En una carta dirigida al Centro Democrático, a ACORE, Fedegan, Fenalco y la SAC, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-, entre otras organizaciones, exigieron que haya verdad total e íntegra de los responsables de violaciones deDerechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que fueron cometidos durante 60 años de conflicto en Colombia.
De igual manera, se pidió a la Fiscalía que, de forma simultánea, investigue a agentes del Estado, políticos, empresarios y financiadores que no han cumplido con el compromiso de contar la verdad y dicen “permanecen en la más descarada impunidad”.
Las víctimas de crímenes de Estado exigimos verdad completa de todos los actores, como forma de enfrentar el negacionismo y el memoricidio; el desmonte completo de las estructuras y prácticas responsables de los ataques sistemáticos contra integrantes de los movimientos y liderazgos sociales, y consolidar estrategias colectivas para aportar a la difusión de la verdad como bien público y fundamento de las garantías de no repetición
Agrega que no sólo las Farc deben reconocer de manera temprana la verdad de lo sucedido en la guerra, sino todos aquellos que tengan relación con crímenes de estado.
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“Así como de los altos funcionarios que incluye Presidentes de la república , Ministros, servidores de corporaciones públicas, autoridades regionales entre otras que ocupaban cargos durante los años más oscuros de la violencia política”, añade el documento.
Cuestionan el por qué no se han resuelto centenares de ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones, desplazamientos, que los funcionarios estatales deben responder por la connivencia con paramilitares.
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También dejan en una extensa carta una gran nube de dudas, que solo claman verdad y reconocimiento, tras más de 5 décadas de violencia y que hoy, no cesa y tampoco cesan las inquietudes de cómo el estado puede faltar a la verdad y puede eludir responsabilidades.
“Millones de personas fuimos expulsadas de nuestros territorios de origen desde 1985, desplazamientos forzados de los cuales por lo menos 1.621.335 son responsabilidad de los paramilitares y sus grupos post desmovilizados, y 51.676 directamente responsabilidad de la Fuerza Pública”, precisan.
“¿En beneficio de quiénes se ordenaron estos desplazamientos? ¿Por qué no podemos volver a nuestras tierras y quiénes se han adueñado de ellas? Ya sabemos las cifras y estamos convencidos/as que son muchas más las víctimas, pero lo que aún no sabemos es ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Quiénes lo ordenaron? y ¿Qué querían?”, concluyeron.
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