El partido Alianza Verde rechazó las declaraciones del senador del Pacto Histórico David Racero contra la representante Catherine Juvinao, a quien llamó “lavaperros” durante un cruce que ambos congresistas sostuvieron en las comisiones económicas del Congreso, en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.La controversia se produjo durante la sesión en la que varios congresistas cuestionaron la ausencia de ministros citados para continuar la discusión del proyecto de presupuesto. Según informó la Secretaría, varios de los funcionarios convocados habían enviado delegados.En medio de los cuestionamientos, Juvinao cuestionó a sectores del gobierno anterior que exigían la presencia de los ministros y calificó esa postura como una “hipocresía”, al señalar que durante la administración anterior también se registraron inasistencias de funcionarios a citaciones del Congreso.Racero respondió defendiendo las criticas por la inasistencia de los funcionarios y, durante el cruce con la representante, afirmó: “Si usted quiere ser la lavaperros, que quiere lavarle la cara al Gobierno entrante, allá usted. Estamos acostumbrados a que cambie de posición política como cambiar de camiseta”.Tras esas declaraciones, la Alianza Verde publicó un comunicado en el que aseguró que Juvinao fue víctima de lo que calificó como “violencia política, verbal y simbólica” por parte del senador.“Nos solidarizamos con la representante Catherine Juvinao y con todas las mujeres que han sido víctimas de comentarios misóginos y expresiones de violencia que buscan menospreciar su labor, desacreditar su trabajo y limitar su participación en la vida pública”, se lee en el documento.Además, recordó que Juvinao es autora de la Ley 2453 de 2025, relacionada con la prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres.Finalmente, la colectividad hizo un llamado a las autoridades competentes para que “se adelanten las acciones necesarias frente a este tipo de hechos y se garantice el ejercicio de la labor política de las mujeres en condiciones de respeto y seguridad”.
La representante a la Cámara Catherine Juvinao publicó un video en sus redes sociales en el que explica la decisión que tomará de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Según la versión de la congresista, su equipo político decidió respaldar a Iván Cepeda, aunque ella dijo que no estaba de acuerdo con la decisión."Mi equipo político tomó la decisión de votar por Iván Cepeda, eso es verdad. ¿Es una decisión que tomé yo? No. ¿Es una decisión que me gusta a mí? No. ¿Es una decisión cómoda para mí? No", aseguró la representante a la Cámara.En el mismo sentido asegura que esta decisión no significa que haya cambiado su posición frente a algunos cuestionamientos que le ha hecho al presidente Gustavo Petro, relacionados con la crisis de la salud y la paz total."Esto no tiene nada que ver con Petro ni tendrá nada que ver con Petro", agregó Juvinao.La congresista también explicó que esta decisión la tomó su equipo político debido a las posiciones que tiene el candidato Abelardo De La Espriella. A pesar de sus diferencias, Juvinao dice que acatará la decisión de su equipo, es decir, votar por Cepeda."Yo tengo que defender en este caso a las mujeres. Es una decisión incómoda, para mí, casi trágica. Pero la asumo además porque hago parte de un equipo y yo no trabajo sola en política. Uno en equipo celebra victorias pero también asume las decisiones difíciles que toma ese equipo", agregó Juvinao.
