Tras hacerse oficial la renuncia de Andrés Camacho como ministro de Minas y Energía, desde la región Caribe, donde siempre se cuestionó sobre la eficacia de su gestión para lograr la reducción de las tarifas de energía, se empezaron a conocer reacciones de expertos en el tema.Le puede interesar: Uno de los pronunciamientos es el del exministro de minas y experto en temas energéticos Amylkar Acosta, quien cuestionó la labor de Camacho en el cargo, afirmando que no estuvo a la altura de los retos que el sector energético requería, dejando una grave crisis en el sector minero energético del país.“Deja mucho que desear. Realmente no estuvo a la altura de los retos, de los desafíos del sector minero energético del país. Deja una industria del petróleo y del carbón, especialmente, en una situación de crisis por cuenta de las decisiones que se tomaron y también por las que se dejaron de tomar”, puntualizó Acosta.Consideró que hay gran expectativa por la designación en el cargo de Edwin Palma, quien venía ejerciendo como agente Interventor de Air-e.Frente a su nombramiento como nuevo ministro de minas y energía considera que es una persona con experiencia que, además, es dada al diálogo, lo que pudiera servir para superar la crisis actual.“Auguramos que con él las cosas cambien para bien, empezando porque se reconozca que hay una crisis que se negó sistemáticamente a reconocerla el ministro Camacho. En segundo lugar, el Gobierno tiene que sincerarse en las cifras que se manejan y que se le dan a conocer a la opinión pública”, expresó.
En la opinión del exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, “el Gobierno Nacional ha dado un paso en la dirección correcta al disponer el reajuste del precio de los combustibles como una manera de evitar que se siga acrecentando el déficit del fondo de estabilización”.En ese sentido, considera que es un “craso error contrarrestar este aumento de los precios, afectando el recaudo de los impuestos que gravan a esos combustibles”, tal como lo sugiere un proyecto de Ley radicado en el Congreso, ya que ello “afectaría los ingresos de la Nación”."Esto sería tanto como borrar con el codo lo que ha venido haciendo el Gobierno con las manos, porque se estaría afectando los ingresos que percibe la Nación por estos impuestos, que son la fuente de financiación de programas de inversión social tan importante como la Renta Ciudadana", manifestó.El exfuncionario reconoce que el IVA, el impuesto nacional, el impuesto al carbono y la sobretasa a los combustibles representan el 23% del precio final del galón de combustible.Sin embargo, insiste en que reducir estos impuestos también “afectaría los fiscos departamentales y municipales que encuentran en la sobretasa la fuente de ingreso para financiar sus proyectos de infraestructura vial, la misma que utilizan los automóviles que consumen esos combustibles”.Le puede interesar:
La escasez de gas en el mundo, el racionamiento de energía en Europa, la inflación y, en el caso de Colombia, la incertidumbre alrededor del proyecto Hidroituango tienen en alerta al sector energético.Por lo anterior, Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, consultó a dos exministros de Minas y Energía para saber sobre las posibles consecuencias que pueden traer esta crisis a los usuarios.En primer lugar, Amylkar Acosta, exministro de Minas en el Gobierno de Juan Manuel Santos, habló sobre el atraso en la obra de Hidroituango y lo que implicado para los usuarios del servicio de energía.“Este atraso ya va para tres años, porque Hidroituango está llamada a generar 2.400 megavatios de potencia, con ese atraso se ha venido estrechando el mercado de energía y eso ha repercutido en los costos y termina impactando a los usuarios. Se calcula que ese incremento que ha tenido que pagar el usuario está en un 24 %”, señaló Acosta.Por su parte, Juan Camilo Restrepo, exjefe de esa cartera de Minas y Energía en el gobierno de César Gaviria, agregó que por el momento es apresurado decir que Colombia tendrá que afrontar un racionamiento en el servicio.“En estos temas hay que ser prudentes. Por el momento hay que creerle al ministro, ¿qué ha dicho el ministro? Que aun si Hidroituango no entrará en las fechas previstas, hay unos programas que deben reemplazar esa energía. Pero lo cierto es que esta discusión en las últimas horas ha tenido un grado de complejidad inmenso”, añadió Restrepo.Sin embargo, destacó: "El aumento del consumo de energía eléctrica muestra que la economía colombiana está en recuperación. Se trata de un buen indicador”.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra el exministro Amylkar Acosta, quien aparentemente suscribió un contrato de forma directa cuando fungía como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, con la empresa Thomas Greg & Sons de Colombia S.A, por más de 17 mil millones de pesos.De acuerdo con la investigación disciplinaria, hay presuntas irregularidades en la suscripción de este negocio porque el también exsenador y exministro de minas, aparentemente no realizó la escogencia del contratista previamente a través del sistema de licitación pública, acción con la que ‘‘pudo vulnerar la participación de los potenciales oferentes en igualdad de condiciones técnicas y económicas’’.El contrato 093 de 2016 tenía por objeto la adquisición de una "plataforma centralizada de información de impuesto al consumo” por valor de $17.690’000.000, acción que la Procuraduría cuestiona por posiblemente haber infringido los principios de eficiencia y transparencia.El Ministerio Público calificó la presunta conducta como ‘una falta gravísima a título de culpa gravísima’.
