En una carta abierta, 20 exministros y exviceministros de Salud,entre los que se destacan Alejandro Gaviria, Augusto Galán, Fernando Ruiz, Beatriz Londoño y otros, manifestaron sus inquietudes respecto a la reforma a la salud que actualmente está siendo aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes. Los exfuncionarios argumentan que la salud de cada colombiano debe estar por encima de cualquier interés político o compromiso gubernamental y que sus “voces han sido ignoradas”.
La misiva destaca la urgencia de enfocarse en la humanización de los servicios y en los pacientes, resaltando que la reforma actual, denominada proyecto de ley 339 de 2023, presenta serias deficiencias tanto en forma como en fondo.
La carta se concentra en la importancia de garantizar la continuidad de tratamientos vitales para los pacientes, como los 86.000 casos actuales de mujeres colombianas luchando contra el cáncer de mama. Además, se cuestiona la capacidad del Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) propuesto por el Gobierno para gestionar y asegurar la continuidad de estos tratamientos esenciales.
Las 9 preocupaciones expresadas en la carta son las siguientes:
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- Incumplimiento de mínimos constitucionales: falta de un plan con objetivos, metas y recursos claros, sin definir avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud ni la transición adecuada para proteger a los pacientes.
- Dificultad en el acceso a servicios y falta de atención a la calidad: la reforma llevaría a una dispersión de funciones estatales, dificultando a los usuarios entender las nuevas responsabilidades y funciones de las instancias.
- Eliminación de la libre elección: la posibilidad de elegir dónde ser atendidos desaparecería para los usuarios y pacientes.
- Desaparición del aseguramiento: las funciones esenciales de las EPS quedarían dispersas, llevando a una desarticulación del sistema y reflejando poca claridad en las responsabilidades y funciones.
- Sin UPC, mayor ineficiencia y menor protección financiera: la asignación directa de recursos a los CAPS sin garantías de acceso equitativo.
- Riesgo en la gestión financiera: la Adres no tendría las capacidades para las tareas asignadas, generando dificultades en el flujo financiero.
- Mayor riesgo de corrupción: la concentración de decisiones en un solo actor aumentaría los riesgos de corrupción, error e inoperancia.
- Riesgo para los trabajadores de la salud: falta de financiamiento para el costo adicional de la formalización laboral.
- Carencia de aval fiscal para sostenibilidad: desconocimiento del financiamiento y falta de análisis en el marco fiscal de mediano plazo.
Los exfuncionarios hacen un llamado al Congreso de la República para un debate profundo y responsable, demandando un cambio que no destruya y una reforma que garantice la progresividad del derecho a la salud. La carta concluye resaltando la responsabilidad del Gobierno nacional, el Ministerio de Salud y el Congreso de la República en no poner en riesgo la vida y la salud de los colombianos.
El presidente Petro también se pronunció sobre el tema y defendió la creación de los CAPS: “Quién dijo que los actuales pacientes graves van a regresar a los CAPS; todos siguen sus actuales tratamientos médicos en las mismas clínicas y hospitales. Lo único que cambia es que se le pagará directamente a esas clínicas y hospitales, según su facturación auditada”.
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Y defendió la votación en bloque que se está dando de la reforma.
Estos mismos firmantes saben que se puede votar en bloque artículos, ellos mismos lo propusieron en el Congreso muchas veces, de eso soy testigo. El proyecto de ley lleva un año ya de discusión, mucho más que la Ley 100 que defienden y que nosotros pretendemos reformar
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