La representante a la Cámara Catherine Juvinao confirmó que el proceso de escisión dentro de la Alianza Verde avanza de manera formal y defendió la decisión de un sector de la colectividad para “reunificar al centro progresista y sentar una plataforma que le dé contenido, horizonte y hoja de ruta”.Durante una entrevista concedida a la periodista Camila Zuluaga en el programa Mañanas Blu, la Representante a la Cámara aseguró que la iniciativa no responde a una discusión interna que se viene desarrollando desde hace más de un año. “Es una escisión para todo un sector dentro del partido Verde que se considera de centro progresista, que quiere tener un plataforma de centro una oportunidad de liderar y de ofrecerle al país una oportunidad maravillosa con el liderazgo de múltiples voces”, precisó Juvinao.La representante a la Cámara Catherine Juvinao explicó que la solicitud de escisión presentada aún no está definida de manera definitiva y será el Consejo Nacional Electo el encargado de estudiar y tomar una decisión sobre la propuesta.Durante la conversación, la congresista señaló que con este acuerdo se busca establecer las condiciones por las cuales se da la separación y por las cuales se sustenta dicha escisión de un grupo de dirigentes que busca conformar una nueva fuerza de centro.“Esta nos va a tomar algunos meses, el Consejo Nacional Electoral se ha tomado uno meses para tomar una decisión, de hecho yo me voy a posesionar el próximo 20 de julio com o congresista por el Partido Verde, entonces seguiré siendo representante por el partido hasta tanto el Consejo Nacional Electoral le de vida jurídica al nuevo partido”, conlcuyó la Representante.Escuche la entrevista completa aquí:
La crisis interna de la Alianza Verde se profundiza tras las decisiones adoptadas por su dirección nacional. La representante a la Cámara Catherine Juvinao anunció que solicitará formalmente una escisión del partido, lo que podría derivar en una división en al menos tres sectores dentro de la colectividad. La revelación se produjo durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu en la que la congresista cuestionó duramente el rumbo político que, según ella, está tomando el partido.La polémica surge después de que el partido discutiera su postura frente a las próximas elecciones presidenciales y la posibilidad de respaldar al candidato Iván Cepeda. La decisión generó un fuerte debate interno y evidenció fracturas entre diferentes sectores de la organización.Crisis interna en la Alianza VerdeDurante el debate público sobre el futuro del partido, analistas y dirigentes señalaron que la colectividad atraviesa una profunda reconfiguración política. La discusión se dio tras una larga reunión de la dirección nacional, donde se analizaron varias propuestas sobre la postura del partido frente al escenario electoral. Entre las alternativas evaluadas estuvo el apoyo directo al candidato Iván Cepeda, permitir libertad a los congresistas para respaldar a distintos aspirantes o negociar un acuerdo programático con sectores afines. Finalmente, la mayoría se inclinó por la tercera opción, que busca un acercamiento político condicionado con la candidatura de Cepeda. Según explicó el representante Jaime Raúl Salamanca, se optó por explorar una alianza política basada en coincidencias programáticas. En ese sentido, aseguró que el objetivo es “buscar un acuerdo programático que recoja las banderas del Partido Verde (…) para construir una coalición de cara a las elecciones presidenciales”. La determinación, sin embargo, generó fuertes reacciones entre congresistas que consideran que la medida limita la pluralidad interna del partido.Juvinao anuncia solicitud de escisiónEn ese contexto, Catherine Juvinao anunció que, junto con otros dirigentes, presentará una solicitud formal para separarse del partido mediante una escisión política. La representante explicó que ya estaba preparada para anunciar su respaldo a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, pero que la decisión interna del partido cambió el panorama. Para Juvinao, la decisión adoptada por la dirección nacional responde más a intereses burocráticos que a una discusión ideológica. En la entrevista, señaló que la situación evidencia una disputa por cuotas de poder dentro del Gobierno nacional.“Lo que está en juego es la burocracia, la participación en el gobierno de Gustavo Petro”, afirmó la congresista, quien también aseguró que el partido ha perdido sus principios fundacionales. La parlamentaria también lanzó fuertes críticas contra el rumbo político del movimiento, argumentando que el acercamiento al Gobierno ha desdibujado la identidad de la colectividad.Una posible división en tres sectoresLa propuesta de escisión planteada por Juvinao podría provocar que la Alianza Verde termine fragmentada en tres bloques políticos diferenciados. El primer sector sería el que respalda la negociación política con el candidato Iván Cepeda, cercano al llamado progresismo y al Gobierno nacional. Un segundo grupo estaría liderado por figuras que buscan una orientación más hacia la derecha o hacia otros sectores políticos. El tercer bloque, impulsado por Juvinao y la senadora Angélica Lozano, buscaría consolidar una alternativa de centroizquierda independiente, inspirada en los principios de la llamada “Ola Verde” que impulsó Antanas Mockus en 2010.“Nos parece el momento oportuno para recuperar lo que representaba la Ola Verde”, afirmó la congresista al anunciar que radicarán la solicitud de escisión en las próximas horas. Según explicó, la intención es que dirigentes, concejales y militantes que no se identifican con el rumbo actual del partido puedan sumarse a una nueva opción política.
