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Sobrecostos, posibles testaferros y tierras improductivas: así iría la reforma agraria

Según denuncias, el proyecto del presidente Gustavo Petro contaría con irregularidades en la mitad de las tierras compradas que superarían los $134.000 millones del patrimonio público.

Reforma Agraria
Reforma Agraria
Foto: @AgenciaTierras

La reforma agraria del Gobierno Nacional, impulsada por el presidente Gustavo Petro, viene cultivando sus primeras iniciativas. Con corte al 21 de febrero de 2024, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) compró 80.648 hectáreas de tierra para el proyecto, mucho menos de las 3 millones que se prometieron en el Plan de Desarrollo.

Sin embargo, el problema de lo anterior, según denuncia el panelista de Blu Radio Aurelio Suárez Montoya, está relacionado con una violación a Ley 160 de 1993. De acuerdo con Suarez Montoya, la adquisición de tierras ha traído consigo terrenos improductivos e inundables, posibles testaferros, falta de pago a oferentes y especulaciones.

“Petro y la ministra Mojica hacen maratones de entrega de tierras, contratan consultorías, avisan alianzas con la SAE y hacen denuncias parciales, pero ocultan hechos tan escandalosos como estos, mácula de la reforma de bandera, carente de un programa agropecuario nacional”, dijo Súarez Montoya en la Revista Semana.

Entre las acciones, se destaca la compra de 23 predios, ubicados en Caloto, Cauca, que pertenecían al condenado por varias masacres, Alberto Bernal, y que estaban siendo vendidos por empresas como Agropecuaria La Macarena y Emcar Investments, ambas a nombre de familiares de Bernal. De acuerdo con la denuncia, la ANT pagó $18.516 millones de pesos por 285 hectáreas sin evaluar un eventual testaferro o una posible extinción de dominio.

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A lo anterior, se suma la compra de 1.047 hectáreas en San Juan de Arama, Meta, que no contaban con informes jurídicos, ni ambientales, ni de control de calidad y mucho menos agronómicos. Dichas tierras habían sido compradas 7 meses antes por Palma Capuchinos SAS por un valor de $2.050 millones de pesos y la ANT las habría adquirido por $10.994 millones.

Un caso similar ocurrió en Chimichagua (César), en Nueva Granada y en Pijiño del Carmen (Magadalena). Allí, la ANT compró 4 predios de 2 fideicomisos que estaban bajo el mando de Acción Fiduciaria, organización que ya ha sido sancionada por varias violaciones. “Pese a que una fiducia se registró en 2010 por valor de $2.271 millones y otra en 2011 por $1.377 millones, la ANT pagó $27.697 millones por los predios”, aseguró Suárez Montoya. Además, la denuncia afirma que apenas el 50% de los terrenos adquiridos eran de utilidad.

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Esto último también se presentó en San Marcos, Sucre, donde se compraron 13 predios, de 795 hectáreas en total, por $20.795 millones, de los cuales 2 de ellos, y según el estudio de la ANT, la mayoría de tierra era inutilizable. Incluso, en otros 2, ni siquiera se habrían realizado estudios de control de calidad.

Entre tanto, en Puerto Gaitán, Meta, la ANT compró 13.896 hectáreas por $38.675 millones de pesos. Lo curioso del caso es que dichas tierras pertenecían a varios beneficiados por el Estado entre 2005 y 2007, periodo en el que recibieron los predios a costo 0. Además, tal cantidad de terreno está declarado como improductivo.

Por último, la denuncia de Suárez Montoya asegura que en Puerto Carreño, Vichada, se compraron 17 predios que antes eran considerados baldíos y que el Estado había brindado a trabajadores rurales de la zona. Sin embargo, la ANT habría pagado $17.504 millones a personas distintas a los beneficiarios originales. “Con extrañeza, Carlos Mario Villa Hincapie recibió el pago por 13 de ellas”, puntualizó Suárez Montoya.

Todas estas irregularidades se habrían presentado en la mitad de las tierras compradas y superarían los $134.000 millones del patrimonio público, casi una tercera parte del gasto total. Lo cierto es que, aún con lo anterior, la reforma agraria del presidente Gustavo Petro seguirá su rumbo.

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