El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, rompió el silencio tras la decisión que tomó en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá de absolverlo por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.Con tono pausado, pero firme, agradeció a Dios, a su familia y a su equipo de abogados por acompañarlo durante más de seis años de uno de los procesos más mediáticos en la historia reciente del país.Uribe destacó la labor de su defensa, encabezada por el penalista Jaime Granados, el abogado Jaime Lombana, y sus equipos jurídicos, con nombres como Guillermo Uribe, Juan Felipe Amaya, Frankie Guevara, Víctor Mosquera y Alejandro Sánchez. El exmandatario también reconoció a quienes lo apoyaron en la preparación de su defensa, como Carolina Escamilla, Julia Correa e Isabel Mejía.Además, expresó su solidaridad con Diego Cadena, su exabogado investigado por soborno a testigos, y con el excongresista Álvaro Hernán Prada, ambos involucrados en el mismo caso. "Hago votos para que personas que resultaron involucradas en este proceso como el doctor Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada rápidamente puedan superar sus dificultades".Con un tono más emotivo, Álvaro Uribe Vélez pidió disculpas a la justicia y a la Procuraduría General de la Nación por el tiempo invertido en el proceso, insistiendo en que, “a lo largo de su vida pública siempre ha dicho la verdad a los colombianos”.Además, el exmandatario cerró su pequeña intervención desde su hogar en el Oriente antioqueño con algunas peticiones.“Pido a la Providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia. Pido a la Providencia que me dé toda la nobleza para luchar por este gran pueblo del que me siento muy orgulloso en pertenecer, el gran pueblo colombiano".Así, tras años de audiencias, acusaciones y controversias, Álvaro Uribe Vélez deja abierta la pregunta sobre su futuro en la vida pública, tema frente al cual no se quiso referir.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, confirmó que el expediente sobre presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 será trasladado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia competente para investigar al actual mandatario.Prada explicó que la investigación concluyó que la campaña de Petro incurrió en dos faltas: superación de topes electorales y financiación prohibida.De acuerdo con los cálculos del CNE, en la primera vuelta se superaron los límites en más de 2.440 millones de pesos, mientras que en la segunda vuelta el exceso alcanzó los 538 millones. Además, se documentaron aportes de personas jurídicas como Fecode y la USO, pese a que la ley lo prohíbe de manera expresa.La ponencia, elaborada por Prada junto con el magistrado Benjamín Ortiz, propone una sanción económica cercana a los 1.200 millones de pesos para cada partido que avaló la candidatura. El presidente del CNE explicó que la decisión de no solicitar la suspensión de personerías jurídicas responde a un criterio legal y a la necesidad de evitar interpretaciones políticas: “Nos fuimos por ese criterio para que no se confunda en la opinión pública una investigación objetiva con una intención política”.Prada también mencionó que el expediente incluye referencias al papel de Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, por lo cual se compulsarán copias a la Fiscalía. En el caso de Petro, recordó que el CNE está impedido de investigarlo directamente tras un fallo de la Corte Constitucional, por lo que será la Comisión de Acusación la encargada de definir si existió alguna responsabilidad del entonces candidato.La discusión final sobre la ponencia está programada para el 11 de septiembre en la Sala Plena del CNE, donde se requieren al menos seis votos de los ocho magistrados habilitados. Prada confió en que el documento, de más de 600 páginas y 7.000 folios de pruebas, será considerado de manera objetiva: “Es la primera vez que se llega a esta instancia en una investigación de una campaña presidencial y lo hemos hecho con mucha responsabilidad”.