La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir un proceso penal contra las congresistas Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo y Katherine Miranda, como lo había pedido el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de una querella o queja.El alto funcionario las acusaba de injuria y calumnia por una carta pública en la que los parlamentarios cuestionaron su eventual nombramiento como ministro del Interior, nombramiento que se terminó concretando.Fue el 24 de febrero de 2025, cuando las congresistas enviaron una carta al presidente Gustavo Petro rechazando la posible designación de Benedetti, decisión que calificaron como “inaceptable” y “deplorable”, al considerar que una persona señalada por presuntas violencias de género no debía ocupar ese cargo pues, entre muchas labores, iba a tener comunicación directa con las mujeres en el Legislativo.En esa carta, recordaron además las investigaciones por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito vigentes contra Benedetti y por eso pedían no continuar con el nombramiento.Ante esto, Armando Benedetti sostuvo que esas afirmaciones eran infundadas y lesionaban su honra y buen nombre, pues no no existían condenas judiciales en su contra y debía prevalecer su presunción de inocencia. Y para defenderse, acudió a la Corte Suprema.Sin embargo, tras estudiar el caso, el alto tribunal concluyó que no se configuraba un delito teniendo en cuenta que las representantes cumplieron con una de sus funciones esenciales, que es la del control político y eso incluye cuestionar decisiones y nombramientos del Ejecutivo.En esa línea, la Corte recordó que los congresistas no pueden ser investigados por las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo ya que cuentan con la garantía de inviolabilidad parlamentaria y esto ampara el oponerse a un nombramiento ministerial.La Corte también determinó que no se acreditó una intención deliberada de ofender o deshonrar y que el propósito de las representantes fue participar en un debate de interés público y no realizar un ataque personal, todo con denuncias que habían sido objeto de amplia difusión y en investigaciones existentes.“....que los episodios de violencia de género que se alegan versan sobre dos eventos, principalmente. El primero, ocurrido en la ciudad de Madrid, cuando se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde presuntamente agredió a su esposa, Adelina Guerrero. Ello, como se encuentra probado en estas diligencias, fue ampliamente noticiado por los medios de comunicación, según consta en el informe de policía judicial”, dice la Corte en su decisión.Finalmente, en el documento le recuerdan a Benedetti y a otros funcionarios que quienes ejercen o aspiran a cargos de alta relevancia están sometidos a un mayor nivel de escrutinio público.
La representante a la Cámara Catherine Juvinao realizó una nueva denuncia sobre la presunta expedición irregular de títulos profesionales por parte de la Fundación Universitaria San José, una situación que, según afirmó, habría beneficiado a funcionarios y contratistas vinculados al Gobierno y que ya habría generado un millonario detrimento al Estado.En entrevista con Recap Blu, la congresista aseguró que, tras varios meses de investigación, su equipo identificó al menos 24 títulos que serían ilegales, entregados sin que los beneficiarios hubieran cumplido con el requisito obligatorio de presentar la prueba Saber Pro antes de graduarse, como lo establece la Ley 1324 de 2009.“Estamos hablando de personas que recibieron su diploma sin haber presentado el Saber Pro o que lo hicieron días o incluso meses después de graduarse. Eso hace que esos títulos sean inválidos”, afirmó Juvinao, quien calificó los hallazgos como “escandalosos”.“Que no les renueven los contratos”Juvinao hizo un llamado directo a las entidades públicas para que no renueven los contratos de las personas involucradas, especialmente en el actual periodo de renovación que se da entre enero y febrero.“Estamos sacando esta investigación con sentido de oportunidad. Estas personas no pueden seguir contratadas y, además, deben devolver la plata”, pidió.La congresista afirmó que ya entregó un informe completo con los nombres de los involucrados a los entes de control y advirtió que el caso podría derivar en sanciones disciplinarias, fiscales y penales.Millonarios contratos y posible detrimento patrimonialLa representante explicó que, a diferencia del caso de Juliana Guerrero, en estos nuevos casos las personas sí fueron contratadas por el Estado, algunas con dos, tres o hasta cuatro contratos simultáneos, varios de ellos superiores a los 100 millones de pesos.De acuerdo con sus cálculos preliminares, solo estos primeros 24 casos ya le habrían costado al país cerca de 1.102 millones de pesos, lo que podría configurar un detrimento patrimonial y derivar en responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso penales.