Para este lunes 11 de diciembre, se tenía prevista la sesión de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en la cual se esperaba retomar la indagación preliminar por cuenta de las denuncias de presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.En ellas espera que durante todo el día, cerca de 10 denunciantes, mayoritariamente dirigentes políticos de la oposición, ratifiquen y amplíen sus denuncias en contra del primer mandatario por presunta financiación ilegal y superación de los topes legales de la campaña, que incluyen escándalos como la de los llamados ‘Petro-videos’ y el de Day Vásquez y Nicolás Petro.No obstante, llama la atención que en el auto preferido por la comisión de acusaciones, ordenando la práctica de pruebas y citando a declarar a los denunciantes, también se incluye una orden explícita para que todos los medios de comunicación den fundamento y sustento a cada uno de los informes periodísticos sobre estos escándalos.Incluso, ordena a la Revista Semana revelar las fuentes periodísticas que llevaron a conseguir los audios en los que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hablaba en contra de la directora de Prosperidad Social y exjefa de Gabinete, Laura Sarabia.El auto fue emitido por los representantes a la Cámara, Alirio Uribe (Pacto Histórico), Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido De La U), actuales integrantes del llamado ‘triunvirato’, quienes tienen en sus manos el expediente que acumula todas las denuncias en contra del primer mandatario por la campaña en la que salió elegido a nombre de la Coalición Pacto Histórico.Le puede interesar:
Integrantes de la bancada de Gobierno radicaron un proyecto de ley que busca garantizar la seguridad de las protestas sociales en Colombia. El proyecto propone la creación de parámetros para el uso de la fuerza policial, así como modificaciones en las mesas de garantías y los Puntos de Mando Unificado. Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos de esta propuesta es la inclusión del derecho de réplica para los manifestantes en los medios de comunicación.El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alirio Uribe, quien forma parte de los congresistas que presentaron este proyecto de ley, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, explicó los detalles y fundamentos de la propuesta.Según Uribe, la necesidad de esta ley surge de un vacío legislativo que existe en Colombia en relación al derecho fundamental de la protesta. Hace seis años, la Corte Constitucional declaró inexequible un capítulo del Código Nacional de Policía que regulaba la protesta y exhortó al Congreso a expedir una ley estatutaria que estableciera los parámetros para el ejercicio de este derecho democrático.El proyecto de ley consta de 44 artículos y busca definir las obligaciones de las autoridades, tanto a nivel nacional como territorial, en la protección y garantía de los derechos de los manifestantes. Esto incluye la creación de mesas de garantías para el seguimiento en tiempo real de las protestas y la regulación de la intervención de la fuerza pública, específicamente la policía, en estas manifestaciones.Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es el artículo 15, que establece el derecho de réplica y rectificación para los manifestantes en los medios de comunicación públicos y privados. Este derecho se aplicaría cuando funcionarios o autoridades realicen afirmaciones o comunicaciones que estigmaticen a los manifestantes en relación con el ejercicio de sus protestas. Uribe explicó que esto busca evitar la estigmatización de las protestas y que se les atribuyan calificativos que puedan llevar a una respuesta violenta por parte de las autoridades.Ante la preocupación de que esta medida podría imponer a los medios de comunicación la obligación de dar espacio a los manifestantes, incluso si los medios no consideran que es de interés periodístico, Uribe aclaró que la ley no impone una obligación, sino que garantiza un derecho de réplica para evitar la discriminación hacia determinados grupos por su raza, etnia o ideología.En cuanto al aviso previo del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, Uribe señaló que esta medida ya se lleva a cabo de manera habitual durante las manifestaciones para prevenir lesiones y riesgos. La ley simplemente busca reglamentar este procedimiento y garantizar que se notifique a los manifestantes en caso de intervención policial.Sobre la definición de lo que constituye terrorismo en el contexto de las protestas, el representante destacó que la ley no modifica el Código Penal ni las competencias de la Fiscalía, y que su enfoque se centra en regular el derecho a la protesta sin promover la impunidad. La discusión sobre qué constituye terrorismo seguirá siendo competencia de las instancias judiciales.Vea la entrevista completa aquí:
A la Secretaría de la Cámara de Representantes llegó un proyecto que tiene como propósito unificar y modernizar las normas y procedimientos que regulan a la Comisión de Acusaciones, encargada de investigar al presidente de la república, el fiscal y los magistrados de las altas cortes.Este proyecto tiene varias cosas, como la implementación de tecnología para archivar y organizar los procesos, pero además, crea un consejo técnico de cinco asesores, elegidos por el Congreso Pleno con requisitos tipo magistrado de la Corte Suprema, quienes emitirán los conceptos para que los representantes decidan si archivan los proceso o proceden con investigaciones formales o acusaciones ante las plenarias.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFLo más curioso de este proyecto son los autores, la bancada del Pacto Histórico, encabezados por dos representantes, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, integrantes actuales de dicha comisión. Además, Uribe es uno de los investigadores del proceso que hay actualmente contra el presidente Petro por las denuncias de Day Vásquez y de Nicolás Petro.Le puede interesar: 'Lo último del caso Fernando Villavicencio: Capturan a otras 4 personas implicadas en Ecuador'
Tras las explosivas declaraciones de la Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, en las que aseguró que recibió dineros de reconocidos narcotraficantes, varios sectores políticos se manifestaron.Uno de ellos, por supuesto, fue la bancada de Gobierno, perteneciente al partido Pacto Histórico. Sus referentes manifestaron apoyo total al mandatario nacional y pidieron celeridad en las investigaciones que se adelantan contra el actual diputado del Atlántico.Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Pacto, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la situación del presidente Petro y las implicaciones que este escándalo tendrá en la bancada de Gobierno.“Obviamente hay tristeza y desconcierto, es un momento difícil para la familia. Los del Pacto Histórico que conocemos el proyecto político, que sabemos que una de las banderas centrales es la lucha contra la corrupción, es un momento que nos golpea a todos. Pero indudablemente hay que reponernos ante estos hechos”, indicó.En cuanto a lo que viene para el partido y cómo se van a llevar las investigaciones del caso, Uribe fue tajante en pedir que las indagaciones sean exhaustivas y que si hay lugar a responsabilidades se castiguen.“Hay que partir de una presunción de inocencia. Y, a diferencia de otros jefes de Estado que salieron a chuzar las Cortes, a atacarlas para defender a sus hermanos, a sus familiares y a sus ministros que están ya condenados muchos de ellos, lo importante es que el presidente mande un mensaje a todos los colombianos de cero tolerancia con la corrupción. Ahora que el presidente pida que los investiguen no está aceptando culpabilidad, eso lo tiene que definir la justicia. Aquí no vamos a salir a perseguir a la justicia ni a los testigos, ni a matar a los testigos como ha pasado en investigaciones contra otros jefes de Estado”, señaló.Por otro lado, la senadora Isabel Zuleta se refirió a las investigaciones por parte de la Fiscalía y resaltó que el escándalo que protagoniza el hijo del presidente Gustavo Petro, y el hermano del mandatario, Juan Fernando Petro, es un hecho muy grave y que no puede pasar de ‘agache’.“En este caso hemos sido transparentes. Lo que va hacer el Pacto Histórico es seguir la línea del presidente. No solo respaldamos esa postura de dignidad, de ética, del dolor que debe estar viviendo como familia, estamos para respaldar un Gobierno que enfrenta la corrupción. La Fiscalía tiene que mejorar las investigaciones que está haciendo porque evidentemente no está haciendo muy acuciosos con algunos y sí con otros. Salimos a decirle al pueblo colombiano que la bancada está consternada y hay una indignación, que esto no puede pasar de agache, pero lo que prima es el Estado y tiene que esclarecerse lo más rápido posible para evitar daño a la institución”, señaló.Zuleta indicó que el Pacto Histórico no interferirá en el proceso de investigaciones y fue enfática en señalar que las actuaciones de los familiares del mandatario nacional enlodan el eje fundamental del Gobierno de Gustavo Petro: la paz total. Además habló de cómo en el pasado, el entonces partido de oposición, señaló con vehemencia los actos de corrupción del gobierno de turno.“No estamos pidiendo de ninguna manera condescendencia, estamos pidiendo que se acelere la investigación, que sea una que no tenga ningún tipo de obstáculo. Nosotros no vamos a interferir porque éticamente es imposible, como sí lo han hecho en el pasado. Estamos condenando esas actuaciones que ponen en vilo, nada más y nada menos, que la paz de Colombia. Estamos diciéndole al presidente que lo respaldamos y a su hermano y a su hijo que estamos en desacuerdo con sus actuaciones y que le hacen daño a un proyecto de paz sumamente importante”, mencionó.Por su parte, el representante Alejandro Ocampo resaltó la decisión del presidente Petro de indicar la investigación hacia su hermano Juan Fernando y su hijo Nicolás y señaló que el tema les debe dar tranquilidad a los colombianos.