“Definitivamente, el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”, esa es la denuncia que el presidente Gustavo Petro dijo que llevará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque, según el mandatario, en la práctica no se está ejecutando lo pactado en 2016 con la antigua guerrilla de las Farc.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación Emilio José Archila, un cargo que ya no existe en el actual Gobierno, aseguró que “sería irónico que un presidente de Colombia fuera a las Naciones Unidas a convencerlos de que ellos están equivocados".Ante las críticas, comentó que durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se logró incorporar los acuerdos en la Constitución sin cambiar ningún artículo, lo cual fue un hito importante para el país en ese momento. Sin embargo, señaló que la implementación de los acuerdos quedó como un mandato para los siguientes cuatro gobiernos.Añadió que eso logró que las mismas Naciones Unidas “aceptara que iban a acompañar a la JEP para la verificación de las sanciones propias cuando te cuando llegara”. Precisó que en ese período se hicieron cambios a la Constitución para que “hubiera más recursos para la para la implementación”.“En materia de políticas públicas, donde tiene el corazón, tiene que poner la plata. Eso implicaba un fortalecimiento institucional, implicaba que existían los niveles y las personas con las capacidades de tener la interlocución con todas las instancias; solo en materia de Naciones Unidas eso permitió, por ejemplo, que a los dos meses de estar en el Gobierno, logramos que la misión de verificación fuera ratificada por todo el período que íbamos a estar”, recalcó.Antiguas Farc instan a Petro a llevar a Timochenko a la ONU para denunciar incumplimiento de acuerdoAdemás, Archila resaltó los logros alcanzados durante su gestión, como la renovación de la ley de víctimas, la financiación para la reincorporación de excombatientes y la coordinación entre la Nación, los departamentos y los municipios en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Asimismo, destacó que se trabajó en la reforma rural integral y la transformación del campo, no solo en la distribución de tierras, sino también en temas como vías, telecomunicaciones y desarrollo rural.Ante los cuestionamientos de Petro sobre la falta de financiamiento para la implementación de los acuerdos, Archila dijo que, si bien los acuerdos no estaban inicialmente financiados, se hicieron esfuerzos para conseguir recursos a través de la cooperación internacional, la creación del marcador presupuestal y el aumento del presupuesto para apoyar a las víctimas.En cuanto a la reforma agraria, explicó que esta se puede realizar sin la necesidad de un proyecto de ley específico, ya que los planes nacionales sectoriales tienen el nivel de ley. Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
El Comisionado de Paz, Otty Patiño, y la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN respondieron a la decisión de ese grupo de volver a secuestrar, la guerrilla advirtió que aún no se ha constituido el fondo multidonante que fue acordado en el marco del proceso de paz y por eso habrían tomado la decisión. El Gobierno anunció que hará los esfuerzos necesarios para que el ELN retome el compromiso.“Reiteramos nuestra posición sobre el anuncio hecho por la dirección del ELN en torno a la reanudación del secuestro con fines económicos; y anunciamos que haremos los esfuerzos necesarios para que se retome el cumplimiento del compromiso adquirido por la guerrilla en el sexto ciclo de diálogos”, señalaron el Comisionado y la delegación en un comunicado.En el mismo sentido aseguran que al frente comuneros del sur del ELN, que decidió apartarse de la guerrilla, se le dará un tratamiento distinto.“En consecuencia se dará el tratamiento a este grupo de Nariño como organización distinta a independiente de la organización nacional, con la cual se sostienen negociaciones políticas en la Mesa Nacional”, explicó el Comisionado Patiño.ELN levanta suspensión de secuestros extorsivos y acusa al Gobierno por falta de voluntadEl ELN se comprometió durante el sexto ciclo de conversaciones con el Gobierno nacional a dejar los secuestros extorsivos por seis meses. Durante esa ronda de negociaciones también se acordó la creación de un fondo multidonante que se financiaría con recursos de la comunidad internacional."En función de este proceso, basado en principios de transparencia, de respeto a la legalidad y a las normas nacionales e internacionales y, busca fortalecer y hacer sostenible este proceso en el desarrollo de los acuerdos que lo componen, en las actividades y en un ELN en construcción de paz", explicó en su momento la jefe negociadora del Gobierno, Vera Grabe.Este fondo aún no se ha creado y por eso el ELN anuncia que da por terminado su compromiso de no cometer secuestros extorsivos."A la fecha, 3 de mayo, el fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo. Dado lo anterior, el ELN da por terminado su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas", señaló el Comando Central de la guerrilla en un comunicado.Le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro aseguró este martes en Barranquilla que "el camino de la paz" no es volver "el cuerpo humano una mercancía", en respuesta a la decisión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de poner fin a la suspensión de los secuestros con fines económicos."El secuestro no lleva sino al traqueteo (narcotráfico) (...) El camino de la paz no es volver (...) el cuerpo humano una mercancía, lo esencialmente humano tiene que salir del mercado", expresó el mandatario durante la jornada del 'Gobierno con los Barrios Populares' en la capital del departamento caribeño del Atlántico.El ELN anunció el lunes que daba "por terminada" la suspensión de los secuestros con fines económicos, al considerar que el Ejecutivo ha incumplido con la creación de un "fondo multidonante para el proceso de paz", a lo que el Gobierno respondió que la "eliminación" de ese crimen no es negociable con el Estado.En ese sentido, Petro manifestó que "quienes quieren construir una nueva sociedad lo primero que tienen que sacar es al ser humano del mercado, no puede ser materia mercantil"."Un secuestro no es más que la transacción mercantil del ser humano", recalcó el jefe de Estado.El Gobierno y el ELN anunciaron en diciembre del año pasado, en el quinto ciclo de negociación, celebrado en Ciudad de México, que esa guerrilla cesaría los secuestros con fines económicos.Se tiene previsto que las delegaciones del Gobierno y el ELN se reúnan en Caracas entre el 20 y el 25 de mayo para firmar un nuevo acuerdo en el marco de la negociación de paz, que retomaron en noviembre de 2022, pero no se sabe qué pasará tras la decisión del ELN de reanudar los secuestros.
