Un informe de inteligencia militar permitió destapar a dos poderosos narcotraficantes que, desde las sombras, estarían detrás de la operación criminal de las estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Martín Villa’, brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias ‘Cheli’ y alias ‘Toro’, de 35 y 40 años respectivamente, dos hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína.¿A dónde envían droga estos capos?El informe señala que estos dos capos envían mensualmente más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Recientemente, también se detectaron despachos menores hacia la Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal.La riqueza de ‘Cheli’ y ‘Toro’, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias: proveen fusiles M16, Tavor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas.¿Qué negocio tienen con estructuras de 'Iván Mordisco?A cambio, la ‘Carlos Patiño’ en el Cauca y la ‘Martín Villa’ en el Meta deben garantizar la protección de cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias ‘Iván Mordisco’ en regiones estratégicas.Las investigaciones también revelaron que ‘Cheli’ y Toro mantenían negocios con alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la ‘Carlos Patiño’, quien se entregó a las autoridades en agosto pasado en zona rural de El Estrecho, Cauca. Sin embargo, los dos narcos lograron evadir operativos recientes gracias a una amplia red de informantes dentro de la población civil, que los alerta cada vez que la fuerza pública inicia movimientos en sus corredores de movilidad.Aunque las autoridades cuentan con fotografías y huellas dactilares de ambos, sus nombres aún no han podido ser confirmados. Aun así, quedaron rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, los cuales ya fueron detectados y están siendo rastreados por la Dijín y el Ejército.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente al Gobierno nacional del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y de las condiciones que permitieron el ataque de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos y heridos.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario lamentó la lentitud en la reacción del Estado frente al hostigamiento. “A las 11:30 de la mañana ya teníamos un saldo lamentable de seis uniformados muertos y otro tanto heridos. Y no puede ser que 30 bandidos hayan puesto en jaque casi durante 24 horas a la institucionalidad en su conjunto”, afirmó.Rendón aclaró que su crítica no es contra la Policía ni contra los soldados, sino contra el Gobierno. “Es una falta de determinación del Gobierno nacional, de una conducción eficiente de las capacidades en su conjunto”, aseguró.¿Fracasó política de paz total?El gobernador señaló que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en Antioquia. “Por cuenta de esa política equívoca de Petro, las disidencias Farc han crecido en Antioquia un 70 %, el Clan del Golfo un 60 %. Municipios que habían sido declarados libres de coca hoy son de nuevo enclaves cocaleros”, indicó.A esto se suma, según Rendón, la bonanza del oro ilegal. “Todo eso ha engrosado las rentas criminales, que los tienen estrenando uniformes riquísimos con tecnología como esta que pusieron infortunadamente ayer, al servicio del terror y con la que no cuenta la fuerza pública”, denunció.¿Qué pasa con los recursos para la fuerza pública?Uno de los señalamientos más fuertes del mandatario fue contra la reducción de inversión en seguridad. “¿Cómo se explica usted que una brigada como la Cuarta en Antioquia, que tiene bajo su jurisdicción más de 90 municipios, este año haya recibido apenas 32 millones de pesos para inversión? Con eso no tanquea ni los vehículos de un pelotón ni las motocicletas en un par de meses”, dijo.Rendón comparó esa cifra con el esfuerzo que hizo su administración para imponer la tasa de seguridad y recaudar un billón de pesos. “No lo hacíamos por capricho, sino porque entendíamos la precariedad dotacional, de infraestructura, de equipamiento en la que estaban soldados y policías. El Gobierno nacional desmanteló la capacidad de inversión que debía tener rutinariamente la fuerza pública”, aseguró.El gobernador agregó que “lo único que llega oportunamente a soldados y policías es su salario”, y denunció que buena parte de los helicópteros Black Hawk están en tierra por falta de mantenimiento.Rendón también criticó la liberación de jefes de las disidencias bajo la figura de “gestores de paz”. Recordó la captura de alias Calarcá y otros cabecillas en Barbosa, Antioquia, en 2023, quienes posteriormente fueron liberados. “Petro y su fiscal de bolsillo, la fiscal Camargo, los declararon gestores de paz y los liberaron. ¿Qué le puede quedar en el corazón a un soldado o un policía cuando recuerda eso?”, cuestionó.Para el mandatario, esas decisiones equivocadas hoy tienen consecuencias en departamentos como Valle y Antioquia. “Cuánto dolor nos hubiésemos evitado si ese criminal estuviera tras las rejas”, afirmó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió tras el atentado con carro bomba ocurrido en la ciudad que lo sucedido no puede verse como un hecho aislado, sino como una amenaza que puede expandirse a otras regiones de Colombia si no hay una respuesta rápida y contundente de las autoridades nacionales.