Un informe de inteligencia militar permitió destapar a dos poderosos narcotraficantes que, desde las sombras, estarían detrás de la operación criminal de las estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Martín Villa’, brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias ‘Cheli’ y alias ‘Toro’, de 35 y 40 años respectivamente, dos hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína.¿A dónde envían droga estos capos?El informe señala que estos dos capos envían mensualmente más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Recientemente, también se detectaron despachos menores hacia la Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal.La riqueza de ‘Cheli’ y ‘Toro’, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias: proveen fusiles M16, Tavor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas.¿Qué negocio tienen con estructuras de 'Iván Mordisco?A cambio, la ‘Carlos Patiño’ en el Cauca y la ‘Martín Villa’ en el Meta deben garantizar la protección de cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias ‘Iván Mordisco’ en regiones estratégicas.Las investigaciones también revelaron que ‘Cheli’ y Toro mantenían negocios con alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la ‘Carlos Patiño’, quien se entregó a las autoridades en agosto pasado en zona rural de El Estrecho, Cauca. Sin embargo, los dos narcos lograron evadir operativos recientes gracias a una amplia red de informantes dentro de la población civil, que los alerta cada vez que la fuerza pública inicia movimientos en sus corredores de movilidad.Aunque las autoridades cuentan con fotografías y huellas dactilares de ambos, sus nombres aún no han podido ser confirmados. Aun así, quedaron rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, los cuales ya fueron detectados y están siendo rastreados por la Dijín y el Ejército.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente al Gobierno nacional del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y de las condiciones que permitieron el ataque de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos y heridos.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario lamentó la lentitud en la reacción del Estado frente al hostigamiento. “A las 11:30 de la mañana ya teníamos un saldo lamentable de seis uniformados muertos y otro tanto heridos. Y no puede ser que 30 bandidos hayan puesto en jaque casi durante 24 horas a la institucionalidad en su conjunto”, afirmó.Rendón aclaró que su crítica no es contra la Policía ni contra los soldados, sino contra el Gobierno. “Es una falta de determinación del Gobierno nacional, de una conducción eficiente de las capacidades en su conjunto”, aseguró.¿Fracasó política de paz total?El gobernador señaló que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en Antioquia. “Por cuenta de esa política equívoca de Petro, las disidencias Farc han crecido en Antioquia un 70 %, el Clan del Golfo un 60 %. Municipios que habían sido declarados libres de coca hoy son de nuevo enclaves cocaleros”, indicó.A esto se suma, según Rendón, la bonanza del oro ilegal. “Todo eso ha engrosado las rentas criminales, que los tienen estrenando uniformes riquísimos con tecnología como esta que pusieron infortunadamente ayer, al servicio del terror y con la que no cuenta la fuerza pública”, denunció.¿Qué pasa con los recursos para la fuerza pública?Uno de los señalamientos más fuertes del mandatario fue contra la reducción de inversión en seguridad. “¿Cómo se explica usted que una brigada como la Cuarta en Antioquia, que tiene bajo su jurisdicción más de 90 municipios, este año haya recibido apenas 32 millones de pesos para inversión? Con eso no tanquea ni los vehículos de un pelotón ni las motocicletas en un par de meses”, dijo.Rendón comparó esa cifra con el esfuerzo que hizo su administración para imponer la tasa de seguridad y recaudar un billón de pesos. “No lo hacíamos por capricho, sino porque entendíamos la precariedad dotacional, de infraestructura, de equipamiento en la que estaban soldados y policías. El Gobierno nacional desmanteló la capacidad de inversión que debía tener rutinariamente la fuerza pública”, aseguró.El gobernador agregó que “lo único que llega oportunamente a soldados y policías es su salario”, y denunció que buena parte de los helicópteros Black Hawk están en tierra por falta de mantenimiento.Rendón también criticó la liberación de jefes de las disidencias bajo la figura de “gestores de paz”. Recordó la captura de alias Calarcá y otros cabecillas en Barbosa, Antioquia, en 2023, quienes posteriormente fueron liberados. “Petro y su fiscal de bolsillo, la fiscal Camargo, los declararon gestores de paz y los liberaron. ¿Qué le puede quedar en el corazón a un soldado o un policía cuando recuerda eso?”, cuestionó.Para el mandatario, esas decisiones equivocadas hoy tienen consecuencias en departamentos como Valle y Antioquia. “Cuánto dolor nos hubiésemos evitado si ese criminal estuviera tras las rejas”, afirmó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió tras el atentado con carro bomba ocurrido en la ciudad que lo sucedido no puede verse como un hecho aislado, sino como una amenaza que puede expandirse a otras regiones de Colombia si no hay una respuesta rápida y contundente de las autoridades nacionales.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, Eder explicó que la situación en Cali es “estable”, con presencia permanente del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes permanecen en la capital del Valle del Cauca para coordinar las acciones tras la emergencia.El mandatario confirmó que en las próximas horas se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado permanente entre la Nación, la Alcaldía, la Gobernación y la fuerza pública con el objetivo de recuperar la zona de Jamundí.“Venimos advirtiendo desde hace 20 meses que Jamundí es la principal amenaza para Cali. Es inaceptable tener 2.000 hectáreas de coca a 15 kilómetros de la Universidad del Valle. Eso es como si en Bogotá estuvieran sembradas al lado de la Universidad de La Sabana”, señaló Eder.