El pasado mes de enero el ELN se había comprometido a suspender el secuestro extorsivo por seis meses, tras el sexto ciclo de negociaciones de paz con el Gobierno nacional. En esa ronda de diálogos se acordó la creación de un fondo multidonante para financiar las iniciativas del proceso de paz, más no al grupo. Aún el fondo no está constituido y por eso la guerrilla decidió levantar su compromiso frente a la suspensión del secuestro."A la fecha, 3 de mayo, el fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo. Dado lo anterior, el ELN da por terminado su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas", señaló el Comando Central de la guerrilla en un comunicado.En una rueda de prensa, la jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con la guerrilla, Vera Grabe, dijo que el fondo está pensado para desarrollar actividades de paz y no está ligado de ninguna manera al fin del secuestro.Delegación de paz del Gobierno con el ELN está maniatada por divisiones en NariñoPor otro lado, el senador Iván Cepeda, quien hace parte de la delegación del Gobierno, aseguró que esta decisión constituía un incumplimiento por parte del ELN."El fondo no está pactado como una contraprestación y no es parte de una especie de transacción que haya hecho el Gobierno, es un compromiso distinto y tiene que ver con financiar actividades de paz, así que es claro que hay un incumplimiento del ELN a su compromiso ante el país y ante la comunidad internacional. Esa circunstancia obviamente motivará una reflexión en la delegación del Gobierno y estamos estudiando qué viene", manifestó Iván Cepeda.
El alcalde del municipio de Mosquera, Cundinamarca, Nelson Hernán Parra, sorprendió con una rueda de prensa en la que denunció los presuntos hechos de corrupción durante la administración 2020 - 2023.De acuerdo con las denuncias, el exalcalde Gian Carlo Gerometta y su gabinete, habrían incurrido en faltas disciplinarias, fiscales y penales por las presuntas irregularidades en temas de adición de recursos, variación en las condiciones de entrega de proyectos y múltiples incumplimientos.Dentro de los 4 grandes casos denunciados está la licitación pública No. 010 del año 2023 para la renovación del sistema de videovigilancia del municipio se adquirieron 15 cámaras por más de 2.600 millones de pesos, que estarían distribuidas en cinco puntos diferentes. El único proponente que se presentó fue la empresa SKG Tecnología S.A.S, representada legalmente por John Alejandro Munevar. La actual administración evidenció que a la fecha solo tres se encuentran en funcionamiento y aun así se pagó el total del contrato.Otro caso es el relacionado con la compra, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de equipos de video, sonido, iluminación y kioscos agilizadores para los escenarios deportivos, culturales y la sede administrativa del municipio de Mosquera por 7.533 millones de pesos. El contrato firmado con la Kimberly Valderrama Vargas como representante legal de la Unión Temporal Audiovisuales Mosquera, no solo habría presentado sobrecostos, sino que los equipos en gran parte, no fueron instalados ni puestos en funcionamiento.Otra llamativa denuncia recuerda los carrotanques de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. El alcalde Gerometta incluyó la compra de un camión cisterna por más de 1.000 millones de pesos. El vehículo habría entrado al inventario el 18 de diciembre de 2023 y se regresó por garantía el 27 de diciembre de 2023. En conclusión, no fue usado y tampoco se encuentra en el municipio para su uso.Ese rubro hace parte del contrato firmado con TDEPE S.A.S representada por Gustavo Adolfo Delgado Devia por más de $5.000 millones de pesos, para mitigar los impactos de la sequía. Al momento de su liquidación no había cumplido ni con el 20 % de lo contratado.De las denuncias de presunta corrupción no se salvó ni el estadio municipal, una de las perlas más costosas. Comenzó licitándose en $41.700 millones y con adiciones ya va en 65.900 millones de pesos para construir un escenario de 5 pisos. Sin embargo, la ejecución del contrato permite concluir que, con adición y todo, el contratista hará entrega solamente de 4 pisos de obra.Otra obra cuestionada es el velódromo sobre el que ya existe un informe de la Contraloría, en el que el municipio presuntamente celebró el contrato de obra con sobrecostos y con una modificación de los parámetros aprobados en la licencia de construcción que no fue notificada ante la Secretaría de Planeación del Municipio, por lo que se habría incurrido en un detrimento por cerca de 600 millones de pesos.También se presentaron irregularidades en el contrato de mantenimiento, construcción y modernización de parques polideportivos, 15 frentes de parques, seis de cerramientos y 14 de cubiertas que tuvo un valor de más de 16.500 millones pesos al que se le hizo una adición de más de $1.150 millones para la ejecución de obras complementarias sin el cumplimiento de los requisitos legales.Ese contrato se firmó en 2022 con un viejo contratista del municipio imputado en 2017 por volteo de tierras. Se trata de Ernesto Pinto Salazar, que en esta oportunidad representó legalmente al Consorcio Escenarios Deportivos.Le corresponderá a la Fiscalía General investigar, tiempos, valores, adiciones y ejecución de los contratos denunciados por el alcalde de Mosquera, Nelson Parra, y establecer responsabilidades.
Greeicy Rendón confesó que ser madre "nunca" estuvo en su lista de sueños, pero la maternidad de su hijo es "lo más hermoso" que le ha pasado porque es lo más "retador" que ha vivido, aunque es consciente de que el 90 % de las mujeres no viven este proceso "desde un lado privilegiado donde hay una familia, una unión, un apoyo".Así lo cuenta en el nuevo pódcast de la Agencia EFE 'Sin Sostén', que se estrenó este martes en todas las plataformas digitales con un primer episodio en el que la artista repasa su maternidad, su carrera y sus sueños."Literal vengo sin sostén", revela Greeicy al arrancar el episodio, disponible en todas las plataformas digitales, y agrega: "Yo no quería ser madre hace muchos años. Algo que teníamos en común con Mike (Bahía, su esposo) era que ni él ni yo queríamos tener hijos (...) Nunca estuvo en mi lista de sueños porque mi personalidad nunca fue tan maternal".Pero después de unos años llegó su hijo Kai, con quien Greeicy tuvo un embarazo "muy bonito y con mucha independencia" que le permitió seguir haciendo 'shows', bailando, entrenando."Hablemos de ese primer instante donde nace el bebé y empieza uno como a querer volver a (...) listo ya no estoy embarazada, ya soy otra vez Greeicy. Ah no. Ya no me cerraban los pantalones. Nunca me dio tan duro, aunque no es que no me importe, aunque no es una cosa como que me generara inseguridad, sí era una cosa que estaba en mi cabeza. Me preguntaba si me iba a volver a cerrar el pantalón y me veía igual delgada. Se modifica el cuerpo, pero se recupera", cuenta en el pódcast la cantante.La realidad que viven decenas de miles de 'webcamers' en el continente, qué hay detrás de los concursos de belleza y de un título de Miss o por qué las dietas controlan la vida de tantas mujeres, que incluso exponen su salud por unos cánones de belleza inalcanzables son algunas de las temáticas de 'Sin Sostén'.Greeicy Rendón muestra por primera vez el rostro de su hijo Kai en videoMúsica y ser mamá'Yeliana' es el último álbum de la cantante y también el nombre del alter ego que creó para este proyecto en homenaje a su segundo nombre, que precisamente es una mujer embarazada.El proceso de este disco "fue súper lindo" porque Greeicy creó una comunidad de mujeres embarazadas y mamás: "Abro una puerta enorme de una cantidad de historias", explica."No puedo decir que mi estadística es la del mundo, pero en lo que yo escuché y las historias que me llegaban había un 10 o 20 % de mujeres que vivían la maternidad como yo desde un lado privilegiado, pero el 80 o 90 % de las mujeres no lo vivían así", agrega la artista.El punto común, a pesar de las diferencias en las historias y vivencias, era que todas "sentíamos miedo, todas teníamos inseguridades, y yo sigo teniendo un montón de preguntas a las que no he encontrado respuestas y ellas también, al final todas nos parecemos un montón".Greeicy también habla de la dualidad entre la individualidad y tener un hijo, que "inevitablemente se vuelve prioridad", pero Kai "necesita ver a una mamá feliz, que cumple sus sueños y ese es el mejor ejemplo", por lo que sigue lidiando con seguir trabajando en su carrera y la "culpa" que, al final, sienten todas las mujeres.