“Lo que pasa es un episodio molesto para unos e incómodo para otros. Respaldamos la postura del presidente para que se investiguen las actuaciones de su hijo. En anteriores gobiernos lo que se buscaba era encubrir a la familia y salir a defenderlos, hoy el escenario que nos muestra es la talla grande del presidente que tenemos, que sale a decir investiguen a mi hijo, investiguen a mi hermano y sin lugar a duda saldrá a decir que investiguen a quien sea. Un mandatario que no va a estar con jugaditas raras y eso le va a dar tranquilidad a los colombianos”, refirió.Agregó, además que las declaraciones de Day Vásquez, exesposa del hijo de Petro, son producto de una entrevista a un medio de comunicación."Los juicios no son mediáticos, son en los tribunales. Lo primero que hay que establecer es si el dinero entró a la campaña presidencial. Yo no creo que haya ingresado, pero eso lo debe establecer la Fiscalía”, indicó.Finalmente, los tres congresistas hablaron de la financiación y los gastos de campaña que manejó Nicolas Petro durante la carrera de su padre a la presidencia de la República.Escuche la entrevista completa:
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alirio Uribe explicó en Mañanas Blu el proyecto de ley de sometimiento, con el que el Gobierno busca que las bandas criminales y narcotraficantes se sometan a la justicia.“El proyecto es muy parecido a los modelos de justicia que se han tenido ya. Lo primero es que claramente se establece que no se les da estatus políticos y lo segundo, no hay justicia restaurativa, actuarán los jueces y fiscales ordinarios”, puntualizó.Uribe dijo que los fallos en ley de sometimiento serán colectivos, pero las responsabilidades serán individuales y lo explicó así: “Tiene que haber un fallo colectivo, pero una responsabilidad individual, en donde va a decir: ‘Pepito Pérez’ tiene una pena de 40 años, por haber dicho la verdad, desmantelado el grupo criminal, haber entregado niños reclutados y secuestrados, se le conmuta la pena por esa pena sustitutiva”.El 6% de los bienesEn este caso, dijo el representante, se aplicará la ley de extinción de dominio que establece que los bienes que se entreguen antes de la imputación colectiva de cargos se les aplicará este 6%.“Es el 6% de lo que se monetice, a partir de lo entregado. Eso es lo que hace ante los Estados Unidos los narcotraficantes que son extraditados”, añadió.La ley de sometimientoEl ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó este miércoles el borrador del proyecto de ley de sometimiento a la justicia con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca negociar con grupos criminales en el marco de su política de paz total.Esta ley de 54 artículos busca "crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas (...) e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes", detalló Osuna en una rueda de prensa en Bogotá.En este sentido, el ministro insistió en que el proyecto de "ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto" no contempla "ningún sistema de justicia transicional" como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada tras el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016, ni "juez especial", sino que se encargará la justicia ordinaria.Para que a los miembros de organizaciones criminales se les sustituya la pena ordinaria por una reducida deberán "entregar verdad, aceptar responsabilidad penal, desmantelar las bandas y reparar las víctimas", explicó el ministro.Este primer borrador, necesario para poder avanzar en los diálogos con grupos criminales del país, contempla penas sustitutivas para quienes se acojan a la ley que serán entre 10 y 12 años divididas en dos partes: la primera de cárcel efectiva entre 6 y 8 años y cuatro años de pena restaurativa.Osuna, acompañado del senador Ariel Ávila y el representante a la Cámara Alirio Uribe en la rueda de prensa, informó que el jueves presentarán el proyecto de ley al Consejo Nacional de Política Criminal para que "emita su concepto lo más pronto posible" y pueda ser radicada en el Congreso.Ávila, por su parte, recalcó que con este proyecto de ley "no habrá impunidad" para los que se acojan a él, ya que pagarán cárcel, y que no se reconocerá estatus político ni "de beligerancia" a aquellos miembros de bandas criminales que se acojan, sino que es "una conversación socio jurídica".De las 53 organizaciones armadas que hay en Colombia, 23 se podrían acoger a esta ley y se espera que al menos con 12 de ellas se dé la negociación, según el senador.El Gobierno de Petro busca dialogar y negociar con el máximo número de organizaciones criminales que operan actualmente en el país en búsqueda de la paz total, pero sin esta ley de sometimiento a la justicia no podrá oficializar los acercamientos con grupos delincuenciales, tal como lo contempla la ley.
