Defensoría advierte riesgos en proyecto de Ley de Sometimiento y pide mayor protección para víctimas
Aunque valoró el debate sobre la Ley de Sometimiento, la Defensoría pidió garantizar verdad, reparación y participación de víctimas y comunidades étnicas.
La Defensoría del Pueblo presentó su concepto sobre el proyecto de Ley 02 de 2025, que busca regular el sometimiento de grupos armados y estructuras criminales. Aunque valoró el inicio del debate, advirtió que se requieren ajustes de fondo para garantizar los derechos de las víctimas y de los pueblos étnicos, así como para evitar riesgos de inconstitucionalidad.
La entidad destacó como positivo que el proyecto siente bases jurídicas sólidas para el desmantelamiento de organizaciones al margen de la ley, al incluir medidas como la responsabilidad penal de financiadores y colaboradores, la exigencia de aportes a la verdad para acceder a beneficios y el fortalecimiento de la justicia ordinaria.
No obstante, la Defensoría señaló varios puntos críticos como la necesidad de una participación efectiva de víctimas y comunidades étnicas mediante audiencias y consultas previas; la falta de definiciones claras sobre reparación integral; y el riesgo de otorgar beneficios penales a reincidentes en la violencia armada, lo que podría generar incentivos perversos.
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Foto: Defensoría
Asimismo, alertó sobre el peligro de excarcelaciones sin cumplimiento de condiciones de verdad, justicia y reparación, al permitir libertad condicional tras cinco años de prisión sin un sistema robusto de monitoreo. También insistió en que la protesta social no debe ser equiparada al crimen organizado y debe tratarse en una norma distinta, que reconozca su carácter de derecho fundamental.
La Defensoría llamó al Congreso a articular el proyecto con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, garantizar la capacidad institucional de la Fiscalía, jueces, sistema penitenciario y de defensa pública, y asignar recursos suficientes para su implementación.
Finalmente, la entidad reiteró que la legitimidad de esta ley dependerá de equilibrar los beneficios para los responsables con los derechos de las víctimas, en especial el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
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