El proyecto de ley del régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte es un documento de 69 páginas, que es la hoja de ruta de esa entidad que contiene los lineamientos, normas y sanciones que pude imponer la superintendencia cuando los actores de transporte no cumplan con la ley.
Este documento cuenta con varios detalles sobre las facultades que tiene la superintendencia, uno de ellos está en el artículo 12 en el que se trata la toma de posesión que tienen todos los bienes, haberes y negocios de las empresas y operadores de sistemas de transporte, así como los organismos de tránsito y en los que podrían entrar las aplicaciones de transporte.
“Las tomas de posesión y la intervención como tal es la figura que existe en las otras superintendencias y es respecto de los sujetos que son objeto de vigilancia de la superintendencia, que la superintendencia hoy tiene esa facultad de adoptar unas medidas que se llaman sometimientos a control. Aquí lo que estaríamos entendiendo de la facultad de la superintendencia a que esta pueda hacer intervenciones de conformidad como está en la ley 222 y como se hacen las intervenciones en otras superintendencias para aquellos que son sujetos de vigilancia, es decir, hacia las empresas de transporte público de pasajeros, organismos de tránsito, organismos de apoyo, a las autoridades de tránsito y todos aquellos que son sujetos de vigilancia de la Superintendencia de Transporte”, explicó la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina.
Y es que para tomar una decisión como esta dependería de los incumplimientos que identifique la Superintendencia de las empresas u operadores de transporte. Una vez se identifique que se vulnera o altera el servicio, genera una grave afectación que podría llegar a la toma de posesión de los bienes de esas empresas y operadores.
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“Así como hace la Superintendencia de Salud, que cuando encuentra que una EPS no cumple con las normas, toma las medidas y eso tiene una regulación particular, así pasaría aquí cuando uno ve que a quien se le dio el permiso para poder prestar un servicio de transporte no cumple con el servicio, vulnera y altera el servicio, genera un grado de afectación al servicio y que exista la posibilidad como una medida extrema de poder hacer intervención en estos casos”, explicó la superintendente.
El documento del régimen sancionatorio ya está en su tercera versión y sigue siendo discutida con los sectores que hacen parte del transporte del país.
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