En el marco de las reformas que serán radicadas en el Congreso de la República en los próximos días, las principales ciudades de Colombia se preparan para marchar. Por un lado, la oposición invitó a “proteger” el país, mientras que el Gobierno nacional respondió convocando a las personas en apoyo a los proyectos de ley que se adelantan.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay y el representante Polo Democrático Alirio Uribe, expusieron los motivos de ambas marchas, que serán esta misma semana. El motivo central de las dos convocatorias, las reformas, las cuales han generado polémica por los cambios que se plantean, como la de salud.“Esta es una estrategia de Gustavo Petro, especialmente cuando se le sale de las manos el poder; le quedó grande gobernar (…) (Petro) encontró que no tiene respaldo desde los partidos políticos, ni siquiera de sus propios técnicos ni de la comunidad académica y le tocó decir entonces: a la calle”, aseveró por su parte el senador Miguel Uribe.Frente a esto, el representante Uribe dijo que “lo importante es que se conozca por la voz del propio presidente” cuál es el sentido de las reformas y lo qué se busca con estas: “No me parece que eso esté atentando contra la autonomía del Congreso”.“Estas reformas llevan discutiéndose 50 años en Colombia. Todas estas propuestas de alguna manera son la agenda social histórica a la que los gobiernos anteriores no dieron respuesta”, añadió.Cabe recordar que este martes, 14 de febrero, el Gobierno liderará marchas en las calles para apoyar, principalmente, el texto de la reforma a la salud que radicará este lunes en el Congreso; las marchas han sido convocadas por el mismo presidente Petro.Mientras tanto, las marchas en contra de la gestión del jefe de Estado serán el miércoles, 15 de febrero, solo un día después.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
La Fiscalía General de la Nación manifestó que no puede levantarles las órdenes de captura de 16 jefes del Clan del Golfo y del grupo 'Los Pachenca': grupos paramilitares que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta, para avanzar en el proceso de la paz total.Según el ente investigador, la ley no permite ese procedimiento con grupos que no tienen estatus político y que solo pueden ser tratados bajo un plan de sometimiento a la justicia.Esta postura fue rechazada por el representante a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático y defensor de derechos humanos, Alirio Uribe, quien se pronunció en su cuenta de Twitter y le pidió a la Fiscalía ceñirse a la Ley 2272 de 2022."Hago Llamado Urgente a @FiscaliaCol a cumplir con las normas dispuestas para la #PazTotal en Colombia. Decisión de Vice Fiscal #MarthaJanetMancera es un grave Yerro Jurídico y desconoce Ley 2272 de 2022 de Orden Público y Paz Total", publicó en su perfil.De acuerdo con Uribe, el artículo 8 de la Ley Orden Público, en su parágrafo 2, establece la posibilidad que se suspendan las órdenes de captura contra representantes de organizaciones que estén adelantando diálogos de paz, o en diálogos de sometimiento a la justicia. Argumento que también expuso el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda."Al negar las 16 suspensiones de órdenes de captura a los miembros representantes de las organizaciones criminales de alto impacto en proceso de diálogo, es un yerro jurídico grave y pone en riesgo el cese al fuego", expresó el parlamentario.A su vez, hizo énfasis en que la norma establece criterios para dos tipos de organizaciones: las de carácter político y las de naturaleza criminal de alto impacto."Son los jueces de control de garantías que mirarán las suspensiones, el Gobierno debe hacer explícita naturaleza de grupos en diálogo", recalcó Uribe en su perfil en esta red social.Aunque el Gobierno aseguró que la solicitud está amparada en normas que permiten esa facultad, la Fiscalía insistió en que legal y constitucionalmente no hay sustento jurídico para levantar dichas órdenes.Lea también:
El turno en el Congreso es para la reforma política que propone el presidente Gustavo Petro y que entraría al tercero de ocho debates con un nuevo ingrediente, la ampliación del periodo presidencial. Este miércoles, en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, los congresistas Andrés Forero y Alirio Uribe analizaron los puntos clave de la propuesta que pretende acabar con el clientelismo y la corrupción electoral.De acuerdo con el representante Alirio Uribe, varias medidas evitarán los excesos de poder que son el germen de situaciones de corrupción, entre ellos la limitación a la reelección de los congresistas. “Se limitan los periodos, inicialmente se habló de máximo dos periodos en el Congreso o en cualquier corporación pública, esto para que haya una rotación. Lo que estamos buscando con moralizar la financiación de las campañas es evitar la captura corporativa del Estado”, sostuvo el legislador del Pacto Histórico. Para el representante Andrés Forero, pese a que el presidente Gustavo Petro se hizo elegir con la bandera del cambio, la reforma política podría legitimar prácticas criticadas en el pasado. “Lo que está haciendo la reforma política como está planteada es debilitar a los partidos políticos. Este Gobierno, a pesar de que llegó con la bandera del cambio, ha terminado operando con prácticas que en el pasado criticaba", sostuvo Forero.
