El expresidente Álvaro Uribe anunció hoy que no considerará postularse como candidato a la Vicepresidencia en 2026. En un comunicado publicado en redes sociales, Uribe dijo que no es momento de meter al país en otra discusión institucional, en relación con el debate de si un expresidente de la República puede ser fórmula vicepresidencial.Uribe hizo referencia a su actual situación judicial, la calificó como injusta y reflejo de la politización en algunas instituciones del país. Además, criticó el manejo del ministro Eduardo Montalegre, tras afirmar que "ha llevado a trabajar con él en el ministerio a la esposa de su cercano fiscal Mejía", "quien encarceló y pidió condenar" a su hermano. También señaló que este fiscal fue parte del entorno de Leónidas Bustos, relacionado con el escándalo del 'Cártel de la Toga'.El exmandatario concluyó su mensaje reafirmando su decisión y destacando su compromiso con la estabilidad institucional: "Publico esta decisión a pesar de las circunstancias actuales, para evitar mayores controversias y preservar la integridad de nuestras instituciones".Abelardo de la Espriella: “Uribe es el Messi de la política colombiana”El abogado Abelardo de la Espriella, quien anunció su candidatura presidencial a través del movimiento Defensores de la Patria, reveló el jueves en entrevista con Blu Radio que fue él quien propuso hace varios meses la idea de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo acompañe como fórmula vicepresidencial en las elecciones de 2026.“La idea es mía. Yo la propuse hace más de ocho o nueve meses. Jurídicamente es viable. Las inhabilidades son taxativas y no se pueden aplicar por analogía. En consecuencia, el presidente Uribe puede ser vicepresidente”, afirmó De la Espriella. En su concepto, el exmandatario es una figura imprescindible en el actual momento político del país: “Él es el Messi de la política, no tiene sentido que esté en la banca”.De la Espriella sugirió que no le resulta ajena: “Nunca me dijo que no. Siempre se ha reído… entonces no le disgusta, creo yo”. La propuesta ha generado un intenso debate jurídico y político, debido al proceso judicial que enfrenta el exmandatario y a su peso histórico en la vida nacional.Durante la entrevista, De la Espriella ratificó su admiración profunda por Uribe, a quien considera su gran referente político y personal. “He aprendido de su humildad, su grandeza y su coherencia. Es sabio como un filósofo y tiene el alma de un guerrero. Yo soy como Cincinato: he venido a defender la República y luego volveré a arar la tierra”, declaró con tono épico.
En medio de la incertidumbre y las dudas generadas por las preguntas que se incluirán en la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, el representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, aseguró que varios congresistas han sugerido la incorporación de una pregunta sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente.Durante una intervención en la plenaria de la Cámara de Representantes, el representante Alirio Uribe detalló que algunos sectores han propuesto diversos temas que deberían ser planteadas al pueblo en la consulta popular. Entre estas, destacó temas como la reducción del salario de los congresistas, una medida que ha generado gran interés debido a las críticas por los altos sueldos que perciben los miembros del Congreso, y la posibilidad de preguntar al pueblo si desea que tanto la Cámara como el Senado aprueben una Asamblea Constituyente.Sin embargo, este tema es el que más controversia ha suscitado, un modelo que fue mencionado por el presidente Petro meses atrás y que, desde entonces, ha sido polémico. Sectores políticos y sociales han expresado su preocupación sobre esta iniciativa, asegurando que podría ser vista como un ataque a la democracia y a las instituciones del país. Críticos del presidente han señalado que una Asamblea Constituyente podría poner en riesgo el equilibrio de poderes y alterar el orden constitucional establecido.“Se ha especulado mucho de las preguntas, se viene hablando de muchas otras cosas (...) Algunos han propuesto si quieren que se le pregunte al pueblo si quiere que el Senado y la Cámara aprueben una Asamblea Constituyente, así como la reducción del salario de congresistas” dijo el representante Alirio Uribe.Desde que Petro mencionó la idea de una Asamblea Constituyente, varios analistas políticos y líderes de oposición han levantado la voz, argumentando que esta podría abrir la puerta a cambios profundos en la Constitución, que afectarían la estabilidad política y social del país. La oposición ha calificado este tipo de propuestas como un intento de concentrar poder en el Ejecutivo, lo que podría generar una crisis institucional.
