Este viernes se conocieron duros llamados de atención al Ministerio de Salud por las falencias en el sistema, al desacato de la Corte Constitucional se suma una alerta de la Procuraduría y es que de acuerdo con el Ministerio Público, en los últimos dos años se ha evidenciado un aumento exponencial de quejas, tutelas e incidentes de desacato por parte de los afiliados, lo que refleja una pérdida significativa en la capacidad de respuesta del sistema.
Las cifras en poder de la Procuraduría revelan que solo para este año se proyectan más de 131.000 acciones de tutela y más de 33.000 desacatos por quejas en el servicio de salud.
Uno de los hallazgos más críticos es que la intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud empeoró las condiciones de acceso a los servicios y de la sostenibilidad financiera.
En el caso de la Nueva EPS, la Procuraduría advirtió que tras la intervención el costo de la prestación de servicios superó los ingresos, al pasar del 95,6% en 2022 al 121% en 2023. Además, el patrimonio de la entidad se tornó negativo, alcanzando los -4,4 billones de pesos en 2024.
Una situación similar se presenta en Coosalud EPS, donde la siniestralidad pasó del 94% en 2022 al 115% en 2025, lo que significa que la entidad gasta 115 pesos por cada 100 que recibe.
El informe señala que la falta de acceso a medicamentos es el principal factor detrás del crecimiento histórico de las acciones de tutela y por eso la Procuraduría anunció la apertura de nuevas investigaciones contra funcionarios por acciones y omisiones en las labores de dirección, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema de salud
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Adicionalmente, la Procuraduría inició una actuación preventiva para verificar denuncias relacionadas con la presunta facturación de servicios médicos a usuarios fallecidos y posibles sobrecostos en medicamentos, hechos que podrían comprometer responsabilidades disciplinarias.
“Actualmente, se adelantan más de 20 investigaciones disciplinarias por desabastecimiento de medicamentos, barreras de acceso, corrupción, malversación de recursos y, particularmente, por el incumplimiento de las órdenes de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760-08, incluyendo el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, señaló la Procuraduría.