El ambiente para la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República se complicó aún más tras el anuncio de la senadora Berenice Bedoya, presidenta del Partido Alianza Social Independiente (ASI). Bedoya comunicó que votará a favor de la ponencia de archivo del proyecto de reforma laboral, lo que ha generado gran expectativa en el Congreso, ya que su decisión podría influir en el futuro del proyecto.La congresista argumentó que el proyecto presentado por el Gobierno no cumpliría su objetivo de generar nuevos empleos. Por el contrario, señaló que podría poner en riesgo los empleos existentes. Agrega que el proyecto, tal como lo presentó el Gobierno, no tiene la capacidad de crear nuevos trabajos, sino que podría generar más incertidumbre en el mercado laboral y amenazar los puestos actuales.Uno de los puntos más críticos que planteó la Senadora es la falta de un aval fiscal adecuado por parte del Gobierno en lo relacionado con la formalización laboral, una de las principales promesas de la reforma. Aseguró que, hasta el momento, no se ha presentado una justificación clara de los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso de formalización de manera efectiva. Esta omisión, según Bedoya, constituye una grave preocupación sobre la viabilidad financiera del proyecto.A eso también se le suma el voto a favor de la ponencia de archivo que también expresó la senadora Lorena Ríos “participé en varios espacios de diálogo y mesas en las que participaron el Gobierno Nacional, gremios, sindicatos, sectores sociales, la academia y expertos en la materia. Estos espacios de diálogo complementaron el estudio técnico-jurídico realizado previamente, evidenciando fallas estructurales a nivel jurídico, económico y social, así como la falta de concertación por parte del Gobierno Nacional para corregirlas”, dijo Ríos.Estos dos votos se vuelven cruciales para el futuro de la reforma laboral, ya que, si se suma a la ponencia de archivo, el proyecto quedaría a un solo voto de ser hundido en la Comisión Séptima del Senado. En este sentido, la decisión de la congresista podría ser determinante para que la reforma no avance en su trámite legislativo. Crece la incertidumbre por la posición que asumirán las senadoras Norma Hurtado y Ana Paola Agudelo.
Luego de que la senadora electa Berenice Bedoya, presidenta del partido Alianza Social Independiente (ASI), manifestara el apoyo al candidato Gustavo Petro para la segunda vuelta presidencial, los también senadores electos Jairo A. Castellanos, Guido Echeverri Piedrahita y Gustavo A. Moreno Hurtado, les pidieron a las directivas libertad para escoger el candidato a apoyar para el próximo 19 de junio.En una carta de ocho puntos, enviada por los senadores electos a Bedoya, le exponen las razones por las que deben quedar libres para la elegir candidato.“Ante la decisión de la Coalición de la Esperanza de dejar en libertad a sus miembros para decidir por quién votar en segunda vuelta, solicitamos a las directivas del partido ASI optar por la misma línea y respetar nuestra libertad en decidir el voto”, dice un aparte de la carta.Lea también:Gustavo Moreno, senador electo, aseguró que fue una decisión que tomaron las directivas, pero no fueron consultados.Esta es la carta de los senadores electos del partido ASI:"Elevamos nuestra voz de protesta porque hacíamos parte de la coalición Centro Esperanza y el compromiso era con Sergio Fajardo y así como en una reunión se dejó en libertad para tomar la mejor decisión para la segunda vuelta, por ende nosotros solicitamos la misma directriz en el partido, pero se tomaron decisiones por parte de un secretario y un director de partido sin ser consultados nosotros como senadores y parte de la bancada, decisión que tomaron las directivas", señaló Moreno.Escuche la noticia en Meridiano BLU:
Hay divisiones en el Partido ASI frente a un eventual respaldo al candidato Alejandro Gaviria. Un sector dice que ya el partido definió apoyarlo, pero otro dice que no.Se conoció un documento en el que el partido Alianza Social Independiente (ASI), habría llegado a un acuerdo programático con el candidato a la presidencia de la República Alejando Gaviria, para un apoyo a su campaña de cara a las Elecciones Presidenciales del 2022.En el escrito de dos paginas, se indica que son seis puntos en los que abría algún acuerdo en temas sociales, salud, educación, corrupción, entre otros.El documento es firmado por siete miembros del comité ejecutivo nacional de la ASI, entre los que aparece Antonio Almazo; sin embargo, la representante legal del partido, Berenice Bedoya, en un comunicado informo que el movimiento no está apoyando otras colectividades y que sigue en la Coalición de la Esperanza.“Personas inescrupulosas están tomando nombres y cargos que ya no tienen y no les corresponde para hacer coaliciones y acuerdos con organizaciones con personas. La representación legal de la Alianza Social Independiente está a cargo, o, a nombre de Berenice Bedoya y ninguna otra persona, sin que este autorizado por la representación legal puede hacer este tipo de encuentros y de coaliciones o acuerdos programáticos”, expreso Berenice Bedoya.Así mismo, Bedoya presenta una carta que es firmada con Antonio Almanzo, en el que presenta su renuncia irrevocable al cargo que sostenía en el Directivo Nacional.Desde la campaña de Alejandro Gaviria expresaron lo siguiente: “Recibo y agradezco el respaldo político de una delegación de la ASI por medio de Hernando Chindoy, miembro del comité de firmas de mi campaña. No intervengo en los asuntos internos de ningún partido.”Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
En la Asamblea Departamental de Antioquia se presentó la unión de la Alianza Social Independiente, ASI, a la Coalición de la Esperanza de cara a las elecciones presidenciales de 2022.A los políticos ya conocidos como Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Angélica Lozano, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, entre otros, se une la presencia de la Alianza Social Independiente que en cabeza de Berenice Bedoya buscarán un puesto en el congreso.Además, se anunció como coalición que en las próximas semanas se presentará una propuesta de seguridad para combatir los problemas que se han presentado en varios municipios del país.“En las próximas semanas, como Coalición de la Esperanza, vamos a presentar una propuesta de seguridad para Colombia porque en el Gobierno de Duque, en el Gobierno del uribismo en estos tres años, la seguridad retrocedió en nuestro país, masacres todos los días, asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos”, dijo Juan Fernando Cristo.
