El presidente Gustavo Petro manifestó a través de su cuenta de Twitter que es el único responsable por lo sucedido con 79 policías en Los Pozos, en San Vicente del Caguán, en Caquetá,el 2 de marzo de este año. Además, reforzó la política del Gobierno nacional de defender los derechos de los manifestantes y proteger a la población civil.
Lo anterior, porque este jueves, 23 de marzo, un juez de instrucción penal militar ordenó la captura del coronel Javier Antonio Castro, comandante de la Policía de Caquetá, por el delito de omisión al llamado de auxilio en lo que el Gobierno nacional denominó como “retención” de los integrantes del Esmad que estaban en la zona para atender los disturbios que se presentaron con la Guardia Campesina.
“Yo soy el comandante en jefe se las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en El Pozo, Caquetá”, escribió elmandatario.
Asimismo, el presidente Petro indicó que él responderá ante el juez militar que ordenó la captura del coronel Castro por cumplir las órdenes de “no matar a la población civil”. De hecho, recalcó que no quiere jueces que "presionen" el bombardeo contra niños, que se efectúen falsos positivos o se presenten masacres contra los manifestantes en su Gobierno.
“Los mejores juristas internacionales en defensa de derechos humanos serán contratados para defender a los oficiales de policía que defiendan los derechos humanos en Colombia”, añadió Petro.
¿Mininterior se canjeó para liberación de policías?
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En diálogo con Noticias Caracol, el director general de la Policía, Henry Sanabria, afirmó que el ministro de Interior, Alfonso Prada, "prácticamente se canjeó por los policías” para que los 79 miembros pudieran recuperar la liberad.
Incluso reveló que se manejó el término de “cerco humanitario” porque era una condición para que se lograra la libración de los policías y no se podía calificar el hecho como un secuestro.
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Sin embargo,Prada salió a responderle a Sanabria al manifestar que nunca estuvo secuestrado, ni él ni otros ministros. Además, dijo que serán los organismos judiciales los que determinen si lo sucedido en San Vicente del Caguán fue un secuestro o no.
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