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Rechazo en el Suroeste de Antioquia por la construcción de una cárcel en el municipio de Andes: sectores académicos, turísticos y políticos cuestionaron que este se haga al frente de una universidad y temen que incremente inseguridad. El gobernador Andrés Julián Rendón negó que fueran dudas de la comunidad y dijo que a esto solo se oponen “dos o tres personas que tienen visibilidad”
Algunos de los argumentos es que allí actualmente funciona una granja agrícola, que en la discusión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) en el año 2023 no se contempló ese espacio como apto o idóneo para un centro carcelario, y sus posibles implicaciones en la seguridad, en una localidad que a la fecha triplica la cifra de homicidios de todo el 2024, con más de 60 casos. También se cuestionan los impactos que tendrá en el turismo en este corredor que va desde la Posesión hasta el corregimiento de Tapartó.
Aunque al ser consultado sobre este tema, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que esta iniciativa está contenida en el Plan de desarrollo y que es una inversión cantada de las más importantes de la tasa de seguridad, el docente Luis Carlos Gaviria manifestó a Blu Radio que no ha habido una socialización oficial por parte del ente departamental y que se enteraron por la visita de un topó.
“Los vecinos de una urbanización que hay cerca que es Palmar de Los Andes, otro condominio que hay en La Pradera se han mostrado muy extrañados porque sus terrenos se van a desvalorizar. Enfrente de La Granja queda el Ecoparque de Comfenalco. Es un sitio de recreación. Por un lado, que es un centro de recreación, vamos a colocar una cárcel. Y al otro lado está la Universidad de Antioquia”, afirmó.
Frente a cómo se eligió el predio también hay algunas dudas. El concejal Ramón Genaro Restrepo manifestó a este medio de comunicación que aunque este uso del suelo debía ser aprobado por el Concejo, la solicitud no pasó por allí durante la revisión del PBOT ni posteriormente, ejercicio que se hace cada 10 años. Incluso, dijo el corporado, este documento indica que esta es una zona de expansión y distrito educativo.
“La realidad es que nosotros los andinos no queremos esa cárcel departamental a Canadá. El problema es que el área que tenemos, esa área es un área destinada para educación nada más. Y ahí queremos una universidad de las TIC. Eso lo pueden llevar para Rionegro, para Medellín, yo no sé para dónde era, pero aquí no la queremos”, aseveró.
Sobre este punto, el gobernador aseguró que lo que hizo su administración fue revisar diferentes predios de su propiedad, como este de Andes, mirar qué usos del suelo permitidos tenían cada uno de ellos y “la voluntad de la institucionalidad local para acometer ese tipo de inversiones”, para este caso, del alcalde Germán Vélez.
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“Más que la comunidad, yo creo que son dos o tres personas con una capacidad de influencia y de visibilidad muy grande y eso pues lo respetamos. No es cierto que allí exista una granja que esté a cargo de una institución educativa ni que esté un centro de protección animal. No tengo noticia que exista una cárcel y que eso aumente la inseguridad”, afirmó.
Para Francisco Zapata, exviceministro de Justicia oriundo de Andes, el problema va más allá, porque las cárceles de Colombia se han convertido en centros de extorsión.
“Jamás hayamos tenido un proceso como el que tenemos de criminalidad. Son tres, cuatro asesinatos semanales. Uno es el tema de inseguridad, pues crea todavía más más expectativas y más angustia frente a la inseguridad, una percepción de inseguridad. Segundo, que todos sabemos que los centros callejeros se convirtieron hoy en grandes centros de la extorsión con eh centros de comunicaciones al interior”, dijo.
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Finalmente, Rendón dijo que revisará la idea de que una cárcel genera más inseguridad, aunque anticipó que no conoce estudios “ni evidencia empírica que indique un aumento de la criminalidad por la presencia de un centro penitenciario”. Añadió que, por el contrario, contar con un lugar adecuado para que los detenidos o condenados cumplan sus penas, junto con una buena operatividad de la Fuerza Pública y la justicia, suele generar mayor disuasión y reducir los índices delictivos.
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