El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos entró en una nueva fase esta semana, marcada por decisiones estratégicas de la defensa y la reaparición de un actor clave en el caso: Álvaro Hernán Prada.La audiencia comenzó con una jugada procesal del abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, quien decidió desistir de presentar a dos testigos previamente anunciados: Juan Guillermo Villegas y Franklin Castañeda. Con esta modificación, el equipo jurídico del expresidente espera concluir la práctica probatoria antes del 27 de junio. En este nuevo panorama, la atención se ha centrado en el testimonio que dará Álvaro Hernán Prada este jueves.Antes de que rindiera su declaración, la jueza Sandra Heredia le advirtió que no está obligado a responder preguntas que puedan comprometer su situación jurídica actual. Prada enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia vinculado a los mismos hechos por los que se investiga a Uribe: un supuesto plan para desacreditar el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso.Según la Fiscalía, Prada habría actuado como intermediario para contactar a Monsalve con el objetivo de que modificara su versión en contra del expresidente. El contacto se habría realizado a través de Carlos López, alias 'Caliche', quien habría sido el puente entre Prada y el testigo. Esta supuesta intermediación lo vincula directamente con el entramado de presunta manipulación de testigos, una de las piezas centrales del caso. El ente investigador también sostiene que Prada realizó visitas al departamento del Huila previo a la campaña electoral de 2018, lo que podría estar relacionado con estos hechos.La Corte Suprema de Justicia consideró que existían indicios serios de que su participación no fue un hecho aislado, sino parte de un plan coordinado. En ese momento, el alto tribunal señaló que los actos investigados apuntaban a un patrón sistemático para deslegitimar testimonios y alterar el curso de los procesos judiciales.Por su parte, la defensa del expresidente ha insistido en que ni Uribe ni Prada cometieron delito alguno. Según su versión, los acercamientos a testigos como Monsalve se enmarcan en el derecho legítimo a la defensa y no constituyen actos de presión o manipulación. Prada, aseguran, actuó de buena fe y sin concertación ilícita con Uribe.
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para analizar en los próximos días un proyecto de resolución presentado por el magistrado Alfonso Campo (Partido Conservador), el cual propone modificar el reglamento interno del órgano electoral.En la propuesta, hay un artículo que llama la atención, ya que propone modificar el artículo 27 de la Resolución 065 de 1996, lo que podría prorrogar por un año más el periodo del presidente en funciones:“Artículo 27°.- Presidente y Vicepresidente. El Consejo Nacional Electoral elegirá un presidente y un vicepresidente por un período de un (1) año, que se podrá prorrogar por un año más. Dicha prórroga se podrá otorgar incluso antes de que culmine su periodo, cuando la Sala Plena así lo considere, con las mismas reglas de quórum que se observaron para su elección. Una vez culminado el respectivo período anual y mientras se elige una nueva Mesa Directiva, seguirá fungiendo como tal aquella que venía ejerciendo dichas funciones. Cuando inicie el periodo constitucional de los Magistrados, la primera elección de mesa directiva del Consejo Nacional Electoral estará presidida por el magistrado a quien corresponda según el orden alfabético de apellidos”.De aprobarse esta resolución, el actual presidente, Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), podría extender su periodo en un momento clave, ya que la entidad seguiría liderada por un magistrado abiertamente opositor al Gobierno de Petro. Junto con el magistrado Benjamín Ortiz, Prada es uno de los dos magistrados que lideran la investigación administrativa contra el presidente Petro y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta violación de topes y financiación prohibida en la campaña presidencial de 2022.