El expresidente Álvaro Uribe anunció hoy que no considerará postularse como candidato a la Vicepresidencia en 2026. En un comunicado publicado en redes sociales, Uribe dijo que no es momento de meter al país en otra discusión institucional, en relación con el debate de si un expresidente de la República puede ser fórmula vicepresidencial.Uribe hizo referencia a su actual situación judicial, la calificó como injusta y reflejo de la politización en algunas instituciones del país. Además, criticó el manejo del ministro Eduardo Montalegre, tras afirmar que "ha llevado a trabajar con él en el ministerio a la esposa de su cercano fiscal Mejía", "quien encarceló y pidió condenar" a su hermano. También señaló que este fiscal fue parte del entorno de Leónidas Bustos, relacionado con el escándalo del 'Cártel de la Toga'.El exmandatario concluyó su mensaje reafirmando su decisión y destacando su compromiso con la estabilidad institucional: "Publico esta decisión a pesar de las circunstancias actuales, para evitar mayores controversias y preservar la integridad de nuestras instituciones".Abelardo de la Espriella: “Uribe es el Messi de la política colombiana”El abogado Abelardo de la Espriella, quien anunció su candidatura presidencial a través del movimiento Defensores de la Patria, reveló el jueves en entrevista con Blu Radio que fue él quien propuso hace varios meses la idea de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo acompañe como fórmula vicepresidencial en las elecciones de 2026.“La idea es mía. Yo la propuse hace más de ocho o nueve meses. Jurídicamente es viable. Las inhabilidades son taxativas y no se pueden aplicar por analogía. En consecuencia, el presidente Uribe puede ser vicepresidente”, afirmó De la Espriella. En su concepto, el exmandatario es una figura imprescindible en el actual momento político del país: “Él es el Messi de la política, no tiene sentido que esté en la banca”.De la Espriella sugirió que no le resulta ajena: “Nunca me dijo que no. Siempre se ha reído… entonces no le disgusta, creo yo”. La propuesta ha generado un intenso debate jurídico y político, debido al proceso judicial que enfrenta el exmandatario y a su peso histórico en la vida nacional.Durante la entrevista, De la Espriella ratificó su admiración profunda por Uribe, a quien considera su gran referente político y personal. “He aprendido de su humildad, su grandeza y su coherencia. Es sabio como un filósofo y tiene el alma de un guerrero. Yo soy como Cincinato: he venido a defender la República y luego volveré a arar la tierra”, declaró con tono épico.
En medio de la incertidumbre y las dudas generadas por las preguntas que se incluirán en la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, el representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, aseguró que varios congresistas han sugerido la incorporación de una pregunta sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente.Durante una intervención en la plenaria de la Cámara de Representantes, el representante Alirio Uribe detalló que algunos sectores han propuesto diversos temas que deberían ser planteadas al pueblo en la consulta popular. Entre estas, destacó temas como la reducción del salario de los congresistas, una medida que ha generado gran interés debido a las críticas por los altos sueldos que perciben los miembros del Congreso, y la posibilidad de preguntar al pueblo si desea que tanto la Cámara como el Senado aprueben una Asamblea Constituyente.Sin embargo, este tema es el que más controversia ha suscitado, un modelo que fue mencionado por el presidente Petro meses atrás y que, desde entonces, ha sido polémico. Sectores políticos y sociales han expresado su preocupación sobre esta iniciativa, asegurando que podría ser vista como un ataque a la democracia y a las instituciones del país. Críticos del presidente han señalado que una Asamblea Constituyente podría poner en riesgo el equilibrio de poderes y alterar el orden constitucional establecido.“Se ha especulado mucho de las preguntas, se viene hablando de muchas otras cosas (...) Algunos han propuesto si quieren que se le pregunte al pueblo si quiere que el Senado y la Cámara aprueben una Asamblea Constituyente, así como la reducción del salario de congresistas” dijo el representante Alirio Uribe.Desde que Petro mencionó la idea de una Asamblea Constituyente, varios analistas políticos y líderes de oposición han levantado la voz, argumentando que esta podría abrir la puerta a cambios profundos en la Constitución, que afectarían la estabilidad política y social del país. La oposición ha calificado este tipo de propuestas como un intento de concentrar poder en el Ejecutivo, lo que podría generar una crisis institucional.