El ministro de Interior Armando Benedetti le hizo el llamado al partido Liberal, Pacto Histórico, Verdes, a los independientes y al Partido de la U.El presidente Gustavo Petro, de hecho respondió vía X a este llamado: dijo que claro que habrá un frente amplío, citando otra publicación del nuevo ministro del Interior, con el grupo de mujeres liberales petristas, que apoyan al Gobierno: conocidas como las Sin Piedad.Hay que decir que el expresidente César Gaviria fue enfático en recordar que los liberales son independientes.¿Puede un ministro interferir en política de esa forma? En diálogo con Mañanas Blu, varios congresistas reaccionaron al llamado el ministro Armando Benedetti a las fuerzas políticas mencionadas. Esta coalición, que busca consolidar fuerzas para las elecciones de 2026, enfrenta una serie de retos que son discutidos por actores políticos en entrevistas recientes.Las divisiones internas y externas Según el representante Alirio Uribe, "el Pacto Histórico tiene la intencionalidad de darle continuidad a este Gobierno con otro candidato en el 2026". Mauricio Gómez Amin, Influyente senador del Partido Liberal, ha dejado claro que "está en la oposición" y no apoya la formación de un frente amplio, a pesar de que algunos de sus colegas en la Cámara parecen mostrar apertura hacia la idea. Durante su intervención, Gómez Amin criticó la falta de cohesión dentro de su partido y el impacto de las decisiones del gobierno actual en la población, afirmando que "no se pueden sentar a dialogar con un Gobierno que ha fracasado en casi todo". La posición del Partido de la UPor otro lado, el representante del Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, insistió en que su colectividad se ha mantenido en independencia respecto al gobierno, aunque algunos miembros apoyen iniciativas del Ejecutivo. Escuche aquí la entrevista:
A la Comisión de Acusación llegó una recusación en contra del representante Alirio Uribe, quien hace parte del grupo de investigadores que tiene a su cargo el expediente sobre la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.La recusación fue presentada por el representante Cristian Garcés en contra del representante Uribe Muñoz, argumentando que este último tendría un conflicto de intereses, primero, al ser del Pacto Histórico y además por haber apoyado la campaña del presidente Petro cuando era candidato.“Se aparte al señor Alirio Uribe Muñoz como representante investigador dentro de las denuncias por la presunta violación a topes de campaña y otros delitos electorales en los que se acusa de incurrir al presidente Gustavo Petro Urrego y, en su lugar, proceda a nombrar otro representante investigador imparcial”, solicitó Garcés.Esta recusación se presenta en un momento crucial, donde dicha Comisión no solo había pedido más pruebas, como, por ejemplo, las de Daily Cop, sino que también se estaba evaluando si revelar el expediente del jefe de Estado, por lo que esto no podrá avanzar hasta que no se resuelva dicha recusación.“El representante actualmente pertenece al partido de Gobierno y ha manifestado amplia y públicamente su apoyo incondicional al hoy presidente de la República. Lo anterior implica que políticamente hay un interés generado en que el presidente que eligió su partid, y es afín a su ideología, se mantenga en el poder y no sea desacreditado de ninguna manera por haber cometido alguna ilegalidad que le haga perder su investidura o dañar su reputación”, mencionó este representante del Centro Democrático.Añadió que “el interés es especial, personal y directo en la medida en que, si el Gobierno resulta perjudicado, el alcance de dicho daño se extiende a él como congresista, a su movimiento político, su carrera y reputación por haber participado de esa coalición y haber sido promotor político de lo que presuntamente fue una campaña con una financiación irregular"."El interés es actual en cuanto el representante hace parte de la bancada de Gobierno, por lo que el perjuicio que se pueda causar por un posible proceso en contra del presidente es latente y concomitante al momento en que se espera se profiera la decisión”, dice el documento.Incluso, Garcés hizo la petición de que se proceda a hacer públicos todos los expedientes relacionados con las denuncias al presidente Petro por violación a topes de campaña, ya que afirma que los términos de investigación previa se encuentran vencidos y también ha sido solicitado por la defensa del primer mandatario.El representante también argumentó que con esto se busca garantizar que el proceso sea más transparente y añadió que entre más rápido aparten a Uribe Muñoz del caso más rápido avanzará: "Nosotros en junio de 2023 radicamos una recusación a Alirio y la comisión no la resolvió y siguió adelante. Insistimos en ella porque con Alirio en el triunvirato investigador no se está cumpliendo con los tiempos procesales".