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, advirtió que las elecciones programadas para 2026 en Colombia están en riesgo debido al recorte del 56,75% en el presupuesto asignado a la entidad para 2025. En una entrevista con Mañanas Blu, Prada denunció que la reducción de $600.000 millones afecta directamente la organización y supervisión de los procesos electorales previstos, comprometiendo la democracia en el país.El impacto del recorte presupuestalDe acuerdo con Prada, este ajuste financiero no es solo un “aplazamiento” del presupuesto, como lo ha denominado el Gobierno Nacional, sino una medida que impide garantizar las funciones del CNE. "Este recorte equivale a la totalidad del presupuesto destinado al componente electoral", explicó. Entre las actividades que quedarían afectadas se encuentran las elecciones atípicas programadas para 2025, como la del gobernador del Putumayo y la alcaldía de Puerto Guzmán, así como los preparativos para los comicios legislativos y presidenciales de 2026.El presidente del CNE subrayó que la entidad, al haber ganado autonomía presupuestal y administrativa en los últimos años, asume ahora directamente funciones críticas para la transparencia electoral. Estas incluyen la contratación de auditorías externas, la supervisión de los escrutinios, la implementación de plataformas digitales y la capacitación de testigos electorales. “Es una operación que no puede improvisarse. Sin los recursos adecuados, no podríamos garantizar la legitimidad de las elecciones ni cumplir con nuestras funciones constitucionales”, afirmó.¿Quién asume la responsabilidad?El presidente Gustavo Petro, a través de un trino, aseguró que el recorte no debería afectar las elecciones, argumentando que el presupuesto electoral principal está bajo la gestión de la Registraduría Nacional. Sin embargo, Prada aclaró que, aunque la Registraduría se encarga de la logística electoral, es el CNE quien supervisa, audita y valida los resultados. “La Registraduría opera hasta las 4:00 p. m. el día de las elecciones, pero de ahí en adelante, todo el proceso de escrutinio y auditoría es responsabilidad nuestra. Sin los $600.000 millones que nos están quitando, no podríamos siquiera declarar los resultados oficiales”, enfatizó.Además, Prada señaló que la falta de explicación clara por parte del Gobierno agrava la incertidumbre. "No hemos recibido ningún comunicado formal que justifique esta decisión ni que garantice una solución a tiempo. Necesitamos estabilidad presupuestal para planificar adecuadamente las elecciones", afirmó."Los riesgos para la democracia"El impacto del recorte presupuestal no solo afecta la organización de las elecciones, sino que pone en entredicho la confianza en el sistema electoral colombiano, según dijo.“Para garantizar elecciones transparentes, necesitamos auditar cada etapa del proceso, implementar medidas de ciberseguridad y asegurar la participación de testigos electorales en las 115.000 mesas que se instalarán en todo el país”, explicó Prada. El presidente del CNE también advirtió sobre los riesgos de retrasar la planeación: “Los procesos contractuales deben iniciarse con antelación, y esto solo es posible si contamos con los recursos necesarios desde el principio”.El CNE tiene previsto llevar el tema a la Comisión de Seguimiento Electoral, liderada por el Ministerio del Interior, con el objetivo de buscar una solución. Prada insistió en que, aunque las restricciones presupuestales son comprensibles en el contexto económico actual, estas deben aplicarse de manera proporcional entre las distintas entidades. "Un recorte del 60% en nuestro caso es desproporcionado y pone en jaque una función esencial para la democracia", declaró.Un llamado a la acciónEn su intervención, Álvaro Hernán Prada reiteró la necesidad de que los organismos de control acompañen el proceso para garantizar que las elecciones no sean vulneradas por falta de recursos. "La democracia es un bien público que no puede ser puesto en riesgo por decisiones financieras mal planificadas. Estamos hablando de los derechos políticos de más de 50 millones de colombianos", concluyó.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) eligió a Álvaro Hernán Prada como su nuevo presidente. Esta decisión se dio en medio de en un contexto político polémico, pues llega tras la renuncia de César Lorduy al cargo.Cabe recordar que Prada, junto con Benjamín Ortiz son los dos magistrados que adelantan la investigación formal en contra del presidente Gustavo Petro, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; y varios dirigentes de la campaña Petro Presidente 2022 por presuntas irregularidades.Justamente, la nueva cabeza del CNE aseguró, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, que se brindarán las garantías a todos los sujetos procesales con investigaciones abiertas. Ante los cuestionamientos, respondió que las decisiones se toman por mayoría calificada, reflejando “un voto de confianza y compromiso entre los magistrados”.Las críticas de Petro y la controversia de la imparcialidadEn varias ocasiones, el jefe de Estado se ha pronunciado sobre la capacidad del CNE para investigar. Al ser Prada miembro del Centro Democrático, el presidente ha insinuado que esto podría afectar la imparcialidad del organismo. Ante esto, Prada afirmó que “nunca ha reconocido enemigos” y que su labor es netamente judicial, más no política.