BLU radio conoció en primicia que la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que se inicie una investigación en contra de Alberto Velázquez Echeverri, exsecretario de presidencia durante el Gobierno de Álvaro Uribe, por su presunta participación en el escándalo de corrupción del denominado ‘cartel de la toga’.
Velásquez, supuestamente, habría pagado 150 millones de pesos para recibir información privilegiada de su proceso por la ‘Yidispolítica’.
La decisión del Alto Tribunal se da luego de que el extraditado fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, asegurara en sus declaraciones ante la Corte, que por solicitud del exmagistrado Francisco Ricaurte y del magistrado Gustavo Malo se le pidieron 300 millones de pesos a Velázquez para influir en su proceso penal por la ‘Yidispolítica’.
Sin embargo, en este caso no había nada que hacer pues el proceso estaba en el despacho del magistrado José Luis Barceló, hoy presidente de la Corte, y ya había proyecto de fallo condenatorio.
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No obstante, de acuerdo con las declaraciones de Moreno, el acuerdo del pago se mantuvo a cambio de que Velázquez tuviera acceso a información de su proceso que estaba bajo reserva, como, por ejemplo, el momento en el que se emitiría un fallo y el sentido del mismo.
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"Me dice ‘reúnete con Alberto, cuando se entera que viene la condena es posible que se le diera un subrogado, no sé si domiciliaria, ese tipo de mensajes era los que llevaba a Alberto", dijo Moreno en sus declaraciones.
Según esta misma declaración, Velázquez alcanzó a entregar un cheque de 150 millones de pesos para tales fines.
"Él me dio un cheque de 100 o 150 millones. Yo le dije a Francisco (Ricaurte), ‘oiga me va a dar un cheque, me responde recíbalo, con él no hay problema, hice canje y le entregué los dineros a Francisco", relató Moreno.
Para la Corte resulta extraño, o por lo menos sospechoso, que el día en que se iba a realizar la sala para debatir el proyecto de fallo en el caso Velázquez, el magistrado Gustavo Malo no llegó a la reunión, pero manifestó que quería estar en la discusión de ese tema, razón por la cual la decisión tuvo que ser aplazada.
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Fuentes de la Corte advierten, además, que días después de postergarse la sentencia debido a la ausencia de Malo, Velázquez salió del país y posteriormente se presentó ante las autoridades, como si con anticipación hubiese conocido cuál sería su suerte jurídica.
La hipótesis que maneja la Corte, es que Velázquez recibió información privilegiada y oportuna sobre la sentencia que se emitiría en su contra y alcanzó a organizar algunos detalles y su posterior entrega.
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Aunque entregarse a las autoridades por voluntad propia no le generaba beneficios jurídicos, sí pudo influir positivamente en la percepción que tendrían las autoridades judiciales para decisiones con respecto, por ejemplo, al su lugar de reclusión.
La Corte además tiene pruebas de que el magistrado Gustavo Malo, pese a no tener nada que ver con este proceso, había solicitado pruebas que obraban en el expediente de Alberto Velázquez.
Y es que, aunque no se incidió en la decisión judicial, pues Velázquez finalmente fue condenado a cinco años de cárcel, el hecho de presuntamente haber pagado para acceder a información bajo reserva sí constituye un delito, razón por la que se pide la investigación de la Fiscalía.
La Corte además le pide al ente acusador que incluya al exmagistrado Francisco Ricaurte, quien está en juicio por el cartel de la toga, en estas investigaciones.
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Cabe recordar que en enero de este año Alberto Velázquez quedó en libertad tras haber cumplido su condena por haber ofrecido dádivas y comisiones a varios representantes a la Cámara a cambio de que votarán favorablemente la reelección de Uribe. El exfuncionario gozaba de casa por cárcel por supuestos quebrantos de salud.
Por este mismo escándalo denominado ‘Yidispolítica’, también fueron condenados la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina y los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio.
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