El pasado 5 de marzo Rigoberto Niño Corredor, como representante legal de Migración Colombia, firmó un contrato electrónico Interadministrativo 113 con Andrés René Chaves Fernández, representante de la Imprenta Nacional, con el siguiente objeto:“Contratar la prestación de servicios para la impresión de las cédulas de extranjería , incluyendo los insumos, elaboración de la tarjeta, personalización, y entrega del documento final a la unidad administrativa especial Migración Colombia”.El valor del contrato es hasta por la suma de $5.620.000.000 incluidos los impuestos a que haya lugar.Para el lapso mayo -diciembre de la vigencia 2024 se tienen destinados recursos a ejecutar hasta por un monto de $1.600.000.000 millones de pesos.Durante la vigencia 2025, la entidad cuenta con vigencias futuras aprobadas por un monto de $2.500.000.000 millones de pesos. Y para el lapso enero – julio de 2026, la entidad cuenta con vigencias futuras aprobadas por un 1.520.000.000 millones de pesos.El contrato habla de un incremento anual del valor del contrato que sería reajustado de común acuerdo de las partes.La cédula de extranjería se otorga a extranjeros mayores de edad y a menores a partir de los 7 años que posean una visa, ya sea como titular principal o beneficiario, con una duración superior a tres meses.Vale la pena recordar que Migración Colombia canceló el proceso licitatorio para esta fabricación de cédulas de extranjería el pasado 21 de septiembre, aduciendo que los oferentes, incluida la empresa Thomas Greg & Sons, habían manifestado que el plazo estipulado no era adecuado para cumplir con los requisitos que se exigían.Migración decidió en ese entonces retomar el proceso de producción y personalización de cédulas de extranjería en el país y anunció que procedería mediante un método de contratación directa. Y fue exactamente lo que hizo.Pero el tema no quedó ahí, pese a que el director de la Migración, Fernando García, aseguró el pasado 28 de febrero en medios que no permitiría que la Imprenta subcontrataría ese servicio, pasó todo lo contrario.Mañas Blu 10 am conoció que existe la alianza estratégica 001 desde 2021 con la empresa mexicana Accesos Holográficos Sucursal Colombia, representada legalmente por Juan Carlos Sánchez Sánchez. La alianza iba hasta 2022; sin embargo, Sánchez solicitó una ampliación argumentando la cantidad de oportunidades de negocio que tiene en Colombia.En una carta en poder de Blu Radio, fechada el 21 de noviembre de 2022, Sánchez le resume a Leonor Arias, gerente de la Imprenta Nacional, cuáles son los proyectos que estarían a punto de realizar en Colombia y menciona los que serían 4 millonarios contratos: Identificar los vehículos blindados, el contrato sería con la supervigilancia por 25.000 millones de pesos anuales. Control personal para presos domiciliarios, ese sería con la Uspec por 59.000 millones de pesos anuales.Nuevas placas vehiculares digitales, ese sería con los organismos de tránsito por $12.000 millones al año.Los pasaportes con Cancillería por 102.000 mil millones anuales.El 30 de noviembre se firmó la ampliación de dicha alianza por 4 años más, argumentada precisamente en los futuros proyectos. Y aunque Juan Carlos Sánchez renunció a la representación legal de Accesos Holográficos el 15 de marzo de 2024, una semana después o sea el 22 de marzo Migración Colombia en virtud de la ampliada alianza, firmó un contrato por 833 millones de pesos con la empresa mexicana para “apoyar profesional y técnicamente las soluciones necesarias para la impresión y personalización de las cédulas de extranjerías que requiera Migración Colombia de conformidad con el contrato 113 de 2024” o sea con el contrato entre Migración y la Imprenta Nacional.El contrato supone la preimpresión sin personalización de $15.000 cédulas de extranjería, 8.000 mil de las cuales deben permanecer como stok de seguridad.Lo más grave es que Migración Colombia no solo terminó contratando a dedo con la Imprenta Nacional, sino que la imprenta tercerizó el contrato con la mexicana, que suena como la empresa que le apuesta a la fabricación de los pasaportes en Colombia.El tema no sería de poca monta, si por lo menos ya estuvieran imprimiendo las cédulas contratadas, pero Blu Radio logró confirmar que hasta el viernes 10 de mayo no se había impreso una sola cédula de extranjería de las 200 a 250 que se imprimían a diario, para satisfacer las necesidades de la entidad.Entonces, en conclusión: entregaron a dedo 5.000 mil millones, tercerizaron el contrato y los terceros internacionales contratados vienen incumpliendo el contrato.Lo que se viene con pasaportes puede resultar preocupante y la pregunta obligada es si el Gobierno nacional le dará a la empresa mexicana Accesos Holográficos todos los contratos mencionados en la carta revelada por Blu Radio y que sumarían 198.000 mil millones de pesos anuales.
