Autoridades en Cundinamarca informaron de la pérdida de 7.020 dosis de vacunas contra COVID-19, por un error humano que llevó a la ruptura de la cadena de frío que ordena la farmacéutica Pfizer para el manejo de las dosis y que irremediablemente las deja inservibles, según se contó en Noticias Caracol.Diego García gerente del COVID-19 en Cundinamarca en entrevista con el noticiero señaló que las vacunas fueron sacadas de ultracongelación para su conteo y distribución. Un funcionario, al parecer por desconocimiento, decidió volver a meter las dosis en el ultracongelador lo que la farmacéutica Pfizer prohíbe en materia de manejo de la cadena de frío. "El pasado jueves 6 de mayo, se presentó un incidente, se comprometió la cadena de frío en el almacén de vacunas del departamento de Cundinamarca, lo cual nos llevó a hacer un reporte", declaró el funcionario. Una vez el funcionario del almacén decidió devolver las dosis a ultracongelación, las autoridades departamentales reportaron el hecho al Ministerio de Salud, entidad que le ordenó a Cundinamarca no aplicarlas por haberse alterado esa cadena de frío. Las vacunas ya estaban en proceso de congelación a menos 5 grados, pero al ser devueltas a ultracongelación, a menos 50 grados centígrados, se afecta la estabilidad de las vacunas Pfizer. Las autoridades sanitarias departamentales señalaron que iniciarán la documentación del caso, las investigaciones necesarias de esta pérdida, dolorosa, en medio de esta situación tan compleja donde es necesario avanzar rápidamente en el plan nacional de vacunación. "Inmediatamente tuvimos conocimiento por parte del Ministerio procedimos a hacer la notificación a la oficina de control interno para que adelanten las investigaciones respectivas y se realice la notificación a las entidades de control para que nos acompañen en este proceso y encontrar los responsables", agregó García.
Con más de 70 años en el mercado colombiano, y por dificultades económicas, se cierran definitivamente los Almacenes Tía en todo el país. Los clientes de este establecimiento comercial, se llevaron la gran sorpresa por la noticia y expresaron su nostalgia frente a la decisión. “Muy triste, muy duro porque se acabó un patrimonio nacional", dijo Luz Mary Espinoza a Noticias Caracol. Le puede interesar: Así reaccionaron los colombianos en redes por cierre de Almacenes Tía. "Una tristeza, no me gusta nada porque era parte de la ciudad y parte de la historia y muy tristes por no continuar con la historia”, comentó otra ciudadana, Matilde Villarraga. El almacén, que contaba con más de 700 proveedores, fue inaugurado en 1940 en la Carrera Séptima, entre calles 17 y 18, en el centro de Bogotá.
Luz Mary González es una de las trabajadoras de Tía y presidía el sindicato de trabajadores del almacén. En entrevista con Mañanas BLU, describió su tristeza por la decisión de los dueños de los almacenes Tía de cerrar, pero aceptó que ya no era rentable tenerlo. “La empresa no pudo competir con las marcas extranjeras, hay muchos almacenes que están llegando como D1, Justo y Bueno y Ara, Carrefour ahora Jumbo, todas las plataformas inmensas y la empresa se quedó con un formato antiguo”, manifestó. “Nos duele mucho la decisión que tomaron, pero ya no se pudo hacer más”, enfatizó. Le puede interesar: Así reaccionaron los colombianos en redes por cierre de Almacenes Tía. Dijo que en total son 530 empleados sindicalizados, entre hombres y mujeres, y unos 600 sumados. Finalmente, aceptó que el modelo de negocio no logró adecuarse a las exigencias del mercado, un factor fundamental para subsistir en la guerra por el cliente. “Era solo para peatones, algunos clientes fieles nos tenían con ventas, pero ya muchos se han trasladado o muerto, entonces se afectó mucho”, finalizó.
