La actuación busca establecer si una funcionaria de Cortolima habría autorizado o contratado labores de tala y quema en un predio rural, en plena emergencia por incendios forestales en el departamento. La Procuraduría también verificará si existían permisos para realizar estas actividades.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, por presuntas irregularidades relacionadas con labores de tala y quema de material vegetal en una finca ubicada en la vereda Guacamayas, zona rural de Dolores.
La actuación del Ministerio Público se conoce luego de que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, solicitara a las autoridades competentes investigar los hechos y ejercer una vigilancia especial sobre el caso.
La mandataria había pedido, desde la primera semana de septiembre, esclarecer las circunstancias en las que se produjo la quema y determinar si existió alguna actuación irregular por parte de una funcionaria de Cortolima.
Matiz Vargas aseguró que impartió instrucciones a su delegado ante el Consejo Directivo de Cortolima para solicitar un informe detallado sobre la actuación de la funcionaria que, según lo manifestado por los dos hombres capturados, habría ordenado realizar labores de tala y quema en el predio.
“He dado las instrucciones pertinentes a quien es mi delegado en el Consejo Directivo de la Corporación para que exijamos un informe pormenorizado del caso de una funcionaria que, al parecer, ordenó una quema en medio de esta emergencia. Es un hecho absurdo”, afirmó la gobernadora.
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La gobernadora también solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y las demás autoridades competentes mantener una vigilancia especial sobre la investigación para establecer qué ocurrió y determinar eventuales responsabilidades.
“Quiero pedir a la Procuraduría y Fiscalía, y a todas las autoridades competentes, que realicen una vigilancia especial a este caso, que hoy está siendo objeto de investigación, y que se vigile de cerca su desarrollo”, sostuvo Matiz.
Lo que investiga la Procuraduría
De acuerdo con el comunicado oficial de la Procuraduría General de la Nación:
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Procuraduría indaga tala y quema de material vegetal en Dolores, Tolima, en medio de emergencia por incendios
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), por presuntas irregularidades relacionadas con labores de tala y quema de material vegetal realizadas en una finca de la vereda Guacamayas, en Dolores, Tolima.
La actuación busca establecer la posible participación de una funcionaria de Cortolima, quien sería la propietaria del predio, en la presunta autorización o contratación de estas actividades, que se habrían llevado a cabo el pasado 25 de agosto de 2026, en medio de la emergencia por incendios forestales en el departamento, cuando fueron capturados dos campesinos por parte de las autoridades.
Para esclarecer los hechos, la Procuraduría también verificará si existían permisos o autorizaciones para adelantar la tala y quema controlada, así como las medidas y restricciones ambientales vigentes para ese momento.
Recordemos cómo comenzó este caso
La investigación tiene como punto de partida un procedimiento realizado por la Policía el 25 de agosto, después de que habitantes de la zona alertaran sobre una quema en la vereda Guacamayas, jurisdicción rural de Dolores.
Cuando los uniformados llegaron al sitio, encontraron a Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, quienes estaban vinculados, según las autoridades, con labores de tala y quema de vegetación.
El procedimiento llamó especialmente la atención porque se produjo cuando el Tolima enfrentaba una compleja temporada de incendios forestales y las autoridades mantenían restricciones y advertencias frente a cualquier actividad que pudiera generar nuevos focos de fuego.
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Un antecedente que ahora vuelve a estar sobre la mesa
Pero este episodio no habría sido el primero relacionado con los dos hombres.
Según el reporte de las autoridades, el 24 de julio, aproximadamente un mes antes, ambos ya habían sido requeridos por una situación relacionada con quemas.
En aquella oportunidad, se les habría advertido sobre las consecuencias de realizar este tipo de actividades y sobre la prohibición de generar quemas que pudieran afectar los recursos naturales.
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Ese antecedente adquiere ahora relevancia dentro del proceso que adelanta el Ministerio Público, que busca reconstruir lo ocurrido y establecer si detrás de las labores realizadas en el predio existieron autorizaciones o instrucciones de terceros.
La investigación ahora toma un nuevo rumbo
Con la apertura de la indagación previa, la Procuraduría General de la Nación deberá establecer las circunstancias que rodearon la tala y quema de material vegetal, así como determinar si las actividades contaban con los permisos exigidos por la normativa ambiental.
Uno de los aspectos que deberá ser esclarecido es la posible participación de una funcionaria de Cortolima, cuya eventual intervención en los hechos también hace parte de las verificaciones anunciadas por el Ministerio Público.
El caso se desarrolla, además, en un contexto particularmente sensible para el departamento. El Tolima permanece en emergencia por una temporada de incendios forestales que ha dejado una importante afectación sobre la cobertura vegetal y mantiene activos los organismos de respuesta en diferentes municipios.
Por ahora, se trata de una indagación previa. Será el avance de las actuaciones de la Procuraduría el que permita establecer qué ocurrió realmente, si existieron autorizaciones para las labores realizadas y si se presentaron posibles irregularidades o responsabilidades.