Se trata de la Ley 1830 de 2017 qué fue aprobada por el Congreso por la vía rápida y dio paso a qué las Farc tenga tres voceros en la Cámara de Representantes y otros tres en el Senado de la República.
También se establece que estos voceros pueden participar en los debates de las leyes de paz por lo que deberán ser convocados a todas las sesiones en que se discuta participar, pero sin tener derecho al voto.
"La disposición no entrega derechos políticos a quienes los tienen suspendidos, ya que la norma es suficientemente diáfana en afirmar que la agrupación política que designe a los voceros, y los voceros mismos, deberán gozar de sus plenos derechos civiles en ejercicio”, dijo.
Así mismo, el concepto de 17 páginas firmado por el procurador Fernando Carrillo señala que “debe enfatizarse en que la Ley también preserva el derecho al voto en el trámite legislativo a los Congresistas. Ambas razones evidencian que la ley no invade esferas normativas reservadas a otro tipo de legislaciones superiores".
Agrega que la norma cuenta con una justificación constitucional ya que resulta razonable que la creación del partido político, que nacerá del tránsito de las Farc a la política legal, cuente con la participación de sus voceros.
"No tiene sentido que la serie de proyectos normativos que deban adelantarse para garantizar tal efecto, se desarrollen a espaldas de los directamente interesados", dice el documento.
Por último, el Ministerio Público pide que el presidente de la Mesa de Participación de las víctimas, tenga "el derecho a ser citado y escuchado en el debate parlamentario, al menos en sesión informal. Ello materializa no solo deberes de democracia participativa, sino que a su vez concreta una medida de justicia transicional, frente a los que han sufrido las consecuencias del conflicto".
El estudio de la ley en la Corte Constitucional está cargo de la magistrada Gloria Ortiz, quien ya pidió a los secretarios generales del Senado y de la Cámara un informe detallado sobre el trámite de la Ley.
Además del concepto de la Defensoría, De justicia, la Misión de Observación Electoral, a Redepaz, a la Fundación Víctimas Visibles, al movimiento Voces de Paz y al Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, entre otras.