Múltiples reacciones ha desatado la noticia del cierre de los Almacenes Tía luego de más de 70 años de historia en la capital del país. Tristeza generalizada han expresado la mayoría de usuarios en redes sociales que con imágenes y comentarios recuerdan este establecimiento comercial. Cerraron los Almacenes Tía Con más de 70 años en el mercado colombiano, y por dificultades económicas, se cierran definitivamente los Almacenes Tía en todo el país. Lea también: Tras 77 años, Almacenes Tía deja de existir Los clientes de este establecimiento comercial, se llevaron la gran sorpresa por la noticia y expresaron su nostalgia frente a la decisión. “Muy triste, muy duro porque se acabó un patrimonio nacional", dijo Luz Mary Espinoza a Noticias Caracol. "Una tristeza, no me gusta nada porque era parte de la ciudad y parte de la historia y muy tristes por no continuar con la historia”, comentó otra ciudadana, Matilde Villarraga. El almacén, que contaba con más de 700 proveedores, fue inaugurado en 1940 en la Carrera Séptima, entre calles 17 y 18, en el centro de Bogotá.
Con más de 70 años en el mercado colombiano, y por dificultades económicas, se cierran definitivamente los Almacenes Tía en todo el país. Los clientes de este establecimiento comercial, se llevaron la gran sorpresa por la noticia y expresaron su nostalgia frente a la decisión. “Muy triste, muy duro porque se acabó un patrimonio nacional", dijo Luz Mary Espinoza a Noticias Caracol. "Una tristeza, no me gusta nada porque era parte de la ciudad y parte de la historia y muy tristes por no continuar con la historia”, comentó otra ciudadana, Matilde Villarraga. El almacén, que contaba con más de 700 proveedores, fue inaugurado en 1940 en la Carrera Séptima, entre calles 17 y 18, en el centro de Bogotá.
Un trágico colapso estructural sacudió una zona de Nueva York cuando un edificio residencial construido en 1930 se vino abajo sobre una obra en construcción contigua. Entre los obreros presentes en el lugar se encontraba Miguel Tigsilema, un trabajador de origen ecuatoriano que llevaba apenas tres días contratado por la empresa Elite Construction para edificar una nueva estructura desde cero.A pesar de la magnitud del siniestro, Tigsilema logró salir con vida y se convirtió en uno de los protagonistas del rescate de una familia atrapada en el lugar.El momento del colapso y la huida entre los escombrosEl accidente ocurrió mientras un grupo de unos 20 obreros trabajaba en la nivelación del terreno para el nuevo proyecto. En ese instante, un ruido ensordecedor alertó a los trabajadores del peligro inminente. "Yo estuve igualando la tierra para poder trabajar ahí y escucho a mi espalda un sonido muy fuerte. Es como que una madera al momento de quebrarse suena 'tra' y alguien gritó: 'Se viene abajo'", relató Tigsilema sobre el instante preciso del derrumbe. Durante la huida desesperada entre varillas y terreno inestable, el trabajador tropezó y perdió su casco protector en medio de una densa nube de polvo que le impedía la visión y la respiración"Ya no podía ni ver ni respirar, y ahí tapo mi boca con mi buzo y ahí puedo respirar, pero ya no sabía a dónde ir (...) salgo de ahí agateando para arriba por esa arena que estaba y yo salgo a la calle a pedir auxilio", recordó sobre los tensos momentos vividos antes de ponerse a salvo. El heroico rescate de un niño de entre la polvaredaTras salir a la vía pública para pedir ayuda a los servicios de emergencia, el instinto de Tigsilema lo llevó a tomar una decisión crucial: retornar a la zona del desastre al percatarse de que sus compañeros intentaban auxiliar a las víctimas atrapadas. "En un momento recapacito (...) ya no pensé en mí. Yo solo pensé regresar y ayudar a la gente que estaban ahí adentro", afirmó.Al reingresar al sitio de los hechos, colaboró en el rescate de dos niños y su madre, quienes se encontraban en el apartamento afectado. Tigsilema tomó en sus brazos a uno de los pequeños, quien lloraba desorientado. "Agarro a ese niño que yo tengo en mis brazos y yo con ese niño salgo para arriba otra vez (...) el niño dice: 'Mi mami, mi mami'. Yo digo: 'Tranquilo, tu mami está bien, tu mami está ahí con vida, no te preocupes'", rememoró. El obrero explicó que se conmovió profundamente al recordar a su propio hijo de un año y seis meses, manteniendo abrazado al menor hasta entregarlo a los bomberos. Posibles