“¿Quién va a responder por esa plata? Aquí hay que investigar a las personas, a las entidades que los contrataron y a la universidad que expidió estos diplomas”, cuestionó.Un patrón que apunta a 2024Juvinao reveló que la mayoría de los títulos cuestionados fueron entregados el 5 de julio de 2024, una fecha que calificó como “sospechosa”, ya que varios de los graduados presentaron el Saber Pro uno o dos días después, y otros incluso seis o siete meses más tarde.Además, señaló que todos los casos identificados corresponden a personas contratadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, y no a administraciones anteriores.¿Cuatro títulos en un solo día?Uno de los casos más llamativos, según la congresista, corresponde a un funcionario de la Dian que habría recibido cuatro títulos profesionales el mismo día: Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional.“Esta persona solo presentó una prueba Saber Pro, cuando la ley permite usar una prueba para máximo dos pregrados. O estamos ante un genio extraordinario o ante un fraude”, señaló Juvinao.Críticas al Ministerio de EducaciónLa representante cuestionó la actuación del Ministerio de Educación, al que acusó de inacción frente a la universidad. De hecho, anunció que buscará promover una moción de censura contra el ministro Daniel Rojas.
La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció un presunto “cartel de títulos falsos” entre el Gobierno y la Fundación Universitaria San José.Según Juvinao, seis personas que se graduaron de ese centro educativo no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente obtuvieron contratos en diferentes entidades.“La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo, el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos”, dijo Juvinao.Además, habría el caso de 18 personas que realizaron la Prueba Saber Pro después de recibir su título universitario y también habrían tenido contratos en algunas entidades.“Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad”, dijo Juvinao.
La senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Cathy Juvinao presentaron en la tarde de este martes, 23 de diciembre, dos respectivos oficios ante la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, pidiendo la intervención competente de ambos estamentos para ejercer control al decreto 1390 de 2025 con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por cuenta del hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria.Las congresistas verdes solicitaron al alto tribunal la suspensión provisional del decreto, argumentado que las causas invocadas por el Ejecutivo no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad ni extraordinariedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución para la declaratoria del estado de excepción y que el decreto podría eludir el control judicial al haberse expedido en vísperas de la vacancia judicial prevista desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 13 de enero.Según exponen, temas como obligaciones judiciales frente a la UPC en salud, la grave crisis de seguridad y orden público, los desastres naturales producto del cambio climático, y las deudas en temas de subsidios de energía y gas, entre otros, corresponden a problemas estructurales, previsibles o permanentes del Estado.Para las congresistas, la negativa del Congreso a aprobar una iniciativa del Gobierno como la ley de financiamiento, no puede considerarse un hecho habilitante de un estado de excepción, pues se trata de una manifestación normal del equilibrio de poderes y no puede ser usada como excusa para habilitar facultades legislativas excepcionales en el Ejecutivo.Lozano y Juvinao también alertan sobre un posible riesgo de elusión del control constitucional. Señalan que el decreto fue expedido en medio de la vacancia judicial, lo que permitiría que produzca efectos jurídicos relevantes antes de que la Corte adopte una decisión de fondo, habilitando al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante ese periodo.Remitiéndose al auto 272 de 2023, las congresistas sostienen que la Corte sí tiene la facultad excepcional de adoptar medidas para impedir temporalmente los efectos de un decreto declaratorio cuando exista una incompatibilidad constitucional manifiesta y un riesgo cierto de afectación al orden democrático.A su juicio, en este caso se cumplen dichos presupuestos, pues el Gobierno contaba con múltiples mecanismos ordinarios para atender las situaciones alegadas sin acudir a poderes excepcionales; por lo que piden una actuación inmediata que suspenda la ejecución del estado de emergencia económica y le impida al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley especialmente en materia de nuevos impuestos.Complementando la solicitud ante la Corte, las congresistas Lozano y Juvinao pidieron formalmente al procurador general Gregorio Eljach iniciar una actuación disciplinaria contra los ministros firmantes del decreto.“Debe resaltarse que la firma de los ministros no constituye un acto meramente formal, sino una manifestación expresa de responsabilidad individual, mediante la cual cada ministro avala la procedencia constitucional del estado de excepción y la concurrencia de sus presupuestos materiales”, señala el documento.
