Desde laProcuraduría General de la Nación se ha presentado una solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de que se identifiquen como máximos responsables por el crimen de lesa humanidad de esclavitud a tres excomandantes de las Farc: Édgar López Gómez, conocido como ‘Pacho Chino’, Juan Carlos Ramírez, alias ‘Sargento Pascuas’, y Héctor Julio Villarraga Cristancho también reconocido como ‘El Grillo’.
Según el Ministerio Público, estos hechos no se limitan a eventos aislados cometidos por individuos, sino que formaron parte de una dinámica sistemática adoptada como política por las estructuras de las Farc-EP, específicamente por el CCO-Bocc, sin control ni limitación alguna.
“La compra de secuestrados no se trató de eventos esporádicos cometidos por algunos de sus miembros, sino de una dinámica acogida de forma sistemática. Así, correspondió a una política que se extendió por las estructuras de las Farc – EP, en concreto por el CCO-Bocc, que además nunca se controló o delimitó”, indicó el Ministerio Público.
El delegado ante la JEP Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, también ha solicitado que se establezca la responsabilidad de mando de Héctor Julio Villarraga Cristancho, Gilberto Arroyave o El Grillo, por el crimen de guerra de violación sexual, ocurrido simultáneamente con los crímenes de toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad.
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En su informe sobre los hechos y conductas atribuibles a exmiembros del bloque occidental de las Farc, la Procuraduría señala que esta unidad fue responsable de al menos 42 secuestros con fines financieros, donde se privó de la libertad a 92 personas, incluidos menores de edad, exigiendo rescates que iban desde los $200 millones hasta 5 millones de dólares para evitar mutilaciones a las víctimas.
El Ministerio Público ha revelado que muchas de estas víctimas, además de ser privadas de la libertad, sufrieron torturas físicas y psicológicas, esclavitud, abusos sexuales y finalmente fueron asesinadas, con la desaparición de sus cuerpos, todo con el objetivo de reafirmar el dominio violento del territorio.
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Se destaca el caso de tres niños secuestrados, uno de ellos arrancado a la fuerza de un autobús escolar, quienes estuvieron cautivos durante un año mientras su familia reunía los $600 millones que la guerrilla exigió como rescate, a pesar de que, según los excombatientes, esta práctica estaba prohibida dentro de la organización.
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