El Gobierno radicó el proyecto que modifica la ley 418 de Orden Público. El ministro de Defensa explicó que la iniciativa propone cambios en el servicio militar obligatorio, que permitirá que los jóvenes puedan prestar el servicio social para la paz como alternativa.Voces a favor y en contra desde el Congreso, el representante a la Cámara Alirio Uribe y el congresista Jaime Uscátegui, así como el coronel (r) Juan Luis Gutiérrez, opinaron sobre la iniciativa.“Este es un cambio importante y un buen mensaje para el país. Los jóvenes tienen una opción y los que vayan al Ejército van a estar mejor remunerados”, dijo Alirio Uribe.“Con 10.000 soldados regulares, el Ejército no tiene capacidad de respuesta operacional”, advirtió el coronel (r) Gutiérrez.
Ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado Alirio Uribe se retractó este miércoles por los señalamientos que hizo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras efectuarse la audiencia de conciliación por el lío judicial que los enfrentaba."No me consta, ni puedo afirmar, que el doctor Álvaro Uribe tenga responsabilidad en ninguna conducta delictiva de carácter sexual", expresó el abogado Uribe sobre el particular.Esto porque en el 2018 el exmandatario fue señalado en las redes sociales como presunto abusador sexual de una conocida periodista, quien se desempeñó como su jefe de prensa internacional entre 2003 y 2004. Aunque la comunicadora jamás dio a conocer el nombre de su victimario muchos relacionaron al exsenador.La diligencia tardó aproximadamente 40 minutos en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, en donde la conciliación incluyó esta rectificación de parte de Alirio Uribe.Cabe recordar que luego de que la Corte condenó al exdirector del DAS Jorge Noguera Cotes por las chuzadas efectuadas en el país entre 2002 y 2005, el exmandatario dijo que Alirio Uribe era un defensor de las Farc y que hacía montajes con fotos de la mafia. El abogado, junto con la periodista Claudia Julieta Duque, fueron involucrados como víctimas en este proceso.Sin embargo, en este cruce de mensajes, Alirio Uribe le contestó que como presidente volvió el DAS un aparato de chuzadas. "No olvide que sus jefes de seguridad y del DAS están condenados por graves crímenes incluso confesos de narcotráfico y paramilitarismo”, señaló el abogado.A esta rectificación que hizo Alirio Uribe se le suma la de María Fernanda Carrascal, quien el martes se retractó de sus señalamientos contra el exjefe de Estado."En consideración a lo acordado ante la Corte Suprema, mi juez natural. No me consta que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez haya asesinado, ni ordenado ningún asesinato", manifestó Carrascal.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca los efectos de la nueva reforma tributaria presentada por el nuevo gobierno de Petro:
Luego de la inauguración realizada este viernes a lo largo del Rio Senna en París, este sábado, con la participación de cuatro deportistas colombianos en igual número de disciplinas, continuará la programación de los Juegos Olímpicos París 2024.Debuta el judo colombiano en París 2024La judoca Erika Lasso será la primera que tendrá acción este sábado en las justas en la capital francesa. Su participación comenzará, con la fase preliminar, a partir de las 3:00 de la mañana hora de Colombia y 10 de la mañana hora de Francia. De avanzar, la deportista, que participará en la modalidad de 48 kilogramos femenino, pasaría a participar del bloque final, que se desarrollará desde las 9 de la mañana de Colombia, es decir, las 4 de la tarde de París.Colombia, presente en el skate olímpico en París 2024Luego, desde las 5:00 de la mañana, el turno será para el skater colombiano Jhancarlos González, quien disputará la fase eliminatoria. De clasificarse a la final, esta se disputará desde las 10 de la mañana de Colombia.En paralelo, también desde las 5:00 de la mañana de Colombia -12 del mediodía en París-, debutará en el tenis femenino la cucuteña María Camila Osorio. Su rival en esa primera fase será Jeļena Ostapenko, tenista de Letonia.La competencia para los colombianos este sábado en París 2024 cerrará con la gimnasia artística, disciplina en la que se presentará, desde las 8:30 de la mañana de Colombia, Ángel Barajas, quien participará de las justas con apenas 17 años y quien logró el cupo durante su participación en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística de Doha.