¿Cuál era el objetivo del atentado en Cali?El alcalde fue enfático en que el ataque con carro bomba buscaba causar una masacre. “Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera Octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora, si no es para matar. Querían asesinar, querían sembrar terror”, afirmó.Sobre el segundo vehículo cargado con explosivos que no estalló, explicó que se trató de una falla de los atacantes. “Gracias a Dios no explotó, pero no quiero decir que por chambones. Son grupos de traquetos que están aprendiendo, pero que tienen que ser atendidos ya porque su objetivo es asesinar colombianos y reclutar niños en barrios marginados”, agregó.Eder reconoció que la fuerza pública mantiene su profesionalismo, pero insistió en que enfrenta limitaciones de recursos. “La capacidad de inteligencia que teníamos hace algunos años, la que permitió operaciones como Jaque o la caída de Cano, hoy está desfinanciada. Se han recortado hasta en un 30 % los recursos para seguridad, afectando capacidades estratégicas como la aérea. Eso es lo que se debe recuperar”, indicó.El mandatario aseguró que desde la Alcaldía se han duplicado los recursos de seguridad, al igual que en otras ciudades del país, pero recalcó que los municipios no tienen cómo financiar inteligencia, helicópteros ni aumentar pie de fuerza. “Eso lo debe hacer el Gobierno nacional”, sostuvo.El alcalde comparó a los actuales disidentes con los exguerrilleros con los que alguna vez negoció en La Habana. Recordó la captura de alias 'Sebastián', uno de los responsables del ataque, a quien describió como un joven que tenía brackets. “En más de una década nunca vi un desmovilizado con frenos. Eso quiere decir que tienen tiempo y comodidad para entrar a la ciudad y hacerse ese tipo de procedimientos. Estos no son guerrilleros, son delincuentes traquetos”, señaló.¿Cómo frenar el terrorismo en Cali?Eder insistió en que no se debe hablar de paz con estos grupos. “Con esta gente no hay nada que hablar, son delincuentes. Se puede hablar de sometimiento a la justicia, pero lo más importante ahora es empoderar a la fuerza pública para que recobre el control territorial”, dijo.El mandatario reiteró que lo ocurrido en Cali no es solo un problema local. “Esto no es aceptable para los caleños y no puede ser aceptable para Colombia, porque ese deterioro se está viviendo en todo el país. Si no hay un actuar contundente y rápido, lo que estamos viviendo aquí próximamente se vivirá en otras ciudades e intermedias de Colombia”, advirtió.Finalmente, valoró que el presidente Gustavo Petro calificara a estos grupos como “organizaciones terroristas” y que diera instrucciones claras para recuperar el territorio. “Ese es un paso importante, pero ahora necesitamos que se materialicen los recursos y se ejecute lo acordado. Aquí está en juego la vida de los caleños y de todos los colombianos”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio completo:
Las comunidades rurales del sur de Bolívar emitieron una alerta a las autoridades denunciado constantes amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados como consecuencia de la presencia de criminales del ELN y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.En respuesta a este llamado ciudadano, el Ejército, a través de la Brigada 19 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, desplegó una ofensiva militar para contrarrestar la expansión y el accionar de estos grupos ilegales.Cabecillas ELNUno de los principales objetivos de esta operación son los cabecillas del frente de Guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, quienes han impuesto el terror en la zona. Se trata de Jesús Navarro Robles, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, máximo jefe de esta estructura. Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas.Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la fuerza pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos.Otro de los hombres más buscados por las autoridades es alias ‘Harold’, responsable de operar la Compañía Tito Marín, y quien ha introducido el uso de drones con explosivos como forma de ataque a las tropas en terreno, generando preocupación por la capacidad tecnológica y el poder destructivo que ha adquirido la estructura criminal bajo su mando.Cabecillas Clan del GolfoPero la amenaza no termina ahí. En paralelo al accionar criminal del ELN, el Clan del Golfo también tiene fuerte presencia en esta región. Al mando de la estructura ‘Arístides Mesa Páez’, aparece Roineiro David Jiménez, conocido como alias ‘Jefferson’, un hombre que es considerado uno de los jefes más violentos de esa organización en el sur de Bolívar, con un largo prontuario por extorsión, tráfico de armas y coordinación de redes criminales en zona rural.A su lado delinque Luis Alberto Henao Cardozo, alias ‘Bejuco’, cabecilla de la subestructura ‘Euclides Arley Pérez Góez’, quien ha liderado enfrentamientos directos contra el ELN en la Serranía del Guamocho, buscando ampliar su dominio y controlar corredores estratégicos para el transporte de cocaína. Completa la cúpula alias ‘Piña’, jefe de la subestructura ‘Erlín Pino Duarte’, también implicado en homicidios selectivos y alianzas con redes ilegales para sostener el poder territorial de su grupo.La confrontación entre estos grupos armados deja a las comunidades rurales atrapadas en medio del fuego cruzado, por lo que el objetivo de la operación militar en curso es neutralizar las capacidades criminales de estas estructuras, impedir que continúen expandiéndose y garantizar la seguridad de miles de familias afectadas por años de abandono estatal y violencia sistemática.Las tropas del Ejército intensificaron patrullajes, aseguramiento de veredas, instalación de puntos de control y ofensivas en áreas montañosas de difícil acceso. Además, se reforzó la inteligencia en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, buscando golpear las finanzas y las redes de apoyo de estos grupos, al tiempo que se brinda protección a líderes sociales y campesinos que han sido amenazados por denunciar.
Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de Ser Colombia, explicó que durante este año se registraron avances importantes en los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos solares y eólicos, así como en los ajustes regulatorios necesarios para habilitar nuevas subastas y contratos de energías renovables.Sin embargo, Hernández advirtió que el país podría enfrentar una crisis energética en los próximos años.“Es importante tener en cuenta que el consumo de energía eléctrica de los colombianos está creciendo dos veces más rápido de lo que está dándose el desarrollo de la oferta, y si no integramos nueva energía, Colombia va a entrar en un déficit de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno hacia el 2028, por eso necesitamos triplicar lo logrado hasta el momento en renovables y consolidar las regulaciones o los cambios normativos que siguen pendientes, y eso implica que va a ser necesario para poder acelerar la entrada de los proyectos”.En cuanto a resultados, Hernández destacó que las energías renovables ya representan el 13% de la capacidad total de generación eléctrica, frente al 2,5% registrado hace dos años. También señaló que el país duplicó su capacidad en autogeneración y proyectos pequeños, con la expectativa de cerrar 2025 con más de 1.200 megavatios en operación, además de avanzar en medidas regulatorias prioritarias para fortalecer el sector.A esto se suma la entrada en operación, comercial o en pruebas, de 27 proyectos solares y eólicos durante este año, que totalizan 925 megavatios de nueva capacidad, con mayor presencia en Cundinamarca, Tolima y Atlántico.La expansión del sector también ha generado un impacto económico equivalente a 2.900 millones de dólares en inversión privada en los últimos dos años y más de 27.000 empleos directos durante la construcción de proyectos en 19 departamentos.
Dos personas aún sin identificar, que se movilizaban en una motocicleta AX100, perdieron la vida tras colisionar de manera violenta contra un vehículo de carga tipo turbo, color blanco, en el sector conocido como el cruce de Algeciras, sobre la vía principal que comunica a Neiva con Garzón.Según el reporte oficial de las autoridades, las dos víctimas quedaron calcinadas tras el fuerte impacto, mientras que el conductor del automotor resultó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo y recibe atención médica en un centro asistencial de la zona.“En el kilómetro 79, sobre la Ruta 45, cruce de Algeciras, se presentó un accidente de tránsito donde se vieron involucrados dos vehículos: un camión tipo turbo marca Mitsubishi y una motocicleta AX100. Ambos vehículos quedaron consumidos por las llamas. Desafortunadamente, en el hecho las dos personas de la motocicleta pierden la vida y el conductor del camión resultó herido con quemaduras en su cuerpo”, confirmó la capitán Martha Liliana Losada, jefe de Tránsito y Transporte de la Policía en el Huila.Por su parte, peritos de criminalística de la Policía de Tránsito avanzan en las investigaciones para identificar a las víctimas fatales y esclarecer las causas del siniestro vial que terminó con la incineración de los vehículos involucrados.Por último, las autoridades hacen un llamado a conductores y motociclistas a acatar las señales de tránsito y conducir con responsabilidad, teniendo en cuenta el alto flujo vehicular que aumenta en esta temporada de fin de año en las vías del departamento.
