La representante a la Cámara Catherine Juvinao publicó un video en sus redes sociales en el que explica la decisión que tomará de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Según la versión de la congresista, su equipo político decidió respaldar a Iván Cepeda, aunque ella dijo que no estaba de acuerdo con la decisión."Mi equipo político tomó la decisión de votar por Iván Cepeda, eso es verdad. ¿Es una decisión que tomé yo? No. ¿Es una decisión que me gusta a mí? No. ¿Es una decisión cómoda para mí? No", aseguró la representante a la Cámara.En el mismo sentido asegura que esta decisión no significa que haya cambiado su posición frente a algunos cuestionamientos que le ha hecho al presidente Gustavo Petro, relacionados con la crisis de la salud y la paz total."Esto no tiene nada que ver con Petro ni tendrá nada que ver con Petro", agregó Juvinao.La congresista también explicó que esta decisión la tomó su equipo político debido a las posiciones que tiene el candidato Abelardo De La Espriella. A pesar de sus diferencias, Juvinao dice que acatará la decisión de su equipo, es decir, votar por Cepeda."Yo tengo que defender en este caso a las mujeres. Es una decisión incómoda, para mí, casi trágica. Pero la asumo además porque hago parte de un equipo y yo no trabajo sola en política. Uno en equipo celebra victorias pero también asume las decisiones difíciles que toma ese equipo", agregó Juvinao.
La representante a la Cámara Catherine Juvinao confirmó que el proceso de escisión dentro de la Alianza Verde avanza de manera formal y defendió la decisión de un sector de la colectividad para “reunificar al centro progresista y sentar una plataforma que le dé contenido, horizonte y hoja de ruta”.Durante una entrevista concedida a la periodista Camila Zuluaga en el programa Mañanas Blu, la Representante a la Cámara aseguró que la iniciativa no responde a una discusión interna que se viene desarrollando desde hace más de un año. “Es una escisión para todo un sector dentro del partido Verde que se considera de centro progresista, que quiere tener un plataforma de centro una oportunidad de liderar y de ofrecerle al país una oportunidad maravillosa con el liderazgo de múltiples voces”, precisó Juvinao.La representante a la Cámara Catherine Juvinao explicó que la solicitud de escisión presentada aún no está definida de manera definitiva y será el Consejo Nacional Electo el encargado de estudiar y tomar una decisión sobre la propuesta.Durante la conversación, la congresista señaló que con este acuerdo se busca establecer las condiciones por las cuales se da la separación y por las cuales se sustenta dicha escisión de un grupo de dirigentes que busca conformar una nueva fuerza de centro.“Esta nos va a tomar algunos meses, el Consejo Nacional Electoral se ha tomado uno meses para tomar una decisión, de hecho yo me voy a posesionar el próximo 20 de julio com o congresista por el Partido Verde, entonces seguiré siendo representante por el partido hasta tanto el Consejo Nacional Electoral le de vida jurídica al nuevo partido”, conlcuyó la Representante.Escuche la entrevista completa aquí:
La crisis interna de la Alianza Verde se profundiza tras las decisiones adoptadas por su dirección nacional. La representante a la Cámara Catherine Juvinao anunció que solicitará formalmente una escisión del partido, lo que podría derivar en una división en al menos tres sectores dentro de la colectividad. La revelación se produjo durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu en la que la congresista cuestionó duramente el rumbo político que, según ella, está tomando el partido.La polémica surge después de que el partido discutiera su postura frente a las próximas elecciones presidenciales y la posibilidad de respaldar al candidato Iván Cepeda. La decisión generó un fuerte debate interno y evidenció fracturas entre diferentes sectores de la organización.Crisis interna en la Alianza VerdeDurante el debate público sobre el futuro del partido, analistas y dirigentes señalaron que la colectividad atraviesa una profunda reconfiguración política. La discusión se dio tras una larga reunión de la dirección nacional, donde se analizaron varias propuestas sobre la postura del partido frente al escenario electoral. Entre las alternativas evaluadas estuvo el apoyo directo al candidato Iván Cepeda, permitir libertad a los congresistas para respaldar a distintos aspirantes o negociar un acuerdo programático con