Si Farc conserva riqueza ilícita podrá rearmarse en cualquier momento: procurador

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, emitió su primer pronunciamiento sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc sobre cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, además de la entrega de las armas del grupo ilegal a la ONU. Según el procurador Ordóñez, las Farc podrán rearmarse si así lo quisieran, pues en el acuerdo no estaría contemplada la entrega de dinero de la guerrilla. “De nada vale el desarme si a las Farc se les permite conservar la riqueza ilícita con la cual se pueden rearmar en cualquier momento (…) Un acuerdo no se puede basar en la buena fe de las Farc, se requiere ciertas garantías que impida que las Farc puedan rearmarse”, manifestó el procurador. Este es el pronunciamiento completo emitido por el procurador Alejandro Ordóñez: Con relación al Acuerdo del Gobierno Nacional y las FARC presentado el 23 de junio pasado, la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus obligaciones constitucionales y legales, señala: Desde el inicio de las conversaciones con las FARC, la Procuraduría ha hecho advertencias para defender el ordenamiento jurídico, propugnar por la justicia, evitar la impunidad de tantas atrocidades y velar por los derechos de las víctimas. Tales observaciones tienen un solo propósito: que la paz quede bien hecha, se fortalezca el estado de derecho y no se vuelvan a repetir la violencia y el crimen. El éxito de un proceso de paz depende de las garantías de cumplimiento de lo acordado. El Presidente Juan Manuel Santos le ha dado todo tipo de garantías de cumplimiento de los Acuerdos a las FARC, al punto de convertir a la Mesa de La Habana en una Constituyente. Nadie los eligió, ni les otorgo ese poder. Mientras a las FARC se le dan todas las garantías, ¿cuál es la garantía que las FARC dan a los colombianos de que no volverán a la violencia? ¿Cuál es la garantía de que las FARC no podrán rearmarse y de que se desmovilizará totalmente? Eso no puede depender de la buena fe de esa organización. Para la Procuraduría el Acuerdo sobre dejación de armas y de “zonas veredales transitorias de normalización” para la reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC, es incompleto, absolutamente insuficiente y no es garantía de que las FARC se desmovilizarán integralmente y de forma definitiva. Tampoco ese Acuerdo es garantía de que nunca más podrán rearmarse. Las razones son las siguientes: Primero. El texto del Acuerdo publicado permite que más de la mitad de las FARC no se desmovilicen. No obliga a las FARC a disolver la totalidad de sus aparatos violentos. El Acuerdo establece que a las zonas de ubicación de miembros de las FARC solo se desplazaran quienes hacen parte de “misiones, comisiones y unidades tácticas de los Frentes” de la organización, lo que deja por fuera a gran parte del “grupo armado organizado”, como son los integrantes de las milicias. Ese desplazamiento a dichas zonas tiene como objetivo el desarme de las estructuras de FARC e iniciar el proceso de reincorporación de los miembros del grupo armado a la sociedad, es decir, desmantelar el aparato violento. En términos estrictamente funcionales, el ala militar de las FARC no son únicamente los guerrilleros que hacen parte de estructuras permanentes que constituyen “misiones, comisiones y unidades tácticas de los frentes”. Teniendo en cuenta los propios estatutos de las FARC y su forma de actuar en los territorios, las personas que han asumido una función continua para ese grupo armado organizado y que comprende su participación directa en las hostilidades, son muchas más que los integrantes de las estructuras de guerrilla permanentes. El CICR ha señalado que “los individuos cuya función continua consista en la preparación, realización o comisión de actos u operaciones que equivalgan a una participación directa en las hostilidades asumen una función continua de combate”. Los organismos de inteligencia han informado en detalle al Gobierno Nacional sobre el hecho de que las FARC están integradas también por las milicias bolivarianas. Éstas son estructuras de carácter militar que actúan en zonas donde el grupo tiene influencia. Soportan las estructuras encuadrilladas, se camuflan en la población civil, ejecutan actividades de inteligencia de combate e incluso participan directamente de las hostilidades con atentados terroristas, francotiradores, instalación de minas antipersonales o uso de artefactos explosivos improvisados. Las milicias están conformadas por personas reclutadas, formadas y equipadas por el grupo armado organizado de las FARC para participar de forma continua y directa en las hostilidades. Sus miembros están sujetos a una organización jerárquica y vertical, al igual que a un régimen disciplinario. Las milicias han sido en el último tiempo más relevantes en las hostilidades contra la fuerza pública que las unidades de guerrilla, son además instrumento de coerción sobre la población civil y de control del territorio a través de la amenaza y el uso de la fuerza. Los informes de conteo del enemigo del Ministerio de Defensa de los últimos años registran un número mayor de miembros de milicias que de integrantes encuadrillados