La denuncia de Adriana Magali Matiz Vargas se conoce en medio de las investigaciones por los incendios forestales y de una escalada de hechos violentos en diferentes regiones del departamento. Las autoridades reforzarán la seguridad de la mandataria, del edificio de la Gobernación y de otras sedes administrativas.
Una nueva alerta de seguridad sacude al Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas denunció amenazas contra su vida y la de integrantes de su familia, situación que llevó a las autoridades departamentales a adoptar medidas para reforzar su esquema de protección y aumentar la vigilancia en las instalaciones oficiales.
La denuncia se conoce en medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan al departamento y de las investigaciones que buscan establecer si detrás de algunos de estos hechos existen “manos criminales”.
Matiz ha sostenido que existen elementos que hacen pensar que algunas conflagraciones no tendrían origen exclusivamente en las condiciones climáticas y ya puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Pero el escenario de seguridad va más allá de la emergencia ambiental. En los últimos días también se han registrado amenazas, hostigamientos y acciones atribuidas a estructuras armadas en diferentes municipios del sur del Tolima.
“No es la primera vez que la gobernadora es amenazada”
El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, confirmó, en diálogo con Blu Radio, que las amenazas contra la mandataria no son un hecho aislado.
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Bocanegra aseguró que, durante los cerca de dos años que Matiz lleva al frente de la Gobernación, su posición frente a la seguridad del departamento ha sido clara: garantizar la vida de los ciudadanos, permitir la movilidad y evitar que existan territorios restringidos por la acción de grupos violentos.
Según el funcionario, ese liderazgo habría generado reacciones de sectores violentos que han dirigido amenazas contra la gobernadora, hechos que, afirmó, se encuentran documentados.
Bocanegra relacionó, además, las recientes intimidaciones con la posición asumida por Matiz frente a la crisis de los incendios forestales y su insistencia en que se investigue el origen de las conflagraciones.
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El secretario cuestionó también la presencia de personas que, según dijo, no estarían capacitadas para participar en las labores de atención de los incendios y que habrían ingresado a determinadas zonas para desarrollar actividades que calificó como “activismo politiquero”, acompañado de violencia verbal.
Para Bocanegra, esta situación podría terminar desviando la atención de las autoridades mientras persisten problemas de seguridad en otras regiones del departamento.
La preocupación por Ataco, Planadas y Rioblanco
El funcionario hizo especial énfasis en municipios como Ataco, Planadas y Rioblanco, donde se han presentado recientemente hechos atribuidos a organizaciones armadas.
Recordó que, mientras las autoridades atienden la emergencia por los incendios, también deben avanzar en investigaciones relacionadas con el asesinato de dos policías, afectaciones contra instalaciones públicas, hechos violentos y el incremento de las extorsiones.
En ese contexto, planteó que la aparición de los incendios representa una nueva situación que obliga a las autoridades a dividir sus capacidades operativas.
La preocupación aumenta por la posibilidad de que algunos de estos incendios estén siendo utilizados para generar caos y obligar a las instituciones a concentrar recursos en diferentes puntos del territorio.
Refuerzan seguridad de la gobernadora y edificios públicos
Ante las amenazas, el Gobierno departamental anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad alrededor de la gobernadora y de las instalaciones oficiales.
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Bocanegra explicó que se reiteraron las solicitudes para reforzar la seguridad en Ibagué, particularmente en los alrededores de los edificios donde funcionan las dependencias de la Gobernación.
El secretario precisó que la responsabilidad de la seguridad externa corresponde a la Policía Metropolitana de Ibagué (Metib), mientras que, en el interior de las instalaciones, existe un sistema de vigilancia a cargo de la Secretaría Administrativa, complementado con seguridad privada.
La instrucción es incrementar estas medidas para proteger no solamente a la gobernadora, sino también a funcionarios, contratistas y ciudadanos que diariamente ingresan a las sedes del Gobierno departamental.
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La vigilancia se extendería a las diferentes edificaciones donde funcionan dependencias de la administración departamental, con el propósito de prevenir cualquier acción contra la mandataria o contra las instalaciones oficiales.
Una gobernadora bajo presión
Bocanegra también defendió públicamente la gestión de Matiz y sostuvo que la mandataria ha enfrentado durante los últimos dos años diferentes episodios de confrontación, persecución y rechazo.
El funcionario aseguró que las nuevas amenazas deben analizarse dentro de un contexto más amplio de seguridad y rechazó cualquier forma de intimidación contra la gobernadora.
La situación queda ahora en manos de las autoridades encargadas de la investigación judicial y de los organismos de seguridad, que deberán determinar quiénes están detrás de las amenazas, si existe una relación con los incendios forestales y si hay una estrategia coordinada para generar presión sobre las instituciones del Tolima.
Mientras tanto, la Gobernación mantiene activados los protocolos de seguridad y las autoridades permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevos hechos violentos.
La denuncia de la gobernadora se produce en uno de los momentos más complejos para el departamento, con incendios que han afectado miles de hectáreas, comunidades en riesgo y una creciente preocupación por la presencia y el accionar de estructuras criminales en varias zonas del Tolima.