Se estima que cerca de 200 millones de personas a nivel global padecen de osteoporosis, una enfermedad que provoca una fractura por fragilidad cada tres segundos. La osteoporosis se caracteriza por la pérdida de masa y calidad ósea, aumentando la fragilidad y el riesgo de sufrir fracturas. Esta condición, usualmente silenciosa y sin signos o síntomas evidentes, se manifiesta cuando eventos simples como una caída al caminar, un golpe al viajar en auto o un acceso de tos pueden producir una fractura por fragilidad.Según la Dra. Geraldine Altamar, médica internista-geriatra y presidenta de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM), el cuidado de los huesos debe comenzar desde temprana edad. Por lo tanto, es crucial identificar a las personas en riesgo de sufrir osteoporosis para prevenir la primera fractura y, en caso de ocurrir, evitar las subsiguientes.Las mujeres en menopausia, personas mayores de 50 años con factores de riesgo como fracturas previas, antecedentes familiares de fractura de cadera, pérdida significativa de altura, enfermedades que disminuyen la masa ósea como artritis reumatoidea, diabetes mellitus, menopausia prematura o el uso de corticoesteroides, pertenecen al grupo en riesgo. Cuando una persona tiene osteoporosis, debe considerar un tratamiento y cuidado para toda la vida debido a que es una condición crónica que puede afectar significativamente la calidad de vida del paciente y su núcleo familiar.Consejos para la osteoporosisEs importante consultar al médico para obtener un diagnóstico y seguir un control estricto por parte de un profesional de la salud. Además, se deben consumir dosis adecuadas de calcio y vitamina D, mantener una dieta balanceada, evitar el consumo de alcohol y tabaco, aumentar la actividad física y exponerse de manera segura al sol. Siguiendo estas recomendaciones, se puede manejar eficazmente la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas futuras.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, luego de recuperar más de 600 celulares, contactará a cada uno de los dueños de estos equipos móviles para regresárselos, eso sí, siempre que hayan realizado la respectiva denuncia“Con software y hardware maliciosos (que) los delincuentes modificaban la información de los equipos móviles, cambiando su número IMEI, y eliminaban la información que tenían los celulares”, confirmó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Estos delincuentes operaban en el 2 y el piso 16 de un edificio ubicado en el barrio Alarcón de la ciudad, utilizaban bloqueadores de frecuencia de señal para que la Policía no diera con el lugar evitando así el seguimiento y rastreo de estos equipos de telefonía móvil. Desde allí, "se hacían pasar como trabajadores de las empresas móviles y contactaban a los dueños y les decían que necesitaban su correo y el código enviado para bloquear definitivamente el celular, afirmó el comandante de Policía Henry Yesid Bello Cubides, quien dio un agradecimiento especial “a todas las personas que hicieron el proceso de denuncia ya que esto permitió que las autoridades realizaran la trazabilidad del caso.Una de las víctimas de estos delincuentes aseguró que su celular fue robado por un mototaxista en el barrio San francisco de Bucaramanga, y otro afectado manifestó que su celular le había costado $1.700.000 que tuvo que terminar de pagar sin poderlo utilizar.Una mujer de 26 años era la encargada del cosquilleo, otro hombre utilizaba la modalidad de raponazo conduciendo una motocicleta en la ciudad.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.