“Yo nunca he dicho que el presidente Petro es mi enemigo, nunca. No reconozco enemigos a nadie. Entre otras cosas, no creo en la enemistad, creo siempre que uno debe tener posiciones ideológicamente distintas (…) Yo tenía la camiseta puesta en ese momento cuando estaba en el Congreso de la República, la camiseta de congresista, donde se hacen evidente las diferencias ideológicas. Acá tengo la camiseta puesta de juez, de imparcial, y eso no solamente se dice, se prueba”, subrayó.Asimismo, mencionó que el CNE ha demostrado a lo largo de su trayectoria la capacidad de sancionar a partidos políticos de todas las tendencias, dejando claro que sus decisiones no están ligadas a la política partidista.“(…) Se prueban las decisiones que hemos tomado en el Consejo Nacional Electoral, donde a cualquiera de nosotros nos ha tocado sancionar a los partidos que nos postularon y, por el contrario, nos ha tocado terminar, absolver a candidatos que pertenecen a partidos contrarios; eso muestra que nosotros la ruta que tenemos es la Constitución y la ley, no otra distinta”, aseveró.También habló sobre la posibilidad de que el Pacto Histórico se decante por Álvaro Echeverri para ocupar dicho puesto, lo que podría generar aún más tensión dentro del actual escenario político. Prada destacó que el Congreso es el órgano que debe elegir a los nuevos magistrados y que son las negociaciones internas las que decidirán cómo se manejará este proceso.Sobre un “golpe blanco”, enfatizó que eso significa una “desobediencia civil, una presión internacional y una manipulación mediática”, lo cual no está ocurriendo, según recalcó.“Por el contrario, nosotros caminamos de acuerdo a la Constitución, la ley y la jurisprudencia y, además, de la jurisprudencia de las cortes del Consejo de Estado, que ha ratificado, al igual que la Corte Constitucional, la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar las candidaturas presidenciales”, añadió.
Blu Radio conoció el borrador de la ponencia que el magistrado Cristian Quiroz presentará ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) la próxima semana y que busca declarar infundada la recusación del Pacto Histórico en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada.Las pretensiones de la bancada del Pacto Histórico con esta recusación era apartar al magistrado Prada de la investigación preliminar que adelanta junto con el magistrado Benjamín Ortíz, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, y que ya cuenta con ponencia, pidiendo abrir investigación formal y formular cargos en contra del primer mandatario, el exgerente de la campaña Ricardo Roa, y los auditores de la campaña.“El magistrado Álvaro Hernán Prada se encuentra inmerso en una causal de impedimento debido a la existencia de una enemistad grave hacia el presidente Gustavo Petro, la cual ha sido ampliamente evidenciada a través de diversas manifestaciones públicas y declaraciones en redes sociales”, argumentan los integrantes de la bancada de Gobierno en la recusación.Según el sentido de la ponencia, el magistrado considera que los argumentos de la recusación son infundados, ya que no puede considerarse el hecho de que el magistrado haya manifestado opiniones y críticas en su ejercicio político pasado como fundamento de un impedimento: “(...) en el ejercicio de un mismo oficio como lo es el de la política, es habitual que se generen roces por posiciones políticas distintas, no obstante, el hecho de haber efectuado estas manifestaciones no implica “ipso iure” que se constituya como una causal de recusación, cuando sus actuaciones como autoridad administrativa en el Consejo Nacional Electoral han estado apartadas cualquier consideración subjetiva, personal o partidista, incluso frente a decisiones relativas a la campaña a la presidencia de la república de la coalición Pacto Histórico”.Esta decisión deberá ser sometida a votación de la Sala Plena del CNE y de ser derrotada, la recusación pasará a manos de otro magistrado quien deberá redactar una nueva ponencia en sentido contrario al presentado por Quiroz. Cabe recordar que también cursan dos recusaciones en contra de las magistradas del Pacto Histórico, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez.
