Petro acusa a Registraduría de sedición por dejar discusión de consulta a las Cortes
Cabe mencionar que el registrador Hernán Penagos dejó en manos de las Altas Cortes el futuro de la consulta popular convocada mediante decreto por el Gobierno
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A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Decreto con el que convocó la consulta popular “goza de presunción de legalidad y su aplicación es obligatoria”. Esto, tras conocerse la decisión de la Registraduría de dejar en manos de las Altas Cortes la discusión sobre la consulta, apelando a que es competencia de estas instancias. No obstante, la entidad dejó claro que no es posible tener lista la logística electoral para el 7 de agosto, fecha establecida en el decreto firmado por el mandatario.
En ese mismo trino, el presidente señaló a la organización electoral de “tomar partido”.
“El decreto que he firmado sobre la consulta popular, con toda la legitimidad de ser el presidente de la nación por libre voto popular, se respeta. Goza de presunción de legalidad y es obligatoria su aplicación. Lo demás es sedición. Solicito a toda la corriente de abogados democráticos iniciar las acciones pertinentes, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico”, escribió Petro.
“Siendo la Registraduría árbitro de las elecciones, toma partido, y eso no debe suceder ni ser admitido por las fuerzas mayoritarias y sociales de Colombia”, agregó.
Cabe mencionar que el registrador Hernán Penagos dejó en manos de las Altas Cortes el futuro de la consulta popular convocada mediante decreto por el Gobierno. También anunció que elevará una solicitud de concepto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría, sobre si se cumplen o no los requisitos legales para la convocatoria. Penagos advirtió que, con esta decisión, lo que está en juego es la democracia.
La bancada del centro Democrático le respondió al mandatario a través de X escribiendo:
“Respaldamos al Registrador Nacional, Hernán Penagos, por acudir a las altas cortes y órganos de control antes de iniciar cualquier trámite sobre la consulta popular. Su decisión fortalece la institucionalidad y demuestra respeto por la Constitución, las instituciones y la separación de poderes. La Constitución no se negocia, se defiende”.