El ministro de Interior Armando Benedetti le hizo el llamado al partido Liberal, Pacto Histórico, Verdes, a los independientes y al Partido de la U.El presidente Gustavo Petro, de hecho respondió vía X a este llamado: dijo que claro que habrá un frente amplío, citando otra publicación del nuevo ministro del Interior, con el grupo de mujeres liberales petristas, que apoyan al Gobierno: conocidas como las Sin Piedad.Hay que decir que el expresidente César Gaviria fue enfático en recordar que los liberales son independientes.¿Puede un ministro interferir en política de esa forma? En diálogo con Mañanas Blu, varios congresistas reaccionaron al llamado el ministro Armando Benedetti a las fuerzas políticas mencionadas. Esta coalición, que busca consolidar fuerzas para las elecciones de 2026, enfrenta una serie de retos que son discutidos por actores políticos en entrevistas recientes.Las divisiones internas y externas Según el representante Alirio Uribe, "el Pacto Histórico tiene la intencionalidad de darle continuidad a este Gobierno con otro candidato en el 2026". Mauricio Gómez Amin, Influyente senador del Partido Liberal, ha dejado claro que "está en la oposición" y no apoya la formación de un frente amplio, a pesar de que algunos de sus colegas en la Cámara parecen mostrar apertura hacia la idea. Durante su intervención, Gómez Amin criticó la falta de cohesión dentro de su partido y el impacto de las decisiones del gobierno actual en la población, afirmando que "no se pueden sentar a dialogar con un Gobierno que ha fracasado en casi todo". La posición del Partido de la UPor otro lado, el representante del Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, insistió en que su colectividad se ha mantenido en independencia respecto al gobierno, aunque algunos miembros apoyen iniciativas del Ejecutivo. Escuche aquí la entrevista:
A la Comisión de Acusación llegó una recusación en contra del representante Alirio Uribe, quien hace parte del grupo de investigadores que tiene a su cargo el expediente sobre la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.La recusación fue presentada por el representante Cristian Garcés en contra del representante Uribe Muñoz, argumentando que este último tendría un conflicto de intereses, primero, al ser del Pacto Histórico y además por haber apoyado la campaña del presidente Petro cuando era candidato.“Se aparte al señor Alirio Uribe Muñoz como representante investigador dentro de las denuncias por la presunta violación a topes de campaña y otros delitos electorales en los que se acusa de incurrir al presidente Gustavo Petro Urrego y, en su lugar, proceda a nombrar otro representante investigador imparcial”, solicitó Garcés.Esta recusación se presenta en un momento crucial, donde dicha Comisión no solo había pedido más pruebas, como, por ejemplo, las de Daily Cop, sino que también se estaba evaluando si revelar el expediente del jefe de Estado, por lo que esto no podrá avanzar hasta que no se resuelva dicha recusación.“El representante actualmente pertenece al partido de Gobierno y ha manifestado amplia y públicamente su apoyo incondicional al hoy presidente de la República. Lo anterior implica que políticamente hay un interés generado en que el presidente que eligió su partid, y es afín a su ideología, se mantenga en el poder y no sea desacreditado de ninguna manera por haber cometido alguna ilegalidad que le haga perder su investidura o dañar su reputación”, mencionó este representante del Centro Democrático.Añadió que “el interés es especial, personal y directo en la medida en que, si el Gobierno resulta perjudicado, el alcance de dicho daño se extiende a él como congresista, a su movimiento político, su carrera y reputación por haber participado de esa coalición y haber sido promotor político de lo que presuntamente fue una campaña con una financiación irregular"."El interés es actual en cuanto el representante hace parte de la bancada de Gobierno, por lo que el perjuicio que se pueda causar por un posible proceso en contra del presidente es latente y concomitante al momento en que se espera se profiera la decisión”, dice el documento.Incluso, Garcés hizo la petición de que se proceda a hacer públicos todos los expedientes relacionados con las denuncias al presidente Petro por violación a topes de campaña, ya que afirma que los términos de investigación previa se encuentran vencidos y también ha sido solicitado por la defensa del primer mandatario.El representante también argumentó que con esto se busca garantizar que el proceso sea más transparente y añadió que entre más rápido aparten a Uribe Muñoz del caso más rápido avanzará: "Nosotros en junio de 2023 radicamos una recusación a Alirio y la comisión no la resolvió y siguió adelante. Insistimos en ella porque con Alirio en el triunvirato investigador no se está cumpliendo con los tiempos procesales".
