En medio de la pandemia del COVID-19 , el Gobierno ordenó la entrega de raciones de alimentos a niños y niñas vulnerables entre 0 a 5 años y a madres gestantes registrados en el programa. Sin embargo, la Contraloría General de la República identificó 69 alertas en el suministro de estas canastas alimentarias.
Las entregas las hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a supuestos beneficiarios, pero la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (DIARI), hizo un seguimiento a este programa y encontró entre otras cosas, que 15.580 acudientes que recibieron las raciones aparecen reportados como fallecidos en la Registraduría Nacional.
De esas 28.018 entregas de raciones a acudientes de los beneficiados, 4.548 se suministraron en el departamento de La Guajira en los meses de mayo, junio y julio.
Otro caso es el que registraron en el departamento de Chocó, donde se realizaron 37 entregas de raciones de alimentos a 16 menores de edad que también aparecían como fallecidos para la fecha de la distribución, lo mismo sucedió en el departamento de Nariño, donde hubo 8 entregas de raciones alimentarias a dos menores también muertos.
Asimismo, en Chimichagua, Cesar, una mujer recibió las raciones de 172 niños y niñas en ese municipio, además, de otro menor en Fundación, Magdalena y Buenaventura. Un hombre aseguró ser tío político de 134 menores de edad y recibió las canastas de todos ellos.
Otra de las alertas que identificó la Contraloría es que, en Medellín ni en junio ni en julio, se reportó por el ICBF una sola ración de las 2.691 que se debían hacer.
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Al multiplicar la cantidad de raciones que se entregaron a estas personas fallecidas por el valor más bajo de una ración que es $80.000, la suma de esta alerta de la DIARI es de $2.241 millones aproximadamente.
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