Rechazo en el Suroeste de Antioquia por la construcción de una cárcel en el municipio de Andes: sectores académicos, turísticos y políticos cuestionaron que este se haga al frente de una universidad y temen que incremente inseguridad. El gobernador Andrés Julián Rendón negó que fueran dudas de la comunidad y dijo que a esto solo se oponen “dos o tres personas que tienen visibilidad”Algunos de los argumentos es que allí actualmente funciona una granja agrícola, que en la discusión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) en el año 2023 no se contempló ese espacio como apto o idóneo para un centro carcelario, y sus posibles implicaciones en la seguridad, en una localidad que a la fecha triplica la cifra de homicidios de todo el 2024, con más de 60 casos. También se cuestionan los impactos que tendrá en el turismo en este corredor que va desde la Posesión hasta el corregimiento de Tapartó.Aunque al ser consultado sobre este tema, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que esta iniciativa está contenida en el Plan de desarrollo y que es una inversión cantada de las más importantes de la tasa de seguridad, el docente Luis Carlos Gaviria manifestó a Blu Radio que no ha habido una socialización oficial por parte del ente departamental y que se enteraron por la visita de un topó.“Los vecinos de una urbanización que hay cerca que es Palmar de Los Andes, otro condominio que hay en La Pradera se han mostrado muy extrañados porque sus terrenos se van a desvalorizar. Enfrente de La Granja queda el Ecoparque de Comfenalco. Es un sitio de recreación. Por un lado, que es un centro de recreación, vamos a colocar una cárcel. Y al otro lado está la Universidad de Antioquia”, afirmó.Frente a cómo se eligió el predio también hay algunas dudas. El concejal Ramón Genaro Restrepo manifestó a este medio de comunicación que aunque este uso del suelo debía ser aprobado por el Concejo, la solicitud no pasó por allí durante la revisión del PBOT ni posteriormente, ejercicio que se hace cada 10 años. Incluso, dijo el corporado, este documento indica que esta es una zona de expansión y distrito educativo.“La realidad es que nosotros los andinos no queremos esa cárcel departamental a Canadá. El problema es que el área que tenemos, esa área es un área destinada para educación nada más. Y ahí queremos una universidad de las TIC. Eso lo pueden llevar para Rionegro, para Medellín, yo no sé para dónde era, pero aquí no la queremos”, aseveró.Sobre este punto, el gobernador aseguró que lo que hizo su administración fue revisar diferentes predios de su propiedad, como este de Andes, mirar qué usos del suelo permitidos tenían cada uno de ellos y “la voluntad de la institucionalidad local para acometer ese tipo de inversiones”, para este caso, del alcalde Germán Vélez.“Más que la comunidad, yo creo que son dos o tres personas con una capacidad de influencia y de visibilidad muy grande y eso pues lo respetamos. No es cierto que allí exista una granja que esté a cargo de una institución educativa ni que esté un centro de protección animal. No tengo noticia que exista una cárcel y que eso aumente la inseguridad”, afirmó.Para Francisco Zapata, exviceministro de Justicia oriundo de Andes, el problema va más allá, porque las cárceles de Colombia se han convertido en centros de extorsión.“Jamás hayamos tenido un proceso como el que tenemos de criminalidad. Son tres, cuatro asesinatos semanales. Uno es el tema de inseguridad, pues crea todavía más más expectativas y más angustia frente a la inseguridad, una percepción de inseguridad. Segundo, que todos sabemos que los centros callejeros se convirtieron hoy en grandes centros de la extorsión con eh centros de comunicaciones al interior”, dijo.Finalmente, Rendón dijo que revisará la idea de que una cárcel genera más inseguridad, aunque anticipó que no conoce estudios “ni evidencia empírica que indique un aumento de la criminalidad por la presencia de un centro penitenciario”. Añadió que, por el contrario, contar con un lugar adecuado para que los detenidos o condenados cumplan sus penas, junto con una buena operatividad de la Fuerza Pública y la justicia, suele generar mayor disuasión y reducir los índices delictivos.
Un grave accidente en la vía La Calera–Sopó, en Cundinamarca, dejó un motociclista muerto luego de que un Ferrari amarillo perdiera el control y arrollara a varios usuarios de la vía, entre ellos motociclistas y, al parecer, ciclistas que transitaban por la zona.El siniestro ocurrió este jueves en horas de la mañana, en el tramo La Calera–El Salitre (Sopó). Según información preliminar, el vehículo deportivo de alta gama invadió el carril contrario y chocó de frente contra una motocicleta. El impacto fue tan fuerte que el motociclista falleció en el lugar, quedando a un costado de la vía mientras los organismos de socorro atendían la emergencia en medio de un amplio trancón.Las autoridades confirmaron que el accidente involucra a un Ferrari amarillo, similar a un modelo Ferrari 488 GTB, de los más potentes y costosos comercializados en el país. En junio de 2025, un vehículo de ese mismo tipo fue ofrecido en venta en Bogotá por $1.500 millones, cifra que da una idea del valor del auto accidentado.Ese modelo, lanzado en 2015, incorpora un motor V8 biturbo de 3.9 litros con 670 caballos de potencia, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3 segundos y alcanzar velocidades de hasta 330 km/h. Tiene tracción trasera, transmisión automática de siete velocidades, suspensión adaptativa y tecnologías de control como el Side Slip Control 2. Su interior, característico de la marca italiana, combina materiales de lujo y un diseño centrado en la conducción deportiva.La Policía de Tránsito mantiene cerrados parcialmente los carriles mientras realiza el levantamiento del cuerpo y avanza en la recolección de evidencias para establecer las causas del siniestro. Entre las hipótesis iniciales está un posible exceso de velocidad o pérdida de control del vehículo, aunque las autoridades insisten en que la investigación está en curso.