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, Eder explicó que la situación en Cali es “estable”, con presencia permanente del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes permanecen en la capital del Valle del Cauca para coordinar las acciones tras la emergencia.El mandatario confirmó que en las próximas horas se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado permanente entre la Nación, la Alcaldía, la Gobernación y la fuerza pública con el objetivo de recuperar la zona de Jamundí.“Venimos advirtiendo desde hace 20 meses que Jamundí es la principal amenaza para Cali. Es inaceptable tener 2.000 hectáreas de coca a 15 kilómetros de la Universidad del Valle. Eso es como si en Bogotá estuvieran sembradas al lado de la Universidad de La Sabana”, señaló Eder.¿Cuál era el objetivo del atentado en Cali?El alcalde fue enfático en que el ataque con carro bomba buscaba causar una masacre. “Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera Octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora, si no es para matar. Querían asesinar, querían sembrar terror”, afirmó.Sobre el segundo vehículo cargado con explosivos que no estalló, explicó que se trató de una falla de los atacantes. “Gracias a Dios no explotó, pero no quiero decir que por chambones. Son grupos de traquetos que están aprendiendo, pero que tienen que ser atendidos ya porque su objetivo es asesinar colombianos y reclutar niños en barrios marginados”, agregó.Eder reconoció que la fuerza pública mantiene su profesionalismo, pero insistió en que enfrenta limitaciones de recursos. “La capacidad de inteligencia que teníamos hace algunos años, la que permitió operaciones como Jaque o la caída de Cano, hoy está desfinanciada. Se han recortado hasta en un 30 % los recursos para seguridad, afectando capacidades estratégicas como la aérea. Eso es lo que se debe recuperar”, indicó.El mandatario aseguró que desde la Alcaldía se han duplicado los recursos de seguridad, al igual que en otras ciudades del país, pero recalcó que los municipios no tienen cómo financiar inteligencia, helicópteros ni aumentar pie de fuerza. “Eso lo debe hacer el Gobierno nacional”, sostuvo.El alcalde comparó a los actuales disidentes con los exguerrilleros con los que alguna vez negoció en La Habana. Recordó la captura de alias 'Sebastián', uno de los responsables del ataque, a quien describió como un joven que tenía brackets. “En más de una década nunca vi un desmovilizado con frenos. Eso quiere decir que tienen tiempo y comodidad para entrar a la ciudad y hacerse ese tipo de procedimientos. Estos no son guerrilleros, son delincuentes traquetos”, señaló.¿Cómo frenar el terrorismo en Cali?Eder insistió en que no se debe hablar de paz con estos grupos. “Con esta gente no hay nada que hablar, son delincuentes. Se puede hablar de sometimiento a la justicia, pero lo más importante ahora es empoderar a la fuerza pública para que recobre el control territorial”, dijo.El mandatario reiteró que lo ocurrido en Cali no es solo un problema local. “Esto no es aceptable para los caleños y no puede ser aceptable para Colombia, porque ese deterioro se está viviendo en todo el país. Si no hay un actuar contundente y rápido, lo que estamos viviendo aquí próximamente se vivirá en otras ciudades e intermedias de Colombia”, advirtió.Finalmente, valoró que el presidente Gustavo Petro calificara a estos grupos como “organizaciones terroristas” y que diera instrucciones claras para recuperar el territorio. “Ese es un paso importante, pero ahora necesitamos que se materialicen los recursos y se ejecute lo acordado. Aquí está en juego la vida de los caleños y de todos los colombianos”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio completo:
Las comunidades rurales del sur de Bolívar emitieron una alerta a las autoridades denunciado constantes amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados como consecuencia de la presencia de criminales del ELN y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.En respuesta a este llamado ciudadano, el Ejército, a través de la Brigada 19 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, desplegó una ofensiva militar para contrarrestar la expansión y el accionar de estos grupos ilegales.Cabecillas ELNUno de los principales objetivos de esta operación son los cabecillas del frente de Guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, quienes han impuesto el terror en la zona. Se trata de Jesús Navarro Robles, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, máximo jefe de esta estructura. Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas.Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la fuerza pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos.Otro de los hombres más buscados por las autoridades es alias ‘Harold’, responsable de operar la Compañía Tito Marín, y quien ha introducido el uso de drones con explosivos como forma de ataque a las tropas en terreno, generando preocupación por la capacidad tecnológica y el poder destructivo que ha adquirido la estructura criminal bajo su mando.Cabecillas Clan del GolfoPero la amenaza no termina ahí. En paralelo al accionar criminal del ELN, el Clan del Golfo también tiene fuerte presencia en esta región. Al mando de la estructura ‘Arístides Mesa Páez’, aparece Roineiro David Jiménez, conocido como alias ‘Jefferson’, un hombre que es considerado uno de los jefes más violentos de esa organización en el sur de Bolívar, con un largo prontuario por extorsión, tráfico de armas y coordinación de redes criminales en zona rural.A su lado delinque Luis Alberto Henao Cardozo, alias ‘Bejuco’, cabecilla de la subestructura ‘Euclides Arley Pérez Góez’, quien ha liderado enfrentamientos directos contra el ELN en la Serranía del Guamocho, buscando ampliar su dominio y controlar corredores estratégicos para el transporte de cocaína. Completa la cúpula alias ‘Piña’, jefe de la subestructura ‘Erlín Pino Duarte’, también implicado en homicidios selectivos y alianzas con redes ilegales para sostener el poder territorial de su grupo.La confrontación entre estos grupos armados deja a las comunidades rurales atrapadas en medio del fuego cruzado, por lo que el objetivo de la operación militar en curso es neutralizar las capacidades criminales de estas estructuras, impedir que continúen expandiéndose y garantizar la seguridad de miles de familias afectadas por años de abandono estatal y violencia sistemática.Las tropas del Ejército intensificaron patrullajes, aseguramiento de veredas, instalación de puntos de control y ofensivas en áreas montañosas de difícil acceso. Además, se reforzó la inteligencia en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, buscando golpear las finanzas y las redes de apoyo de estos grupos, al tiempo que se brinda protección a líderes sociales y campesinos que han sido amenazados por denunciar.
El niño indio Sarwagya Singh Kushwaha, de apenas tres años, se convirtió en el ajedrecista más joven del mundo en ingresar a la clasificación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), tras obtener este viernes su primera valoración oficial en torneos homologados.Con tres años, siete meses y 20 días, el pequeño alcanzó un puntaje inicial de 1.572 unidades en la modalidad rápida, luego de derrotar a varios jugadores ya ranqueados en recientes competiciones disputadas en la India.Hasta ahora, el récord pertenecía a otro niño indio, Anish Sarkar, quien lo había establecido en noviembre de 2024 con tres años, ocho meses y 19 días, en medio de una sucesión de marcas de precocidad en el país asiático.El padre del menor, Siddharth Singh Kushwaha, expresó la satisfacción de la familia por el logro. “Es un enorme orgullo y un honor para nosotros que nuestro hijo se haya convertido en el ajedrecista más joven del mundo en obtener una clasificación de la FIDE”, declaró al canal indio ETV Bharat. “Queremos que llegue a ser gran maestro”.Según contó la familia, el niño comenzó a familiarizarse con el ajedrez como una estrategia para disminuir el tiempo que pasaba frente a las pantallas.La clasificación de la FIDE es el sistema internacional que determina el nivel de los jugadores a partir de sus resultados en torneos oficiales. El título de gran maestro es el mayor reconocimiento del ajedrez profesional y está reservado a una reducida élite mundial.El caso de Sarwagya se suma al creciente grupo de talentos que consolidan a la India como una de las potencias emergentes del ajedrez, con referentes históricos como Viswanathan Anand y una nueva generación de prodigios en ascenso.En noviembre, el país también fue sede de la Copa Mundial de la FIDE, disputada durante casi un mes con más de 200 jugadores de élite, y que terminó con el triunfo del uzbeko Javokhir Sindarov, vencedor en la final ante el chino Wei Yi.