Este miércoles se desarrolló un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Allí, la representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció que, según información de Medicina Legal, los menores fallecidos en bombardeos serían 17.“Nuestra denuncia hoy, ¿cuál es? Tenemos información de Medicina Legal de que no serían 15 menores muertos en bombardeos este año ni los años pasados. Tenemos información de que son 17 porque hay dos bombardeos más que se dieron en 2023 y en 2024 de los que no sabíamos. De los que no sabíamos. Medicina Legal tiene reportado que allí fallecieron dos menores, uno en un bombardeo y el otro en el otro”, dijo Juvinao.Según la representante, los bombardeos se habrían dado en Argelia, Cauca. Además, dijo que durante este Gobierno al menos 25 menores de edad han fallecido en acciones de la fuerza pública por arma de fuego.Por otro lado, Juvinao aseguró que se han realizado ocho bombardeos durante el Gobierno Petro sobre los cuales aún no hay información acerca de la edad de las personas fallecidas.
La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes publicó un comunicado en el que piden garantías de seguridad para la representante Catherine Juvinao, la senadora Paloma Valencia y el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, lo anterior, tras la información de las autoridades sobre un presunto plan para atentar contra ellos.“Frente a este panorama, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes exhorta a las autoridades competentes, bajo la dirección del Gobierno nacional, a adoptar de manera inmediata medidas efectivas, urgentes y articuladas que garanticen la seguridad de las personas mencionadas y de todos los actores políticos del país”, señala el comunicado de la Mesa Directiva de la Cámara.En el mismo sentido, señalaron que es alarmante el aumento de la violencia política, pero también mostraron su rechazo a los hechos violentos que se presentan en los territorios.“Un ejemplo grave fue el asesinato, hace pocos meses, de un Senador de la República, miembro de la oposición y precandidato presidencial, un hecho que conmocionó a la nación y sentó un peligroso precedente para la democracia. Este crimen se inscribe en un historial doloroso que ha cobrado la vida de grandes líderes nacionales y territoriales. La violencia, además, no se limita al ámbito central: en los territorios, líderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes políticos siguen siendo víctimas de amenazas, hostigamientos y atentados, lo que pone en riesgo la estabilidad institucional y el ejercicio legítimo de la política”, dice el comunicado.
El municipio de Bahía Solano se prepara para recibir una nueva infraestructura aeroportuaria que busca fortalecer la conectividad aérea y las condiciones para el desarrollo turístico de esta localidad importante para el desarrollo del departamento del Chocó.Será la Gobernación del Chocó la que realizará la entrega protocolaria de las obras de mejoramiento de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea del Aeropuerto José Celestino Mutis, esto, con una inversión de $31.195 millones, recursos provenientes del Sistema General de Regalías.El proyecto incluyó la construcción de la terminal de pasajeros, así como el cerramiento perimetral de seguridad y otras obras requeridas para garantizar el funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria.La ejecución estuvo a cargo de la Asociación de Municipios Urabá Darién–Caribe, mientras que el municipio de Bahía Solano figura como entidad beneficiaria de la intervención.De acuerdo con la Gobernación, las nuevas obras permitirán fortalecer las condiciones aeroportuarias de Bahía Solano, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento y, además, la infraestructura también busca aportar mejores condiciones para la conectividad de la región.Según los expertos, la inversión representa una intervención relevante para un territorio cuya conexión aérea tiene importancia tanto para la actividad turística como para la movilidad de residentes y visitantes.