Este jueves, en horas de la mañana, ocurrió un trágico hecho que involucró un vehículo deportivo de alta gama y una motocicleta. Por la vía La Calera - El Salitre (Sopó) circulaban ambos automotores cuando ocurrió el accidente de tránsito.Información preliminar indica que el vehículo Ferrari terminó colisionando de frente contra la moto. Al parecer, perdió el control del carro y el motociclista falleció por el impacto, quedando a un costado de la vía.Medios locales hablan de que el Ferrari también se habría llevado a unos ciclistas que circulaban por el corredor; no obstante, el único reporte de fallecidos habla del motociclista.A esta hora, el cuerpo de bomberos de Cundinamarca y las autoridades atienden el siniestro para retirar los vehículos y el cuerpo de la vía.En un informe reciente, se informó de una grave afectación vial, pues el hecho ha generado problemas en la movilidad en el sector de Patios - Guasca en el Kilometro 17, vereda Márquez.Los vehículos implicados fueron identificados, una motocicleta con placa ESB-79E y el carro Ferrari con placa JEX-488, ambos de servicio particular. Esto dijeron las uatoridades:
A esta hora se registran fuertes combates, de acuerdo con la información preliminar, entre el Ejército Nacional y disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Algeciras, en el Huila.En menos de 48 horas, este es el segundo combate entre tropas de la novena brigada y disidentes de las Farc que se registra en el Huila. Cabe recordar que el pasado martes, en zona rural de Neiva, también en medio de los enfrentamientos, un soldado fue asesinado y un delincuente abatido. Además, fueron capturados cinco integrantes del grupo armado criminal entre ellos un menor de edad.Noticia en desarrollo...
El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se reunió con el Comando General de las Fuerzas Militares, encabezado por el almirante Francisco Cubides y el Comando del Ejército, liderado por el general Luis Emilio Cardozo, reunión en la cual recibió el diagnóstico de la amenaza de los grupos criminales en el país y las capacidades de las fuerzas para neutralizarla.“Evidentemente, nuestros héroes, nuestros militares y policías, nunca han dejado de cumplir con el deber constitucional que juramos ante nuestra bandera que a la vez nos identifica como nación. Aplicaremos la fuerza legítima del Estado aún con mayor determinación y firmeza. Igualmente trazamos estrategias para fortalecer las capacidades y ser más efectivos salvando vidas”, indicó el nuevo ministro de Defensa.El general Sánchez afirmó que la amenaza de estos grupos como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, entre otras, se ha afectado sin parar; sin embargo, agregó que su capacidad de recuperación la encuentran en el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la corrupción.“Eso significa y como lo ha dicho nuestro presidente: los grupos armados no tienen ideología, sino cultura traqueta. Su interés no es luchar por el pueblo, sino asesinarlo, desplazarlo y vivir de la cocaina y contaminar ríos y selvas como ha ocurrido en el Catatumbo, Chocó, Cauca y otros hermosos lugares de gente buena”, agregó.Además, mencionó que estos grupos dicen con cinismo que luchan debido al abandono del Estado, pero hacen todo lo posible para impedir que el Estado llegue y que además a ellos les conviene mantener y promover la pobreza y abandono, pues es “la mediocre excusa”.“Si el conflicto es una iteracción social, la solución no es netamente militar. Si queremos salir adelante, debemos trabajar todos por transformar los territorios violentos en territorios de vida y paz. Que cada uno de nosotros sea un colombiano ejemplar. Proteger la vida en nuestra amada patria, en el país de la belleza, es nuestra razón de ser”, finalizó.
En entrevista con Sala de Prensa Blu, los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y Santander, Juvenal Díaz, abordaron la creciente preocupación por la inseguridad en todo el país y la reciente cumbre de gobernadores, en la que los reclamos más significativos se centraron en la inestabilidad producida por los grupos armados ilegales y la demanda de mayor autonomía territorial.Para el mandatario, la inseguridad ha crecido a raíz de las políticas del Gobierno nacional, que han permitido el fortalecimiento de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. "Hoy vemos ciudadanos aterrorizados y en condiciones de desplazamiento debido a la falta de acción efectiva por parte de la fuerza pública," expresó el gobernador. Además, hizo un llamado urgente para que se revise la política de cese al fuego que, según él, limita la capacidad de reacción de las Fuerzas Armadas.Rendón criticó duramente al presidente, quien le había hecho una acusación directa sobre su postura hacia la paz. "El presidente da un discurso a su estilo, como siempre lo ha hecho, filosófico, pero no da respuestas concretas. Entonces eso genera que Adriana se pare y le diga al presidente deme una respuesta concreta porque nosotros tenemos que llevar respuestas a las regiones," apuntó.Con un claro mensaje sobre la gravedad de la situación, según la Defensoría del Pueblo, el 73 % del territorio nacional está influenciado por grupos armados ilegales, y advirtió Rendón que en Antioquia la presencia de estos actores es aún más alarmante, con un 80 % de los municipios enfrentando este problema.Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, también se refirió a la reciente designación del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa, señalando que esta elección crea incertidumbre en un entorno ya complicado. "Yo le recomendaría al presidente que encargue al almirante Cubides para dar continuidad a este proceso, ya que la seguridad no da espera. La falta de una designación clara ha generado inconvenientes y confusión. El presidente tuvo la oportunidad de nombrar, si así lo deseaba, a un general retirado, porque hay muchos con gran capacidad para el cargo. Esto habría podido generar un impacto positivo y brindar esperanza a la ciudadanía", puntualizó Díaz.Mientras tanto, los mandatarios locales siguen presionando por respuestas concretas del Gobierno, con la esperanza de que se desarrollen proyectos estratégicos para mejorar la situación de seguridad y bienestar en sus territorios. "Tenemos que buscar las soluciones y eso es lo que nos corresponde a los gobernadores hacer de aquí en adelante," enfatizó el gobernador de Santander, quien también estaba presente en la cumbre.Escuche la entrevista completa con ambos gobernadores en el audio adjunto:
La aparición de panfletos amenazantes en el Catatumbo, presuntamente emitidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha encendido las alarmas entre los firmantes del acuerdo de paz y sus abogados defensores. El documento, divulgado en las últimas horas, declara como objetivo militar a excombatientes y a integrantes de su equipo jurídico que operan en la región.En el panfleto, titulado “ELN NO AMENAZA, ACTÚA”, se señala a varias personas de “traición” y colaborar con sectores de ultraderecha. Entre los mencionados están Pablo Galván, Sandra Sierra y los excombatientes Yesenia y Willy, a quienes la estructura del ELN acusa de ser “auxiliadores y protectores de los bandidos de esta región”.El equipo de defensa de los firmantes de paz denunció públicamente la amenaza y exigió una respuesta inmediata del Estado. “Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes y al Estado colombiano para que concentren sus esfuerzos en la recuperación del orden público en el Catatumbo”, expresaron en un comunicado.La situación ha generado preocupación debido al contexto de violencia en la zona, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La presencia del ELN, disidencias de las FARC y bandas criminales ha convertido al Catatumbo en una de las regiones más conflictivas del país.Los afectados insisten en la necesidad de medidas urgentes para salvaguardar sus vidas. “Es primordial proteger a la población civil, a los firmantes de paz y a sus equipos de defensa”, reiteraron.
Un documento del Comando General de las Fuerzas Militares, entregado como anexo del Decreto de Conmoción Interior ante la Corte Constitucional, señaló que el presupuesto asignado es insuficiente para mantener operaciones en el país, en medio de la crisis de violencia en el Catatumbo.El informe detalla que la ausencia de un aumento presupuestal entre 2024 y 2025, junto con el congelamiento de 279.000 millones de pesos, afecta gravemente la capacidad operativa de las Fuerzas Militares. Según el documento, esto limita la disponibilidad de personal, equipos, inteligencia militar y logística para responder a emergencias en el Catatumbo, el Pacífico y Arauca, regiones con graves problemas de orden público.Restricciones presupuestarias y su impacto en la seguridadEl documento explicó que el presupuesto asignado no tuvo incrementos, pese a que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) proyectó una inflación del 5,2 %. Esta falta de ajuste ha reducido el poder adquisitivo de la institución, lo que agrava la situación operativa.El general Alejandro López, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, precisó que, además del congelamiento presupuestal, la falta de asignación de recursos afecta la capacidad de respuesta de la fuerza pública en zonas de alto conflicto. El informe enfatiza que sin financiamiento adecuado, es imposible mantener operativos contra los grupos armados ilegales que controlan territorios estratégicos mediante economías ilícitas como el narcotráfico y el contrabando.Las Fuerzas Militares advierten que la falta de inversión en tecnología e inteligencia impide el monitoreo de las actividades de estos grupos y dificulta la reacción en momentos de crisis. La ausencia de sistemas de vigilancia y análisis de datos reduce la eficacia de las operaciones y deja en vulnerabilidad a comunidades en zonas de conflicto. Según señaló un informe de Noticias Caracol.Prioridades en conflicto y debilitamiento de la seguridad nacionalEl anexo, recibido por la Secretaría de Gabinete del Ministerio de Defensa, alerta sobre la imposibilidad de atender de manera simultánea crisis en distintas regiones debido a la escasez de personal y recursos. Según el documento, las disputas territoriales entre actores armados continúan fortaleciendo sus redes ilícitas, lo que agrava la situación de seguridad.El informe también recoge las advertencias de militares en retiro, quienes han señalado que las Fuerzas Militares enfrentan limitaciones estructurales que van desde la falta de personal hasta la obsolescencia tecnológica de sus equipos. La carencia de capacidades de recolección y análisis de datos también ha sido mencionada como un obstáculo para la operatividad de la institución.Esta comunicación a la Corte Constitucional forma parte de los argumentos para sustentar la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, decretada por el Gobierno Nacional. El documento subraya que la reducción del presupuesto y la ausencia de inversión comprometen la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos de seguridad en varias regiones del país.Escuche el informe acá:
Una operación militar puso fin a la carrera criminal de alias ‘Libardo’, uno de los hombres más buscados del país, cabecilla principal de la estructura ‘Ismael Ruiz’ y ficha clave del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.La operación se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Páez, Cauca. En una casa camuflada en medio de las montañas, alias ‘Libardo’ se escondía junto a varios miembros de su estructura, entre ellos menores reclutados a la fuerza que estaban siendo adoctrinados. El lugar funcionaba como un centro de entrenamiento ideológico y militar.Su trayectoria delictiva es extensa. Según inteligencia militar, este peligroso criminal participó activamente en las filas de la extinta guerrilla de las Farc y luego en las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. En 2022 fue el responsable de la emboscada en San Luis, Neiva, que dejó siete policías muertos.Desde entonces, su nombre estuvo ligado a múltiples ataques contra tropas del Ejército, secuestros, asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, y