La Procuraduría General de la Nación advirtió que el Gobierno de Venezuela no ha realizado acciones para garantizar los derechos fundamentales de 87 ciudadanos venezolanos que están en Bogotá privados de la libertad e incomunicados con sus familias.
Según el Ministerio Público, a pesar de que 67 hombres y 20 mujeres venezolanos requieren atención medica no ha sido posible asignar las citas con los especialistas y, además,
han conocido casos en los que los reclusos manifestaron que no hay una dieta diferenciada para los internos que requieren una alimentación específica por sus condiciones de salud.
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Ante esta situación,
la Procuraduría exhorta al Gobierno a crear un plan que permita revisar las condiciones de los venezolanos privados de la libertad y prevenir un incremento en la población reclusa venezolana en los centros carcelarios y URIS del país. De estas 87 personas, 38 se encuentran recluidos en La Modelo, 18 en La Picota, cinco en la Cárcel Distrital, 20 en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, dos en la URI de Usaquén y
cuatro a órdenes de la URI de Engativá, aunque permanecen recluidos en estaciones de policía de esa localidad. Finalmente,
el órgano de control solicitó que estas personas puedan comunicarse de manera virtual con sus familiares en Venezuela ya que, en algunos casos, sus parientes se encuentran en el país vecino o no tienen legalizado su estatus migratorio en Colombia.
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