Para este lunes 11 de diciembre, se tenía prevista la sesión de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en la cual se esperaba retomar la indagación preliminar por cuenta de las denuncias de presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.En ellas espera que durante todo el día, cerca de 10 denunciantes, mayoritariamente dirigentes políticos de la oposición, ratifiquen y amplíen sus denuncias en contra del primer mandatario por presunta financiación ilegal y superación de los topes legales de la campaña, que incluyen escándalos como la de los llamados ‘Petro-videos’ y el de Day Vásquez y Nicolás Petro.No obstante, llama la atención que en el auto preferido por la comisión de acusaciones, ordenando la práctica de pruebas y citando a declarar a los denunciantes, también se incluye una orden explícita para que todos los medios de comunicación den fundamento y sustento a cada uno de los informes periodísticos sobre estos escándalos.Incluso, ordena a la Revista Semana revelar las fuentes periodísticas que llevaron a conseguir los audios en los que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hablaba en contra de la directora de Prosperidad Social y exjefa de Gabinete, Laura Sarabia.El auto fue emitido por los representantes a la Cámara, Alirio Uribe (Pacto Histórico), Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido De La U), actuales integrantes del llamado ‘triunvirato’, quienes tienen en sus manos el expediente que acumula todas las denuncias en contra del primer mandatario por la campaña en la que salió elegido a nombre de la Coalición Pacto Histórico.Le puede interesar:
Integrantes de la bancada de Gobierno radicaron un proyecto de ley que busca garantizar la seguridad de las protestas sociales en Colombia. El proyecto propone la creación de parámetros para el uso de la fuerza policial, así como modificaciones en las mesas de garantías y los Puntos de Mando Unificado. Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos de esta propuesta es la inclusión del derecho de réplica para los manifestantes en los medios de comunicación.El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alirio Uribe, quien forma parte de los congresistas que presentaron este proyecto de ley, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, explicó los detalles y fundamentos de la propuesta.Según Uribe, la necesidad de esta ley surge de un vacío legislativo que existe en Colombia en relación al derecho fundamental de la protesta. Hace seis años, la Corte Constitucional declaró inexequible un capítulo del Código Nacional de Policía que regulaba la protesta y exhortó al Congreso a expedir una ley estatutaria que estableciera los parámetros para el ejercicio de este derecho democrático.El proyecto de ley consta de 44 artículos y busca definir las obligaciones de las autoridades, tanto a nivel nacional como territorial, en la protección y garantía de los derechos de los manifestantes. Esto incluye la creación de mesas de garantías para el seguimiento en tiempo real de las protestas y la regulación de la intervención de la fuerza pública, específicamente la policía, en estas manifestaciones.Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es el artículo 15, que establece el derecho de réplica y rectificación para los manifestantes en los medios de comunicación públicos y privados. Este derecho se aplicaría cuando funcionarios o autoridades realicen afirmaciones o comunicaciones que estigmaticen a los manifestantes en relación con el ejercicio de sus protestas. Uribe explicó que esto busca evitar la estigmatización de las protestas y que se les atribuyan calificativos que puedan llevar a una respuesta violenta por parte de las autoridades.Ante la preocupación de que esta medida podría imponer a los medios de comunicación la obligación de dar espacio a los manifestantes, incluso si los medios no consideran que es de interés periodístico, Uribe aclaró que la ley no impone una obligación, sino que garantiza un derecho de réplica para evitar la discriminación hacia determinados grupos por su raza, etnia o ideología.En cuanto al aviso previo del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, Uribe