La Veeduría Ciudadana del Aeropuerto Ernesto Cortissoz denunció que las obras de modernización del lado tierra de la terminal aérea registran un 90% de atraso, situación que mantiene en estado crítico la infraestructura y la calidad del servicio para los usuarios.La Aeronáutica Civil confirmó los retrasos y anunció que adelanta ocho procesos de incumplimiento contra el contratista, Consorcio Infraestructura AIEC 2026, que podrían derivar en multas superiores a $12.000 millones.Los principales retrasos, de acuerdo con el informe de la veeduría, se concentran en la sala de maletas nacional, debido a demoras en la importación e instalación de equipos esenciales como escaleras eléctricas, ascensores, aires acondicionados, bandas transportadoras y pisos."En la reunión de la mesa técnica, realizada esta mañana en el aeropuerto, quedó claro que los incumplimientos se concentran en aspectos claves en la sala de maletas nacional y tienen que ver con las demoras en la importación de las escaleras eléctricas, los ascensores, los aires acondicionados, las bandas transportadoras de maletas, y los pisos", indicó la veeduría a través de un comunicado de prensa. Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura capítulo norte, señaló que ante esta situación han pedido la intervención de la Contraloría y la Procuraduría.Los retrasos significativos en la ejecución de las actividades programadas han afectado el cumplimiento del cronograma contractual, a tal punto que la entrada en operación de esos equipos sólo se estaría dando en el primer trimestre del próximo año, si el contratista cumple efectivamente con un plan de choque que acordó con la Aerocivil y que debe ser entregado la próxima semana.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
Una recompensa de hasta $30 millones están ofreciendo las autoridades en el Valle del Cauca por información que permita ubicar a Gustavo Artunduaga, líder social de 58 años del municipio de Restrepo, quien permanece desaparecido desde el pasado 25 de octubre.Esta decisión se tomó luego de que se realizara una reunión con diferentes entidades del Gobierno Departamental para analizar los avances que han tenido las autoridades en su proceso de búsqueda“Como resultado del análisis que ha realizado el equipo direccionado por la Fiscalía General de la Nación, se ha determinado ofrecer una recompensa de hasta 30 millones de pesos a los ciudadanos que puedan entregar información que nos permita ubicar el paradero del señor Gustavo Artunduaga, o que permita que la investigación avance con el mejor resultado, que es encontrarlo con vida y, por supuesto, esclarecer este hecho tan lamentable que ha ocurrido”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.Por este caso, su familia vive hoy un completo drama, ya que hasta la fecha no han tenido ninguna información sobre su paradero. Lo último que se conoció del líder social es que salió de su vivienda en su vehículo con destino a otro municipio del departamento.“El señor Gustavo Artunduaga salió de su casa el pasado 25 de octubre con rumbo al municipio de Buga y no regresó a su hogar. Este caso lo hemos analizado con la directora de Fiscalías, todo su equipo de trabajo y nuestro Gaula Policía, revisando los avances de la investigación y, por supuesto, también logramos escuchar a su familia”, explicó el funcionario público.Finalmente, otra de las peticiones que se hace desde el Gobierno Departamental es que los ciudadanos que tengan información la entreguen a las autoridades en la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Valle.
La lucha de la violencia contra la mujer tiene un nuevo capítulo en el departamento del Atlántico, donde la Asamblea departamental aprobó el 'Sello Morado', una distinción única en su tipo para premiar a las empresas y a los colegios que se destaquen por implementar protocolos y rutas de atención para avanzar en una mayor equidad de género. La distinción se entregaría a partir de una verificación que se realizaría a las instituciones con sede en este departamento que demuestren implementar protocolos de prevención, detección temprana, atención adecuada y activación de la ruta sancionatoria que corresponda, ante escenarios de violencia basada en género. Le puede interesar: Seis municipios en rojo por feminicidios: Santander registra 13 casos en lo que va del año“Para el caso de colegios, importará mucho la incorporación de prácticas formativas y acciones preventivas creativas, evidenciados en el Plan de Convivencia Escolar, en la escuela de padres y también en el servicio social obligatorio de los alumnos de los dos últimos grados. Además, para el caso de empresas, interesará la igualdad salarial, la conciliación familiar, el liderazgo de mujeres, entre otras prácticas laborales incluyentes”, explicó la diputada Alejandra Moreno Astwood, quien fue la autora de esta ordenanza que ya fue aprobada. A su vez, esto debe acompañarse con campañas pedagógicas para socializar programas de formación y sensibilización, que incluyan el violentómetro, el ciclo de las relaciones de pareja, los tipos de violencia, tipología de agresores y pasos para recibir rutas de atención y reparación. Lo anterior, permitirá que tanto entornos en colegios como empresas, sean seguros ante el desarrollo de estas buenas prácticas.“Esta ordenanza fue resultado del trabajo conjunto con los colectivos de mujeres del Atlántico. la psicóloga Ruth Pareja fue vital en el desarrollo del contenido de esta, ante la violencia que observó en los entornos escolares, desde su labor como psicopedagoga. A fecha de hoy, el en el Atlántico, 52 mujeres han sido asesinadas, de las cuales 14 han sido tipificadas como feminicidio. El feminicidio es una muerte prevenible, que se combate desde la educación y la salud mental. Queremos que las niñas, las adolescentes y las profesionales se sientan seguras y que no resulten victimizadas por la violencia basada en género”, indicó la Diputada Moreno Astwood.