Para este lunes 11 de diciembre, se tenía prevista la sesión de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en la cual se esperaba retomar la indagación preliminar por cuenta de las denuncias de presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.En ellas espera que durante todo el día, cerca de 10 denunciantes, mayoritariamente dirigentes políticos de la oposición, ratifiquen y amplíen sus denuncias en contra del primer mandatario por presunta financiación ilegal y superación de los topes legales de la campaña, que incluyen escándalos como la de los llamados ‘Petro-videos’ y el de Day Vásquez y Nicolás Petro.No obstante, llama la atención que en el auto preferido por la comisión de acusaciones, ordenando la práctica de pruebas y citando a declarar a los denunciantes, también se incluye una orden explícita para que todos los medios de comunicación den fundamento y sustento a cada uno de los informes periodísticos sobre estos escándalos.Incluso, ordena a la Revista Semana revelar las fuentes periodísticas que llevaron a conseguir los audios en los que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hablaba en contra de la directora de Prosperidad Social y exjefa de Gabinete, Laura Sarabia.El auto fue emitido por los representantes a la Cámara, Alirio Uribe (Pacto Histórico), Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido De La U), actuales integrantes del llamado ‘triunvirato’, quienes tienen en sus manos el expediente que acumula todas las denuncias en contra del primer mandatario por la campaña en la que salió elegido a nombre de la Coalición Pacto Histórico.Le puede interesar:
Integrantes de la bancada de Gobierno radicaron un proyecto de ley que busca garantizar la seguridad de las protestas sociales en Colombia. El proyecto propone la creación de parámetros para el uso de la fuerza policial, así como modificaciones en las mesas de garantías y los Puntos de Mando Unificado. Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos de esta propuesta es la inclusión del derecho de réplica para los manifestantes en los medios de comunicación.El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alirio Uribe, quien forma parte de los congresistas que presentaron este proyecto de ley, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, explicó los detalles y fundamentos de la propuesta.Según Uribe, la necesidad de esta ley surge de un vacío legislativo que existe en Colombia en relación al derecho fundamental de la protesta. Hace seis años, la Corte Constitucional declaró inexequible un capítulo del Código Nacional de Policía que regulaba la protesta y exhortó al Congreso a expedir una ley estatutaria que estableciera los parámetros para el ejercicio de este derecho democrático.El proyecto de ley consta de 44 artículos y busca definir las obligaciones de las autoridades, tanto a nivel nacional como territorial, en la protección y garantía de los derechos de los manifestantes. Esto incluye la creación de mesas de garantías para el seguimiento en tiempo real de las protestas y la regulación de la intervención de la fuerza pública, específicamente la policía, en estas manifestaciones.Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es el artículo 15, que establece el derecho de réplica y rectificación para los manifestantes en los medios de comunicación públicos y privados. Este derecho se aplicaría cuando funcionarios o autoridades realicen afirmaciones o comunicaciones que estigmaticen a los manifestantes en relación con el ejercicio de sus protestas. Uribe explicó que esto busca evitar la estigmatización de las protestas y que se les atribuyan calificativos que puedan llevar a una respuesta violenta por parte de las autoridades.Ante la preocupación de que esta medida podría imponer a los medios de comunicación la obligación de dar espacio a los manifestantes, incluso si los medios no consideran que es de interés periodístico, Uribe aclaró que la ley no impone una obligación, sino que garantiza un derecho de réplica para evitar la discriminación hacia determinados grupos por su raza, etnia o ideología.En cuanto al aviso previo del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, Uribe señaló que esta medida ya se lleva a cabo de manera habitual durante las manifestaciones para prevenir lesiones y riesgos. La ley simplemente busca reglamentar este procedimiento y garantizar que se notifique a los manifestantes en caso de intervención policial.Sobre la definición de lo que constituye terrorismo en el contexto de las protestas, el representante destacó que la ley no modifica el Código Penal ni las competencias de la Fiscalía, y que su enfoque se centra en regular el derecho a la protesta sin promover la impunidad. La discusión sobre qué constituye terrorismo seguirá siendo competencia de las instancias judiciales.Vea la entrevista completa aquí:
A la Secretaría de la Cámara de Representantes llegó un proyecto que tiene como propósito unificar y modernizar las normas y procedimientos que regulan a la Comisión de Acusaciones, encargada de investigar al presidente de la república, el fiscal y los magistrados de las altas cortes.Este proyecto tiene varias cosas, como la implementación de tecnología para archivar y organizar los procesos, pero además, crea un consejo técnico de cinco asesores, elegidos por el Congreso Pleno con requisitos tipo magistrado de la Corte Suprema, quienes emitirán los conceptos para que los representantes decidan si archivan los proceso o proceden con investigaciones formales o acusaciones ante las plenarias.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFLo más curioso de este proyecto son los autores, la bancada del Pacto Histórico, encabezados por dos representantes, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, integrantes actuales de dicha comisión. Además, Uribe es uno de los investigadores del proceso que hay actualmente contra el presidente Petro por las denuncias de Day Vásquez y de Nicolás Petro.Le puede interesar: 'Lo último del caso Fernando Villavicencio: Capturan a otras 4 personas implicadas en Ecuador'
Tras las explosivas declaraciones de la Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, en las que aseguró que recibió dineros de reconocidos narcotraficantes, varios sectores políticos se manifestaron.Uno de ellos, por supuesto, fue la bancada de Gobierno, perteneciente al partido Pacto Histórico. Sus referentes manifestaron apoyo total al mandatario nacional y pidieron celeridad en las investigaciones que se adelantan contra el actual diputado del Atlántico.Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Pacto, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la situación del presidente Petro y las implicaciones que este escándalo tendrá en la bancada de Gobierno.“Obviamente hay tristeza y desconcierto, es un momento difícil para la familia. Los del Pacto Histórico que conocemos el proyecto político, que sabemos que una de las banderas centrales es la lucha contra la corrupción, es un momento que nos golpea a todos. Pero indudablemente hay que reponernos ante estos hechos”, indicó.En cuanto a lo que viene para el partido y cómo se van a llevar las investigaciones del caso, Uribe fue tajante en pedir que las indagaciones sean exhaustivas y que si hay lugar a responsabilidades se castiguen.“Hay que partir de una presunción de inocencia. Y, a diferencia de otros jefes de Estado que salieron a chuzar las Cortes, a atacarlas para defender a sus hermanos, a sus familiares y a sus ministros que están ya condenados muchos de ellos, lo importante es que el presidente mande un mensaje a todos los colombianos de cero tolerancia con la corrupción. Ahora que el presidente pida que los investiguen no está aceptando culpabilidad, eso lo tiene que definir la justicia. Aquí no vamos a salir a perseguir a la justicia ni a los testigos, ni a matar a los testigos como ha pasado en investigaciones contra otros jefes de Estado”, señaló.Por otro lado, la senadora Isabel Zuleta se refirió a las investigaciones por parte de la Fiscalía y resaltó que el escándalo que protagoniza el hijo del presidente Gustavo Petro, y el hermano del mandatario, Juan Fernando Petro, es un hecho muy grave y que no puede pasar de ‘agache’.“En este caso hemos sido transparentes. Lo que va hacer el Pacto Histórico es seguir la línea del presidente. No solo respaldamos esa postura de dignidad, de ética, del dolor que debe estar viviendo como familia, estamos para respaldar un Gobierno que enfrenta la corrupción. La Fiscalía tiene que mejorar las investigaciones que está haciendo porque evidentemente no está haciendo muy acuciosos con algunos y sí con otros. Salimos a decirle al pueblo colombiano que la bancada está consternada y hay una indignación, que esto no puede pasar de agache, pero lo que prima es el Estado y tiene que esclarecerse lo más rápido posible para evitar daño a la institución”, señaló.Zuleta indicó que el Pacto Histórico no interferirá en el proceso de investigaciones y fue enfática en señalar que las actuaciones de los familiares del mandatario nacional enlodan el eje fundamental del Gobierno de Gustavo Petro: la paz total. Además habló de cómo en el pasado, el entonces partido de oposición, señaló con vehemencia los actos de corrupción del gobierno de turno.“No estamos pidiendo de ninguna manera condescendencia, estamos pidiendo que se acelere la investigación, que sea una que no tenga ningún tipo de obstáculo. Nosotros no vamos a interferir porque éticamente es imposible, como sí lo han hecho en el pasado. Estamos condenando esas actuaciones que ponen en vilo, nada más y nada menos, que la paz de Colombia. Estamos diciéndole al presidente que lo respaldamos y a su hermano y a su hijo que estamos en desacuerdo con sus actuaciones y que le hacen daño a un proyecto de paz sumamente importante”, mencionó.Por su parte, el representante Alejandro Ocampo resaltó la decisión del presidente Petro de indicar la investigación hacia su hermano Juan Fernando y su hijo Nicolás y señaló que el tema les debe dar tranquilidad a los colombianos.