La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años y seis meses al patrullero de la Policía John Antonio Gutiérrez Rodríguez, tras hallarlo responsable disciplinariamente por la muerte de dos manifestantes el 9 de septiembre de 2020 en inmediaciones del CAI Verbenal, en el norte de Bogotá.
De acuerdo con la decisión, el ente de control estableció que el uniformado hizo uso de la fuerza letal sin justificación alguna, accionando su arma de dotación contra los manifestantes y ocasionando la muerte de dos de ellos.
Para la Procuraduría, este comportamiento representó un abuso de poder, pues el patrullero utilizó el poder coercitivo del Estado no con el fin de proteger a la ciudadanía ni de restablecer el orden público, sino para agredir de manera letal, vulnerando los derechos fundamentales a la vida y a la protesta pacífica.
En su fallo de primera instancia, la entidad recordó que los funcionarios de la fuerza pública tienen el deber de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente el derecho a la vida y a manifestarse de forma pública y pacífica, limitando el uso de la fuerza al mínimo estrictamente necesario.
En este caso, la Procuraduría concluyó que el uniformado desconoció de manera flagrante esos principios.
El fallo, dado en primera instancia, podrá ser apelado por la defensa del uniformado. No obstante, la decisión se suma a las múltiples investigaciones disciplinarias y judiciales que se abrieron tras los hechos del 9 de septiembre de 2020, una de las jornadas más críticas de las protestas del Paro Nacional, que dejó varias personas fallecidas y decenas de heridos en confrontaciones con la fuerza pública.