Las facultades de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional realizaron una investigación en la que concluyeron que hubo posibles irregularidades en la entrega de más de 12.000 baldíos, desde 1991, a personas que no debían acceder a ellos, porque tenían otras propiedades y no podían ser beneficiarios.
Según la investigación, los casos más graves se presentaron en Córdoba, Boyacá y Tolima que reúnen el 57% de los terrenos entregados.
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El equipo académico encontró que los predios fueron entregados por una extensión mucho mayor a la que debía tener una Unidad Agrícola Familiar.
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En Boyacá, en particular, hubo un predio en la ciudad Paipa con una extensión de 30.900 hectáreas. Y, aunque estos casos se contabilizaron a partir de 1991, en 2015 aún existían situaciones irregulares con la entrega de las tierras.
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La información fue enviada a la Corte Constitucional y al Consejo Superior de la Judicatura para que se tomen medidas y se trate de corregir el problema. Los investigadores no pudieron encontrar información sobre un 18% de los casos.
Finalmente, la universidad argumenta que las situaciones más graves se dieron en zonas donde sí había presencia del Estado y afirmó que en muchos casos los jueces no verificaron que los poseedores de los baldíos pudiesen acceder a ellos de acuerdo a la ley.
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