El exministro de Minas Amylkar Acosta, uno de los implicados en el juicio fiscal por Reficar, aseguró a BLU Radio que el contrato de Reficar estaba “amarrado” y que la junta de Ecopetrol no tuvo más remedio que mantenerlo vigente para evitar un descalabro peor. Acosta es uno de los siete ministros y exministros involucrados por la Contraloría General en un proceso de responsabilidad fiscal por los cuantiosos sobrecostos de 17 billones de pesos. El exministro explicó que la junta directiva para su época, en el año 2013, se encontraba en una especie de camisa de fuerza en donde resultaba peor deshacer el contrato con la multinacional CB&I que seguir adelante con el proyecto. “La verdad es que la junta directiva en primer lugar tenía una camisa de fuerza y en segundo término estábamos en la disyuntiva de si se paraba el proyecto o si se seguía”, agregó. Según Amikar Acosta, todos los problemas se originaron porque el proyecto desde un comienzo, en 2004, estaba mal estructurado y se entregó a entidades que no tenían la suficiente experiencia. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -BLU Radio estableció que 700 milicianos de la Farc ya han ingresado a las zonas veredales, cuyo reconocimiento dependerá de que aparezcan en las listas del grupo guerrillero, pues de lo contrario saldrán de los sitios de concentración y deberán someterse a la justicia ordinaria. -El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char señaló que ya se está buscando otro operador tras la decisión de la Superintendencia de liquidar Electricaribe. -En compañía del presidente Juan Manuel Santos, el hasta hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras, entregó su última obra de infraestructura en el actual Gobierno; se trata de la renovación del Aeropuerto el Dorado en Bogotá. -El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aceptó la demanda contra quien facilita prestación de servicios de transporte. -El Gobierno anunció medidas especiales para mejorar calidad del aire en Medellín. -El Secretario General de la OEA pidió suspender a Venezuela de la organización si no celebra elecciones pronto y condenó la omisión regional frente a la crisis que se presenta en ese país. -Atlético Nacional debuta en la edición de la Copa Libertadores 2017 frente al Barcelona de Ecuador, al que ya venció en 2015, 2-1. -El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa aseguró que el proyecto de buses eléctricos y Transmilenios en las vías férreas se mantiene, a pesar de las advertencias que entregó el Invias.
El director de la Federación Nacional de Departamentos, FND, Amylkar Acosta, respondió en BLU Radio a la denuncia que hizo el senador Carlos Fernando Galán sobre una supuesta ‘contratación a dedo’ de un software para centralizar la información sobre el impuesto de consumo a licor. De acuerdo con el funcionario, la contratación no ‘fue a dedo’, pero sí directa porque el oferente, Thomas Greg & Sons, era el único que cumplía con los requisitos. “Estamos hablando de una tecnología que tiene derechos de autor. Si abríamos una licitación significaba que íbamos a terminar muy seguramente con un solo proveedor y eso si avocaba una situación compleja”, dijo.
