Con 31 votos a favor y 14 en contra, el Senado aprobó la propuesta del uribismo para que la JEP no practique pruebas adicionales en los trámites de extradición para determinar la fecha de comisión de un delito.
Esta polémica propuesta la expuso la senadora Paloma Valencia quien aseguró que la JEP solo deberá basar su función en las pruebas que otorgue el país que requiera la extradición.
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El ministro del Interior, Guillermo Rivera, se opuso a esta iniciativa.
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“El gobierno está de acuerdo en que la JEP solamente tiene que pronunciarse sobre la fecha de la comisión de la conducta y no sobre el fondo del asunto y la responsabilidad de la persona. Pero no competimos que a la JEP no se le permita practicar pruebas”, dijo.
El ponente Roy Barreras también defendió la posición del gobierno.
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“Todos los actores el conflicto estarían en inseguridad jurídica dependiendo del extranjero. Queremos que la paz dependa de la voluntad de Colombia y de sus jueces”, advirtió.
Y con 28 votos a favor y 18 en contra se aprobó la propuesta de crear un artículo nuevo para congelar, por 18 meses, la comparecencia de los militares que prefieran esperar a la radicación de una reforma constitucional que cree una sala especial que los juzgue.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó que actualmente hay una sala especial para los militares y que no se necesita un proyecto nuevo.
“Esta propuesta mantiene una cierta incertidumbre sobre el procedimiento”, dijo.
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Hasta el senador conservador, Juan Manuel Corzo, controvirtió al uribismo.
“Esta proposición va a tener problemas en la Corte porque las fuerzas militares no pueden quedarse patinando en dos procedimientos”, intervino el senador conservador Juan Manuel Corzo.
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