Luego de reunirse padres de familia, estudiantes, egresados y concejales, fue necesario organizar una junta directiva para recolectar recursos y de esta manera poder recuperar el colegio Santa Librada de Neiva, el más antiguo del Huila actualmente abandonado y a punto de colapsar.Con la denominada ‘vaca’ de la solidaridad el propósito es recaudar 3.500 millones de pesos para reconstruir dos bloques con sus aulas, la piscina y material didáctico de la institución declarada patrimonio histórico de los colombianos.“Hemos iniciado esta vaca de la solidaridad, salvemos al colegio Santa Librada. Esto es un compromiso de egresados, docentes, padres de familia, empresarios, quienes se han puesto la camiseta y esperamos recaudar 3.500 millones de pesos o lo que más podamos. Lamentablemente el colegio se está cayendo a pedazos, se encuentra en precario estado” expresó el concejal Johan Steed Ortiz, líder de esta iniciativa.Asimismo, la secretaria de educación municipal Natalia Rodríguez, anunció que, junto con el alcalde, se trazado un compromiso de poder jalonar los recursos que sean necesarios para recuperar el colegio Nacional Santa Librada de Neiva declarado en el año 2006 Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación.El dinero recaudado durante seis meses será llevado al Fondo Mixto del Huila y los empresarios donantes tendrán un 25% de descuento del impuesto por parte de la Dian.
"En Nariño no hay ningún carrotanque de la flotilla comprada para atender la emergencia de la Guajira", dijo el director de la oficina regional para la atención del riesgo Gabriel Ocaña.El funcionario dijo a Blu Radio que rechaza los señalamientos “de mala fe” que se han hecho en redes sociales en donde aparece un carrotanque con el sello de UNGRD y que las publicaciones aseguran que se trataba de uno de esos automotores sistema.Ocaña dijo que ese vehículo que aparece en esa fotografía fue entregado en conmodato al departamento de Nariño en el año 2016 y es operado por el cuerpo de Bomberos de la ciudad de Pasto.Urge conocer la verdad judicial del escándalo de corrupción de los carrotanques"No es justo que sigan estigmatizando a la comunidad nariñense por hechos en los cuales nada tiene que ver el departamento, porque la responsabilidad penal es individual y por una sola persona que aparece en ese escándalo no pueden generalizar qué todos somos corruptos", dijo el funcionario.Insistió que la presencia de ese carrotanque, que nada tiene que ver con los comprados para La Guajira, obedeció al suministro de agua potable para el circo que está por estos días de visita en la capital de Nariño.Señaló que existen los documentos legales que demuestran que ese carrotanque, tipo sistema, fue entregado en el año 2016 y así lo van a demostrar y pidió de la comunidad nacional no seguir creyendo en publicaciones falsas.
La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a entidades como la Interpol, la Dijin, la Registraduría Nacional y la Policía Nacional eliminar los antecedentes judiciales de 9.600 antiguos miembros de las extintas Farc que se acogieron al acuerdo de paz de 2016.De acuerdo con la JEP, estas personas no están vinculadas con crímenes de guerra o de lesa humanidad, sino delitos meramente políticos, es decir, el hecho de haber pertenecido a un grupo insurgente como lo fueron las Farc en su momento.Frente a esto, la JEP considera que debe garantizarse la amnistía otorgada en 2017 por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya que no todas han sido materializadas.A la decisión, la JEP dio un plazo de 30 días para que se brinde la información a las autoridades correspondientes e inicie el proceso de limpiar los expedientes criminales que estén a nombre de los 9.600 firmantes.Siendo así, apenas se materialice el proceso de amnistía, ninguna de estas 9.600 personas tendrá registros negativos y podrán acceder a una estabilidad laboral, así como a la libertad financiera.
En una reveladora declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Carlos Eduardo Reyes Jiménez, reveló los detalles de su conexión con grupos paramilitares en el marco del subcaso Gran Magdalena del Caso 08, que investiga crímenes ocurridos durante el conflicto armado.Reyes señaló nombres de funcionarios públicos y terceros civiles que, aprovechando su posición en el Incoder, facilitaron operaciones que promovieron desplazamientos forzados, legalización del despojo de tierras mediante compras a precios ínfimos, acaparamiento y reasignación de tierras a través de trámites irregulares en municipios del corredor minero de Cesar.Salvatore Mancuso definió su posición frente a tutela que pretende tumbar ingreso a la JEPEstas acciones sé habrían realizado en colaboración con los frentes 'Mártires del Cacique de Upar' y 'Juan Andrés Álvarez Pastrana' del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), además de satisfacer intereses de actores económicos privados locales.El exdirector también explicó ante la magistratura cómo se manipulaban los mecanismos legales para desplazar y despojar de sus tierras a campesinos, y cómo posteriormente esos predios eran legalizados y transferidos a testaferros de las AUC o terceros civiles afines a estos grupos.“Farc sometieron a trabajos forzados a secuestrados en su poder para sancionarlos”: JEPLa información que logró recopilar la magistratura permitirá analizar, identificar y entender los patrones de delitos graves en esta área del país dirigidos contra propietarios de tierras en al menos 11 sitios, y mostrar cómo el desplazamiento forzado y la confiscación de tierras están vinculados directamente con redes criminales.La diligencia se realizó de manera reservada y fue presidida por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Gran Magdalena, del Caso 08.
El Tribunal de la Paz de la JEP confirmó la acusación de esclavitud y secuestro contra el exsecretariado de las Farc-EP por su participación en crímenes de guerra, incluyendo la toma de rehenes y severas privaciones de libertad, además de otros delitos cometidos por la disuelta guerrilla.Al respecto, el magistrado Camilo Suárez explicó en Meridiano Blu los detalles de esta decisión en la JEP. Para esta imputación se tuvo en cuenta la verificación, contrastación y análisis de las diferentes pruebas que recaudó la sala de macrocasos durante, aproximadamente, cinco años."En el macrocaso 01, que tiene que ver con la toma de rehenes, lo que hace la sección es verificar las conductas, hechos y calificaciones jurídicas se corresponden, es decir, si es adecuadamente conforme a la ley. La sala ya había planteado que el secretariado de las Farc había cometido el crimen de esclavitud y lo que está haciendo el tribunal es, conforme a las pruebas que se recaudaron, encontrar que el delito de esclavitud sí se dio y por esa razón es un crimen concurrente", detalló el magistrado Suárez.Procuraduría interpone tutela para ‘tumbar’ la acogida de Mancuso en la JEPEl magistrado recalcó que, desde el secretariado de las Farc, se creó una política y unos patrones que realizaron los diferentes bloques de la estructura criminal para realizar la toma de rehenes o secuestro."Lo que se evidencia es que hubo falta de control, a pesar de tener información, antes, durante y después de la conducta por parte de quienes integraban la cúpula de esta organización no se tomó ninguna acción para que evitar que esta conducta se cometiera", añadió el magistrado.Trabajo forzadoLos secuestrados también fueron sometidos a trabajo forzado en la selva, desmonte de estructuras, es decir, realizar actividades que eran de interés de las Farc."Muchos de estos trabajos eran para sancionar o para castigar o acciones a quienes se consideraban enemigos. Varios de los comparecientes reconocieron esas actividades", añadió el magistrado Camilo Suárez.
