Unas 5.000 reclusas pobres y cabeza de familia en Colombia quedarán en libertad a cambio de prestar servicios comunitarios no remunerados en el marco de una nueva ley, informó este viernes el ministro de Justicia,Néstor Osuna.
"Mujeres pobres que hayan sido condenadas por delitos menores, es decir condenas de no más de 8 años, y que sean madres cabeza de hogar pueden salir en libertad y pagar la pena mediante trabajos de utilidad pública", explicó el jefe de la cartera en entrevista conNéstor Moralesen Mañanas Blu.
El presidente izquierdista Gustavo Petro sancionó la ley el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
"Si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crecen sin afecto y muchos, en el futuro, se convierten en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión", declaró el mandatario desde la ciudad de Quibdó (oeste), en el Pacífico colombiano.
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Según cálculos oficiales, de cerca de 17.000 mujeres presas la nueva ley podría beneficiar a 5.000 que cumplen con los requisitos.
Ellas deberán encontrar entidades que les permitan ofrecer servicios en "actividades educativas, restauración ambiental, recuperación del espacio público, apoyo al transporte masivo y ayuda a poblaciones vulnerables" para solicitar su libertad, indicó un boletín del gobierno.
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Las mujeres deberán prestar un mínimo de cinco horas de servicios no remunerados a la semana y máximo veinte.
"Por cada cinco horas van redimiendo una semana de privación de la libertad", precisó Osuna.
El resto del tiempo, las condenadas podrán trabajar sin restricciones, bajo vigilancia del ministerio de Justicia.
La iniciativa estaba en el Congreso desde 2021 por el rechazo del entonces partido oficialista de derecha el Centro Democrático y del expresidente Iván Duque (2018-2022).
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La oposición critica que la ley arrope a condenadas por delitos como hurto agravado o concierto para delinquir.
Desde que llegó al poder en agosto, el presidente Petro aboga por políticas preventivas más que represivas, cuando la sobrepoblación de las cárceles alcanza un pico crítico.
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"Es un primer paso hacia un giro de la política penitenciaria, hacia otra forma de evitar la comisión de delitos, hacia otra forma de entender el sentido del castigo", explicó Osuna.
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