Una operación militar puso fin a la carrera criminal de alias ‘Libardo’, uno de los hombres más buscados del país, cabecilla principal de la estructura ‘Ismael Ruiz’ y ficha clave del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.La operación se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Páez, Cauca. En una casa camuflada en medio de las montañas, alias ‘Libardo’ se escondía junto a varios miembros de su estructura, entre ellos menores reclutados a la fuerza que estaban siendo adoctrinados. El lugar funcionaba como un centro de entrenamiento ideológico y militar.Su trayectoria delictiva es extensa. Según inteligencia militar, este peligroso criminal participó activamente en las filas de la extinta guerrilla de las Farc y luego en las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. En 2022 fue el responsable de la emboscada en San Luis, Neiva, que dejó siete policías muertos.Desde entonces, su nombre estuvo ligado a múltiples ataques contra tropas del Ejército, secuestros, asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, y actos de terrorismo con drones, como el ataque a la base militar de Casaverde en julio de 2024.Alias ‘Libardo’ era más que un cabecilla armado. De acuerdo con su perfil criminal, ejercía control territorial en varios municipios del Tolima y el Huila, extorsionaba al sector comercio, cafetero y transportador, y lideraba la instrumentalización de menores para nutrir sus filas armadas.Su caída representa, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, un golpe estratégico que debilita la expansión criminal del bloque ‘Isaías Pardo’ y reduce la amenaza contra civiles, líderes sociales y la Fuerza Pública.Este hombre era requerido por la Fiscalía por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y sobre él pesaba una recompensa de más de 1.600 millones de pesos. En apenas tres años, pasó de guerrillero raso a ser el sucesor de alias ‘Cholinga’ y se convirtió en el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.La muerte de este criminal marca un antes y un después en la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las FFMM sostienen que se han registrado más de 340 combates en lo corrido del año, con un incremento del 40 % en operaciones ofensivas. Ahora, el objetivo son alias ‘Marlon Vásquez’ y alias ‘Chapolo’, quienes heredaron estructuras debilitadas, sin el liderazgo violento de ‘Librado’.
Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar un millonario cargamento de café que había sido robado en el sur del país. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas de la brigada 29, en coordinación con unidades de la división de Policía del Cauca, ubicaron una tractomula que transportaba más de 32 toneladas de café tipo exportación. Según estimaciones, el valor de la carga supera los 1.000 millones de pesos.El hallazgo se dio tras una maniobra de inteligencia que permitió interceptar el vehículo antes de que la mercancía fuera movilizada fuera del departamento. Durante el operativo fueron capturadas dos personas, señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo armado residual estructura Jaime Martínez, una organización criminal con injerencia en esa región y con antecedentes en el robo sistemático de mercancías de alto valor.Además de recuperar el café, los uniformados incautaron un equipo de comunicación y un inhibidor de señal, elementos que, según las autoridades, iban a ser utilizados por los delincuentes para evitar el rastreo satelital de la tractomula y así dificultar su ubicación tras el robo.Tanto los capturados como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal involucrada. Las autoridades destacan que este tipo de acciones afectan directamente las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
El grupo de la Mesa Nacional Cacaotera se pronunció hoy en contra de los precios del cacao en el país y pidieron a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abrir la conversación para construir un acuerdo que permita estabilizar los precios del grano a los productores en ciertas regiones del país.La tonelada de cacao se paga a 8.300 dólares en el exterior, pero en Colombia se paga el kilo a $22.000 cuando, según los cacaoteros, deberían pagarlo a más de 30.000 pesos.Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera en Santander, aseguró que si antes del 30 de julio el Gobierno no da una respuesta, harán un paro en las principales vías del país, como la Panamericana y la troncal del Magdalena medio. “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, anunció Niño.A través de un comunicado, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia denunció que las políticas públicas en torno al cacao no se han abordado de manera correcta por este Gobierno, por lo que esperan una respuesta de la ministra Carvajalino, a más tardar en la tarde de este martes 22 de julio.“Denunciamos las prácticas desplegadas por las grandes industrias y exportadores que ejercen el monopolio sobre la producción, el comercio, la transformación y la exportación del cacao en sus diferentes formas, así como la falta de actuación por parte de los órganos rectores del gremio cacaotero”, se lee en el comunicado firmado por representantes de las mesas cacaoteras de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Arauca y la Asociación Campesina Agropecuaria y Piscícola de Santander.La propuesta de los cacaoteros al Gobierno es que se reúnan este 24 de julio para hablar de las necesidades del sector.Sin embargo, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) informó, a través de un comunicado, que ellos no están convocando a ningún tipo de manifestación, paro cacaotero, y que mantienen un diálogo abierto y constante con el Ministerio de Agricultura.