señaló que esta medida ya se lleva a cabo de manera habitual durante las manifestaciones para prevenir lesiones y riesgos. La ley simplemente busca reglamentar este procedimiento y garantizar que se notifique a los manifestantes en caso de intervención policial.Sobre la definición de lo que constituye terrorismo en el contexto de las protestas, el representante destacó que la ley no modifica el Código Penal ni las competencias de la Fiscalía, y que su enfoque se centra en regular el derecho a la protesta sin promover la impunidad. La discusión sobre qué constituye terrorismo seguirá siendo competencia de las instancias judiciales.Vea la entrevista completa aquí:
A la Secretaría de la Cámara de Representantes llegó un proyecto que tiene como propósito unificar y modernizar las normas y procedimientos que regulan a la Comisión de Acusaciones, encargada de investigar al presidente de la república, el fiscal y los magistrados de las altas cortes.Este proyecto tiene varias cosas, como la implementación de tecnología para archivar y organizar los procesos, pero además, crea un consejo técnico de cinco asesores, elegidos por el Congreso Pleno con requisitos tipo magistrado de la Corte Suprema, quienes emitirán los conceptos para que los representantes decidan si archivan los proceso o proceden con investigaciones formales o acusaciones ante las plenarias.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFLo más curioso de este proyecto son los autores, la bancada del Pacto Histórico, encabezados por dos representantes, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, integrantes actuales de dicha comisión. Además, Uribe es uno de los investigadores del proceso que hay actualmente contra el presidente Petro por las denuncias de Day Vásquez y de Nicolás Petro.Le puede interesar: 'Lo último del caso Fernando Villavicencio: Capturan a otras 4 personas implicadas en Ecuador'
Tras las explosivas declaraciones de la Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, en las que aseguró que recibió dineros de reconocidos narcotraficantes, varios sectores políticos se manifestaron.Uno de ellos, por supuesto, fue la bancada de Gobierno, perteneciente al partido Pacto Histórico. Sus referentes manifestaron apoyo total al mandatario nacional y pidieron celeridad en las investigaciones que se adelantan contra el actual diputado del Atlántico.Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Pacto, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la situación del presidente Petro y las implicaciones que este escándalo tendrá en la bancada de Gobierno.“Obviamente hay tristeza y desconcierto, es un momento difícil para la familia. Los del Pacto Histórico que conocemos el proyecto político, que sabemos que una de las banderas centrales es la lucha contra la corrupción, es un momento que nos golpea a todos. Pero indudablemente hay que reponernos ante estos hechos”, indicó.En cuanto a lo que viene para el partido y cómo se van a llevar las investigaciones del caso, Uribe fue tajante en pedir que las indagaciones sean exhaustivas y que si hay lugar a responsabilidades se castiguen.“Hay que partir de una presunción de inocencia. Y, a diferencia de otros jefes de Estado que salieron a chuzar las Cortes, a atacarlas para defender a sus hermanos, a sus familiares y a sus ministros que están ya condenados muchos de ellos, lo importante es que el presidente mande un mensaje a todos los colombianos de cero tolerancia con la corrupción. Ahora que el presidente pida que los investiguen no está aceptando culpabilidad, eso lo tiene que definir la justicia. Aquí no vamos a salir a perseguir a la justicia ni a los testigos, ni a matar a los testigos como ha pasado en investigaciones contra otros jefes de Estado”, señaló.Por otro lado, la senadora Isabel Zuleta se refirió a las investigaciones por parte de la Fiscalía y resaltó que el escándalo que protagoniza el hijo del presidente Gustavo Petro, y el hermano del mandatario, Juan Fernando Petro, es un hecho muy grave y que no puede pasar de ‘agache’.