El alto tribunal llamó la atención al Gobierno Nacional pues desde 2014 le ordenó realizar un inventario de todos los bienes baldíos que tiene la Nación, a la fecha esa determinación no se ha podido cumplido.
Tras analizar informes de varias entidades como la Contraloría, el Incoder, el Instituto Agustín Codazzi, la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otros, la Corte decidió asumir directamente el seguimiento al fallo.
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“No existe una fluida y oportuna coordinación entre las entidades encargadas de ejecutar la gobernanza de la tierra. Esto, en razón a que cada una de ellas tiene metas, visiones y territorios priorizados que en el común de los casos no coinciden entre sí”, señaló la decisión de la Corte.
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