sectores afines. Finalmente, la mayoría se inclinó por la tercera opción, que busca un acercamiento político condicionado con la candidatura de Cepeda. Según explicó el representante Jaime Raúl Salamanca, se optó por explorar una alianza política basada en coincidencias programáticas. En ese sentido, aseguró que el objetivo es “buscar un acuerdo programático que recoja las banderas del Partido Verde (…) para construir una coalición de cara a las elecciones presidenciales”. La determinación, sin embargo, generó fuertes reacciones entre congresistas que consideran que la medida limita la pluralidad interna del partido.Juvinao anuncia solicitud de escisiónEn ese contexto, Catherine Juvinao anunció que, junto con otros dirigentes, presentará una solicitud formal para separarse del partido mediante una escisión política. La representante explicó que ya estaba preparada para anunciar su respaldo a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, pero que la decisión interna del partido cambió el panorama. Para Juvinao, la decisión adoptada por la dirección nacional responde más a intereses burocráticos que a una discusión ideológica. En la entrevista, señaló que la situación evidencia una disputa por cuotas de poder dentro del Gobierno nacional.“Lo que está en juego es la burocracia, la participación en el gobierno de Gustavo Petro”, afirmó la congresista, quien también aseguró que el partido ha perdido sus principios fundacionales. La parlamentaria también lanzó fuertes críticas contra el rumbo político del movimiento, argumentando que el acercamiento al Gobierno ha desdibujado la identidad de la colectividad.Una posible división en tres sectoresLa propuesta de escisión planteada por Juvinao podría provocar que la Alianza Verde termine fragmentada en tres bloques políticos diferenciados. El primer sector sería el que respalda la negociación política con el candidato Iván Cepeda, cercano al llamado progresismo y al Gobierno nacional. Un segundo grupo estaría liderado por figuras que buscan una orientación más hacia la derecha o hacia otros sectores políticos. El tercer bloque, impulsado por Juvinao y la senadora Angélica Lozano, buscaría consolidar una alternativa de centroizquierda independiente, inspirada en los principios de la llamada “Ola Verde” que impulsó Antanas Mockus en 2010.“Nos parece el momento oportuno para recuperar lo que representaba la Ola Verde”, afirmó la congresista al anunciar que radicarán la solicitud de escisión en las próximas horas. Según explicó, la intención es que dirigentes, concejales y militantes que no se identifican con el rumbo actual del partido puedan sumarse a una nueva opción política.
La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir un proceso penal contra las congresistas Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo y Katherine Miranda, como lo había pedido el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de una querella o queja.El alto funcionario las acusaba de injuria y calumnia por una carta pública en la que los parlamentarios cuestionaron su eventual nombramiento como ministro del Interior, nombramiento que se terminó concretando.Fue el 24 de febrero de 2025, cuando las congresistas enviaron una carta al presidente Gustavo Petro rechazando la posible designación de Benedetti, decisión que calificaron como “inaceptable” y “deplorable”, al considerar que una persona señalada por presuntas violencias de género no debía ocupar ese cargo pues, entre muchas labores, iba a tener comunicación directa con las mujeres en el Legislativo.En esa carta, recordaron además las investigaciones por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito vigentes contra Benedetti y por eso pedían no continuar con el nombramiento.Ante esto, Armando Benedetti sostuvo que esas afirmaciones eran infundadas y lesionaban su honra y buen nombre, pues no no existían condenas judiciales en su contra y debía prevalecer su presunción de inocencia. Y para defenderse, acudió a la Corte Suprema.Sin embargo, tras estudiar el caso, el alto tribunal concluyó que no se configuraba un delito teniendo en cuenta que las representantes cumplieron con una de sus funciones esenciales, que es la del control político y eso incluye cuestionar decisiones y nombramientos del Ejecutivo.En esa línea, la Corte recordó que los congresistas no pueden ser investigados por las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo ya que cuentan con la garantía de inviolabilidad parlamentaria y esto ampara el oponerse a un nombramiento ministerial.La Corte también determinó que no se acreditó una intención deliberada de ofender o deshonrar y que el propósito de las representantes fue participar en un debate de interés público y no realizar un ataque personal, todo con denuncias que habían sido objeto de amplia difusión y en investigaciones existentes.