Este miércoles 15 de mayo se dio inicio al juicio contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada, por el delito de manipulación de testigos en el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe. El proceso está a cargo del magistrado ponente Ariel Augusto Torres Rojas.Entre los hechos que son materia de investigación, Prada salió salpicado dentro de versiones que señalan que habría presionado a testigos para que se retractaran de señalamientos en contra del expresidente Álvaro Uribe y su hermano, Santiago Uribe.Durante la audiencia, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el juicio al negar la nulidad que exigía la defensa del excongresista del Centro Democrático, con el argumento que el alto tribunal no era competente para procesarlo. El alto tribunal explicó que sí está entre sus funciones realizar la investigación, ya que los hechos se remontan al periodo en que Prada fue representante a la Cámara por dicha colectividad.Uno de esos testigos sería el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien señaló que recibió presiones para cambiar su versión sobre los supuestos vínculos de los hermanos Uribe. Al parecer, Prada habría contactado a Carlos López, alias Caliche, para que llegara a Monsalve, quien es considerado uno de los testigos dentro del expediente. El proceso contra el actual magistrado del CNE comenzó en 2018.Cabe mencionar que Álvaro Hernán Prada es uno de los investigadores en el caso que adelanta el CNE sobre presuntas irregularidades que se habrían presentado en la campaña Petro Presidente
Ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), dos magistrados radicaron ponencia que propone una investigación formal por irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro y que pide formular cargos directos contra el jefe de Estado. Estos magistrados piden que se investigue la donación de Fecode a la campaña Petro de 2022, incluyendo el ingreso de supuesto dinero ilegal, violación de límites máximos de financiación y uso irregular de transporte aéreo. ¿Quiénes son los magistrados que piden la investigación? Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada fueron los dos magistrados del CNE que radicaron esta solicitud de formular cargos con el presidente y el actual presidente de Ecopetrol. Benjamín Ortiz: es magister en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Electoral y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia.En la política viene del Partido Liberal y fue secretario general de la Registraduría de Alexander Vega. También pasó por el Consejo Superior de la Judicatura y la Contraloría Distrital de Bogotá. Álvaro Hernán Prada: su cargo más recordado es como representante a la Cámara por parte del Centro Democrático. También fue candidato a la Alcaldía de Neiva, asesor político del candidato Horacio Serpa en dos campañas presidenciales y director Nacional de Registro Civil en el año 2004.Prada además fue a juicio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de soborno y fraude procesal dentro del caso por compra de testigos del expresidente Álvaro Uribe. Ahora, los diez magistrados de la Sala Plena deberán decidir si aceptan o no esta ponencia contra el presidente Gustavo Petro. Esto ha sucedido con otros expedientes, como, por ejemplo, el de Alfonso Campo, el cual ha sido aplazado debido al reparto del expediente.Dicha información había sido adelantada previamente por Blu Radio. Dentro de lo que investigaría el CNE de la campaña presidencial estaría las declaraciones de Nicolás Petro; vuelos privados no reportados en el CNE; pago a testigos electorales o que Unión Sindical Obrera (USO )también realizó una donación, de al menos 600 millones.Tras conocerse la noticia, el mandatario lamentó que comenzó lo que ha llamado un "golpe blando" en su contra e insinuó que se trata de una persecución política.
Después de una larga controversia y una dura puja de poder, el Congreso de la República eligió a los nueve integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), para el periodo 2022-2026. Finalmente, sí hubo sorpresas, por cuenta de la salida de uno de los favoritos: Álvaro Echeverry.Él, muy cercano al presidente del Senado, Roy Barreras, se daba casi que por seguro en la elección, pero terminó saliendo, según algunas fuentes, por una pelea interna en el Pacto Histórico.El que sí quedó elegido fue Álvaro Hernán Prada, la apuesta del uribismo, quien recibió críticas por el proceso que lo tiene a punto de enfrentar un juicio ante la Corte Suprema de Justicia, pero que logró 31 votos, gracias al apoyo de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, específicamente con el respaldo de Rodolfo Hernández y Marlén Castillo.En la lista también quedaron Benjamín Ortiz y Altus Baquero, ambos del Partido Liberal, pero quienes tienen relación política con el registrador y el defensor, respectivamente. Alexander Vega y Carlos Camargo tienen algunas diferencias del pasado que hicieron que, en su momento, pusieran a tambalear la aspiración de Baquero, secretario general de la Defensoría, pero quien finalmente logró entrar.Los otros elegidos son Fabiola Márquez, de Mais, Unión Patriótica y Colombia Humana; Alfonso Campo, del Partido Conservador; Cristian Quiroz, de Alianza Verde; César Lorduy, de Cambio Radical; Alba Lucía Velásquez, del Polo Democrático; y la exsenadora Maritza Martínez, de La U.El CNE se encarga de vigilar y sancionar a los partidos, conceder personerías jurídicas, declarar las elecciones, avalar las cuentas, entre otros.Le puede interesar. Escuche el podcast historias detrás de la historia
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo (norte).El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
