El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, rompió el silencio tras la decisión que tomó en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá de absolverlo por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.Con tono pausado, pero firme, agradeció a Dios, a su familia y a su equipo de abogados por acompañarlo durante más de seis años de uno de los procesos más mediáticos en la historia reciente del país.Uribe destacó la labor de su defensa, encabezada por el penalista Jaime Granados, el abogado Jaime Lombana, y sus equipos jurídicos, con nombres como Guillermo Uribe, Juan Felipe Amaya, Frankie Guevara, Víctor Mosquera y Alejandro Sánchez. El exmandatario también reconoció a quienes lo apoyaron en la preparación de su defensa, como Carolina Escamilla, Julia Correa e Isabel Mejía.Además, expresó su solidaridad con Diego Cadena, su exabogado investigado por soborno a testigos, y con el excongresista Álvaro Hernán Prada, ambos involucrados en el mismo caso. "Hago votos para que personas que resultaron involucradas en este proceso como el doctor Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada rápidamente puedan superar sus dificultades".Con un tono más emotivo, Álvaro Uribe Vélez pidió disculpas a la justicia y a la Procuraduría General de la Nación por el tiempo invertido en el proceso, insistiendo en que, “a lo largo de su vida pública siempre ha dicho la verdad a los colombianos”.Además, el exmandatario cerró su pequeña intervención desde su hogar en el Oriente antioqueño con algunas peticiones.“Pido a la Providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia. Pido a la Providencia que me dé toda la nobleza para luchar por este gran pueblo del que me siento muy orgulloso en pertenecer, el gran pueblo colombiano".Así, tras años de audiencias, acusaciones y controversias, Álvaro Uribe Vélez deja abierta la pregunta sobre su futuro en la vida pública, tema frente al cual no se quiso referir.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, confirmó que el expediente sobre presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 será trasladado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia competente para investigar al actual mandatario.Prada explicó que la investigación concluyó que la campaña de Petro incurrió en dos faltas: superación de topes electorales y financiación prohibida.De acuerdo con los cálculos del CNE, en la primera vuelta se superaron los límites en más de 2.440 millones de pesos, mientras que en la segunda vuelta el exceso alcanzó los 538 millones. Además, se documentaron aportes de personas jurídicas como Fecode y la USO, pese a que la ley lo prohíbe de manera expresa.La ponencia, elaborada por Prada junto con el magistrado Benjamín Ortiz, propone una sanción económica cercana a los 1.200 millones de pesos para cada partido que avaló la candidatura. El presidente del CNE explicó que la decisión de no solicitar la suspensión de personerías jurídicas responde a un criterio legal y a la necesidad de evitar interpretaciones políticas: “Nos fuimos por ese criterio para que no se confunda en la opinión pública una investigación objetiva con una intención política”.Prada también mencionó que el expediente incluye referencias al papel de Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, por lo cual se compulsarán copias a la Fiscalía. En el caso de Petro, recordó que el CNE está impedido de investigarlo directamente tras un fallo de la Corte Constitucional, por lo que será la Comisión de Acusación la encargada de definir si existió alguna responsabilidad del entonces candidato.La discusión final sobre la ponencia está programada para el 11 de septiembre en la Sala Plena del CNE, donde se requieren al menos seis votos de los ocho magistrados habilitados. Prada confió en que el documento, de más de 600 páginas y 7.000 folios de pruebas, será considerado de manera objetiva: “Es la primera vez que se llega a esta instancia en una investigación de una campaña presidencial y lo hemos hecho con mucha responsabilidad”.