El Tribunal para La Paz ratificó la imputación por esclavitud y secuestro al exsecretariado de las Farc-EP por haber cometido crímenes de guerra de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por la extinta guerrilla.“El tribunal adoptó esta decisión con aplicación de las diferentes fuentes de derecho que se imponen a esta jurisdicción, facultad que se conoce como calificación jurídica propia, armonizando de manera adecuada el Derecho Penal Nacional y el Derecho Penal Internacional”, dijo el magistrado Camilo Suarez.Procuraduría interpone tutela para ‘tumbar’ la acogida de Mancuso en la JEPLos comparecientes por el caso 01 son:Rodrigo Londoño Echeverri, conocido durante el conflicto armado como ‘Timochenko’, fue el último comandante en jefe de las Farc-EP, desde la muerte de 'Alfonso Cano' en 2011, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Su periodo de comandancia se caracterizó por las negociaciones de paz realizadas con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido durante el conflicto armado como ‘Pastor Alape’, fue comandante del Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP desde su creación en 1993, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido durante el conflicto armado como ‘Joaquín Gómez’, fue comandante del Bloque Sur de las Farc-EP desde 1993, al asumir ese rol desde la formación de esa estructura en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera, hasta su reincorporación a la vida civil. Fue miembro del Secretariado desde 2008 y del Estado Mayor Central desde 2005.Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido durante el conflicto armado como ‘Mauricio Jaramillo’ o el ‘Médico’, fue el último comandante del Bloque Oriental de las Farc-EP desde 2010 hasta 2016. Desde 1993 era miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental, y de 2003 a 2006 fue el segundo comandante del Bloque Oriental por debajo de 'El Mono Jojoy'.Julián Gallo Cubillos, conocido durante el conflicto armado como ‘Carlos Antonio Losada’: desde 1984 y hasta 2007 tuvo como responsabilidad la organización clandestina de las redes urbanas de las antiguas Farc-EP en Bogotá, donde residió hasta el año 2000, cuando se trasladó a San Vicente del Caguán. Desde entonces y hasta 2007, según su propia versión, continuó desde zona rural de Cundinamarca y Meta bordeando el páramo de Sumapaz.Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido durante el conflicto armado como ‘Pablo Catatumbo’, fue comandante de la Columna Móvil Alirio Torres y miembro del Estado Mayor del Bloque Móvil 'Arturo Ruiz' desde 1997. Su trayectoria se desarrolló principalmente en el Occidente del país. Fue designado como titular del Estado Mayor Central de las Farc-EP en 2000 y en 2002 como comandante de la Columna Móvil Arturo Ruiz.Rodrigo Granda Escobar, conocido durante el conflicto armado como ‘Ricardo Téllez’: fue designado integrante del Estado Mayor Central en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera en 1993. En 2004 fue nombrado en el Estado Mayor del Bloque Caribe. En 2011 fue nombrado suplente del secretariado.Lo que se viene en este caso 01 que tiene 21.396 víctimas es una audiencia donde ellas participarán junto con los comparecientes y el ministerio público.Será un espacio judicial para que la Sección verifique que se cumplen la contribución a la verdad y la forma de reparación, en el marco del Sistema Integral para la Paz; con base a esto se determinará la duración de la sanción propia que la conforma el componente de restricción de derechos, libertades y el restaurativo. Estas oscilarán entre los 5 y 8 años y serán verificadas y monitoreadas por la Sección con la participación de Naciones Unidas.Corte Penal Internacional apoya el papel de la JEP en la justicia colombiana
La delegación del gobierno en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ELN, le solicitó al presidente Gustavo Petro tomar una decisión para definir el rumbo de las negociaciones con el ELN.A través de un comunicado, Vera Grabe e Iván Cepeda, jefes de la delegación de paz del Gobierno sostienen que no se puede adelantar un proceso de negociación con dos instancias de una misma organización. En este caso, la delegación de la mesa nacional del ELN y el frente que opera en el departamento de Nariño. Pues señalan que “tal circunstancia es jurídica y políticamente inviable”.La fragmentación o crisis interna del ELN había sido advertida esta semana por Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, en un debate de control político en la Cámara de representantes donde fue citado para conocer los avances de la paz total. El comisionado aseguró que es necesario primero resolver sus divisiones internas para comunicarle al Gobierno qué camino quieren tomar.Secuestran a soldado en el Cauca: "Se encontraba en estado de indefensión""Que hagan su congreso, sexto congreso porque el último lo hicieron en el 2015 y esperar a ver qué decisión tienen, si seguir en la guerra o emprender un camino de paz", agregó Otty Patiño.En el marco de este escenario, cabe recordar que la delegación del ELN le pidió al Gobierno suspender el diálogo paralelo con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, pues lo consideran una traición a lo pactado en los acuerdos de la mesa.Esta semana se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, un encuentro extraordinario entre la delegación del Gobierno Nacional y el ELN para descongelar las conversaciones. Sin embargo, no hubo avance alguno, lo único pactado fue que entre el 20 y 25 de mayo tendrán nuevos encuentros en ese mismo país para continuar los diálogos de paz.