“Lo que pasa es un episodio molesto para unos e incómodo para otros. Respaldamos la postura del presidente para que se investiguen las actuaciones de su hijo. En anteriores gobiernos lo que se buscaba era encubrir a la familia y salir a defenderlos, hoy el escenario que nos muestra es la talla grande del presidente que tenemos, que sale a decir investiguen a mi hijo, investiguen a mi hermano y sin lugar a duda saldrá a decir que investiguen a quien sea. Un mandatario que no va a estar con jugaditas raras y eso le va a dar tranquilidad a los colombianos”, refirió.Agregó, además que las declaraciones de Day Vásquez, exesposa del hijo de Petro, son producto de una entrevista a un medio de comunicación."Los juicios no son mediáticos, son en los tribunales. Lo primero que hay que establecer es si el dinero entró a la campaña presidencial. Yo no creo que haya ingresado, pero eso lo debe establecer la Fiscalía”, indicó.Finalmente, los tres congresistas hablaron de la financiación y los gastos de campaña que manejó Nicolas Petro durante la carrera de su padre a la presidencia de la República.Escuche la entrevista completa:
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alirio Uribe explicó en Mañanas Blu el proyecto de ley de sometimiento, con el que el Gobierno busca que las bandas criminales y narcotraficantes se sometan a la justicia.“El proyecto es muy parecido a los modelos de justicia que se han tenido ya. Lo primero es que claramente se establece que no se les da estatus políticos y lo segundo, no hay justicia restaurativa, actuarán los jueces y fiscales ordinarios”, puntualizó.Uribe dijo que los fallos en ley de sometimiento serán colectivos, pero las responsabilidades serán individuales y lo explicó así: “Tiene que haber un fallo colectivo, pero una responsabilidad individual, en donde va a decir: ‘Pepito Pérez’ tiene una pena de 40 años, por haber dicho la verdad, desmantelado el grupo criminal, haber entregado niños reclutados y secuestrados, se le conmuta la pena por esa pena sustitutiva”.El 6% de los bienesEn este caso, dijo el representante, se aplicará la ley de extinción de dominio que establece que los bienes que se entreguen antes de la imputación colectiva de cargos se les aplicará este 6%.“Es el 6% de lo que se monetice, a partir de lo entregado. Eso es lo que hace ante los Estados Unidos los narcotraficantes que son extraditados”, añadió.La ley de sometimientoEl ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó este miércoles el borrador del proyecto de ley de sometimiento a la justicia con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca negociar con grupos criminales en el marco de su política de paz total.Esta ley de 54 artículos busca "crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas (...) e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes", detalló Osuna en una rueda de prensa en Bogotá.En este sentido, el ministro insistió en que el proyecto de "ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto" no contempla "ningún sistema de justicia transicional" como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada tras el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016, ni "juez especial", sino que se encargará la justicia ordinaria.Para que a los miembros de organizaciones criminales se les sustituya la pena ordinaria por una reducida deberán "entregar verdad, aceptar responsabilidad penal, desmantelar las bandas y reparar las víctimas", explicó el ministro.Este primer borrador, necesario para poder avanzar en los diálogos con grupos criminales del país, contempla penas sustitutivas para quienes se acojan a la ley que serán entre 10 y 12 años divididas en dos partes: la primera de cárcel efectiva entre 6 y 8 años y cuatro años de pena restaurativa.Osuna, acompañado del senador Ariel Ávila y el representante a la Cámara Alirio Uribe en la rueda de prensa, informó que el jueves presentarán el proyecto de ley al Consejo Nacional de Política Criminal para que "emita su concepto lo más pronto posible" y pueda ser radicada en el Congreso.Ávila, por su parte, recalcó que con este proyecto de ley "no habrá impunidad" para los que se acojan a él, ya que pagarán cárcel, y que no se reconocerá estatus político ni "de beligerancia" a aquellos miembros de bandas criminales que se acojan, sino que es "una conversación socio jurídica".De las 53 organizaciones armadas que hay en Colombia, 23 se podrían acoger a esta ley y se espera que al menos con 12 de ellas se dé la negociación, según el senador.El Gobierno de Petro busca dialogar y negociar con el máximo número de organizaciones criminales que operan actualmente en el país en búsqueda de la paz total, pero sin esta ley de sometimiento a la justicia no podrá oficializar los acercamientos con grupos delincuenciales, tal como lo contempla la ley.