En las últimas horas, el secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, siguiendo instrucciones de Juan Manuel Santos, ha llamado a los gobernadores para decirles que el presidente vería con buenos ojos que se cambie a Amylkar Acosta. Mientras tanto, el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, informó a los mandatarios departamentales que el Gobierno quiere que acosta continúe como presidente de la FND. La razón, según Zuleta, de este desacuerdo se debe a que el ministro Juan Fernando Cristo necesita a Amylkar Acosta para impulsar su campaña presidencial, que sería lanzada en unas semanas. En entrevista con BLU Radio, el director de la Federación Nacional de Departamentos, dijo que ante la proximidad del debate electoral se empieza a dar la puja política. “Esto empieza a darse en ocasión en la asamblea de gobernadores que tenemos el día de hoy”, manifestó. En ese sentido agregó que el presidente no es quien elige o designa el director y que él es amigo del Gobierno, pero que la federación no es un apéndice de la Casa de Nariño. “Si la decisión de la asamblea es que el tema se trate pondré a disposición mi cargo”, puntualizó. Finalmente, confirmó que es muy probable que Plinio Olano sea su sucesor en la presidencia.
Como ‘una tempestad en un vaso de agua’, así calificó la Federación Nacional de Departamentos la sanción impuesta a observadores de la ONU, quienes el pasado 31 de diciembre se encontraban bailando con guerrilleros de las Farc. Amylkar Acosta, director de la FND, resaltó que es una sanción drástica, afirmando que se trata de un hecho intrascendente. Acosta señaló que para futuras ocasiones se debe considerar las instancias y el contexto ya que por hechos como estos no se puede poner en riesgo el papel de las Naciones Unidas en la implementación de los acuerdos. Escuche en este audio más información sobre: -La Secretaría de Tránsito de Cali anunció que se abrió investigación contra el agente de tránsito que atendió el reciente caso de "usted no sabe quién soy yo" registrado el pasado 1 de enero en la ciudad. -Este jueves el Dane revelará el dato de inflación. Los analistas de mercado esperan que el costo de vida de los colombianos no supere el 5%. -Cinco exdiplomáticos estadounidenses pidieron al presidente electo, Donald Trump, que en sus primeros 100 días de mandato derogue las órdenes ejecutivas de Barack Obama relativas a Cuba. -Este sábado finaliza la temporada regular del Béisbol Profesional Colombiano y conoceremos al primer finalista.
Luego de la victoria del NO en el plebiscito, La Federación Nacional de Departamentos en cabeza de su director ejecutivo, Amilkar Acosta, manifestó su respaldo al presidente Santos y lo instó a luchar e insistir hasta alcanzar la paz. Para sorpresa general, 50,21% de los colombianos rechazaron el domingo en un referendo el acuerdo de paz concluido con la guerrilla de las Farc con el que se buscaba cerrar uno de los conflictos más viejos del mundo. El presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", habían firmado el acuerdo el 26 de septiembre, negociado bajo el patrocinio de Noruega y Cuba. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Para los analistas en Santander el voto cristiano fue fundamental para la derrota del Si en el plebiscito. -A 70 mil asciende el número de personas afectadas por el coletazo del huracán Matthew en el Magdalena. Por el desbordamiento de varios ríos hay varios pueblos entre las aguas. -Los bombardeos volvieron a golpear hoy un hospital de la ciudad de Alepo, la mayor del norte de Siria, donde al menos seis personas murieron, mientras que el ejército trató de avanzar frente a los rebeldes desde varias partes de la población, según El Observatorio Sirio de Derechos Humanos. -Debido al aumento de accidentes de tránsito donde se ven involucrados los motociclistas en Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa le pidió mayor exigencia a las academias de conducción al expedir una licencia para conducir moto en la ciudad.