en estructuras de guerrilla permanentes. Existen también personas vinculadas a las FARC que han recibido entrenamiento militar y están en capacidad de planear y ejecutar actos violentos, así hayan participado directamente en las hostilidades de forma temporal, en acciones concretas. Entre estas personas están militantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano PC3, que en algunas zonas han estado involucrados también en actos de terrorismo y masacre de soldados e infantes de marina. El Acuerdo presentado no se refiere a ninguna de estas personas, solamente a quienes hacen parte del componente uniformado y armado permanente. ¡Es claro! El documento convenido por el presidente Santos y “Timochenko” no obliga la desmovilización total de las FARC. El hecho de que más de la mitad de sus integrantes no se vayan a concentrar en las zonas de ubicación se ratifica en el Acuerdo, al indicarse que las armas de las milicias serán transportadas junto a las “armas de acompañamiento”, “las granadas y municiones”, hacia las veredas donde se ubicaran los miembros de “misiones, comisiones y unidades tácticas de combate”. Mientras que los guerrilleros sí arribaran a dichas zonas con el “armamento individual”, los milicianos no. La sociedad debe tener la garantía de que las FARC se desmovilizarán completamente y que se identificarán plenamente la totalidad de los integrantes de sus aparatos violentos. Segundo. El Acuerdo anunciado el 23 de junio de 2016 no garantiza la disolución definitiva de las FARC como aparato violento. Para que el desarme de las FARC sea cierto, permanente y definitivo, se requiere el desmantelamiento de la infraestructura económica del grupo y la desarticulación de sus redes de criminalidad organizada, particularmente las relacionadas con el narcotráfico. Al respecto no se hace ninguna referencia en los anuncios. De nada vale el desarme, si a las FARC se les permite conservar la riqueza ilícita con la cual se pueden rearmar en cualquier momento y atacar nuevamente a la población civil y a la fuerza pública. Los millones de dólares acumulados por el narcotráfico, la extorsión y la minería criminal, y el hecho de que no se exija su entrega, les permitirán mantener reservas financieras para volver a la violencia, si así lo decidieran. Insisto, un Acuerdo no se puede basar en la buena fe de las FARC, se requiere que existan garantías ciertas que impidan que las FARC puedan rearmarse. Tales garantías no existen en los Acuerdos hasta ahora presentados. Tercero. El mecanismo de monitoreo y verificación no tiene mandato para establecer la verdad sobre el total de armas de las FARC. A pesar de comprender al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el mecanismo de monitoreo y verificación está restringido, limitado, reducido a lo que pacten las FARC y el Gobierno Nacional en el Acuerdo. Es decir, la ONU no es autónoma para llevar a cabo todas las acciones que considere necesarias para asegurar que en efecto el desarme sea total. El Acuerdo no señala procedimientos que permitan establecer el real número de armas que tiene ese grupo, tampoco si llegaren a existir armas que no se entregaron o si el grupo o facciones del mismo escondieron armas o las vendieron a otras organizaciones al margen de la ley, como el ELN o bandas criminales. La misión de la ONU además tiene un mandato de 12 meses, lo cual no le permitirá establecer si las FARC se quedaron con armas o si los integrantes de las milicias, que no se desmovilizarán, quedarán con alguna reserva de armas. El monitoreo y la verificación se hará sobre las armas que las FARC voluntariamente quieran reconocer y entregar a la ONU. Un Acuerdo de este tipo no se puede basar en la buena fe de las FARC y en la ingenuidad del Gobierno. No existe garantía de que el desarme será total. En conclusión, la Procuraduría llama la atención de la sociedad colombiana, la comunidad internacional y el Gobierno Nacional, sobre: 1. El Acuerdo publicado permite que más de la mitad de los integrantes de aparatos violentos de esa organización no se desmovilicen. 2. El Acuerdo publicado no desmantela la infraestructura económica y de redes criminales que permiten que las FARC se rearmen y vuelvan a atacar en cualquier momento. 3. El Acuerdo publicado limita a la Misión de la ONU a lo que pacten las FARC y el Gobierno. Además no la dota de mandato ni de mecanismos que garanticen que el desarme es total. 4. No hay garantía de desmovilización total de las FARC. No hay garantía de desarme total de las FARC. Y no hay garantía de que las FARC no se rearmen y vuelvan a atacar. La Procuraduría solicita al Gobierno corrija los términos del Acuerdo presentado el 23 de junio para asegurar que realmente las FARC desaparecerán como organización armada. No se puede admitir una falsa desmovilización y un falso desarme. El fin de las FARC debe ser para siempre. Existen otras preocupaciones sobre el Acuerdo que serán expuestas posteriormente por la Procuraduría, especialmente, respecto a las zonas de ubicación de guerrilleros armados, los derechos de los pueblos indígenas a la Consulta Previa y el derecho de los ciudadanos de esos municipios a expresarse en una consulta popular sobre si aceptan o no que se les impongan tales zonas.