En el marco de las reformas que serán radicadas en el Congreso de la República en los próximos días, las principales ciudades de Colombia se preparan para marchar. Por un lado, la oposición invitó a “proteger” el país, mientras que el Gobierno nacional respondió convocando a las personas en apoyo a los proyectos de ley que se adelantan.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay y el representante Polo Democrático Alirio Uribe, expusieron los motivos de ambas marchas, que serán esta misma semana. El motivo central de las dos convocatorias, las reformas, las cuales han generado polémica por los cambios que se plantean, como la de salud.“Esta es una estrategia de Gustavo Petro, especialmente cuando se le sale de las manos el poder; le quedó grande gobernar (…) (Petro) encontró que no tiene respaldo desde los partidos políticos, ni siquiera de sus propios técnicos ni de la comunidad académica y le tocó decir entonces: a la calle”, aseveró por su parte el senador Miguel Uribe.Frente a esto, el representante Uribe dijo que “lo importante es que se conozca por la voz del propio presidente” cuál es el sentido de las reformas y lo qué se busca con estas: “No me parece que eso esté atentando contra la autonomía del Congreso”.“Estas reformas llevan discutiéndose 50 años en Colombia. Todas estas propuestas de alguna manera son la agenda social histórica a la que los gobiernos anteriores no dieron respuesta”, añadió.Cabe recordar que este martes, 14 de febrero, el Gobierno liderará marchas en las calles para apoyar, principalmente, el texto de la reforma a la salud que radicará este lunes en el Congreso; las marchas han sido convocadas por el mismo presidente Petro.Mientras tanto, las marchas en contra de la gestión del jefe de Estado serán el miércoles, 15 de febrero, solo un día después.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
Caracol Televisión informa que, tras recibir una alerta de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones, activó de inmediato sus protocolos de seguridad y adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones.La compañía agradece el acompañamiento de la Policía Nacional y de las demás autoridades, con quienes ha trabajado de manera coordinada en las verificaciones y medidas de protección correspondientes. La seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores son, y seguirán siendo, nuestra primera prioridad.Caracol Televisión expresa su solidaridad con los demás medios de comunicación que también han sido objeto de amenazas. Cualquier intimidación contra un medio de comunicación constituye una amenaza al ejercicio libre e independiente del periodismo y al derecho de los ciudadanos a estar informados.Informar con rigor, independencia y responsabilidad es parte esencial de nuestra contribución a la democracia y a la construcción del país que queremos. Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso.Caracol Televisión reafirma su confianza en las instituciones y en el trabajo de las autoridades, así como su determinación de continuar cumpliendo su responsabilidad con los colombianos.Caracol Televisión
Cuatro personas murieron y otras decenas resultaron heridas el domingo tras la colisión de dos trenes al sur de El Cairo, que provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron las autoridades.Según la autoridad ferroviaria egipcia, un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otro que se dirigía desde El Cairo hacia la ciudad de Asuán, en el sur del país.El Ministerio de Salud informó en un balance preliminar de cuatro fallecidos y 88 heridos que estaban siendo atendidos en hospitales de la región de Guiza.El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación "con gran preocupación" y ordenó una investigación urgente para "exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia".Los equipos de emergencia recurrieron a grúas para retirar los vagones accidentados, según la autoridad ferroviaria.Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, ocurrido en la misma zona donde hace más de dos décadas tuvo lugar el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. En 2009, varios accidentes ferroviarios en la misma zona causaron decenas de víctimas.
El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Medellín en ‘AAA(col)’, la máxima de su escala, con perspectiva estable, tras evaluar el comportamiento de las finanzas del Distrito durante 2025.En su revisión del 5 de noviembre de 2026, la calificadora destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), factores que contribuyeron a mantener márgenes operativos sólidos y aumentar la disponibilidad de recursos de la administración distrital.Según Fitch, Medellín tiene una expectativa muy baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras frente a otros emisores del país. Además, su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia.El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta calificación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y permite respaldar la financiación de proyectos de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos se distribuyen en el tiempo.“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.Por su parte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, indicó que el recaudo tributario pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante esta administración, lo que representa un crecimiento del 27,56 %.“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.En su evaluación, Fitch también señaló que salud y educación concentran las principales responsabilidades de gasto del Distrito. Sin embargo, indicó que el crecimiento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos, lo que ha permitido conservar un margen operativo positivo y estable.La ratificación de esta calificación se conoce mientras el Concejo de Medellín discute el presupuesto para 2027 y las fuentes de financiación de los proyectos de la ciudad.