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, llegó al departamento de Arauca para asumir personalmente el seguimiento del caso del subintendente y patrullero secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tame.Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos al cuerpo élite de investigación de la Dijin, quienes fueron interceptados y privados de la libertad en medio de su labor cotidiana que es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de la Habana en 2016.El general Triana se reunió con autoridades locales y la cúpula policial de la región para coordinar acciones de búsqueda y protección a sus vidas.“El ELN es absolutamente responsable por la integridad y la vida de nuestros policías”, afirmó el director, quien destacó que los uniformados cumplían funciones orientadas al esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz firmado en La Habana.Triana anunció que el secuestro será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Además, expresó su solidaridad institucional con las familias de los policías retenidos y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.“No es solo un ataque a dos servidores públicos, es un ataque directo al trabajo de protección de líderes sociales en el país. Gracias a ellos se han logrado esclarecer 26 homicidios de líderes sociales en Arauca en los últimos tres años”, destacó el general.
El ELN confirmó en las últimas que tiene en su poder a los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, secuestrados durante una operación de “control territorial” en el departamento de Arauca.Según la información del ELN, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025, cuando los dos policías se movilizaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en ese momento fueron interceptados por hombres fuertemente armados.Los secuestrados fueron identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente con 17 años de servicio Y Yordin Fabián Pérez Mendoza, patrullero con más de 10 años en la institución.El ELN afirmó haberles incautado dos pistolas 9mm, un computador y documentos. En el comunicado, el ELN asegura que los agentes están “sanos y salvos” y responsabiliza al Estado de cualquier daño que sufran, especialmente en caso de intentos de rescate militar.
Fue en medio de patrullajes de control que un perro antiexplosivos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército logró ubicar un artefacto explosivo improvisado junto a unas viviendas en una de las vías por donde se iba a realizar el desfile militar del 20 de julio.Este artefacto, dicen las autoridades, se encontraba dentro de bolsas de basura y había sido dejado en medio de las viviendas y cerca de un jardín infantil, zona de la inspección La Julia, del municipio de Uribe, Meta.Tras la verificación, un equipo de explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos, siguiendo todos los protocolos establecidos, procedió a despejar la zona con el apoyo de la Policía, y posteriormente realizó la destrucción de este artefacto de manera controlada.“Con esta acción, se neutralizaron las acciones del enemigo que buscaba atentar contra la vida e integridad de la población civil y las tropas desplegadas durante la conmemoración de los 215 años de Independencia”, destacó el Ejercito.La Fuerza de Tarea Omega rechazó este acto que pudo afectar muchas vidas y anunció el refuerzo de las operaciones ofensivas en la zona para combatir los grupos armados organizados, por lo que invitó a la población a denunciar todo acto sospechoso a través de la línea 107 antiterrorismo.
La Cuarta División del Ejército confirmó que tropas desplegadas en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fueron blanco de un ataque con artefacto explosivo improvisado lanzado mediante un dron por las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2025.De acuerdo con el comunicado oficial, los responsables del ataque serían integrantes de la las disidencias de las Farc, quienes emplearon un dron para arrojar una granada de fabricación artesanal contra las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.El artefacto detonó en el costado oriental externo del puesto de mando, donde se encontraba personal militar del dispositivo avanzado de combate. Sin embargo, gracias a las medidas de protección activadas por los soldados, no se presentaron afectaciones en el personal ni daños a la infraestructura militar.Tras la detonación, las tropas activaron el plan de reacción y contrataque, que incluyó el despliegue de medios aéreos no tripulados para asegurar el perímetro en un radio de 360 grados. Las unidades en la zona fueron alertadas y el dispositivo de seguridad permanece en máximo alistamiento para prevenir nuevos ataques.El Ejército Nacional calificó este hecho como una violación al derecho internacional humanitario y anunció que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, la Cuarta División reiteró su compromiso con la seguridad del suroriente colombiano, la defensa de la población civil y el respeto por los derechos humanos, manteniendo su presencia activa y contundente en la región.