Emisión de Vive Barranquila agosto 3 de 2016
La reducción de la jornada laboral en Colombia sigue siendo uno de los cambios más importantes en las relaciones entre trabajadores y empresas. La medida tiene como objetivo disminuir las horas de trabajo semanales sin afectar el salario de los empleados, por lo que las empresas ahora deben ajustar sus horarios y procesos para cumplir con la normativa.El cambio corresponde a la Ley 2101, que establece una reducción gradual de la jornada máxima laboral en el país. La aplicación inició con una disminución progresiva hasta llegar a las 42 horas semanales, reemplazando el límite anterior de 48 horas.Este ajuste lleva a que las empresas deban revisar la manera en la que distribuyen los turnos y las cargas laborales, especialmente en sectores donde la operación depende de horarios extendidos o atención permanente al público.Reducción laboral obliga a hacer estos cambiosUno de los principales cambios que deben implementar las empresas está relacionado con la reorganización del tiempo laboral. Es decir, la reducción de horas no significa que los empleados reciban menores salarios ni que se reduzcan sus funciones automáticamente.Las compañías tendrán que analizar sus esquemas internos para garantizar el cumplimiento de las horas establecidas sin afectar la productividad. Entre los ajustes que pueden realizar están:Redistribuir los horarios de entrada y salida de los empleados.Modificar turnos de trabajo según las necesidades de cada área.Optimizar procesos internos para mantener la operación.Revisar la asignación de tareas y responsabilidades.El objetivo es que la disminución de la jornada no genere sobrecargas laborales ni obligue a los empleados a compensar las horas reducidas con mayor presión durante el tiempo restante.Empresas deben mantener el salarioUno de los elementos que más dudas genera entre trabajadores y empleadores es el impacto económico del cambio. De acuerdo con la norma, la reducción de la jornada laboral no puede ser una razón para disminuir el salario.Es decir, los empleados seguirán recibiendo el mismo pago por sus labores a pesar de la reducción de horas trabajadas. Además, las empresas deberán mantener las condiciones laborales establecidas en los contratos vigentes.La medida busca que Colombia avance hacia modelos laborales con mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, siguiendo tendencias internacionales relacionadas con la productividad y el bienestar de los trabajadores.Sin embargo, no se trata únicamente de la reducción de horas, pues también se deben tener en cuenta aspectos como el pago de horas extras, recargos nocturnos y dominicales, ya que estos cálculos dependerán de la nueva jornada máxima permitida.Norma propone un cambio en la organización del trabajoLa implementación de esta norma representa un reto para diferentes sectores económicos, especialmente aquellos que funcionan con atención continua como comercio, servicios, salud, transporte e industrias.Aunque algunas compañías ya han adelantado ajustes, otras deberán acelerar sus procesos de adaptación para evitar incumplimientos laborales. La recomendación para los empleadores es revisar contratos, horarios y sistemas de control de tiempo para ajustarse a las nuevas reglas.Con esta reducción progresiva, el país busca transformar la relación laboral y promover una jornada más equilibrada, mientras las empresas enfrentan el desafío de mantener su eficiencia con una nueva distribución del tiempo de trabajo.
La lucha contra el crimen organizado sumó un nuevo capítulo simbólico en Medellín con la entrega de una lujosa propiedad que alguna vez estuvo en la órbita del Cartel de Pablo Escobar y que, desde ahora, será utilizada por el Gaula Militar para fortalecer las operaciones contra el secuestro y la extorsión.El inmueble, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, deja atrás su pasado ligado a una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia del país para convertirse en un activo al servicio de la seguridad.La entrega fue realizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Defensa para recuperar bienes provenientes de economías ilícitas y destinarlos al fortalecimiento de la Fuerza Pública.La propiedad, de 1.798 metros cuadrados construidos, hacía parte de los procesos de extinción de dominio relacionados con los hermanos Galeano y Moncada, considerados piezas fundamentales de la estructura financiera del Cartel de Medellín y estrechos aliados de Escobar durante los años de mayor poder de esa organización narcotraficante.Amelia Pérez, presidenta de la SAE, destacó que con esta decisión, el Estado busca resignificar espacios que durante décadas representaron el enriquecimiento producto del narcotráfico y convertirlos en herramientas para combatir precisamente al crimen."Ser utilizado para beneficio del país y qué más que a través de ustedes. Esperamos sea bien aprovechado, que sea bien utilizado en todo lo que ustedes saben hacer para evitar tantas extorsiones, tantos hechos que afectan a esta sociedad", dijo la directiva.Aparte de este bien en la capital antioqueña, la entidad del Gobierno nacional también entregó otros dos inmuebles en Cúcuta y Cali. En la capital nortesantandereana fue recuperada una propiedad de más de 3.500 metros cuadrados que perteneció a la estructura criminal de Henry Carrillo Ramírez, alias ‘Barriga’, señalado como cabecilla de una red transnacional de narcotráfico.Por su parte, en Cali, el Estado puso al servicio de las autoridades una vivienda de tres niveles vinculada a procesos de extinción de dominio contra Helmer Herrera Buitrago, alias ‘Pacho Herrera’, uno de los máximos jefes del Cartel de Cali.