“En este caso hemos sido transparentes. Lo que va hacer el Pacto Histórico es seguir la línea del presidente. No solo respaldamos esa postura de dignidad, de ética, del dolor que debe estar viviendo como familia, estamos para respaldar un Gobierno que enfrenta la corrupción. La Fiscalía tiene que mejorar las investigaciones que está haciendo porque evidentemente no está haciendo muy acuciosos con algunos y sí con otros. Salimos a decirle al pueblo colombiano que la bancada está consternada y hay una indignación, que esto no puede pasar de agache, pero lo que prima es el Estado y tiene que esclarecerse lo más rápido posible para evitar daño a la institución”, señaló.Zuleta indicó que el Pacto Histórico no interferirá en el proceso de investigaciones y fue enfática en señalar que las actuaciones de los familiares del mandatario nacional enlodan el eje fundamental del Gobierno de Gustavo Petro: la paz total. Además habló de cómo en el pasado, el entonces partido de oposición, señaló con vehemencia los actos de corrupción del gobierno de turno.“No estamos pidiendo de ninguna manera condescendencia, estamos pidiendo que se acelere la investigación, que sea una que no tenga ningún tipo de obstáculo. Nosotros no vamos a interferir porque éticamente es imposible, como sí lo han hecho en el pasado. Estamos condenando esas actuaciones que ponen en vilo, nada más y nada menos, que la paz de Colombia. Estamos diciéndole al presidente que lo respaldamos y a su hermano y a su hijo que estamos en desacuerdo con sus actuaciones y que le hacen daño a un proyecto de paz sumamente importante”, mencionó.Por su parte, el representante Alejandro Ocampo resaltó la decisión del presidente Petro de indicar la investigación hacia su hermano Juan Fernando y su hijo Nicolás y señaló que el tema les debe dar tranquilidad a los colombianos.“Lo que pasa es un episodio molesto para unos e incómodo para otros. Respaldamos la postura del presidente para que se investiguen las actuaciones de su hijo. En anteriores gobiernos lo que se buscaba era encubrir a la familia y salir a defenderlos, hoy el escenario que nos muestra es la talla grande del presidente que tenemos, que sale a decir investiguen a mi hijo, investiguen a mi hermano y sin lugar a duda saldrá a decir que investiguen a quien sea. Un mandatario que no va a estar con jugaditas raras y eso le va a dar tranquilidad a los colombianos”, refirió.Agregó, además que las declaraciones de Day Vásquez, exesposa del hijo de Petro, son producto de una entrevista a un medio de comunicación."Los juicios no son mediáticos, son en los tribunales. Lo primero que hay que establecer es si el dinero entró a la campaña presidencial. Yo no creo que haya ingresado, pero eso lo debe establecer la Fiscalía”, indicó.Finalmente, los tres congresistas hablaron de la financiación y los gastos de campaña que manejó Nicolas Petro durante la carrera de su padre a la presidencia de la República.Escuche la entrevista completa:
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alirio Uribe explicó en Mañanas Blu el proyecto de ley de sometimiento, con el que el Gobierno busca que las bandas criminales y narcotraficantes se sometan a la justicia.“El proyecto es muy parecido a los modelos de justicia que se han tenido ya. Lo primero es que claramente se establece que no se les da estatus políticos y lo segundo, no hay justicia restaurativa, actuarán los jueces y fiscales ordinarios”, puntualizó.Uribe dijo que los fallos en ley de sometimiento serán colectivos, pero las responsabilidades serán individuales y lo explicó así: “Tiene que haber un fallo colectivo, pero una responsabilidad individual, en donde va a decir: ‘Pepito Pérez’ tiene una pena de 40 años, por haber dicho la verdad, desmantelado el grupo criminal, haber entregado niños reclutados y secuestrados, se le conmuta la pena por esa pena sustitutiva”.El 6% de los bienesEn este caso, dijo el representante, se aplicará la ley de extinción de dominio que establece que los bienes que se entreguen antes de la imputación colectiva de cargos se les aplicará este 6%.