“....que los episodios de violencia de género que se alegan versan sobre dos eventos, principalmente. El primero, ocurrido en la ciudad de Madrid, cuando se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde presuntamente agredió a su esposa, Adelina Guerrero. Ello, como se encuentra probado en estas diligencias, fue ampliamente noticiado por los medios de comunicación, según consta en el informe de policía judicial”, dice la Corte en su decisión.Finalmente, en el documento le recuerdan a Benedetti y a otros funcionarios que quienes ejercen o aspiran a cargos de alta relevancia están sometidos a un mayor nivel de escrutinio público.
La representante a la Cámara Catherine Juvinao realizó una nueva denuncia sobre la presunta expedición irregular de títulos profesionales por parte de la Fundación Universitaria San José, una situación que, según afirmó, habría beneficiado a funcionarios y contratistas vinculados al Gobierno y que ya habría generado un millonario detrimento al Estado.En entrevista con Recap Blu, la congresista aseguró que, tras varios meses de investigación, su equipo identificó al menos 24 títulos que serían ilegales, entregados sin que los beneficiarios hubieran cumplido con el requisito obligatorio de presentar la prueba Saber Pro antes de graduarse, como lo establece la Ley 1324 de 2009.“Estamos hablando de personas que recibieron su diploma sin haber presentado el Saber Pro o que lo hicieron días o incluso meses después de graduarse. Eso hace que esos títulos sean inválidos”, afirmó Juvinao, quien calificó los hallazgos como “escandalosos”.“Que no les renueven los contratos”Juvinao hizo un llamado directo a las entidades públicas para que no renueven los contratos de las personas involucradas, especialmente en el actual periodo de renovación que se da entre enero y febrero.“Estamos sacando esta investigación con sentido de oportunidad. Estas personas no pueden seguir contratadas y, además, deben devolver la plata”, pidió.La congresista afirmó que ya entregó un informe completo con los nombres de los involucrados a los entes de control y advirtió que el caso podría derivar en sanciones disciplinarias, fiscales y penales.Millonarios contratos y posible detrimento patrimonialLa representante explicó que, a diferencia del caso de Juliana Guerrero, en estos nuevos casos las personas sí fueron contratadas por el Estado, algunas con dos, tres o hasta cuatro contratos simultáneos, varios de ellos superiores a los 100 millones de pesos.De acuerdo con sus cálculos preliminares, solo estos primeros 24 casos ya le habrían costado al país cerca de 1.102 millones de pesos, lo que podría configurar un detrimento patrimonial y derivar en responsabilidades disciplinarias, fiscales e incluso penales.“¿Quién va a responder por esa plata? Aquí hay que investigar a las personas, a las entidades que los contrataron y a la universidad que expidió estos diplomas”, cuestionó.Un patrón que apunta a 2024Juvinao reveló que la mayoría de los títulos cuestionados fueron entregados el 5 de julio de 2024, una fecha que calificó como “sospechosa”, ya que varios de los graduados presentaron el Saber Pro uno o dos días después, y otros incluso seis o siete meses más tarde.Además, señaló que todos los casos identificados corresponden a personas contratadas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, y no a administraciones anteriores.¿Cuatro títulos en un solo día?Uno de los casos más llamativos, según la congresista, corresponde a un funcionario de la Dian que habría recibido cuatro títulos profesionales el mismo día: Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional.“Esta persona solo presentó una prueba Saber Pro, cuando la ley permite usar una prueba para máximo dos pregrados. O estamos ante un genio extraordinario o ante un fraude”, señaló Juvinao.Críticas al Ministerio de EducaciónLa representante cuestionó la actuación del Ministerio de Educación, al que acusó de inacción frente a la universidad. De hecho, anunció que buscará promover una moción de censura contra el ministro Daniel Rojas.
