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En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a las instituciones del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación a las familias que llevan años esperando noticias de sus seres queridos.
El ente de control reconoció que este delito, agravado por el conflicto armado, sigue afectando principalmente a mujeres, niños y adolescentes.
“El ente de control exige respuestas urgentes de las autoridades e insiste en la importancia de la empatía, la sensibilidad y la diligencia de los funcionarios que atienden los casos y denuncias sobre desaparición forzada”, indicó la Procuraduría.
Las cifras evidencian la magnitud del problema: entre diciembre de 2016 y julio de 2024, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 1.730 nuevas desapariciones en el país. Para la Procuraduría, esta realidad refleja que la búsqueda de desaparecidos y el acompañamiento a las familias deben ser una prioridad estatal.
En esta fecha conmemorativa, instaurada por la ONU para visibilizar la gravedad de este flagelo, la entidad recalcó que persiste el reto de encontrar a todas las personas desaparecidas y sancionar a los responsables, en un esfuerzo que —aseguró— no puede seguir siendo postergado.
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