“Es el 6% de lo que se monetice, a partir de lo entregado. Eso es lo que hace ante los Estados Unidos los narcotraficantes que son extraditados”, añadió.La ley de sometimientoEl ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó este miércoles el borrador del proyecto de ley de sometimiento a la justicia con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca negociar con grupos criminales en el marco de su política de paz total.Esta ley de 54 artículos busca "crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas (...) e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes", detalló Osuna en una rueda de prensa en Bogotá.En este sentido, el ministro insistió en que el proyecto de "ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto" no contempla "ningún sistema de justicia transicional" como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada tras el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016, ni "juez especial", sino que se encargará la justicia ordinaria.Para que a los miembros de organizaciones criminales se les sustituya la pena ordinaria por una reducida deberán "entregar verdad, aceptar responsabilidad penal, desmantelar las bandas y reparar las víctimas", explicó el ministro.Este primer borrador, necesario para poder avanzar en los diálogos con grupos criminales del país, contempla penas sustitutivas para quienes se acojan a la ley que serán entre 10 y 12 años divididas en dos partes: la primera de cárcel efectiva entre 6 y 8 años y cuatro años de pena restaurativa.Osuna, acompañado del senador Ariel Ávila y el representante a la Cámara Alirio Uribe en la rueda de prensa, informó que el jueves presentarán el proyecto de ley al Consejo Nacional de Política Criminal para que "emita su concepto lo más pronto posible" y pueda ser radicada en el Congreso.Ávila, por su parte, recalcó que con este proyecto de ley "no habrá impunidad" para los que se acojan a él, ya que pagarán cárcel, y que no se reconocerá estatus político ni "de beligerancia" a aquellos miembros de bandas criminales que se acojan, sino que es "una conversación socio jurídica".De las 53 organizaciones armadas que hay en Colombia, 23 se podrían acoger a esta ley y se espera que al menos con 12 de ellas se dé la negociación, según el senador.El Gobierno de Petro busca dialogar y negociar con el máximo número de organizaciones criminales que operan actualmente en el país en búsqueda de la paz total, pero sin esta ley de sometimiento a la justicia no podrá oficializar los acercamientos con grupos delincuenciales, tal como lo contempla la ley.
En el marco de las reformas que serán radicadas en el Congreso de la República en los próximos días, las principales ciudades de Colombia se preparan para marchar. Por un lado, la oposición invitó a “proteger” el país, mientras que el Gobierno nacional respondió convocando a las personas en apoyo a los proyectos de ley que se adelantan.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay y el representante Polo Democrático Alirio Uribe, expusieron los motivos de ambas marchas, que serán esta misma semana. El motivo central de las dos convocatorias, las reformas, las cuales han generado polémica por los cambios que se plantean, como la de salud.“Esta es una estrategia de Gustavo Petro, especialmente cuando se le sale de las manos el poder; le quedó grande gobernar (…) (Petro) encontró que no tiene respaldo desde los partidos políticos, ni siquiera de sus propios técnicos ni de la comunidad académica y le tocó decir entonces: a la calle”, aseveró por su parte el senador Miguel Uribe.Frente a esto, el representante Uribe dijo que “lo importante es que se conozca por la voz del propio presidente” cuál es el sentido de las reformas y lo qué se busca con estas: “No me parece que eso esté atentando contra la autonomía del Congreso”.“Estas reformas llevan discutiéndose 50 años en Colombia. Todas estas propuestas de alguna manera son la agenda social histórica a la que los gobiernos anteriores no dieron respuesta”, añadió.Cabe recordar que este martes, 14 de febrero, el Gobierno liderará marchas en las calles para apoyar, principalmente, el texto de la reforma a la salud que radicará este lunes en el Congreso; las marchas han sido convocadas por el mismo presidente Petro.Mientras tanto, las marchas en contra de la gestión del jefe de Estado serán el miércoles, 15 de febrero, solo un día después.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.