El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que desde hace cuatro años se vienen tomando medidas regulatorias para proteger los recursos públicos de la salud.
El procurador general, Fernando Carrillo, informó la semana pasada que compulsó copias a la Contraloría, la Fiscalía y la Superintendencia de Salud para que se investiguen presuntas irregularidades en el manejo de la EPS.
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Una de ellas sería, según el Ministerio Público, la administración de la Unidad de Pago por Capitación que es el rubro que se le gira mes a mes a la EPS por cada paciente en el sistema.
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Sin embargo, Gaviria aseguró que, desde octubre, el Gobierno le gira directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios, y no a la EPS, producto de la medida de vigilancia especial.
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“Son tres medidas. Una primera importante es el decreto de habilitación financiera que garantiza que las reservas técnicas, es decir los excesos de liquidez que tenga la EPS, tengan que invertirse y no puede la EPS utilizarlos como quiera. La segunda es que el 80 % de los recursos se giran directamente a los hospitales desde el mes de octubre, y la última es una prohibición explícita. Ellos no pueden gastar excedentes en otras cosas que no sea la prestación del servicio”, afirmó Gaviria.
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“EN las últimas semanas hemos venido desarrollando un trabajo conjunto con la Superintendencia de Salud. Pero si hay una acusación tan compleja como la desviación de dineros de la UPC, yo sí quisiera ver las pruebas”, puntualizó.
Hasta ahora no se conocen pronunciamientos de los entes de control frente a lo que la Procuraduría halló en sus investigaciones a Medimás.
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