El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos entró en una nueva fase esta semana, marcada por decisiones estratégicas de la defensa y la reaparición de un actor clave en el caso: Álvaro Hernán Prada.La audiencia comenzó con una jugada procesal del abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, quien decidió desistir de presentar a dos testigos previamente anunciados: Juan Guillermo Villegas y Franklin Castañeda. Con esta modificación, el equipo jurídico del expresidente espera concluir la práctica probatoria antes del 27 de junio. En este nuevo panorama, la atención se ha centrado en el testimonio que dará Álvaro Hernán Prada este jueves.Antes de que rindiera su declaración, la jueza Sandra Heredia le advirtió que no está obligado a responder preguntas que puedan comprometer su situación jurídica actual. Prada enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia vinculado a los mismos hechos por los que se investiga a Uribe: un supuesto plan para desacreditar el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso.Según la Fiscalía, Prada habría actuado como intermediario para contactar a Monsalve con el objetivo de que modificara su versión en contra del expresidente. El contacto se habría realizado a través de Carlos López, alias 'Caliche', quien habría sido el puente entre Prada y el testigo. Esta supuesta intermediación lo vincula directamente con el entramado de presunta manipulación de testigos, una de las piezas centrales del caso. El ente investigador también sostiene que Prada realizó visitas al departamento del Huila previo a la campaña electoral de 2018, lo que podría estar relacionado con estos hechos.La Corte Suprema de Justicia consideró que existían indicios serios de que su participación no fue un hecho aislado, sino parte de un plan coordinado. En ese momento, el alto tribunal señaló que los actos investigados apuntaban a un patrón sistemático para deslegitimar testimonios y alterar el curso de los procesos judiciales.Por su parte, la defensa del expresidente ha insistido en que ni Uribe ni Prada cometieron delito alguno. Según su versión, los acercamientos a testigos como Monsalve se enmarcan en el derecho legítimo a la defensa y no constituyen actos de presión o manipulación. Prada, aseguran, actuó de buena fe y sin concertación ilícita con Uribe.
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para analizar en los próximos días un proyecto de resolución presentado por el magistrado Alfonso Campo (Partido Conservador), el cual propone modificar el reglamento interno del órgano electoral.En la propuesta, hay un artículo que llama la atención, ya que propone modificar el artículo 27 de la Resolución 065 de 1996, lo que podría prorrogar por un año más el periodo del presidente en funciones:“Artículo 27°.- Presidente y Vicepresidente. El Consejo Nacional Electoral elegirá un presidente y un vicepresidente por un período de un (1) año, que se podrá prorrogar por un año más. Dicha prórroga se podrá otorgar incluso antes de que culmine su periodo, cuando la Sala Plena así lo considere, con las mismas reglas de quórum que se observaron para su elección. Una vez culminado el respectivo período anual y mientras se elige una nueva Mesa Directiva, seguirá fungiendo como tal aquella que venía ejerciendo dichas funciones. Cuando inicie el periodo constitucional de los Magistrados, la primera elección de mesa directiva del Consejo Nacional Electoral estará presidida por el magistrado a quien corresponda según el orden alfabético de apellidos”.De aprobarse esta resolución, el actual presidente, Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), podría extender su periodo en un momento clave, ya que la entidad seguiría liderada por un magistrado abiertamente opositor al Gobierno de Petro. Junto con el magistrado Benjamín Ortiz, Prada es uno de los dos magistrados que lideran la investigación administrativa contra el presidente Petro y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta violación de topes y financiación prohibida en la campaña presidencial de 2022.