La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció un presunto “cartel de títulos falsos” entre el Gobierno y la Fundación Universitaria San José.Según Juvinao, seis personas que se graduaron de ese centro educativo no realizaron las pruebas Saber Pro e igual recibieron el título y posteriormente obtuvieron contratos en diferentes entidades.“La investigación pudo determinar que hay dos tipos de irregularidades en la expedición de estos títulos: la primera corresponde a personas que, a pesar de haber obtenido el diploma, no reportan la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, evidenciando similitudes con el caso de la joven Juliana Guerrero. En este primer grupo, el equipo investigativo de la representante Juvinao identificó seis casos”, dijo Juvinao.Además, habría el caso de 18 personas que realizaron la Prueba Saber Pro después de recibir su título universitario y también habrían tenido contratos en algunas entidades.“Las entidades involucradas que vincularon a estas personas son: Sena (10 casos), Unidad Nacional de Protección (2 casos), Invima (2 casos), MinTransporte (1 caso), Dian (1 caso), Dane (2 casos), SuperServicios (1 caso), Dapre (1 caso), Corporación Aeronáutica Colombiana (1 caso), Aerocivil (2 casos), MinSalud (1 caso) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (1 caso). Se reporta una persona que tiene contratos en más de una entidad”, dijo Juvinao.
La senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Cathy Juvinao presentaron en la tarde de este martes, 23 de diciembre, dos respectivos oficios ante la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, pidiendo la intervención competente de ambos estamentos para ejercer control al decreto 1390 de 2025 con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por cuenta del hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria.Las congresistas verdes solicitaron al alto tribunal la suspensión provisional del decreto, argumentado que las causas invocadas por el Ejecutivo no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad ni extraordinariedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución para la declaratoria del estado de excepción y que el decreto podría eludir el control judicial al haberse expedido en vísperas de la vacancia judicial prevista desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 13 de enero.Según exponen, temas como obligaciones judiciales frente a la UPC en salud, la grave crisis de seguridad y orden público, los desastres naturales producto del cambio climático, y las deudas en temas de subsidios de energía y gas, entre otros, corresponden a problemas estructurales, previsibles o permanentes del Estado.Para las congresistas, la negativa del Congreso a aprobar una iniciativa del Gobierno como la ley de financiamiento, no puede considerarse un hecho habilitante de un estado de excepción, pues se trata de una manifestación normal del equilibrio de poderes y no puede ser usada como excusa para habilitar facultades legislativas excepcionales en el Ejecutivo.Lozano y Juvinao también alertan sobre un posible riesgo de elusión del control constitucional. Señalan que el decreto fue expedido en medio de la vacancia judicial, lo que permitiría que produzca efectos jurídicos relevantes antes de que la Corte adopte una decisión de fondo, habilitando al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante ese periodo.Remitiéndose al auto 272 de 2023, las congresistas sostienen que la Corte sí tiene la facultad excepcional de adoptar medidas para impedir temporalmente los efectos de un decreto declaratorio cuando exista una incompatibilidad constitucional manifiesta y un riesgo cierto de afectación al orden democrático.A su juicio, en este caso se cumplen dichos presupuestos, pues el Gobierno contaba con múltiples mecanismos ordinarios para atender las situaciones alegadas sin acudir a poderes excepcionales; por lo que piden una actuación inmediata que suspenda la ejecución del estado de emergencia económica y le impida al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley especialmente en materia de nuevos impuestos.Complementando la solicitud ante la Corte, las congresistas Lozano y Juvinao pidieron formalmente al procurador general Gregorio Eljach iniciar una actuación disciplinaria contra los ministros firmantes del decreto.“Debe resaltarse que la firma de los ministros no constituye un acto meramente formal, sino una manifestación expresa de responsabilidad individual, mediante la cual cada ministro avala la procedencia constitucional del estado de excepción y la concurrencia de sus presupuestos materiales”, señala el documento.