fallas estructurales y secuelas emocionalesSobre las causas del siniestro, Tigsilema señaló que observó posibles fallas de planificación al realizar excavaciones de unos 10 metros de profundidad al lado de la edificación antigua. "Siempre al momento de construir siempre ponen unas paipas y unas estructuras grandes para sujetar el terreno (...) Y en el sitio que esté el building viejo no había nada de eso", indicó. El colapso dejó un saldo de angustia y pérdida entre la comunidad, afectando a varias familias, entre ellas personas de origen colombiano que habitaban en el inmueble. A pesar del trauma experimentado, el trabajador ecuatoriano expresó su profundo agradecimiento por haber sobrevivido y envió sus condolencias a los afectados. Escuche aquí la entrevista:
El Tribunal Administrativo de Santander ratificó la legalidad del proyecto de empréstito presentado por la Alcaldía de Bucaramanga, una decisión que le permite a la Administración Municipal avanzar en el proceso de financiación de obras estratégicas para mejorar la movilidad y modernizar la infraestructura vial de la ciudad.El anuncio fue realizado por el alcalde Cristian Portilla, quien aseguró que el pronunciamiento judicial respalda la legalidad del trámite y brinda seguridad jurídica para continuar con la iniciativa.Según el mandatario, los recursos del empréstito estarán destinados principalmente a dos frentes: la modernización integral de la red semafórica y la ejecución de obras de infraestructura para mejorar la movilidad urbana.En el primer caso, se contempla el reemplazo de semáforos deteriorados y equipos tecnológicos obsoletos por un sistema inteligente que permita optimizar la regulación del tránsito y fortalecer la seguridad vial.El segundo componente contempla intervenciones de infraestructura para recuperar la capacidad de las vías, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la conectividad entre diferentes sectores de Bucaramanga.Proyecto autorizadoEl proyecto ya había recibido autorización del Concejo Municipal y, de acuerdo con la Alcaldía, también contó con respaldo en el marco de una actuación de la Procuraduría General de la Nación.Con la ratificación del Tribunal Administrativo de Santander, la Administración Municipal podrá continuar con los procedimientos necesarios para financiar y ejecutar las intervenciones. Sin embargo, la decisión judicial sobre la legalidad del proyecto no significa que las obras estén ejecutadas ni que los recursos hayan sido desembolsados.El alcalde Cristian Portilla aseguró que la ejecución estará sujeta a criterios de planeación técnica, disciplina fiscal, transparencia y seguimiento contractual, y sostuvo que las inversiones deberán traducirse en resultados concretos para los ciudadanos.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ordenó suspender los términos judiciales durante este viernes 13 de noviembre, debido a las dificultades tecnológicas que afectan el funcionamiento de los despachos judiciales.La interrupción comenzó a las 11:48 de la mañana del jueves 12 de noviembre y ha generado problemas de acceso a las herramientas institucionales de la Rama Judicial. La afectación ha comprometido servicios como Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint, Word, Excel y PowerPoint, entre otros.El problema es que estas plataformas son utilizadas por los funcionarios judiciales para comunicarse, consultar documentos, compartir expedientes y adelantar diferentes actuaciones de los procesos. Por esta razón, la interrupción tecnológica ha afectado directamente la prestación del servicio de justicia y la gestión de los despachos.¿Qué significa esta suspensión para los ciudadanos? Que durante esta jornada se detienen los plazos legales que tienen las partes de un proceso para responder demandas, presentar recursos, entregar documentos o cumplir determinadas actuaciones ante los juzgados. Es decir, esos términos no seguirán corriendo durante el día de la suspensión y los ciudadanos no perderán ese tiempo por cuenta de las fallas tecnológicas.Sin embargo, la medida contempla varias excepciones para garantizar la atención de situaciones urgentes. Seguirán funcionando los juzgados de control de garantías de adultos y adolescentes para atender audiencias inmediatas y actos urgentes. También continuarán las solicitudes de libertad en los juzgados de ejecución