La Unión Europea designó a Adrianus Koetsenruijter como su nuevo Enviado Especial para la Paz en Colombia, quien asumirá el cargo en reemplazo de Eamon Gilmore. Este nombramiento ha generado expectativas sobre el papel que la Unión Europea puede desempeñar en el proceso de paz en el país sudamericano, así como los desafíos y oportunidades que enfrentará en su nuevo rol.El representante de la Unión Europea, llega a Colombia para apoyar los procesos de paz en el país. En sus reuniones con los delegados del Gobierno nacional, se enfocará en temas relacionados con la implementación del acuerdo de paz, la situación de seguridad en el país y la búsqueda de nuevas oportunidades para la negociación de paz.Papel de la Unión Europea en la paz de ColombiaKoetsenruijter, economista de profesión y con experiencia previa como Embajador de la Unión Europea en Colombia entre los años 2003 y 2007, se espera que continúe profundizando el apoyo de la Unión Europea a la implementación integral de los Acuerdos de Paz de 2016 y a las nuevas iniciativas de paz impulsadas por el actual Gobierno colombiano. Además se refirió al papel que llevará a cabo la UE en Colombia."La Unión europea no es negociadora, somos socios, somos amigos. Estamos también preocupados por un país que tiene un alto nivel de actividad ilegal, que tiene también efectos en parte a causa también de lo que está pasando en Europa, también hacia nosotros. Entonces tenemos un interés mutuo de buscar esta paz, de buscar la seguridad.", resaltó.Uno de los aspectos clave de su labor será fortalecer las negociaciones con grupos al margen del conflicto armado y contribuir a la construcción de una paz duradera y sostenible en el país. Además, se espera que Koetsenruijter aborde temas relacionados con la seguridad y la estabilidad en Colombia, trabajando en colaboración con las autoridades nacionales y otros actores relevantes.En el marco de su nueva función, el Enviado Especial realizará su primera visita oficial a Colombia del 21 al 26 de abril. Durante su estancia, sostendrá reuniones con representantes del Gobierno nacional, la sociedad civil y las instituciones que conforman el Sistema de Justicia Transicional. Asimismo, se reunirá con garantes y acompañantes internacionales involucrados en los diferentes diálogos de paz en curso en el país.Una de las actividades destacadas de su agenda será una visita al departamento del Putumayo, una región históricamente afectada por el conflicto armado y que ha sido escenario de importantes esfuerzos de construcción de paz y reconciliación. Se espera que esta visita proporcione al Enviado Especial una perspectiva más amplia sobre los desafíos y las necesidades específicas de las comunidades afectadas por el conflicto en Colombia.El nombramiento de Adrianus Koetsenruijter como Enviado Especial para la Paz en Colombia refleja el compromiso continuo de la Unión Europea con el proceso de paz en el país y su disposición a seguir contribuyendo a la consolidación de la paz y la reconciliación en Colombia. Su experiencia y liderazgo serán fundamentales para avanzar en este importante objetivo y para fortalecer los lazos de cooperación entre la Unión Europea y Colombia en materia de paz y desarrollo.Escuche la entrevista completa acá:
Al despacho del magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, llegó una carta firmada por Wilmer Andrey Pérez, en representación de la Asociación Casa Paz. En el documento, Pérez se refiere a algunas inconformidades que han tenido las víctimas de los falsos positivos en Casanare con el proceso ante la jurisdicción.Este grupo de víctimas asegura que ha llegado a la JEP esperando obtener verdad, justicia y reparación. De esta manera, asistieron a las versiones de los comparecientes, a las audiencias y a los talleres programados por la jurisdicción, pero han dicho que después de tantos esfuerzos se quedaron "con las manos vacías". También, cuestionaron fuertemente las audiencias públicas de reconocimiento, en las que un grupo de militares, entre los que se encuentra el general en retiro Henry William Torres Escalante, reconocieron su responsabilidad por falsos positivos en Casanare. Sin embargo, para las víctimas, estas diligencias no contribuyeron a la verdad plena."El recordar la barbarie, los engaños, mentiras, malos tratos de los militares, e incluso persecución, así como falta de acompañamiento integral y de seguridad, ha agudizado nuestro estrés, ha hecho recurrente el padecimiento de pesadillas, taquicardia, ansiedad por el miedo a nuevas violaciones de seguridad, pérdida del sueño. Asimismo, la falta de justicia y verdad nos ha generado episodios de depresión, agotamiento emocional y disminución de la realización personal, repercutiendo en nuestra salud física a través de fatiga aguda, cefaleas, dolores musculares y enfermedades crónicas como hipertensión arterial, enfermedades coronarias, asma y artritis reumatoide, por mencionar solo algunas. Si la JEP lo desea, podemos adjuntar los documentos clínicos que así soportan esta realidad", le dicen las víctimas a Vidal.Recientemente, la JEP también lanzó un proyecto restaurativo en Bogotá, pues aunque aún no se emiten las primeras sanciones contra exguerrilleros y militares, la jurisdicción, por medio de un proyecto de siembra de árboles, busca que los responsables puedan empezar a trabajar en trabajos y obras restaurativas. Esta situación también generó frustración en las víctimas, según narran en el documento, pues dicho proyecto no fue consultado o socializado con ellos."De usted, señor magistrado, solicitamos su atención. Acudimos al llamado de la JEP con mucha esperanza, con la claridad de que no era un tribunal punitivo y que la reparación, ese concepto tan abstracto, se manifestaría. Pero no. Ni siquiera hubo acompañamiento psicosocial para las víctimas después de una audiencia que nos dejó con más dudas que verdades y con más angustias físicas y mentales. Con una convicción casi firme de que las víctimas no somos la centralidad de este sistema de justicia transicional", señalan en la carta.Por último, reiteran que continúan comprometidos con el camino de la reconciliación, pero insisten en la necesidad de reconstruir el tejido social en el departamento de Casanare y en que los máximos responsables digan la verdad plena y cumplan sanciones que efectivamente se ajusten a los hechos cometidos.