Este miércoles se desarrolló un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Allí, la representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció que, según información de Medicina Legal, los menores fallecidos en bombardeos serían 17.“Nuestra denuncia hoy, ¿cuál es? Tenemos información de Medicina Legal de que no serían 15 menores muertos en bombardeos este año ni los años pasados. Tenemos información de que son 17 porque hay dos bombardeos más que se dieron en 2023 y en 2024 de los que no sabíamos. De los que no sabíamos. Medicina Legal tiene reportado que allí fallecieron dos menores, uno en un bombardeo y el otro en el otro”, dijo Juvinao.Según la representante, los bombardeos se habrían dado en Argelia, Cauca. Además, dijo que durante este Gobierno al menos 25 menores de edad han fallecido en acciones de la fuerza pública por arma de fuego.Por otro lado, Juvinao aseguró que se han realizado ocho bombardeos durante el Gobierno Petro sobre los cuales aún no hay información acerca de la edad de las personas fallecidas.
La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes publicó un comunicado en el que piden garantías de seguridad para la representante Catherine Juvinao, la senadora Paloma Valencia y el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, lo anterior, tras la información de las autoridades sobre un presunto plan para atentar contra ellos.“Frente a este panorama, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes exhorta a las autoridades competentes, bajo la dirección del Gobierno nacional, a adoptar de manera inmediata medidas efectivas, urgentes y articuladas que garanticen la seguridad de las personas mencionadas y de todos los actores políticos del país”, señala el comunicado de la Mesa Directiva de la Cámara.En el mismo sentido, señalaron que es alarmante el aumento de la violencia política, pero también mostraron su rechazo a los hechos violentos que se presentan en los territorios.“Un ejemplo grave fue el asesinato, hace pocos meses, de un Senador de la República, miembro de la oposición y precandidato presidencial, un hecho que conmocionó a la nación y sentó un peligroso precedente para la democracia. Este crimen se inscribe en un historial doloroso que ha cobrado la vida de grandes líderes nacionales y territoriales. La violencia, además, no se limita al ámbito central: en los territorios, líderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes políticos siguen siendo víctimas de amenazas, hostigamientos y atentados, lo que pone en riesgo la estabilidad institucional y el ejercicio legítimo de la política”, dice el comunicado.
Meridiano Blu conoció en primicia que las autoridades colombianas están investigando un plan para atentar contra el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, y las congresistas Paloma Valencia y Catherine Juvinao.Blu Radio pudo confirmar que, tras la información recibida en los últimos días directamente por el presidente Gustavo Petro, estos tres altos funcionarios fueron citados a reuniones para entregarles detalles de estos atentados. Asimismo, se determinó por parte de la UNP reforzar los esquemas de seguridad.La información de inteligencia que han entregado altas instancias del Estado a estas tres personas señala que lo que buscarían estos atentados sería responsabilizar al presidente Gustavo Petro y a su Gobierno de estos actos, en los que no se descarta que haya, según la información preliminar, participación de algunos integrantes retirados de la fuerza Pública. El Gobierno nacional, el ministro del Interior, Armando Benedetti; el director de la Policía, el general Carlos Triana, y la directora encargada de la UNP, decidieron de inmediato reforzar los esquemas de seguridad del Contralor Carlos Hernán Rodríguez, de la representante a la Cámara Catherine Juvinao y de la senadora Paloma Valencia.Las autoridades están buscando información adicional que permita desactivar y encontrar cuál es el origen de estos planesEsta alerta, sin duda, recuerda el atentado sucedido el 7 de junio en el Parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, contra el senador y precandidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay.
Una vez se conoció la dimensión de la tragedia en Venezuela, Barranquilla comenzó la recolección de ayudas humanitarias que serán enviadas a los damnificados del vecino país en un centro de acopio habilitado por la Alcaldía en el mercado de Barranquillita, donde ya se han recogido más de 1.700 mercados, más de 5.000 botellas de agua y colchonetas.En principio los interesados podían donar entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, pero el alcalde Alejandro Char anunció que, ante la magnitud de la tragedia, este centro de acopio estará abierto de forma permanente."Estas bodegas de la Alcaldía en el corazón de Barranquillita están abiertas 24 horas, siete días de la semana, para recibir las donaciones de todo aquel barranquillero que tenga ganas de colaborar, de donar, de solidarizarse con nuestro hermano pueblo de Venezuela. Aquí estamos abiertos", manifestó el alcalde Char. "Tenemos mercados no perecederos, arrocito, aceite, atún, para que no les falte el alimento en estos momentos tan necesitados. Ya estamos recibiendo muchas donaciones y esperamos que esto no pare hasta cuando cese la horrible en Venezuela", agregó el mandatario barranquillero.Vale decir que el consulado de Venezuela en Barranquilla habilitó un número de Whatsapp (301-1506119) y el correo electrónico urgenciaconsulvenezquilla@gmail.com para orientar a sus connacionales en Atlántico, Magdalena y San Andrés en lo que requieran frente a la emergencia y, al mismo tiempo estos puedan informar sobre personas desaparecidas en los terremotos.
La angustia por lo ocurrido en Venezuela se extiende a la región Caribe, donde familias han pedido ayuda para pedir la búsqueda y rescate de sus seres queridos, entre ellos Natalia Fernández Díaz, una samaria de 34 años, que llegó hasta Venezuela para pasar unas vacaciones junto con su esposo y su hija, con quienes intentaba recuperarse exitosamente y seguir su vida tras haber sido sometida a un trasplante de riñón recientemente.Cuenta su prima, Alicia Peñaranda, que Natalia estaba hospedada en un condominio de Tucacas, en el Estado de Falcón, cuando todo se vino abajo. Su esposo e hija habían salido, pero ella quedó atrapada bajo los escombros y ahora su familia pide que agilicen su búsqueda."Ella estaba adentro cuando ocurrió el terremoto. Ella sigue debajo de los escombros, está localizada, se sabe dónde está, pero no puede seguir más horas allí esperando por su condición de salud, porque ella tuvo un trasplante de riñón y tiene una condición delicada", expresó Alicia.En Cartagena también conversamos con el venezolano Armando Noguera, quien reside en la capital de Bolívar y desde allí pide ayuda para encontrar a su mamá, Olga María Salazar, y a su hermano, Camilo García Salazar, en La Guaira. Cuenta que de su mamá ha sabido por terceros que está con vida, pero de su hermano no ha podido recibir noticia alguna, mientras las condiciones son cada vez más críticas en ese territorio por la cantidad de edificios caídos y las fallas en los servicios de telecomunicaciones."De mi hermano no sabría decir dónde estaba las últimas horas, en qué parte de la ciudad, pero no es una ciudad muy grande, la puedes recorrer prácticamente en una hora de polo a polo y la destrucción es grande", contó."Y de mi mamá me dijeron que ya había aparecido, pero no he podido tener este contacto directo con ella, ya que las líneas están inestables, van y vienen, así que no puedo saber con exactitud su estado actual de salud, ni mental, ni físico, ni emocional. Sé que está viva, pero no sé más nada de ello", agregó.