de penas, las tutelas con medidas provisionales o relacionadas exclusivamente con asuntos de salud o que pongan en peligro la vida del accionante, y las acciones de habeas corpus.Por parte del Consejo Superior de la Judicatura, explicaron que cada despacho judicial tendrá autonomía para determinar cómo proceder frente a las dificultades tecnológicas, de acuerdo con sus condiciones de funcionamiento. Además, señalaron que se encuentran verificando el alcance de la afectación y el comportamiento de las plataformas.Hay que advertir que, aunque se adelantan estas verificaciones, las fallas y las intermitencias todavía se siguen presentando. Según lo señalado en el acuerdo del Consejo Seccional, Microsoft reportó que podría haber inestabilidad en sus servicios durante una ventana de hasta 48 horas, por lo que todavía no hay una normalización completa de las herramientas tecnológicas.Finalmente, la suspensión autorizada corresponde únicamente al viernes 13 de noviembre y cobija a los despachos judiciales ubicados en el Distrito Judicial de Bogotá. Esto no significa que los procesos queden cancelados o archivados, sino que se detienen temporalmente los términos para proteger a los ciudadanos y garantizar el debido proceso mientras se supera la contingencia tecnológica.
El diputado de Santander Danovis Lozano presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que establecieron cobros adicionales en las facturas de energía eléctrica para los usuarios que superen sus metas individuales de consumo. El dirigente busca que se suspenda provisionalmente la aplicación de estas medidas mientras se resuelve el proceso judicial.La controversia está relacionada con las resoluciones CREG 101 120 del 30 de julio y 101 126 del 21 de agosto de 2026, mediante las cuales se puso en marcha un programa transitorio de incentivos al ahorro de energía, que comenzó a aplicarse el primero de septiembre y tiene una duración inicial de seis meses.El mecanismo establece una meta de consumo para cada usuario, calculada con base en la mediana de su consumo durante los últimos 12 meses. Quienes superen el 110 % de esa meta deben asumir un cobro adicional por la energía excedente, con recargos que varían según el estrato socioeconómico y el tipo de usuario.Los recursos recaudados se destinan a una bolsa que posteriormente se distribuye entre quienes logren reducir su consumo de energía.Sin embargo, Lozano considera que “la CREG se extralimitó en sus funciones al establecer este mecanismo. Los cobros tienen características de una contribución obligatoria que no podía ser creada mediante una resolución de esa entidad”, señaló.En la demanda también cuestiona que el sistema pueda generar cobros desiguales entre usuarios con consumos similares, debido a que las metas dependen del historial de cada hogar o establecimiento comercial.Otro de los argumentos está relacionado con los productores agrícolas, particularmente los caficultores de Santander. Según el diputado, el cálculo de la mediana de los últimos 12 meses puede desconocer los periodos de mayor actividad productiva, por lo que la energía utilizada durante la cosecha podría terminar considerada como consumo excedente y generar recargos.El demandante también cuestiona el procedimiento de expedición de la segunda resolución, al considerar que el tiempo de consulta pública fue insuficiente y que se otorgaron facultades a la CREG para modificar aspectos del programa mediante circulares.En entrevista con Blu Radio, Lozano aseguró que en Santander han recibido numerosas quejas de ciudadanos afectados por el incremento en sus facturas de energía."Consideramos esta resolución ilegal, una resolución que no fue concertada con la ciudadanía, simplemente la impusieron y no dieron la oportunidad de que las personas conocieran estos cambios. No sabemos con qué criterios técnicos plantearon esta medida", manifestó.También expuso el caso de una comerciante que, según relató, pasó de pagar 800.000 pesos a cerca de 2 millones y medio de pesos por el servicio de energía en su papelería. Aseguró que la mujer le manifestó que contempla cerrar su establecimiento porque no tiene capacidad para asumir el nuevo valor.Lozano insistió en que la solicitud de suspensión debe resolverse con prontitud, debido a las dificultades económicas que, según él, están enfrentando los usuarios en el departamento.