actos de terrorismo con drones, como el ataque a la base militar de Casaverde en julio de 2024.Alias ‘Libardo’ era más que un cabecilla armado. De acuerdo con su perfil criminal, ejercía control territorial en varios municipios del Tolima y el Huila, extorsionaba al sector comercio, cafetero y transportador, y lideraba la instrumentalización de menores para nutrir sus filas armadas.Su caída representa, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, un golpe estratégico que debilita la expansión criminal del bloque ‘Isaías Pardo’ y reduce la amenaza contra civiles, líderes sociales y la Fuerza Pública.Este hombre era requerido por la Fiscalía por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y sobre él pesaba una recompensa de más de 1.600 millones de pesos. En apenas tres años, pasó de guerrillero raso a ser el sucesor de alias ‘Cholinga’ y se convirtió en el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.La muerte de este criminal marca un antes y un después en la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las FFMM sostienen que se han registrado más de 340 combates en lo corrido del año, con un incremento del 40 % en operaciones ofensivas. Ahora, el objetivo son alias ‘Marlon Vásquez’ y alias ‘Chapolo’, quienes heredaron estructuras debilitadas, sin el liderazgo violento de ‘Librado’.
Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar un millonario cargamento de café que había sido robado en el sur del país. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas de la brigada 29, en coordinación con unidades de la división de Policía del Cauca, ubicaron una tractomula que transportaba más de 32 toneladas de café tipo exportación. Según estimaciones, el valor de la carga supera los 1.000 millones de pesos.El hallazgo se dio tras una maniobra de inteligencia que permitió interceptar el vehículo antes de que la mercancía fuera movilizada fuera del departamento. Durante el operativo fueron capturadas dos personas, señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo armado residual estructura Jaime Martínez, una organización criminal con injerencia en esa región y con antecedentes en el robo sistemático de mercancías de alto valor.Además de recuperar el café, los uniformados incautaron un equipo de comunicación y un inhibidor de señal, elementos que, según las autoridades, iban a ser utilizados por los delincuentes para evitar el rastreo satelital de la tractomula y así dificultar su ubicación tras el robo.Tanto los capturados como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal involucrada. Las autoridades destacan que este tipo de acciones afectan directamente las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
El grupo de la Mesa Nacional Cacaotera se pronunció hoy en contra de los precios del cacao en el país y pidieron a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abrir la conversación para construir un acuerdo que permita estabilizar los precios del grano a los productores en ciertas regiones del país.La tonelada de cacao se paga a 8.300 dólares en el exterior, pero en Colombia se paga el kilo a $22.000 cuando, según los cacaoteros, deberían pagarlo a más de 30.000 pesos.Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera en Santander, aseguró que si antes del 30 de julio el Gobierno no da una respuesta, harán un paro en las principales vías del país, como la Panamericana y la troncal del Magdalena medio. “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, anunció Niño.A través de un comunicado, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia denunció que las políticas públicas en torno al cacao no se han abordado de manera correcta por este Gobierno, por lo que esperan una respuesta de la ministra Carvajalino, a más tardar en la tarde de este martes 22 de julio.“Denunciamos las prácticas desplegadas por las grandes industrias y exportadores que ejercen el monopolio sobre la producción, el comercio, la transformación y la exportación del cacao en sus diferentes formas, así como la falta de actuación por parte de los órganos rectores del gremio cacaotero”, se lee en el comunicado firmado por representantes de las mesas cacaoteras de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Arauca y la Asociación Campesina Agropecuaria y Piscícola de Santander.La propuesta de los cacaoteros al Gobierno es que se reúnan este 24 de julio para hablar de las necesidades del sector.Sin embargo, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) informó, a través de un comunicado, que ellos no están convocando a ningún tipo de manifestación, paro cacaotero, y que mantienen un diálogo abierto y constante con el Ministerio de Agricultura.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, llegó al departamento de Arauca para asumir personalmente el seguimiento del caso del subintendente y patrullero secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tame.Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos al cuerpo élite de investigación de la Dijin, quienes fueron interceptados y privados de la libertad en medio de su labor cotidiana que es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de la Habana en 2016.El general Triana se reunió con autoridades locales y la cúpula policial de la región para coordinar acciones de búsqueda y protección a sus vidas.“El ELN es absolutamente responsable por la integridad y la vida de nuestros policías”, afirmó el director, quien destacó que los uniformados cumplían funciones orientadas al esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz firmado en La Habana.Triana anunció que el secuestro será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Además, expresó su solidaridad institucional con las familias de los policías retenidos y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.“No es solo un ataque a dos servidores públicos, es un ataque directo al trabajo de protección de líderes sociales en el país. Gracias a ellos se han logrado esclarecer 26 homicidios de líderes sociales en Arauca en los últimos tres años”, destacó el general.