En respuesta a la emergencia generada por los recientes sismos en Venezuela, ha nacido "Todos con Venezuela" (todosconvenezuela.com), una plataforma digital diseñada para centralizar y verificar la información sobre personas desaparecidas y encontradas. Gabi Arenas, directora de la Fundación Taller de Aprendizaje para las Artes y la Paz (TAP), explicó en diálogo con Mañanas Blu, que el objetivo es brindar certeza a las familias en medio del caos informativo y la falta de conectividad en el vecino país. Un buscador indexado para la diásporaLa plataforma surge como una solución a la dispersión de datos en múltiples portales y redes sociales, una situación crítica considerando que Venezuela cuenta con una diáspora de más de 8 millones de personas.Arenas destacó que muchos reportes de desaparición se debieron inicialmente a fallas en el servicio eléctrico y de internet: “Muchos de esos reportes venían de familiares que están en el extranjero... muchas de las personas que aparecían ahí como desaparecidas no necesariamente son víctimas, sino sencillamente personas que no podían encontrar”.El sistema funciona como un buscador indexado que cruza datos de diversas fuentes aliadas, permitiendo que, al ingresar un nombre, el usuario sepa si su familiar ha sido localizado u hospitalizado.Los resultados iniciales son contundentes: “En el transcurso de las casi 20 horas que la plataforma tiene al aire, ya hemos logrado encontrar más de 2,300 personas y hemos conectado físicamente a 200 personas con sus familias”.Verificación en el terreno y discrepancia de cifrasA diferencia de otros portales, "Todos con Venezuela" cuenta con el respaldo de 36 organizaciones de la sociedad civil y voluntarios que visitan hospitales y morgues para verificar la información manualmente.Esta labor ha revelado una realidad distinta a la oficial. Mientras el gobierno reporta 2.980 heridos, la plataforma registra más de 11.300. Arenas aclaró esta diferencia: “Nuestra cifra de heridos aumenta a 11,300 personas... porque nosotros estamos reportando de hospitales públicos, privados, centros de salud y atención en áreas de emergencia que estableció la sociedad civil”.El registro incluye víctimas indirectas como personas con ataques de asma por el polvo de los derrumbes o infartos por el impacto emocional.El clamor por un canal humanitarioA pesar del éxito tecnológico, la ayuda física enfrenta barreras políticas. La organización ha recaudado 40.000 toneladas de insumos médicos que no se consiguen en Venezuela, pero carecen de los permisos de aterrizaje y tránsito por parte de las autoridades de ambos países.“No estamos pidiendo dinero... Necesitamos que las autoridades tengan voluntad política y nos permitan pasar”, sentenció Arenas, señalando que ni la cancillería colombiana ni las autoridades venezolanas han respondido a sus comunicaciones para facilitar la entrada de médicos y medicinas críticas. La plataforma también ofrece asistencia psicológica y médica en línea con más de 260 profesionales voluntarios, esperando que se habiliten los corredores necesarios para salvar vidas en el territorio. Escuche aquí la entrevista:
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria sobre un removedor de esmalte en gel que estaría siendo comercializado de manera ilegal en Colombia y que podría representar un riesgo para la salud de quienes lo utilizan.Se trata del producto GEL POLISH REMOVER, un removedor de esmalte ampliamente utilizado para retirar uñas semipermanentes o en gel. Según la autoridad sanitaria, este cosmético no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para que pueda venderse legalmente en el país.La alerta, identificada con el número 166-2026, fue emitida luego de denuncias ciudadanas y de actividades de inspección, vigilancia y control adelantadas por el Invima, que permitieron detectar irregularidades en la comercialización del producto.