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, advirtió que las elecciones programadas para 2026 en Colombia están en riesgo debido al recorte del 56,75% en el presupuesto asignado a la entidad para 2025. En una entrevista con Mañanas Blu, Prada denunció que la reducción de $600.000 millones afecta directamente la organización y supervisión de los procesos electorales previstos, comprometiendo la democracia en el país.El impacto del recorte presupuestalDe acuerdo con Prada, este ajuste financiero no es solo un “aplazamiento” del presupuesto, como lo ha denominado el Gobierno Nacional, sino una medida que impide garantizar las funciones del CNE. "Este recorte equivale a la totalidad del presupuesto destinado al componente electoral", explicó. Entre las actividades que quedarían afectadas se encuentran las elecciones atípicas programadas para 2025, como la del gobernador del Putumayo y la alcaldía de Puerto Guzmán, así como los preparativos para los comicios legislativos y presidenciales de 2026.El presidente del CNE subrayó que la entidad, al haber ganado autonomía presupuestal y administrativa en los últimos años, asume ahora directamente funciones críticas para la transparencia electoral. Estas incluyen la contratación de auditorías externas, la supervisión de los escrutinios, la implementación de plataformas digitales y la capacitación de testigos electorales. “Es una operación que no puede improvisarse. Sin los recursos adecuados, no podríamos garantizar la legitimidad de las elecciones ni cumplir con nuestras funciones constitucionales”, afirmó.¿Quién asume la responsabilidad?El presidente Gustavo Petro, a través de un trino, aseguró que el recorte no debería afectar las elecciones, argumentando que el presupuesto electoral principal está bajo la gestión de la Registraduría Nacional. Sin embargo, Prada aclaró que, aunque la Registraduría se encarga de la logística electoral, es el CNE quien supervisa, audita y valida los resultados. “La Registraduría opera hasta las 4:00 p. m. el día de las elecciones, pero de ahí en adelante, todo el proceso de escrutinio y auditoría es responsabilidad nuestra. Sin los $600.000 millones que nos están quitando, no podríamos siquiera declarar los resultados oficiales”, enfatizó.Además, Prada señaló que la falta de explicación clara por parte del Gobierno agrava la incertidumbre. "No hemos recibido ningún comunicado formal que justifique esta decisión ni que garantice una solución a tiempo. Necesitamos estabilidad presupuestal para planificar adecuadamente las elecciones", afirmó."Los riesgos para la democracia"El impacto del recorte presupuestal no solo afecta la organización de las elecciones, sino que pone en entredicho la confianza en el sistema electoral colombiano, según dijo.“Para garantizar elecciones transparentes, necesitamos auditar cada etapa del proceso, implementar medidas de ciberseguridad y asegurar la participación de testigos electorales en las 115.000 mesas que se instalarán en todo el país”, explicó Prada. El presidente del CNE también advirtió sobre los riesgos de retrasar la planeación: “Los procesos contractuales deben iniciarse con antelación, y esto solo es posible si contamos con los recursos necesarios desde el principio”.El CNE tiene previsto llevar el tema a la Comisión de Seguimiento Electoral, liderada por el Ministerio del Interior, con el objetivo de buscar una solución. Prada insistió en que, aunque las restricciones presupuestales son comprensibles en el contexto económico actual, estas deben aplicarse de manera proporcional entre las distintas entidades. "Un recorte del 60% en nuestro caso es desproporcionado y pone en jaque una función esencial para la democracia", declaró.Un llamado a la acciónEn su intervención, Álvaro Hernán Prada reiteró la necesidad de que los organismos de control acompañen el proceso para garantizar que las elecciones no sean vulneradas por falta de recursos. "La democracia es un bien público que no puede ser puesto en riesgo por decisiones financieras mal planificadas. Estamos hablando de los derechos políticos de más de 50 millones de colombianos", concluyó.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) eligió a Álvaro Hernán Prada como su nuevo presidente. Esta decisión se dio en medio de en un contexto político polémico, pues llega tras la renuncia de César Lorduy al cargo.Cabe recordar que Prada, junto con Benjamín Ortiz son los dos magistrados que adelantan la investigación formal en contra del presidente Gustavo Petro, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; y varios dirigentes de la campaña Petro Presidente 2022 por presuntas irregularidades.Justamente, la nueva cabeza del CNE aseguró, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, que se brindarán las garantías a todos los sujetos procesales con investigaciones abiertas. Ante los cuestionamientos, respondió que las decisiones se toman por mayoría calificada, reflejando “un voto de confianza y compromiso entre los magistrados”.Las críticas de Petro y la controversia de la imparcialidadEn varias ocasiones, el jefe de Estado se ha pronunciado sobre la capacidad del CNE para investigar. Al ser Prada miembro del Centro Democrático, el presidente ha insinuado que esto podría afectar la imparcialidad del organismo. Ante esto, Prada afirmó que “nunca ha reconocido enemigos” y que su labor es netamente judicial, más no política.