Mientras el Gobierno busca reducir el consumo de azúcar entre los colombianos, la discusión de la Ley de Rescate Económico abre un nuevo debate: la posibilidad de gravar los productos que contienen edulcorantes. La medida genera preocupación en la International Sweeteners Association (ISA), que advierte sobre una posible contradicción en las políticas de salud pública, pues estos ingredientes pueden ser una herramienta para disminuir la cantidad de azúcar que consumen las personas.Los edulcorantes están presentes en más productos de los que muchas personas imaginan. Se encuentran en bebidas, chicles, pastillas para el aliento, lácteos, postres, productos de repostería e incluso en algunos medicamentos y artículos de higiene bucal. Sin embargo, a pesar de su presencia en la vida cotidiana, todavía existe desinformación sobre qué son, cómo funcionan y qué diferencias tienen frente al azúcar.¿Qué son los edulcorantes?De acuerdo con Laura Miranda, directora para Latinoamérica de la International Sweeteners Association, los edulcorantes son sustancias intensamente dulces que permiten darles sabor dulce a los alimentos y bebidas, pero con pocas calorías o incluso sin aportar calorías. A diferencia del azúcar, que es un carbohidrato que sí proporciona energía, estos ingredientes permiten conservar el sabor dulce sin necesidad de agregar la misma cantidad de azúcar.Durante un conversatorio realizado en Bogotá, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, Miranda explicó que estos ingredientes pueden cumplir un papel importante en la alimentación, especialmente para quienes necesitan controlar su consumo de azúcar. Entre sus beneficios mencionó que no producen caries, pueden ayudar a reducir la ingesta de energía y son una alternativa para las personas que viven con diabetes, porque no elevan la glucosa en la sangre como lo hace el azúcar. Eso sí, su incorporación debe hacerse dentro de un plan de alimentación equilibrado y, en el caso de quienes tienen diabetes, con la orientación de un profesional de la salud.En Colombia, cerca de tres millones de personas viven con diabetes, por lo que la discusión sobre las alternativas para reducir el consumo de azúcar también tiene implicaciones para este grupo de la población. Según Miranda, los edulcorantes permiten disfrutar de alimentos con sabor dulce sin consumir la misma cantidad de azúcar, lo que puede facilitar el cuidado de los niveles de glucosa. Además, son utilizados por la industria de alimentos y bebidas para reformular sus productos, es decir, disminuir o reemplazar parte del azúcar que contienen.Precisamente, este es uno de los puntos que genera preocupación frente a la Ley de Rescate Económico, identificada durante el conversatorio como el Proyecto de Ley 477 de 2026, que plantea incluir dentro de los productos gravados aquellos que contienen edulcorantes. Para la International Sweeteners Association, cobrar impuestos a estos ingredientes podría desincentivar a las empresas a desarrollar productos con menos azúcar y limitar las alternativas disponibles para los consumidores.Miranda considera que la propuesta puede resultar contradictoria con los objetivos de salud pública que buscan reducir el consumo de azúcar. Mientras se promueven medidas para disminuir su ingesta, también se contempla imponer un impuesto a ingredientes que pueden contribuir a ese mismo propósito. La directora para Latinoamérica de la ISA advirtió que esta decisión podría afectar especialmente a las personas que buscan opciones reducidas en azúcar y a las poblaciones más vulnerables, para quienes el precio de los productos también influye en sus decisiones de compra.Por eso, la asociación hizo un llamado a que las decisiones tributarias tengan en cuenta la evidencia científica disponible sobre la seguridad y los beneficios de los edulcorantes, así como su aporte a la reducción del consumo de azúcar. El debate no se limita entonces a cuánto impuesto deberían pagar determinados alimentos y bebidas, sino también a qué consecuencias podría tener esta medida sobre las alternativas que tienen los colombianos para cuidar su alimentación.
