Una grave denuncia hizo la representante por la Alianza Verde Catherine Juvinao en contra del registrador Alexander Vega, que, según la congresista, lo tendría inhabilitado para ejercer el cargo y liderar el proceso electoral de 2023, así como la reforma al Código Electoral.
Según Juvinao, a las polémicas que tiene encima el registrador Vega por presuntas actuaciones en el pasado como personero de Chía y por las que habría sido sancionado en la Procuraduría, se suma una posible falsedad en la experiencia laboral, la cual certificó para el proceso de elección realizado en 2019 por los presidentes de las altas cortes por concurso de méritos.
Vega habría presentado dos certificaciones en las que habría avalado experiencia laboral por casi 15 meses en empresas de sus padres, en la Comercializadora Vega e Hijos Ltda por cinco meses y tres días; así como con Martínez y Vega Abogados por nueve meses y 22 días.
La certificación de la comercializadora cuenta con firma del papá del actual registrador, Campo Elías Vega Goyeneche, quien está condenado por corrupción al sufragante y compra de votos. Según Juvinao, además, se violó el reglamento del concurso de méritos, ya que Vega Goyeneche no certificó en detalle las funciones cumplidas por su hijo.
En la segunda empresa, el certificado fue expedido por el socio de la empresa, pero el gerente es el señor Campo Elías.
Juvinao presentó los informes de Cámara de Comercio en el que estas empresas no tenían entre 1997 a 2007, tiempo en el que Vega Rocha certificó su experiencia, algún tipo de ingresos o gastos operacionales y no reportaron empleados contratados.
Otro punto polémico es que en dichas empresas se habría incrementado de forma desbordada el patrimonio desde 2015, momento en que Vega fue elegido magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). En el caso de la comercializadora, antes del nombramiento en 2010, se contaba con un patrimonio de un millón de pesos, pero en 2015 creció a 5 millones. Para 2019, los activos aumentaron a 960 millones y en 2021 estos ya sumaban 1.200 millones de pesos. No obstante, según Juvinao, no se registran movimientos contables ni contrataciones.
Para la congresista denunciante, dichas aparentes irregularidades son suficientes para que Vega Rocha presente su renuncia, porque, según ella, la falsificación se sumaría a una serie de actuaciones cuestionables que le quitan cualquier idoneidad para poder, no solo liderar los procesos electorales a futuro como los comicios regionales de 2023, sino también encabezar el proceso de reforma al código electoral.
La reforma al código electoral no ha estado libre de polémica, en especial por el afán con el que estaría buscando la aprobación, así como debido a artículos polémicos como la habilitación para el cambio de sexo desde los cinco años y las denuncias de presuntas prebendas a congresistas a través de puestos en la Registraduría, a cambio de votos favorables para el articulado.
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