A un centro médico de Bogotá fue trasladada Yolanda González García, líder del partido Alianza Social Independiente (ASI), quien fue herida en un puesto de control del Ejército el pasado jueves.Tras recibir tres disparos, González requiere atención especializada porque tiene comprometido uno de sus brazos y debe ser intervenida.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.González García, salió del hospital de El Sarare resguardada por un grupo de escoltas de la Unidad Nacional de Protección, quienes fueron designados para reforzar su esquema.Le puede interesar: Líder social denuncia que Ejército la atacó y mató a su escolta De otra parte, el cuerpo de Ezequiel Méndez, escolta asesinado en medio del suceso, fue trasladado hasta el corregimiento La Paz, Arauquita, para que se lleven a cabo su velación.Manténgase informado con las últimas noticias de Bogotá y sus localidades, hechos que son relevantes, información del tráfico, seguridad y la más completa información de la capital colombiana en BLU Radio.
Luego de que el partido ASI anunciara que retiraba su apoyo al candidato a la Gobernación Elkin Bueno Altahona, el aspirante al primer cargo del departamento dijo que lamenta cómo la política se ha hecho un negocio.“Es triste ver cómo de la política se ha hecho un negocio turbio de dinero a cambio de avales o respaldo. El ejercicio democrático debe ser limpio y sin constreñimiento. Sé que muchos sectores de ASI seguirán apoyando este proceso de corazón, pero tenemos un principio como base y es el de no comprar pensamientos, ideologías, posiciones ni avales. No vamos a hacer de la política un negocio”, señaló el candidato.A través de un comunicado la Alianza Social Independiente (ASI) afirmó que retira su apoyo al candidato a la Gobernación de Santander, Elkin Bueno, porque no recibieron el acompañamiento político que necesitan los candidatos a los concejos y Asamblea.“Para los órganos de dirección y candidatos del departamento de Santander, le ha sido imposible poder entablar comunicación directa con el candidato a la Gobernación (Elkin Bueno) desconociendo las razones por las cuales no ha respondido a las reuniones a las que se le ha invitado, rompiendo con esto los compromisos del acuerdo Coalición”, señala el comunicado firmado por el secretario general de ASI, Diego Jaimes.Le puede interesar: Se profundiza división al interior de la ASIASI anunció que en próximos días definiera el candidato al que apoyarán a la Gobernación de Santander.Cabe recordar que este partido en las elecciones regionales de 2015 respaldó la candidatura de Carlos Fernando Sánchez, quien tuvo el apoyo del polémico exgobernador, Hugo Aguilar, condenado por parapolítica.
Se profundiza la división en la Alianza Social Independiente, ASI, luego de la denuncia de un sector del partido que dice que, presuntamente, se están entregando avales a dedo e incluso hay rumores de venta de ellos en algunas regiones. La presidenta del partido, Berenice Bedoya, se defendió de las acusaciones.Le puede interesar: Video: La ‘peinada’ de Rigoberto Urán a periodista por pregunta cliché Al interior del partido de la Alianza Social Independiente por estos días hay una profunda división. Señalan que se están entregando a personas externas, puestos que pertenecen al partido. Hasta están hablando de venta de avales en algunas regiones, como lo dijo León Darío Posada, líder de esta colectividad en Antioquia.“Ha nombrado a dedo coordinaciones de personajes que no han venido siendo de la ASI, le ha dado avales a una cantidad de personas de dudosa procedencia y no respeta ni los estatutos, la constitución, ni la ley. Ella está manejando el partido como si fuera una tienda de vereda, ese es el gran problema y , en estos últimos días, ha venido una ola de denuncias que se están vendiendo los avales”, señalo Posada.Por su parte, la directora del partido, Berenice Bedoya, señaló que un sector de los integrantes de la colectividad inició una campaña de desprestigio y que los señalamientos son falsos.“Yo pienso que es una estrategia de esas personas, como ya no pueden ser ellos los que negocian y los que tienen ese poder de entrega de avales, es una estrategia de desinformación y difamación en contra de un proceso bonito, limpio y transparente que se está llevando en las regiones”, señaló Bedoya.La alta funcionaria indicó que teme por su vida ante la llegada de amenazas en su contra e incluso manifestó que hace un mes le llegó una corona fúnebre al partido.