Este martes, se desató una ola violenta por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en diferentes zonas del Cauca y el Valle, incluida Cali. Los hechos dejan hasta el momento cinco personas heridas y cuatro más fueron asesinadas. Dese la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques advirtiendo que la política de paz ha fallado."Estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales"; señala en un comunicado Asocapitales.Por otro lado, hicieron un llamado para que se tomen medidas urgentes con el fin de garantizar la seguridad en Colombia."La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables", dice el documento.
La masacre de cuatro indígenas awá en Barbacoas, Nariño, fue registrada por una cámara de seguridad ubicada a las afuera del billar escena del múltiple homicidio.El caso se registró en el caserío de Altaquer, donde cuatro indígenas departían al momento de ser atacados por hombres armados que llegaron al lugar y dispararon sin mediar palabras.Uno de los casos más recientes de violencia contra los awá ocurrió el pasado 3 de julio, cuando tres jóvenes de ese pueblo fueron asesinados a tiros por disidencias de las Farc en el Resguardo indígena Inda Sabaleta (Nariño), cuando estaban en una reunión.La Asociación Minga denunció en ese momento que los grupos armados seguían asesinando indígenas pese a que este pueblo es reconocido por la Corte Constitucional en riesgo inminente de extinción y tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) aseguró la semana pasada que hasta mediados de junio de este año habían sido asesinados al menos 85 indígenas en el país, y más de 30 de ellos pertenecían al pueblo awá.Otros casos con repercusión este año fueron los de José Albeiro Camayo, excoordinador de la guardia indígena asesinado el 24 de enero por disidentes de las Farc, y el de Breiner Cucuñame, de 14 años de edad, solo unos días antes en el mismo resguardo, Las Delicias, en Cauca.Vea el video aquí:
La Policía Nacional publicó el cartel actualizado de los integrantes del Clan del Golfo señalados de participar, de manera activa, en los homicidios y ataques de policías en varias regiones del país, en especial 82 municipios, así como de intimidar a la población con un presunto paro armado.De acuerdo con el afiche, los señalados están distribuidos en tres estructuras principales de las cuales dos dependen de alias ‘Chiquito Malo’: la Central Urabá y la Erlin Pino Duarte, con 30 y 23 integrantes respectivamente. La otra es la Roberto Vargas, a cargo de alias ‘Gonzalito’, con 21 personas.Por cada una de estas personas se ofrece hasta $50 millones como recompensa para quien ayude a dar con su ubicación.Este es el afiche emitido por la Policía: Un soldado fue asesinado durante operativo contra el Clan del Golfo en Tierralta, CórdobaTras combates entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo en Tierralta, Córdoba, un soldado profesional fue asesinado.El uniformado fue identificado como Blas Andrés Soto Carrascal y los hechos en los que perdió la vida se habrían dado la tarde del viernes 29 de julio , cuando soldados realizaban operativos en la vereda El Limón, zona rural de Tierralta, en la subregión del Alto Sinú, sur de Córdoba.De acuerdo con las informaciones preliminares, otro soldado quedó herido en el ataque.Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy
Luego de denunciar que el Clan del Golfo, además del plan pistola, también ordenaría un paro armado en el norte del país; la Policía le puso fechas a ese posible freno a la movilidad y al comercio.“Es alias ‘Chiquito Malo’, especialmente él, en los componentes armados que están en la parte rural, ha dado esa instrucción de constreñir sobre el 6 y 7 de agosto a la población (...) sabemos que quieren colocarle presión al gobierno electo, hacerse notar y que no son narcotraficantes”, dijo el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional en conversación con Noticias Caracol.Incluso, labores de inteligencia indican que los hostigamientos podrían comenzar desde el viernes 5 de agosto. Y ante esto, la Policía ha reforzado el seguimiento a los cabecillas de esta zona del país. “De 'Chiquito Malo', quien solía mantenerse en las zonas rurales de Urabá, las selváticas, sabemos que se ha movido hacia el nudo de Paramillo. Estamos allí con la brigada 17 del Ejército y nuestra inteligencia. (...) Él junto a 'Siopas' y 'Gonzalito' se están moviendo mucho, no permanecen más de dos meses, muchos traslados en caños y otros espacios”, contó el general Vargas.Ante estas nuevas amenazas, el Gobierno Nacional anunció un despliegue de hasta 1.000 hombres entre policías, investigadores, fiscales, soldados y miembros de la armada para reforzar la seguridad en el norte del país. Escuche el podcast El Camerino:Le puede interesar:
