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Las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, junto al representante Christian Garcés del Centro Democrático, presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo “elevar a rango legal la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales, como mecanismo de protección y garantizar derechos a sujetos de especial protección constitucional”.
Esos "sujetos", según la Corte Constitucional, son niños y niñas. Esto quiere decir que a los profesores de colegios públicos les quedaría prohibido salir a marchar a las calles en día que deban dictar clase, según esta iniciativa.
Con esta modificación, las actividades que se consideran servicio público esencial son las que se presentan en cualquiera de las ramas del poder público, como lo son las empresas de transporte, acueducto, energía eléctrica y las tecnologías de la información y las comunicaciones, los de establecimientos de asistencia social, todos los servicios de higiene y aseo, los del sector petrolero y las de educación.
“Nosotros como maestros vamos a denunciar esta pretensión y llamamos a la clase política a que archiven ese proyecto porque vulnera un derecho consagrado en la Constitución que ha defendido como una expresión legítima de los maestros, los trabajadores y el pueblo”, dijo el vicepresidente de Fecode, Edgar Romero.
Asimismo, desde la Federación de Educadores, Fecode, explicaron que durante los paros que han realizado a gobiernos anteriores han recuperado el tiempo, las actividades y el contenido de las clases que se pierden por las manifestaciones que adelantan en medio de las jornadas escolares.
"Esto es un golpe contra la educación pública”, dijo Romero.
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