firmada el lunes anterior.
En rueda de prensa, el burgomaestre afirmó que “sectarismo político impidió el debate en el Concejo” y no se puso en discusión la reconsideración que presentó en el cabildo tras el primer rechazo.
“Este proceso de ponencias en el Concejo le ha dado un enriquecimiento al inicialmente propuesto y aconsejo que se lean primero el proyecto antes de opinar”, comentó.
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Petro apuntó que tres cuartas partes del proyecto están adaptadas para que la ciudad tenga una resiliencia a la mitigación de riesgos.
Concejales como Antonio Sanguino y Angélica Lozano criticaron la medida del alcalde al considerarla como arbitraria y decir que crea una inseguridad.
El Gobierno Nacional, en voz del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, anunció en Mañanas Blu que demandará el decreto mediante el cual el alcalde Gustavo Petro expidió el Plan de Ordenamiento Territorial, al calificarla como ilegal y culpable de un encarecimiento de las casas en la ciudad.
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El POT contempla un nuevo esquema para la construcción de viviendas de interés social, el proyecto del centro ampliado y nuevas normas de edificación y usos de los suelos en la ciudad.
En términos prácticos, se eliminarían los encierros comunales, la apertura de locales comerciales en zonas residenciales, la prohibición para hacer labores de minería en zonas forestales, habrá más normas para la construcción de edificaciones y por ende, según expertos, se encarecerían los precios de la vivienda.
El Plan de Ordenamiento Territorial deberá pasar por el Tribunal Superior de Bogotá, que podría tumbarlo si encuentra ilegalidades.