Ariana Tirado es una joven venezolana que vive en el barrio Villa Estadio del municipio de Soledad, en el Atlántico. En esta coyuntura trágica para su país, su historia tuvo un final feliz cuando se enteró de que su hermano, Gustavo Tirado, no murió en el terremoto del pasado miércoles en Venezuela, que afectó gravemente la ciudad de La Guaira, donde se encontraba.Fueron más de dos días los que vivieron Ariana y su madre sin saber nada de su hermano. Contó que las comunicaciones eran casi imposibles; sin embargo, pudo contactarse con algunos vecinos en La Guaira que le dijeron que Gustavo estaba bien, pero no lograban escucharlo a él de viva voz.“Fue una sensación de alivio muy grande, pasamos más de 48 horas sin saber nada de él y por fin este sábado en la madrugada pudimos hablar telefónicamente y nos contó que estaba bien. Estábamos desesperados. Mi hermano vivía en un conjunto residencial que, afortunadamente, no se vino abajo totalmente, pero sí quedó inhabitable. Varios vecinos quedaron heridos y mi hermano ayudó a sacar a varios. Todos los residentes sobrevivieron”.Pese a que su hermano apareció, la joven cuenta que son muchas las personas cercanas y amistades que siguen perdidas entre los escombros, como la señora Celeste Adriana Pérez Landaeta, quien, según describe, estaba en la residencia Costa Azul, en la ciudad de La Guaira.Por último, Ariana agradeció a todos los barranquilleros y colombianos que se han sumado a la campaña de solidaridad, pero hizo énfasis en que ahora lo que más necesitan sus compatriotas, por las conversaciones que ha tenido con familiares y amigos, son insumos médicos para atender a la gran cantidad de heridos que llegan a los hospitales.
Siguen los pronunciamientos institucionales tras las declaraciones de los últimos días del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, quien lanzó una polémica propuesta al Gobierno nacional electo a raíz de los resultados de los comicios del pasado 21 de junio.Quien más recientemente lo hizo fue la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas son incompatibles con la democracia. Esto, a propósito de la solicitud del corporado de iniciar fumigaciones contra cultivos ilícitos y bombardeos en municipios antioqueños donde aumentó considerablemente la votación por Iván Cepeda entre la primera y segunda vuelta presidencial.Rordíguez se refirió específicamente al municipio de Campamento, Norte de Antioquia, donde días previos a los comicios se levantaron alertas por presuntos constreñimientos de las disidencias de las Farc."No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos por Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", declaró el corporado druante una sesión plenaria el apsado 23 de junio. Por este tipo de declaraciones la Defensoría del Pueblo le pidió al concejal Rodríguez retractarse de estas declaraciones, al mismo tiempo que anunciaron la remisión de una petición a la Fiscalía General para que investigue si las palabras del concejal constituyen algún tipo de conducta delictiva.“Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas, constituyen un discurso incompatible con el Estado social y democrático de derecho. Desconoce la dignidad humana y ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianos”, dijo la Defensoría remarcando que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio.
Las autoridades colombianas dieron un nuevo golpe contra el crimen transnacional con la captura en Medellín de uno de los delincuentes más buscados por la justicia chilena.Se trata del ciudadano venezolano Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como 'Guayo', señalado de integrar estructuras criminales responsables de homicidios y otros hechos de extrema violencia en ese país.La detención fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal y la Interpol, luego de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar al fugitivo en la capital antioqueña. Al momento del procedimiento, el hombre intentaba ocultar su verdadera identidad: no portaba documentación y utilizaba datos falsos con el propósito de burlar los controles migratorios y evitar ser detectado por las autoridades internacionales.Sobre alias 'Guayo' pesaba una notificación roja de Interpol emitida por la justicia chilena, quienes lo requieren para responder por una serie de delitos de alto impacto. Entre ellos figura el feminicidio de su compañera sentimental, a quien, según la investigación, habría ultimado con arma de fuego. Además, enfrenta procesos por homicidios frustrados y múltiples ataques armados que dejaron varias personas muertas y heridas.Las pesquisas también lo ubican como uno de los presuntos coordinadores de las operaciones delictivas del Tren del Coro en territorio chileno, organización señalada de ejecutar acciones violentas mediante el uso de armas de fuego de alto calibre para atacar a grupos rivales y consolidar su control criminal.Tras su captura, alias 'Guayo' quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el trámite correspondiente mientras el Gobierno de Chile formaliza la solicitud de extradición para que responda ante la justicia por el amplio prontuario criminal que se le atribuye.