Un nuevo sismo se registró en la noche de este jueves, 24 de septiembre, en el departamento del Tolima. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:37 de la noche y tuvo una magnitud de 4,1.El epicentro fue localizado en inmediaciones de Chaparral, Tolima, específicamente a 17 kilómetros de Roncesvalles. El reporte del SGC señala que el evento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, una característica que puede hacer que un sismo sea percibido con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.Según la información publicada por la entidad, el evento tuvo como coordenadas una latitud de 3,86 y longitud de -75,63. En el mapa del boletín se observa que el epicentro se encuentra en una zona del centro-occidente del país, relativamente cercana a municipios como Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales.Por el momento, el boletín del Servicio Geológico Colombiano corresponde a un reporte actualizado del evento sísmico y advierte que la información proporcionada está sujeta a cambios. La magnitud, localización y profundidad pueden ser ajustadas posteriormente a medida que avance el procesamiento de los datos registrados por la red sísmica.El sismo se registró en horas de la noche y se suma a la actividad sísmica que se ha presentado en las últimas semanas en este municipio.Hasta el momento no se han reportado afectaciones o lesionados en el área de Chaparral, Tolima.
A través de sus redes sociales, la Alcaldía de La Pintada mostró un video en donde se deja en evidencia el grave deterioro que sufre la actual sede administrativa del municipio del Suroeste antioqueño, situación por la que elevaron un llamado al Gobierno nacional.Según detallaron desde La Pintada, la sede no tiene las condiciones adecuadas para poder atender a la comunidad y, como muestra de ello, fue la inundación que sufrieron en los últimos días producto de las fuertes lluvias que azotaron la subregión.El alcalde de La Pintada, Herman Correa, hizo un llamado al Gobierno nacional para que haga un acompañamiento y puedan habilitar una nueva sede administrativa en esta zona del Suroeste antioqueño."Triste escenario que vivimos en tiempos de lluvia. Hago un llamado a todas las personas o que representan el estado colombiano para que nos ayuden a darle solución a esta situación", aseguró el mandatario.Desde la Alcaldía de La Pintada explicaron que la nueva sede lleva abandonada 10 años, por lo que se hizo la solicitud de apoyo y así poder habilitar el Centro Administrativo Municipal, CAM.Por ahora, las autoridades locales deberán esperar la respuesta del Gobierno nacional, con el atenuante que seguirán enfrentándose a las inclemencias del clima, así como a las precarias condiciones en las que se trabajan actualmente.
A pesar de ahorros en los consumos de agua por cuenta del racionamiento nocturno que regresó para el nororiente de Medellín desde el pasado 22 de septiembre, el panorama no pinta bien de cara a las próximas semanas.El fenómeno de El Niño sigue golpeando al embalse de Piedras Blancas y sus afluentes, generando preocupación sobre una posible extensión o endurecimiento de los cortes de agua.Según EPM, para el 21 de septiembre el nivel de la fuente hídrica estaba en un 76.8% de su capacidad útil y tres días después, el más reciente reporte, indica que este nivel se ha reducido hasta el 71.28%, equivalente a 310 mil metros cúbicos de agua.Humberto Iglesias, gerente encargado de EPM, manifestó que los ahorros siguen siendo cortos teniendo en cuenta el panorama actual y los pronósticos sobre el recrudecimiento del fenómeno de El Niño."El niño va a continuar, sin lugar a dudas. Esto apenas está arrancando y todavía no estamos en la etapa más crítica. Tenemos que prepararnos desde ahora para los meses más exigentes que se vienen, que seguramente van a ser diciembre, enero y febrero. Y miren lo que estamos viviendo hoy", manifestó Iglesias.Al tiempo que desde EPM insisten en la necesidad de implementar medidas en cada vivienda para llegar a la meta diaria de ahorro de agua de 92 litros en el nororiente y 70 litros en el resto de la ciudad, las evaluaciones son constantes sobre el comportamiento de otros embalses como La Fe y Riogrande II que abastecen a otras zonas de Medellín y el Valle de Aburrá.Se espera que el próximo lunes 28 de septiembre, tras una semana de interrupciones en el servicio de acueducto, la compañía de servicios públicos indique si la medida debe mantenerse.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.