“Yo nunca he dicho que el presidente Petro es mi enemigo, nunca. No reconozco enemigos a nadie. Entre otras cosas, no creo en la enemistad, creo siempre que uno debe tener posiciones ideológicamente distintas (…) Yo tenía la camiseta puesta en ese momento cuando estaba en el Congreso de la República, la camiseta de congresista, donde se hacen evidente las diferencias ideológicas. Acá tengo la camiseta puesta de juez, de imparcial, y eso no solamente se dice, se prueba”, subrayó.Asimismo, mencionó que el CNE ha demostrado a lo largo de su trayectoria la capacidad de sancionar a partidos políticos de todas las tendencias, dejando claro que sus decisiones no están ligadas a la política partidista.“(…) Se prueban las decisiones que hemos tomado en el Consejo Nacional Electoral, donde a cualquiera de nosotros nos ha tocado sancionar a los partidos que nos postularon y, por el contrario, nos ha tocado terminar, absolver a candidatos que pertenecen a partidos contrarios; eso muestra que nosotros la ruta que tenemos es la Constitución y la ley, no otra distinta”, aseveró.También habló sobre la posibilidad de que el Pacto Histórico se decante por Álvaro Echeverri para ocupar dicho puesto, lo que podría generar aún más tensión dentro del actual escenario político. Prada destacó que el Congreso es el órgano que debe elegir a los nuevos magistrados y que son las negociaciones internas las que decidirán cómo se manejará este proceso.Sobre un “golpe blanco”, enfatizó que eso significa una “desobediencia civil, una presión internacional y una manipulación mediática”, lo cual no está ocurriendo, según recalcó.“Por el contrario, nosotros caminamos de acuerdo a la Constitución, la ley y la jurisprudencia y, además, de la jurisprudencia de las cortes del Consejo de Estado, que ha ratificado, al igual que la Corte Constitucional, la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar las candidaturas presidenciales”, añadió.
Blu Radio conoció el borrador de la ponencia que el magistrado Cristian Quiroz presentará ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) la próxima semana y que busca declarar infundada la recusación del Pacto Histórico en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada.Las pretensiones de la bancada del Pacto Histórico con esta recusación era apartar al magistrado Prada de la investigación preliminar que adelanta junto con el magistrado Benjamín Ortíz, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, y que ya cuenta con ponencia, pidiendo abrir investigación formal y formular cargos en contra del primer mandatario, el exgerente de la campaña Ricardo Roa, y los auditores de la campaña.“El magistrado Álvaro Hernán Prada se encuentra inmerso en una causal de impedimento debido a la existencia de una enemistad grave hacia el presidente Gustavo Petro, la cual ha sido ampliamente evidenciada a través de diversas manifestaciones públicas y declaraciones en redes sociales”, argumentan los integrantes de la bancada de Gobierno en la recusación.Según el sentido de la ponencia, el magistrado considera que los argumentos de la recusación son infundados, ya que no puede considerarse el hecho de que el magistrado haya manifestado opiniones y críticas en su ejercicio político pasado como fundamento de un impedimento: “(...) en el ejercicio de un mismo oficio como lo es el de la política, es habitual que se generen roces por posiciones políticas distintas, no obstante, el hecho de haber efectuado estas manifestaciones no implica “ipso iure” que se constituya como una causal de recusación, cuando sus actuaciones como autoridad administrativa en el Consejo Nacional Electoral han estado apartadas cualquier consideración subjetiva, personal o partidista, incluso frente a decisiones relativas a la campaña a la presidencia de la república de la coalición Pacto Histórico”.Esta decisión deberá ser sometida a votación de la Sala Plena del CNE y de ser derrotada, la recusación pasará a manos de otro magistrado quien deberá redactar una nueva ponencia en sentido contrario al presentado por Quiroz. Cabe recordar que también cursan dos recusaciones en contra de las magistradas del Pacto Histórico, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez.