La reciente fractura de las disidencias de 'Iván Mordisco' de las Farc, pone de nuevo en el 'ojo del huracán' los procesos de paz en el país. En diálogo con Mañanas Blu, Camilo González Pozo, negociador del Gobierno, entregó detalles sobre las implicaciones que tiene para el proceso la decisión del grupo insurgente de no continuar con los acercamientos. En los últimos meses, se ha evidenciado una división dentro de las disidencias de las Farc, una facción que surgió tras la firma del acuerdo de paz en 2016. El bloque del Cauca, liderado por 'Iván Mordisco' y aliados de este, han decidido no ratificar los compromisos de la mesa de negociación, lo que ha llevado a la suspensión de las conversaciones con ellos. De acuerdo con Posso, esta fractura representa un desafío para el proceso de paz, ya que los disidentes restantes en la mesa de diálogo representan aproximadamente el 40 al 45% de los integrantes totales de estas organizaciones. Aunque las conversaciones continúan con otros bloques, como el del Oriente, el futuro de los acuerdos de paz es incierto, por el momento. De acuerdo con González Posso, una de las razones principales de esta fractura es la falta de voluntad de los disidentes de avanzar hacia un acuerdo de paz y de permitir la presencia institucional en los territorios."Ellos no aceptan que se desarrolle una suspensión del cese al fuego en el Cauca.No tienen una determinación seria de avanzar en un proceso de paz", dijo en medio de la conversación. Además, la dinámica de confrontación y violencia contra las comunidades ha sido un factor determinante en la ruptura. En ese sentido, contó que considera difícil que se puedan llegara a acercamientos de paz con ellos en este momento, dadas las circunstancias y la falta de voluntad de buscar acuerdos. En cuanto al narcotráfico, que resulta un punto importante en medio de las conversaciones y el conflicto armado en Colombia, Posso enfatizó que si bien es un factor de violencia en Colombia, no es el único responsable de la guerra.Escuche aquí la entrevista completa:
La delegación del Gobierno en la mesa de conversaciones con el ELN viajó el miércoles a Caracas, Venezuela, para el inicio del séptimo ciclo de negociaciones, que se esperaba que arrancara el próximo viernes 12 de abril.Sin embargo, este jueves la delegación de diálogos del ELN publicó un comunicado en el que informa que el ciclo de conversaciones previsto para este mes se suspende, esto, por cuenta de los diálogos regionales propuestos en Nariño que ha rechazado el ELN en varias oportunidades, pero frente a los cuales el presidente expresó su apoyo en su paso por Samaniego esta semana“Durante el mes de marzo las decisiones del gobierno prosiguieron con el doble manejo del proceso de paz con el ELN, en el que asiste a esta mesa de diálogos, mientras por debajo de ella promueve la desmovilización en Nariño, conducta contraria al juego limpio y la buena fe que deben caracterizar las conversaciones de paz, con lo que ha llevado esta mesa a un estado de congelamiento”, se lee en el comunicado.Así las cosas, la delegación de diálogos del ELN llegó ayer a Caracas, para asistir a una reunión extraordinaria con los delegados del Gobierno nacional, con el propósito de escucharlos y aclarar lo que sigue.Cabe recordar que el equipo del Gobierno está encabezado por la jefa de delegación Vera Grabe, el senador Iván Cepeda, monseñor Héctor Fabio Henao, entre otros integrantes.
Después de más de 17 horas de viaje por carretera, agua y trochas, el equipo de Blu Radio llegó a las entrañas del frente Jacobo Arenas , del comando coordinador del Bloque Occidental Alfonso Cano, Segunda Marquetalia.En una zona selvática del pacifico nariñense, donde se siente la humedad y bajo un sol que llegaba a los casi 35 grados centígrados, el equipo periodístico de Blu Radio, habló con 'Alquiver', comandante del frente Jacobo Arenas, perteneciente al Bloque Occidental Alfonso cano, parte de la coordinadora guerrillera del Pacifico.Bajo un gigantesco árbol para buscar calmar el fuerte sol, el guerrillero habló del papel que sostendrá 'Iván Márquez', en el proceso de diálogos de paz que anunció el Gobierno nacional y dice que estará presente una vez se instale la mesa oficial y que depende de los avances acordados de la Segunda Marquetalia.Alias 'Alquiver' rechazó la propuesta de una ley de punto final que hicieron algunos excomandantes de las extintas Farc, hoy dirigentes del partido Comunes.El comandante subversivo asegura que en Colombia no se puede tramitar ninguna iniciativa legislativa que tenga como objetivo poner punto final porque está seguro que todos los grupos incluido el frente Alfonso Cano del bloque occidental de las disidencias Farc han cometido cosas que se tienen investigar por una justicia que no sea la JEP.Aseguró que en dos años y medio que le faltan de gobierno al presidente Gustavo Petro y ante las "trabas" que están poniendo grupos que los denomina de derecha es imposible que se firme la paz e insiste que esto solo se podría lograr con la continuidad del gobierno que está proponiendo el presidente Petro.Aseguró que en caso de llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional tendrá que crearse una justicia para ellos, porque no creen en la JEP y dice muy seguro que en un eventual proceso nunca se someterían a esa jurisdicción. “La JEP no es ni la mitad de lo que se proponía y entonces nunca nos vamos a ver representados por esa clase de justicia”, concluyó el jefe guerrillero.Señaló que por ahora no habrá ni dejación ni entrega de armas porque ya pasaron por esa "trampa" que les puso el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, a quien culpa del desastre de proceso de país e insiste que el también expresidente Iván Duque también contribuyo para que los acuerdos de hicieran trizas la paz en Colombia.Por último, se refirió a la guerra que sostienen con integrantes de las disidencias de alias 'Iván Mordisco', dice que todo comenzó en el 2021 cuando fueron asesinados cinco personas en Suarez cauca que eran muy allegados a la Segunda Marquetalia; advierte que están a la espera de la instalación de la mesa de diálogos para insistir en un cese multilateral de fuego y hostilidades con el estado y también con los demás grupos que quieran sumarse a esa iniciativa de la paz total.Escuche aquí el informe:
En entrevista en Sala de Prensa de Blu Radio, con Juan Roberto Vargas, habló el abogado del Clan del Golfo, la banda criminal más grande de Colombia. El abogado, Ricardo Giraldo Cifuentes, contó detalles sobre las negociaciones de paz que están teniendo lugar en el país.El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es un grupo armado ilegal compuesto por alrededor de 14.000 hombres en armas, de acuerdo con un censo de la Defensoría del Pueblo. Aunque anteriormente se conocían como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, nunca se han reconocido como parte del Clan del Golfo.Durante la entrevista, el abogado mencionó que el Clan del Golfo está dispuesto a negociar con el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de buscar protección para las comunidades y la presencia del Estado en las zonas donde tienen influencia, pero enfatizó que no será un sometimiento.En cuanto al aspecto jurídico, el abogado enfatizó la importancia de un marco jurídico que permita la transición de la ilegalidad a la legalidad, brindando seguridad jurídica. También mencionó que aquellos miembros del Clan del Golfo que decidan someterse a la justicia deben recibir una sanción, pero que es fundamental buscar la reparación de las víctimas.El futuro de la negociación con el Clan del GolfoEl abogado afirmó que el Clan del Golfo está organizado y cuenta con un estado mayor, formado por cinco comandantes y un comandante general. Además, mencionó que el grupo ha cumplido con un cese unilateral al enfrentamiento con la fuerza pública. Sin embargo, advirtió que, si no se llega a un acuerdo de paz, el Clan del Golfo podría decretar un paro armado que paralizaría al país."Ellos quieren protección de las comunidades, presencia estatal y que el Estado no sean ellos, sino que esté el Estado con todas sus instituciones en las zonas donde ellos tienen influencia y en todo el territorio nacional, porque hacer presencia estatal no es como lo hacen nuevos gobernadores", indicó.Finalmente, resaltó la importancia de buscar una negociación y un proceso de paz adecuados, con la participación de todos los actores involucrados, para poder frenar la violencia y reparar a las víctimas.Escuche la entrevista completa acá:
La Defensoría del Pueblo solicitó este domingo al Gobierno Nacional tomar medidas de protección con enfoques étnico, de género, territorial y diferencial en los esquemas de seguridad para población víctima del conflicto que se desempeña como defensora de derechos humanos."En el acompañamiento que hacemos en los territorios, a través del equipo de profesionales (...) recibimos constantemente solicitudes de lideresas y líderes sociales víctimas que tienen dificultades con sus medidas de protección", aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.La solicitud la hizo Camargo por recientes hechos violentos que han dejado como saldo líderes asesinados, personas que tenían esquemas de seguridad y no fueron suficientes para salvaguardar sus vidas.Camargo recordó el caso ocurrido con Ludivia Galindez en Florencia, capital del departamento del Caquetá, a finales de febrero pasado.La mujer fue asesinada dentro de su casa en un ataque armado que además dejó herido a su hijo y que ocurrió cuando ya no estaba disponible el esquema de protección en su lugar de residencia.Las medidas deben tener una perspectiva diferencial y territorial, es el caso de los liderazgos indígenas, que solicitan personal de protección con enfoque étnico, ya que solo ellos tienen ingreso a algunos territorios, como en zonas de difícil acceso del sur del país, dijo Camargo."Reiterar nuestro llamado a las entidades responsables en materia de protección: garanticen medidas eficaces e integrales en protección individual y colectiva, conforme a los estándares internacionales, como parte del reconocimiento que debemos hacerle a la labor de quienes luchan por los derechos de las comunidades", recalcó.Otras denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo tiene que ver con las dificultades mecánicas de los vehículos asignados a sus esquemas de protección, puesto que algunos sufren averías en los trayectos y otros no son aptos para las zonas en las que hacen su trabajo.Camargo también dijo que las entidades territoriales "deben incorporar en sus planes de desarrollo acciones de prevención de riesgos contra la vida, libertad y seguridad con enfoque diferencial, garantizándoles atención a las víctimas del conflicto amenazadas y a personas defensoras de derechos humanos".
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia advirtió al general retirado de la Policía Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), que podría ser expulsado de esa instancia judicial si no contribuye con la verdad.La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad escucharon de manera reservada al general retirado Santoyo, en lo que constituyó su última oportunidad para aportar la verdad y mantener su sometimiento a la JEP, así como acceder a los beneficios transicionales, informó el sábado dicho tribunal.Durante la diligencia, llevada a cabo el jueves pasado, los magistrados presentaron un cuestionario a Santoyo sobre sus vínculos con grupos paramilitares durante su tiempo como comandante del Gaula (grupo antisecuestro) en Medellín entre 1997 y 2001.La información añadió que "de persistir una actitud renuente a realizar aportes de verdad suficientes, las dos salas -la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad- podrían iniciar un incidente de incumplimiento, lo que, en última instancia, podría implicar su expulsión de esta justicia especial.Santoyo comparece ante la JEP en casos que investigan la victimización de miembros de la Unión Patriótica y los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, durante el conflicto armado.El alto oficial enfrenta dos procesos penales suspendidos parcialmente mientras permanezca sometido a la JEP. Uno por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Por estos últimos delitos, Santoyo fue condenado en Estados Unidos y cumplió una pena de 85 meses de prisión en extradición.En septiembre de 2021, Santoyo fue aceptado en la JEP por los dos procesos mencionados anteriormente. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a su vez, le otorgó el beneficio transitorio de privación de la libertad en una unidad policial.En caso de que Santoyo sea expulsado de la JEP, las investigaciones en su contra serán remitidas a la justicia ordinaria y seguirá privado de la libertad.
El ELN expresó este viernes su apoyo a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea nacional constituyente si el Congreso no aprueba sus reformas.El ELN, que está en conversaciones de paz con el Gobierno, señaló: "El poder popular es la esencia de nuestro proyecto de nueva nación", razón por la cual la participación de la sociedad es uno de los puntos incluidos en esa negociación, y en ese sentido respalda la propuesta hecha por Petro el pasado 15 de marzo, que ha causado una honda controversia en el país."El anuncio de una asamblea nacional constituyente lo entendemos como un esfuerzo encaminado a la democratización y construcción del buen vivir para todas y todos", señaló esa guerrilla en un comunicado.Para el ELN, "el proceso constituyente debe convocar realmente al pueblo colombiano, como ejercicio de democracia directa" que canalice los cambios necesarios en el país.Para ello, consideran que es necesario "democratizar el sistema político, recuperar la maltrecha soberanía nacional, garantizar el acceso a los derechos fundamentales a toda la población" y otras demandas.Petro propuso hace una semana en Cali la convocatoria de una asamblea constituyente que "debe transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo en su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia"."Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente, en medio de este estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente", manifestó.Desde entonces, diversas fuerzas políticas han señalado que esa es una propuesta arriesgada y que el país debe defender la Constitución de 1991, una carta magna moderna en cuya redacción participó el M-19, la guerrilla de la que hizo parte Petro en su juventud, después de firmar un acuerdo de paz con el Gobierno
Los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc han desarrollado algunos proyectos productivos desde la firma del acuerdo de paz, en el año 2016. Alguno de ellos están dedicados a la piscicultura y lograron producir 30 toneladas de pescado para la celebración de Semana Santa de este 2024.“Estas toneladas son resultado del trabajo de unidades asociativas que colaboran estrechamente con las comunidades en diferentes territorios del país. En el Valle del Cauca, se destaca una producción de 2,500 kg de tilapia y 4,000 kg de cachama. En Urabá y Bolívar, cada región ha contribuido con 2 toneladas respectivamente. Asimismo, Arauca reporta una producción de 1,040 kg, y en el Norte de Santander se han generado 7 toneladas. La Asociación ECOMUN en Huila ha destacado al producir 15 toneladas, siendo una producción importante que se espera al cierre del mes”, explicó la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN.Desde la entidad también han hecho un llamado a los colombianos para que apoyen este tipo de iniciativas, con el fin de fortalecer las economías locales y apoyar la estabilidad de los procesos de reincorporación.“Estas cifras de producción en fechas de mayor comercio, son muy oportunas para reconocer y visibilizar el compromiso de aquellos que han optado por la ruta del emprendimiento asociativo, poniendo en práctica su experiencia y conocimiento en el sector piscícola para impulsar proyectos de gran impacto y reafirmar su objetivo de construir paz en el país”, señalaron desde la ARN.