La Superintendencia de Sociedades formula pliego de cargos a los supermercados investigados por su presunta relación en lavado de activos de la extinta guerrilla de las Farc.
Los cargos tienen que ver con el incumplimiento de la orden impartida por la superintendencia el pasado mes de octubre, en la que requirió a las directivas de Supercundi a suministrar información no financiera, que les permitiera a las autoridades determinar si la firma contaba o no con mecanismos exigidos para evitar que sirviera como vehículo para cometer esos delitos.
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En un oficio remitido a las directivas de Supercundi, La superintendencia advierte que encontró que “la compañía requerida no ha dado respuesta sobre la implementación del sistema antilavado, ni ha ofrecido explicaciones que sustenten el incumplimiento de esta obligación”.
El documento establece un plazo de cinco días hábiles para que las directivas de Supercundi S.A. presenten sus descargos. Este tipo de conductas puede acarrear las sanciones que contempla la ley 222 de 1995, como “multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes”.
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Supercundi ha estado en la mira de la Superintendencia de Sociedades, que consideró que esta compañía se encontraba entre los sectores de riesgo, susceptibles al lavado de activos y financiación del terrorismo.
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