El ELN confirmó en las últimas que tiene en su poder a los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, secuestrados durante una operación de “control territorial” en el departamento de Arauca.Según la información del ELN, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025, cuando los dos policías se movilizaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en ese momento fueron interceptados por hombres fuertemente armados.Los secuestrados fueron identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente con 17 años de servicio Y Yordin Fabián Pérez Mendoza, patrullero con más de 10 años en la institución.El ELN afirmó haberles incautado dos pistolas 9mm, un computador y documentos. En el comunicado, el ELN asegura que los agentes están “sanos y salvos” y responsabiliza al Estado de cualquier daño que sufran, especialmente en caso de intentos de rescate militar.
Fue en medio de patrullajes de control que un perro antiexplosivos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército logró ubicar un artefacto explosivo improvisado junto a unas viviendas en una de las vías por donde se iba a realizar el desfile militar del 20 de julio.Este artefacto, dicen las autoridades, se encontraba dentro de bolsas de basura y había sido dejado en medio de las viviendas y cerca de un jardín infantil, zona de la inspección La Julia, del municipio de Uribe, Meta.Tras la verificación, un equipo de explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos, siguiendo todos los protocolos establecidos, procedió a despejar la zona con el apoyo de la Policía, y posteriormente realizó la destrucción de este artefacto de manera controlada.“Con esta acción, se neutralizaron las acciones del enemigo que buscaba atentar contra la vida e integridad de la población civil y las tropas desplegadas durante la conmemoración de los 215 años de Independencia”, destacó el Ejercito.La Fuerza de Tarea Omega rechazó este acto que pudo afectar muchas vidas y anunció el refuerzo de las operaciones ofensivas en la zona para combatir los grupos armados organizados, por lo que invitó a la población a denunciar todo acto sospechoso a través de la línea 107 antiterrorismo.
La Cuarta División del Ejército confirmó que tropas desplegadas en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fueron blanco de un ataque con artefacto explosivo improvisado lanzado mediante un dron por las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2025.De acuerdo con el comunicado oficial, los responsables del ataque serían integrantes de la las disidencias de las Farc, quienes emplearon un dron para arrojar una granada de fabricación artesanal contra las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.El artefacto detonó en el costado oriental externo del puesto de mando, donde se encontraba personal militar del dispositivo avanzado de combate. Sin embargo, gracias a las medidas de protección activadas por los soldados, no se presentaron afectaciones en el personal ni daños a la infraestructura militar.Tras la detonación, las tropas activaron el plan de reacción y contrataque, que incluyó el despliegue de medios aéreos no tripulados para asegurar el perímetro en un radio de 360 grados. Las unidades en la zona fueron alertadas y el dispositivo de seguridad permanece en máximo alistamiento para prevenir nuevos ataques.El Ejército Nacional calificó este hecho como una violación al derecho internacional humanitario y anunció que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, la Cuarta División reiteró su compromiso con la seguridad del suroriente colombiano, la defensa de la población civil y el respeto por los derechos humanos, manteniendo su presencia activa y contundente en la región.
Este martes, se desató una ola violenta por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en diferentes zonas del Cauca y el Valle, incluida Cali. Los hechos dejan hasta el momento cinco personas heridas y cuatro más fueron asesinadas. Dese la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques advirtiendo que la política de paz ha fallado."Estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales"; señala en un comunicado Asocapitales.Por otro lado, hicieron un llamado para que se tomen medidas urgentes con el fin de garantizar la seguridad en Colombia."La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables", dice el documento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el atentado terrorista que iba a a ser llevado a cabo en Miraflores, Guaviare, a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con el jefe de la cartera, esto confirma que la voluntad de alias ‘Mordisco’ nunca ha sido la paz.“Gracias a la capacidad de anticipación de nuestra Fuerza Pública, neutralizamos un plan criminal del Frente 1 del Bloque Amazonas que buscaba aterrorizar a nuestra población que transita en el área de Miraflores, Guaviare”, indicó el ministro de Defensa sobre el frustrado atentado terrorista.Un lancha cargada con explosivos fue abandonada en inmediaciones del puerto de Miraflores y, según el ministro, fue por la intervención oportuna de técnicos antiexplosivos que se evitó una tragedia. En la lancha, destaca la autoridad, fueron encontrados los siguientes elementos:4 cilindros con 20 kg de explosivos cada uno.Potencial destructivo de 200 metros a la redonda“Nuestros equipos ejecutaron una detonación controlada en zona segura, protegiendo la vida de soldados y civiles. En este momento se desarrollan operaciones para capturara los terroristas. No vamos a permitir que el terrorismo regrese a nuestros territorios”, agregó el ministro.Sánchez agregó además que el Estado colombiano tiene un programa de atención humanitaria al desmovilizado. “Desmovilícense. No le sigan haciendo daño a nuestros campesinos y a Colombia”.