¿Por qué el Invima emitió la alerta sobre el removedor de esmalte?De acuerdo con la entidad, el producto GEL POLISH REMOVER se comercializa sin número de lote y utiliza de forma irregular el código NSOC04279-21CO, el cual corresponde realmente a otro cosmético registrado y no al removedor de esmalte objeto de la alerta.Esto significa que el producto no posee una Notificación Sanitaria Obligatoria válida, por lo que su venta en Colombia es considerada ilegal y el Invima lo cataloga como un producto fraudulento.La autoridad sanitaria explicó que el código utilizado pertenece al producto GEL POLISH, cuyo titular es un establecimiento comercial diferente, situación que constituye una irregularidad que puede inducir a error a consumidores y distribuidores.Riesgos para la salud de quienes usan este productoEl Invima advirtió que los cosméticos que no cuentan con autorización sanitaria representan un riesgo, ya que no existe garantía sobre aspectos fundamentales como:La calidad del producto.La seguridad para su uso.La eficacia de sus componentes.La composición real de sus ingredientes.Las condiciones de fabricación y almacenamiento.El origen de las materias primas.Debido a estas irregularidades, la entidad señaló que no es posible garantizar que el removedor de esmalte cumpla con los estándares exigidos por la normativa colombiana, lo que podría generar efectos no deseados en los usuarios.¿Qué deben hacer los consumidores?Ante esta situación, el Invima recomendó a quienes tengan o utilicen este producto adoptar medidas inmediatas para evitar posibles afectaciones.Entre las principales recomendaciones están:Suspender inmediatamente el uso del removedor de esmalte.Informar al Invima o a las autoridades de salud si conocen establecimientos donde se comercialice.Reportar cualquier reacción adversa o evento inesperado relacionado con su uso.La entidad también hizo un llamado a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales para reforzar las labores de inspección en establecimientos que distribuyan o comercialicen productos cosméticos.Asimismo, pidió a distribuidores, comercializadores y establecimientos de belleza abstenerse de vender este removedor de esmalte, advirtiendo que podrían ser objeto de medidas sanitarias y procesos sancionatorios si continúan ofreciéndolo al público.Cómo verificar si un cosmético es legal en ColombiaEl Invima recordó a los consumidores la importancia de revisar que cualquier producto cosmético cuente con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente antes de comprarlo.Además, recomendó adquirir este tipo de productos únicamente en establecimientos reconocidos y desconfiar de aquellos que no informen claramente el fabricante, el número de lote o la autorización sanitaria correspondiente.Las autoridades insistieron en que verificar estos datos puede reducir el riesgo de adquirir productos fraudulentos que comprometan la salud de los usuarios.
El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó este jueves que el partido contra España es "una final", por lo que anticipó que "la disposición para disputar cada pelota va a ser máxima" en el choque final de la fase de grupos del Mundial de 2026."El partido se encara como una final, donde ningún detalle puede no considerarse” , dijo Bielsa en rueda de prensa en Guadalajara un día antes del partido contra el combinado español."La disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima", agregó.Bielsa elogió el fútbol de la selección española, y calificó el trabajo de su entrenador, Luis de la Fuente, como "admirable", pero se mostró confiado en que Uruguay podrá plantear batalla."Vamos a hacer lo que consideramos mejor para establecer diferencias a favor nuestra. España es peor cuanto menos tiene la pelota”, explicó el técnico argentino, quien reconoció la calidad "desequilibrante" de varios jugadores españoles, particularmente Lamine Yamal.Por contra, Bielsa destacó como positivo el estado físico de sus jugadores, al asegurar que "en los dos partidos anteriores las diferencias del rendimiento físico comparativo con sus rivales fue muy amplia a favor de Uruguay".España llega líder del Grupo H del Mundial con cuatro puntos, dos partidos sin encajar un gol y una goleada de 4 a 0 ante Arabia Saudí, aunque arrancó con un flojo empate ante Cabo Verde.Por su parte, Uruguay, que ha mostrado una imagen endeble en sus dos empates ante Cabo Verde y Arabia Saudí, necesita ganar para no depender de terceros y asegurarse la clasificación a la siguiente fase.