Este miércoles 15 de mayo se dio inicio al juicio contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada, por el delito de manipulación de testigos en el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe. El proceso está a cargo del magistrado ponente Ariel Augusto Torres Rojas.Entre los hechos que son materia de investigación, Prada salió salpicado dentro de versiones que señalan que habría presionado a testigos para que se retractaran de señalamientos en contra del expresidente Álvaro Uribe y su hermano, Santiago Uribe.Durante la audiencia, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el juicio al negar la nulidad que exigía la defensa del excongresista del Centro Democrático, con el argumento que el alto tribunal no era competente para procesarlo. El alto tribunal explicó que sí está entre sus funciones realizar la investigación, ya que los hechos se remontan al periodo en que Prada fue representante a la Cámara por dicha colectividad.Uno de esos testigos sería el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien señaló que recibió presiones para cambiar su versión sobre los supuestos vínculos de los hermanos Uribe. Al parecer, Prada habría contactado a Carlos López, alias Caliche, para que llegara a Monsalve, quien es considerado uno de los testigos dentro del expediente. El proceso contra el actual magistrado del CNE comenzó en 2018.Cabe mencionar que Álvaro Hernán Prada es uno de los investigadores en el caso que adelanta el CNE sobre presuntas irregularidades que se habrían presentado en la campaña Petro Presidente
Ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), dos magistrados radicaron ponencia que propone una investigación formal por irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro y que pide formular cargos directos contra el jefe de Estado. Estos magistrados piden que se investigue la donación de Fecode a la campaña Petro de 2022, incluyendo el ingreso de supuesto dinero ilegal, violación de límites máximos de financiación y uso irregular de transporte aéreo. ¿Quiénes son los magistrados que piden la investigación? Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada fueron los dos magistrados del CNE que radicaron esta solicitud de formular cargos con el presidente y el actual presidente de Ecopetrol. Benjamín Ortiz: es magister en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Electoral y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia.En la política viene del Partido Liberal y fue secretario general de la Registraduría de Alexander Vega. También pasó por el Consejo Superior de la Judicatura y la Contraloría Distrital de Bogotá. Álvaro Hernán Prada: su cargo más recordado es como representante a la Cámara por parte del Centro Democrático. También fue candidato a la Alcaldía de Neiva, asesor político del candidato Horacio Serpa en dos campañas presidenciales y director Nacional de Registro Civil en el año 2004.Prada además fue a juicio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de soborno y fraude procesal dentro del caso por compra de testigos del expresidente Álvaro Uribe. Ahora, los diez magistrados de la Sala Plena deberán decidir si aceptan o no esta ponencia contra el presidente Gustavo Petro. Esto ha sucedido con otros expedientes, como, por ejemplo, el de Alfonso Campo, el cual ha sido aplazado debido al reparto del expediente.Dicha información había sido adelantada previamente por Blu Radio. Dentro de lo que investigaría el CNE de la campaña presidencial estaría las declaraciones de Nicolás Petro; vuelos privados no reportados en el CNE; pago a testigos electorales o que Unión Sindical Obrera (USO )también realizó una donación, de al menos 600 millones.Tras conocerse la noticia, el mandatario lamentó que comenzó lo que ha llamado un "golpe blando" en su contra e insinuó que se trata de una persecución política.
Después de una larga controversia y una dura puja de poder, el Congreso de la República eligió a los nueve integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), para el periodo 2022-2026. Finalmente, sí hubo sorpresas, por cuenta de la salida de uno de los favoritos: Álvaro Echeverry.Él, muy cercano al presidente del Senado, Roy Barreras, se daba casi que por seguro en la elección, pero terminó saliendo, según algunas fuentes, por una pelea interna en el Pacto Histórico.El que sí quedó elegido fue Álvaro Hernán Prada, la apuesta del uribismo, quien recibió críticas por el proceso que lo tiene a punto de enfrentar un juicio ante la Corte Suprema de Justicia, pero que logró 31 votos, gracias al apoyo de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, específicamente con el respaldo de Rodolfo Hernández y Marlén Castillo.En la lista también quedaron Benjamín Ortiz y Altus Baquero, ambos del Partido Liberal, pero quienes tienen relación política con el registrador y el defensor, respectivamente. Alexander Vega y Carlos Camargo tienen algunas diferencias del pasado que hicieron que, en su momento, pusieran a tambalear la aspiración de Baquero, secretario general de la Defensoría, pero quien finalmente logró entrar.Los otros elegidos son Fabiola Márquez, de Mais, Unión Patriótica y Colombia Humana; Alfonso Campo, del Partido Conservador; Cristian Quiroz, de Alianza Verde; César Lorduy, de Cambio Radical; Alba Lucía Velásquez, del Polo Democrático; y la exsenadora Maritza Martínez, de La U.El CNE se encarga de vigilar y sancionar a los partidos, conceder personerías jurídicas, declarar las elecciones, avalar las cuentas, entre otros.Le puede interesar. Escuche el podcast historias detrás de la historia
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.
