El diputado de Santander Danovis Lozano presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que establecieron cobros adicionales en las facturas de energía eléctrica para los usuarios que superen sus metas individuales de consumo. El dirigente busca que se suspenda provisionalmente la aplicación de estas medidas mientras se resuelve el proceso judicial.
La controversia está relacionada con las resoluciones CREG 101 120 del 30 de julio y 101 126 del 21 de agosto de 2026, mediante las cuales se puso en marcha un programa transitorio de incentivos al ahorro de energía, que comenzó a aplicarse el primero de septiembre y tiene una duración inicial de seis meses.
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El mecanismo establece una meta de consumo para cada usuario, calculada con base en la mediana de su consumo durante los últimos 12 meses. Quienes superen el 110 % de esa meta deben asumir un cobro adicional por la energía excedente, con recargos que varían según el estrato socioeconómico y el tipo de usuario.
Los recursos recaudados se destinan a una bolsa que posteriormente se distribuye entre quienes logren reducir su consumo de energía.
Sin embargo, Lozano considera que “la CREG se extralimitó en sus funciones al establecer este mecanismo. Los cobros tienen características de una contribución obligatoria que no podía ser creada mediante una resolución de esa entidad”, señaló.
En la demanda también cuestiona que el sistema pueda generar cobros desiguales entre usuarios con consumos similares, debido a que las metas dependen del historial de cada hogar o establecimiento comercial.
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Otro de los argumentos está relacionado con los productores agrícolas, particularmente los caficultores de Santander. Según el diputado, el cálculo de la mediana de los últimos 12 meses puede desconocer los periodos de mayor actividad productiva, por lo que la energía utilizada durante la cosecha podría terminar considerada como consumo excedente y generar recargos.
El demandante también cuestiona el procedimiento de expedición de la segunda resolución, al considerar que el tiempo de consulta pública fue insuficiente y que se otorgaron facultades a la CREG para modificar aspectos del programa mediante circulares.
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En entrevista con Blu Radio, Lozano aseguró que en Santander han recibido numerosas quejas de ciudadanos afectados por el incremento en sus facturas de energía.
"Consideramos esta resolución ilegal, una resolución que no fue concertada con la ciudadanía, simplemente la impusieron y no dieron la oportunidad de que las personas conocieran estos cambios. No sabemos con qué criterios técnicos plantearon esta medida", manifestó.
También expuso el caso de una comerciante que, según relató, pasó de pagar 800.000 pesos a cerca de 2 millones y medio de pesos por el servicio de energía en su papelería. Aseguró que la mujer le manifestó que contempla cerrar su establecimiento porque no tiene capacidad para asumir el nuevo valor.
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Lozano insistió en que la solicitud de suspensión debe resolverse con prontitud, debido a las dificultades económicas que, según él, están enfrentando los usuarios en el departamento.