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Ya son 912 municipios libres de minas antipersonal en Colombia

En el país, más de 12.600 personas han sido víctimas de estos artefactos explosivos. Diferentes organismos nacionales e internacionales hacen un llamado al no uso de las minas.

Mina referencia

En la conmemoración del Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal, Colombia reporta avances importantes en la eliminación de estos artefactos. Según el Ministerio de Defensa, 912 municipios ya están libres de sospecha de minas, mientras otros 118 continúan en proceso de intervención. Solo en lo corrido del año, se han despejado más de 76 mil m2 y se han destruido 25 explosivos en diferentes regiones del país.

Uno de los avances más significativos se registra en el municipio de Toledo, en Norte de Santander, que se convirtió en el primer municipio del departamento en contar con una zona certificada como libre de sospecha de minas antipersonal. Este resultado se logró tras el trabajo técnico del Ejército Nacional, en uno de los cinco departamentos con mayor afectación en el país por esta problemática, con aproximadamente mil víctimas.

En el sur del país, el departamento del Caquetá también muestra resultados tras nueve años de intervención. En municipios como La Montañita y Florencia, se lograron liberar 77 veredas luego de identificar y despejar zonas de riesgo, además de destruir múltiples artefactos explosivos. Estas acciones han permitido que aproximadamente 8.000 personas recuperen sus territorios y reactiven sus actividades productivas en estos municipios.

A pesar de estos avances, las cifras siguen siendo preocupantes. En Colombia, 12.666 personas han sido víctimas de minas antipersonal. Por eso, la Defensoría del Pueblo insistió en que su uso constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. “Las minas antipersonal, las municiones sin explotar y los artefactos explosivos improvisados no distinguen entre civiles y combatientes”, señalaron desde la entidad.

En ese sentido, tanto el Gobierno como organismos internacionales, como Naciones Unidas y Amnistía Internacional insisten en la necesidad de erradicar el uso de estos artefactos, no solo como una medida de seguridad, sino como una apuesta por devolver la tranquilidad, la productividad de la tierra y la paz a las comunidades afectadas.

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