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La Corte Constitucional declaró constitucional la Ley 2385 de 2024, que establece la prohibición de las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas, como parte de una política de protección y bienestar animal.
La decisión fue adoptada de manera unánime por la Sala Plena, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, quien explicó que la norma busca una transformación cultural en la que prevalezca el respeto por las formas de vida no humanas.
Además, el alto tribunal eliminó la excepción que contemplaba la ley y que permitía mantener actividades como el coleo, las corralejas y las peleas de gallos.
No obstante, la Corte decidió diferir los efectos de esta inexequibilidad durante tres años, con el propósito de que se adelanten procesos de reconversión laboral y cultural para quienes dependen de dichas prácticas.
En su análisis, la Corte concluyó que la norma no vulnera la diversidad cultural, la libertad de expresión ni el derecho a la propiedad privada de quienes desarrollan estas actividades, y que cumple con el requisito de sostenibilidad fiscal previsto en la Constitución.
Este fue un debate de casi un año y la sala plena de la corte se pronunció y determinó que la prohibición de las corridas de toros no afectan derechos fundamentales, como por ejemplo, la libertad de expresión.
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