Como si fuera poco el plan pistola que el Clan del Golfo está liderando contra la Policía, autoridades nacionales ahora tienen reporte de un posible paro armado por este mismo grupo ilegal en departamentos como Sucre, Bolívar, Córdoba, César, y parte de Antioquia.Así lo dio a conocer el ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró que hay movimiento de hombres de estos grupos hacia otras zonas donde antes no tenían presencia y, por ejemplo, esto sería lo que ocurrió con el carro bomba detonado en La Mata, César, que dejó tres policías heridos.“Después del análisis hecho, se ofrecen hasta 500 millones de pesos por información que lleve a la captura y judicialización de alias ‘Chirimoya’, de la mojana sucreña; ‘Champeta’ en sur de Bolívar; ‘Veterino’, ‘Ricardo’ o ‘Zapata’ en el centro de Bolívar; alias ‘Jerónimo' o ‘Tigre’ en Cesar, y alias ‘Manatí’ en La Guajira, señalados de ser autores materiales e intelectuales de los actos criminales contra los policías”, detalló Molano, en medio del consejo de seguridad adelantado en Corozal, Sucre.De acuerdo con las labores de seguimiento, estos hombres también tienen ciertas rencillas entre ellos por el interés de quedarse con el poder tras la captura de otros cabecillas y por eso es que también cometen los atentados.Durante el consejo de seguridad, se anunció la llegada de 800 hombres de la Policía, también de 350 soldados y 650 hombres de la Marina para los sectores de la mojana sucreña y los Montes de María.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
En la última semana las autoridades han dado a conocer varios operativos contra el Clan del Golfo, como respuesta al plan pistola que este grupo ha liderado contra los miembros de la fuerza pública.Entre los detenidos hay varios perfiles: sicarios, vendedores de droga, encargados de transportar armas, entre otros, pero los que más han llamado la atención son un concejal y un comandante de estación, ambos del municipio de Heliconia, occidente de Antioquia, una región golpeada por estos ataques criminales.Del concejal se sabe que estaba activo en sus funciones, mientras que del comandante se conoció que es un intendente de la Policía que está en su periodo de vacaciones tras haber pedido su retiro de la institución, pero su último cargo fue estar al frente de la estación de este municipio.Por ahora, avanzan los procesos de judicialización, que contra estas dos personas son por el delito de concusión, y dependiendo de esto se darán más detalles de cómo y cuál era su vinculación al Clan del Golfo.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
El general Carlos Moreno, quien la semana pasada asumió como comandante del Ejército Nacional, habló sobre lo que está pasando con la institución frente al cambio de gobierno el próximo 7 de agosto.Dijo que, por ahora, no han tenido un contacto directo con Gustavo Petro o el ministro de Defensa designado, Iván Velásquez, pero siguen a la expectativa en especial de conocer cómo se manejarán las fuerzas.“El nuevo ministro tendrá unos roles que desempeñar en el sector defensa. Somos respetuosos y estamos expectantes a ver qué lineamientos da el Gobierno entrante para poder dirigir las fuerzas y poder orientar lo que todo el país quiere que es la seguridad”, manifestó Moreno.Sobre el posible cese bilateral, el alto oficial señaló que no han recibido ninguna instrucción pero están atentos para definir posibles protocolos que se deban implementar.En un punto que sí se ha avanzado es el de plan de seguridad de cara al 7 de agosto en la posesión de Gustavo Petro: “Ya el Comando General dio la directiva para la ceremonia de reconocimiento de mando, haremos parte del tercer anillo de seguridad para los actos protocolarios y ceremonia en la plaza de Bolívar”, detalló Moreno.Finalmente, por la jornada de posesión, la conmemoración del día del Ejército se llevará a cabo el 5 de agosto en Tolemaida. Escuche más noticias: