en Medellín, el Valle de Aburrá, el Norte y el Occidente de Antioquia, entre 2004 y 2007.
Tropas de la brigada 29 del Ejército sostienen fuertes combates con la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, quienes se encontraban delinquiendo en zona cercana al río, área general de la vereda La Primavera, límite entre López de Micay, Cauca y Buenaventura, Valle del Cauca.Los delincuentes, en su afán de escapar y teniendo en cuenta las afectaciones que estaban sufriendo durante el desarrollo de la operación militar de las tropas, dispararon de forma indiscriminada contra la población civil, causando heridas a tres personas de la comunidad.Una vez resultaron heridos los civiles, enfermeros de la Armada, quienes acompañaban el movimiento de las tropas, atendieron a las personas afectadas y las transportaron al casco urbano para ser atendidas por personal médico especializado.Destaca el Ejército que, durante el registro del lugar, las tropas hallaron a uno de los miembros de esta estructura muerto, producto de la operación militar, así como material de guerra, municiones e intendencia.
En entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el senador Alejandro Carlos Chacón, representante de Norte de Santander, aborda la difícil situación que viven los habitantes de Catatumbo, una zona afectada por el conflicto armado y el narcotráfico. Según Chacón, la crisis humanitaria en esta región no es un fenómeno reciente; de hecho, es el resultado de años de desatención por parte del Estado y el crecimiento de grupos armados ilegales.El crecimiento de grupos armadosDurante la conversación, Chacón expone como grupos como el ELN y las disidencias de las Farc han aumentado su número de combatientes en los últimos años. A partir de 2017, cada una de estas organizaciones comenzó con unos 1,600 hombres, pero esa cifra ha escalado a más de 4,200 en el caso del ELN y 4,500 para las disidencias de las Farc. "Este crecimiento exponencial no solo es preocupante, sino que también revela la falta de medidas efectivas por parte del gobierno para abordar la situación", señala el senador.La ausencia del EstadoUn punto crítico en la discusión es la ausencia del Estado en la región. Chacón enfatiza que, pese a los acuerdos de paz firmados en 2016, la falta de presencia estatal ha permitido que grupos ilegales retomen el control del territorio. "La fuerza pública debería haber ingresado a estos territorios junto con inversiones sociales para recuperar el control", comenta el senador. Sin embargo, esto no ha sucedido, lo que ha colocado a las comunidades locales en una situación de desprotección.El vínculo con VenezuelaEl senador también menciona que muchos de estos grupos se resguardan en el vecino país de Venezuela, complicando aún más la situación para el gobierno colombiano. "La inteligencia del Estado tiene conocimiento de esto, pero la falta de información pública dificulta la implementación de estrategias efectivas", asegura Chacón.La solución necesariaFrente a la crítica situación, el senador concluye que tanto la fuerza pública como las inversiones en la región deben ir de la mano. Sin una estrategia que contemple estos dos aspectos, la posibilidad de restablecer la paz y la seguridad en Catatumbo sigue siendo un desafío monumental. Así, Chacón hace un llamado a no esperar más y a actuar para prevenir un agravamiento del conflicto.Finalmente, la crisis en Catatumbo es un tema que requiere atención urgente, no solo por parte del gobierno actual, sino de toda la estructura estatal para asegurar un futuro más seguro y pacífico para sus habitantes.Escuche la entrevista completa aquí:
Por la crisis de orden público en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Conmoción Interior. ¿Qué significa? La respuesta en pocas palabras es la siguiente: el Estado de Conmoción Interior es una medida excepcional que puede declarar al Gobierno colombiano en situaciones de crisis o perturbación grave del orden público. Esta figura jurídica, contemplada en la Constitución Política de Colombia, otorga al Gobierno facultades especiales para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos.¿Cuándo se declara el Estado de Conmoción Interior?Se declara un Estado de Conmoción Interior cuando se cumplen ciertos requisitos:Perturbación grave del orden público: Debe existir una situación de violencia, desorden o inestabilidad que afecte de manera significativa la convivencia pacífica y la seguridad de la sociedad.Amenaza a la estabilidad institucional: La perturbación debe poner en riesgo la gobernabilidad del país, la seguridad del Estado o el funcionamiento de las instituciones democráticas.Imposibilidad de controlar la situación con las herramientas ordinarias: Los mecanismos legales y las fuerzas del orden habituales no son suficientes para restablecer el orden y garantizar la seguridad.¿Qué implica declarar un Estado de Conmoción Interior?Al declarar este estado, el Gobierno puede:Expedir decretos con fuerza de ley: Esto significa que el Gobierno puede crear nuevas normas o modificar las existentes sin la aprobación del Congreso.Suspensor de garantías constitucionales: Algunas garantías individuales, como la libertad de reunión o la inviolabilidad del domicilio, pueden ser restringidas temporalmente.El Estado de Conmoción Interior, si bien otorga al Gobierno poderes excepcionales para restablecer el orden público, no es una medida absoluta. Existen límites y controles establecidos tanto en la Constitución como en la jurisprudencia para garantizar que esta figura no se utilice de manera arbitraria o para vulnerar los derechos fundamentales.¿Habrá conmoción interior por situación en el Catatumbo?En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro de Defensa, Iván Velásquez dijo que el estado de conmoción anterior les permitiría a las Fuerzas Militares tener acceso a una mayor cantidad de recursos para atender la situación que se está presentando en el Catatumbo.A la pregunta de si ese estado de conmoción interior solo se daría en el Catatumbo, el ministro dijo que eso lo estudiará el Gobierno nacional este mismo lunes.Asimismo, dijo que el consejo de ministros se evaluará si habría algún tipo de impuesto que permita al Gobierno tener recursos para atender a los más de 11.000 desplazados, que, hasta ahora, han dejado los combates entre el ELN y las disidencias de las Farc, que han dejado más de 60 muertos.
El profesor Luis Fernando Trejos, experto en el conflicto colombiano y su evolución, analizó en Sala de Prensa con Juan Roberto Vargas la situación crítica del ELN en Colombia y sobre todo en el Catatumbo. Trejos delineó lo que considera ‘una crónica de un fracaso anunciado’ en las negociaciones con este grupo armado. Según Trejo, la decisión del gobierno de suspender las negociaciones se ha hecho esperar, evidenciando que el ELN nunca mostró una real voluntad de paz, utilizando la mesa de diálogo más como herramienta de legitimación política que como un esfuerzo genuino hacia la paz."Ya se había hecho parte del paisaje que en medio de la negociación, el ELN siguiera secuestrando, siguiera confinando comunidades, especialmente en el sur del Chocó, siguiera reclutando ... y con esta escalada violenta y bárbara que evidenciamos en el Catatumbo en la que asesinaron a civiles desarmados y atacaron a la Policía. Entonces era demasiado costoso para el Gobierno sostener un esfuerzo de paz que era unilateral".Hablando de las decisiones del Gobierno, Trejos expresó que era demasiado costoso sostener un esfuerzo de paz que era unilateral. La gobernabilidad de las zonas que el ELN afecta también está en la agenda, donde la sensación de inseguridad y la falta de presencia estatal son cada vez más palpables, especialmente en áreas como el Catatumbo, donde las comunidades han sufrido intensamente por el conflicto.Trejos también señaló que el ELN, a diferencia de lo que se podría imaginar, ha jugado un rol maestro en las negociaciones desde hace años. Con líderes que se han consolidado en Venezuela, como Pablo Beltrán, el grupo no muestra incentivos para dejar la violencia, dado que sus operaciones en el mundo ilegal están dando frutos.En cuanto a la estrategia del Gobierno, Trejos auguró que la historia podría hacerle pagar un alto costo político por lo que él ve como una gestión desordenada en las negociaciones. A pesar del incremento de la indignación ciudadana contra el ELN, la necesidad de una estrategia de seguridad nacional que esté garantizada permanentemente resulta crucial para las comunidades en las que este grupo opera."No se trata solo de un despliegue temporal, sino de una oferta estatal permanente". A medida que el Gobierno se enfrenta a la presión de restablecer el orden, Trejos advierte que lo último que se necesita es una reacción irrelevante que diluya más las expectativas de paz.En síntesis, el análisis de Luis Fernando Trejos definió el panorama actual del conflicto armado en Colombia como complejo, donde las esperanzas de un futuro pacífico se ven eclipsadas por la histórica falta de voluntad del ELN, el costo político del Gobierno, y la continua explotación de las comunidades afectadas por la violencia.Escuche la entrevista completa acá:
La creciente violencia en la región del Catatumbo convirtió a Cúcuta, en Norte de Santander, en un epicentro del sufrimiento humano y la desesperación. Miles de desplazados llegan a diario en busca de refugio, dejando atrás sus hogares y enfrentando un futuro incierto.Tibú: un pueblo bajo custodia y en crisisEn Tibú, uno de los municipios más afectados por el conflicto, las calles están completamente militarizadas. Más de 3.000 personas han llegado a esta localidad tras huir de la guerra que azota el Catatumbo. Familias enteras han caminado durante horas, cruzando caminos inhóspitos y arriesgando sus vidas para escapar de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.“Da dolor ver esto”, expresó uno de los desplazados, quien relató en Noticias Caracol, cómo tuvo que abandonar su hogar junto con sus hijos ante las amenazas de violencia y los intensos combates en la zona.Una crisis humanitaria en aumentoLa llegada masiva de personas a Cúcuta y Tibú desbordó la capacidad de las autoridades locales y organizaciones humanitarias. Muchas familias desplazadas están viviendo en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos como agua potable, alimentos y atención médica.El alcalde de Cúcuta ha hecho un llamado urgente al Gobierno nacional para que refuerce la atención humanitaria y tome medidas inmediatas para frenar la violencia en la región. “La situación supera nuestra capacidad de respuesta. Necesitamos apoyo para garantizar la seguridad y la dignidad de estas personas que lo han perdido todo”, señaló.El Catatumbo, una región en constante conflictoEl Catatumbo, conocido por su riqueza natural y ubicación estratégica, ha sido durante décadas un territorio disputado por grupos armados ilegales. Enfrentamientos entre guerrillas, disidencias de las Farc, el ELN y otras estructuras criminales han convertido a esta región en uno de los puntos más violentos del país.Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que habitan el Catatumbo han sido las principales víctimas de esta guerra, enfrentándose a desplazamientos, amenazas y violaciones de derechos humanos.Un llamado a la paz y la solidaridadMientras la crisis sigue escalando, los habitantes de Cúcuta y Tibú claman por soluciones definitivas al conflicto. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han exigido una mayor presencia del Estado en el Catatumbo, no solo con fuerza militar, sino con inversión social y estrategias de desarrollo que permitan construir una paz sostenible.La situación en el Catatumbo recuerda la urgencia de trabajar por la reconciliación en una región que ha sufrido demasiado. Entretanto, Cúcuta sigue siendo un refugio para quienes huyen del horror, con la esperanza de un futuro sin violencia.
Una operación militar puso fin a la carrera criminal de alias ‘Libardo’, uno de los hombres más buscados del país, cabecilla principal de la estructura ‘Ismael Ruiz’ y ficha clave del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.La operación se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Páez, Cauca. En una casa camuflada en medio de las montañas, alias ‘Libardo’ se escondía junto a varios miembros de su estructura, entre ellos menores reclutados a la fuerza que estaban siendo adoctrinados. El lugar funcionaba como un centro de entrenamiento ideológico y militar.Su trayectoria delictiva es extensa. Según inteligencia militar, este peligroso criminal participó activamente en las filas de la extinta guerrilla de las Farc y luego en las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. En 2022 fue el responsable de la emboscada en San Luis, Neiva, que dejó siete policías muertos.Desde entonces, su nombre estuvo ligado a múltiples ataques contra tropas del Ejército, secuestros, asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, y actos de terrorismo con drones, como el ataque a la base militar de Casaverde en julio de 2024.Alias ‘Libardo’ era más que un cabecilla armado. De acuerdo con su perfil criminal, ejercía control territorial en varios municipios del Tolima y el Huila, extorsionaba al sector comercio, cafetero y transportador, y lideraba la instrumentalización de menores para nutrir sus filas armadas.Su caída representa, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, un golpe estratégico que debilita la expansión criminal del bloque ‘Isaías Pardo’ y reduce la amenaza contra civiles, líderes sociales y la Fuerza Pública.Este hombre era requerido por la Fiscalía por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y sobre él pesaba una recompensa de más de 1.600 millones de pesos. En apenas tres años, pasó de guerrillero raso a ser el sucesor de alias ‘Cholinga’ y se convirtió en el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.La muerte de este criminal marca un antes y un después en la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las FFMM sostienen que se han registrado más de 340 combates en lo corrido del año, con un incremento del 40 % en operaciones ofensivas. Ahora, el objetivo son alias ‘Marlon Vásquez’ y alias ‘Chapolo’, quienes heredaron estructuras debilitadas, sin el liderazgo violento de ‘Librado’.
Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar un millonario cargamento de café que había sido robado en el sur del país. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas de la brigada 29, en coordinación con unidades de la división de Policía del Cauca, ubicaron una tractomula que transportaba más de 32 toneladas de café tipo exportación. Según estimaciones, el valor de la carga supera los 1.000 millones de pesos.El hallazgo se dio tras una maniobra de inteligencia que permitió interceptar el vehículo antes de que la mercancía fuera movilizada fuera del departamento. Durante el operativo fueron capturadas dos personas, señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo armado residual estructura Jaime Martínez, una organización criminal con injerencia en esa región y con antecedentes en el robo sistemático de mercancías de alto valor.Además de recuperar el café, los uniformados incautaron un equipo de comunicación y un inhibidor de señal, elementos que, según las autoridades, iban a ser utilizados por los delincuentes para evitar el rastreo satelital de la tractomula y así dificultar su ubicación tras el robo.Tanto los capturados como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal involucrada. Las autoridades destacan que este tipo de acciones afectan directamente las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
El grupo de la Mesa Nacional Cacaotera se pronunció hoy en contra de los precios del cacao en el país y pidieron a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abrir la conversación para construir un acuerdo que permita estabilizar los precios del grano a los productores en ciertas regiones del país.La tonelada de cacao se paga a 8.300 dólares en el exterior, pero en Colombia se paga el kilo a $22.000 cuando, según los cacaoteros, deberían pagarlo a más de 30.000 pesos.Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera en Santander, aseguró que si antes del 30 de julio el Gobierno no da una respuesta, harán un paro en las principales vías del país, como la Panamericana y la troncal del Magdalena medio. “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, anunció Niño.A través de un comunicado, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia denunció que las políticas públicas en torno al cacao no se han abordado de manera correcta por este Gobierno, por lo que esperan una respuesta de la ministra Carvajalino, a más tardar en la tarde de este martes 22 de julio.“Denunciamos las prácticas desplegadas por las grandes industrias y exportadores que ejercen el monopolio sobre la producción, el comercio, la transformación y la exportación del cacao en sus diferentes formas, así como la falta de actuación por parte de los órganos rectores del gremio cacaotero”, se lee en el comunicado firmado por representantes de las mesas cacaoteras de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Arauca y la Asociación Campesina Agropecuaria y Piscícola de Santander.La propuesta de los cacaoteros al Gobierno es que se reúnan este 24 de julio para hablar de las necesidades del sector.Sin embargo, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) informó, a través de un comunicado, que ellos no están convocando a ningún tipo de manifestación, paro cacaotero, y que mantienen un diálogo abierto y constante con el Ministerio de Agricultura.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, llegó al departamento de Arauca para asumir personalmente el seguimiento del caso del subintendente y patrullero secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tame.Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos al cuerpo élite de investigación de la Dijin, quienes fueron interceptados y privados de la libertad en medio de su labor cotidiana que es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de la Habana en 2016.El general Triana se reunió con autoridades locales y la cúpula policial de la región para coordinar acciones de búsqueda y protección a sus vidas.“El ELN es absolutamente responsable por la integridad y la vida de nuestros policías”, afirmó el director, quien destacó que los uniformados cumplían funciones orientadas al esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz firmado en La Habana.Triana anunció que el secuestro será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Además, expresó su solidaridad institucional con las familias de los policías retenidos y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.“No es solo un ataque a dos servidores públicos, es un ataque directo al trabajo de protección de líderes sociales en el país. Gracias a ellos se han logrado esclarecer 26 homicidios de líderes sociales en Arauca en los últimos tres años”, destacó el general.
El ELN confirmó en las últimas que tiene en su poder a los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, secuestrados durante una operación de “control territorial” en el departamento de Arauca.Según la información del ELN, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025, cuando los dos policías se movilizaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en ese momento fueron interceptados por hombres fuertemente armados.Los secuestrados fueron identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente con 17 años de servicio Y Yordin Fabián Pérez Mendoza, patrullero con más de 10 años en la institución.El ELN afirmó haberles incautado dos pistolas 9mm, un computador y documentos. En el comunicado, el ELN asegura que los agentes están “sanos y salvos” y responsabiliza al Estado de cualquier daño que sufran, especialmente en caso de intentos de rescate militar.
Fue en medio de patrullajes de control que un perro antiexplosivos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército logró ubicar un artefacto explosivo improvisado junto a unas viviendas en una de las vías por donde se iba a realizar el desfile militar del 20 de julio.Este artefacto, dicen las autoridades, se encontraba dentro de bolsas de basura y había sido dejado en medio de las viviendas y cerca de un jardín infantil, zona de la inspección La Julia, del municipio de Uribe, Meta.Tras la verificación, un equipo de explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos, siguiendo todos los protocolos establecidos, procedió a despejar la zona con el apoyo de la Policía, y posteriormente realizó la destrucción de este artefacto de manera controlada.“Con esta acción, se neutralizaron las acciones del enemigo que buscaba atentar contra la vida e integridad de la población civil y las tropas desplegadas durante la conmemoración de los 215 años de Independencia”, destacó el Ejercito.La Fuerza de Tarea Omega rechazó este acto que pudo afectar muchas vidas y anunció el refuerzo de las operaciones ofensivas en la zona para combatir los grupos armados organizados, por lo que invitó a la población a denunciar todo acto sospechoso a través de la línea 107 antiterrorismo.
La Cuarta División del Ejército confirmó que tropas desplegadas en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fueron blanco de un ataque con artefacto explosivo improvisado lanzado mediante un dron por las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2025.De acuerdo con el comunicado oficial, los responsables del ataque serían integrantes de la las disidencias de las Farc, quienes emplearon un dron para arrojar una granada de fabricación artesanal contra las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.El artefacto detonó en el costado oriental externo del puesto de mando, donde se encontraba personal militar del dispositivo avanzado de combate. Sin embargo, gracias a las medidas de protección activadas por los soldados, no se presentaron afectaciones en el personal ni daños a la infraestructura militar.Tras la detonación, las tropas activaron el plan de reacción y contrataque, que incluyó el despliegue de medios aéreos no tripulados para asegurar el perímetro en un radio de 360 grados. Las unidades en la zona fueron alertadas y el dispositivo de seguridad permanece en máximo alistamiento para prevenir nuevos ataques.El Ejército Nacional calificó este hecho como una violación al derecho internacional humanitario y anunció que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, la Cuarta División reiteró su compromiso con la seguridad del suroriente colombiano, la defensa de la población civil y el respeto por los derechos humanos, manteniendo su presencia activa y contundente en la región.
Este martes, se desató una ola violenta por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en diferentes zonas del Cauca y el Valle, incluida Cali. Los hechos dejan hasta el momento cinco personas heridas y cuatro más fueron asesinadas. Dese la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques advirtiendo que la política de paz ha fallado."Estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales"; señala en un comunicado Asocapitales.Por otro lado, hicieron un llamado para que se tomen medidas urgentes con el fin de garantizar la seguridad en Colombia."La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables", dice el documento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el atentado terrorista que iba a a ser llevado a cabo en Miraflores, Guaviare, a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con el jefe de la cartera, esto confirma que la voluntad de alias ‘Mordisco’ nunca ha sido la paz.“Gracias a la capacidad de anticipación de nuestra Fuerza Pública, neutralizamos un plan criminal del Frente 1 del Bloque Amazonas que buscaba aterrorizar a nuestra población que transita en el área de Miraflores, Guaviare”, indicó el ministro de Defensa sobre el frustrado atentado terrorista.Un lancha cargada con explosivos fue abandonada en inmediaciones del puerto de Miraflores y, según el ministro, fue por la intervención oportuna de técnicos antiexplosivos que se evitó una tragedia. En la lancha, destaca la autoridad, fueron encontrados los siguientes elementos:4 cilindros con 20 kg de explosivos cada uno.Potencial destructivo de 200 metros a la redonda“Nuestros equipos ejecutaron una detonación controlada en zona segura, protegiendo la vida de soldados y civiles. En este momento se desarrollan operaciones para capturara los terroristas. No vamos a permitir que el terrorismo regrese a nuestros territorios”, agregó el ministro.Sánchez agregó además que el Estado colombiano tiene un programa de atención humanitaria al desmovilizado. “Desmovilícense. No le sigan haciendo daño a nuestros campesinos y a Colombia”.