Desconocidos enviaron una corona fúnebre con el nombre de la presidenta y representante legal de la Alianza Social Independiente, ASI, Berenice Bedoya, un hecho que se presenta en medio del enfrentamiento interno en esta colectividad por la entrega de los avales políticos para las elecciones regionales del mes de octubre.Ante esta situación, Bedoya pidió a la Fiscalía y a la Policía investigar quiénes son los autores de la amenaza.“Quiero solicitar una investigación de los entes que a bien tengan la autoridad para hacerlo, ya que hace más de un año estoy sin esquema de seguridad y siento amenazas ante mi integridad, mi vida y la de mi familia”, expresó.Por su parte, Diego Jaimes, secretario general de ASI, calificó el hecho como sumamente grave y advirtió que la colectividad no se dejará amedrantar.Al interior del partido existe una fuerte división por la adhesión de su único senador, Jonathan Tamayo, al uribismo, lo cual ha sido desautorizado por la junta directiva, que se ha declarado en oposición desde el pasado 7 de agosto.
En su más reciente Sala Plena, el Consejo Nacional Electoral negó el recurso de reposición interpuesto por ciudadanos contra la decisión de esa corporación de reconocer la personería jurídica a los partidos Alianza Social Independiente (ASI) y la Unión Patriótica (UP).La autoridad electoral confirmó que ambas colectividades “conservan de manera condicionada la personería jurídica, con ocasión de las elecciones a Congreso de la República del 11 de marzo de 2018”, dejando en firme la resolución previa.Ante esta decisión, la senadora Aída Avella de la UP señaló que lo que “se ha hecho es un acto de paz y justicia” al tiempo que destacó la actuación de los magistrados.Ver también: Estos son los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral“Necesitamos que este país entienda que todos podemos vivir en Colombia. El CNE, en su gran mayoría, entró por el camino que era. Nada más arbitrario que quitarle la personería jurídica a un partido que tiene una senadora y que recupera su personería jurídica después de tantos años de un genocidio único en la historia de este continente. Hoy el CNE se ha inaugurado bien, porque de lo contrario habría sido muy lamentable”, concluyó la congresista.Esta semana el Consejo Nacional Electoral también definiría la petición de revivir la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, partido del asesinado líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, y la petición para reconocer ese derecho a Colombia Humana, de Gustavo Petro.
La Alianza Social Independiente solicitó al Consejo Nacional Electoral notificarle prontamente el estado de la lista de LOS DECENTES al Congreso, tras conocerse los rumores de que el ente electoral analizaba la posibilidad de anular la inscripción de sus candidatos.En una carta enviada a Yolima Carrilo, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Berenice Bedoya Pérez, representante Legal de la Alianza Social Independiente, y Clara López, candidata vicepresidencial del partido, expresan que desde que corre el rumor del posible riesgo en que se encontraría la LISTA DECENTES, ningún movimiento ha sido notificado de alguna actuación administrativa con tal fin.“De existir alguna actuación en tal sentido, de conformidad con el derecho fundamental al debido proceso, solicitamos amablemente nos comuniquen la existencia de tal actuación y el objeto de la misma, con el fin de presentar nuestros argumentos y ejercer nuestro derecho a la defensa” dice la comunicación que sostiene que en caso tal se violarían sus derechos fundamentales”, dice la comunicación.Lea también: Los 'Superhéroes' que prometen trabajar por la seguridad de BogotáCabe recordar que la lista inscrita al Senado por la coalición es conformada por Alianza Social Independiente, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, Unión Patriótica y los grupos significativos de ciudadanos la Opción es Clara y Colombia Humana.Adicionalmente, este lunes, Gustavo Bolívar, cabeza de lista al senado de la coalición de los DECENTES, lideró la firma del pacto un pacto de este movimiento ante la notaría 7 de Bogotá. El documento incluye 10 puntos que todos los candidatos se comprometen a cumplir de llegar al Congreso. Los principales son: no más privilegios, salarios justos y austeridad.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.