En segunda instancia, la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años al cabo segundo Carlos Alberto Betancourt Sánchez por sustraer, de manera indebida, datos reservados de seguridad nacional relacionados con el proceso de paz dentro de la denominada operación ‘Andrómeda’.Los correos electrónicos y claves de parte del equipo negociador del entonces presidente Juan Manuel Santos, que discutía en Cuba los acuerdos de paz de La Habana, fueron suministrados al hacker Andrés Sepúlveda a cambio de unos 100 millones de pesos.Así mismo, el cabo se comprometió a entregar información sobre la interceptación a teléfonos BlackBerry de un miembro del equipo negociador de las Farc en los acuerdos de paz. Por esa razón, la Procuraduría sancionó al suboficial del Ejército y luego de la apelación de la defensa ratificó el fallo proferido en primera instancia.También fue ratificada la suspensión por un mes al cabo primero Luis Humberto Moreno, quien recibió tres millones de pesos por la venta de información de reinsertados de las Farc entre los años 1993 a 2008.La Procuraduría corroboró que hubo encuentros entre el hacker Sepúlveda y el cabo Betancourt Sánchez, quien era conocido con el alias de ‘Bender’ para coordinar la información que el suboficial debía suministrar a Sepúlveda a cambio, no solo de dinero, sino de un computador que el hacker le dio al militar.La defensa del cabo Sánchez había apelado la decisión de la Procuraduría en primera instancia, alegando falta de legalidad en varias de las pruebas contra el implicado, pero el Ministerio Público desestimó este argumento dando validez a los testimonio y evidencias de las reuniones.Cabe recordar que el hacker Andrés Sepúlveda recobró su libertad condicional hace pocos días, luego de que un juez le otorgó este beneficio por buen comportamiento. Sepúlveda denunció que aceptó los cargos de las chuzadas ilegales por presiones de la Fiscalía.El hacker fue condenado a 10 años de prisión en 2015 y había sido capturado en 2014 por estos mismos hechos.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de no aceptar la petición que hizo Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, conocido como ‘El hacker’, quien por medio de su defensa solicitaba se revisara la condena de diez años de prisión emitida en su contra por interceptar las comunicaciones de varios negociadores de la guerrilla de las Farc en el proceso de paz.La tesis de Sepúlveda es que se debía tener en cuenta el caso de Luis Alfonso Hoyos quien fuera asesor de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Hoyos fue absuelto de todos los cargos en su contra. Por eso, Sepúlveda pedía que se le aplicara el mismo beneficio.Lo que pedía la defensa de Sepúlveda es que se le otorgara la prisión domiciliaria a su defendido, y que también se le retirara el delito de concierto para delinquir.“El actor pretende que por vía del presente diligenciamiento se emitan pronunciamiento, incluso con el alcance modificar o desconocer lo decidido en la sentencia condenatoria proferida en su contra, en lo que tiene que ver con el delito de concierto para delinquir agravado, y en virtud, se autorice de manera directa la concesión de la sustitución de la ejecución de la pena de prisión en centro carcelaria por prisión domiciliaria”, señala el fallo
Esta vez busca que le otorguen una amnistía de IURE para que el condenado por el escándalo de espionaje pueda salir en libertad.Su defensa argumenta en la solicitud que esa amnistía, según quedó plasmada en los acuerdos de paz, “se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión”.Es decir que se puede otorgar no solo a los miembros de las Farc, sus financiadores y miembros de la fuerza pública como actores del conflicto, sino a terceros.Lea también: Hacker Sepúlveda denuncia irregularidades en sitio de reclusión.Ese sería el caso de Sepúlveda, un tercero en el conflicto armado. Dice su defensa que Sepúlveda “ha sido condenado penalmente por delitos políticos, relacionados directamente con el conflicto armado”.Este es un segundo intento de Sepúlveda de que la justicia le dé la amnistía. Su primero fue el año pasado cuando lo declararon improcedente pues “al encuadrarse el ya conocido dentro del rango de los particulares o terceros, sin vínculo alguno de pertenencia o colaboración con las Farc, sino por el contrario, relacionado con la lucha político-ideológica en contra de dicha organización guerrillera”.En ese momento, la Corte Constitucional no había hecho la revisión de la Ley Estatutaria de la JEP, de que los terceros pueden válidamente acogerse, en forma estrictamente voluntaria, a la Jurisdicción Especial de Paz.El caso deberá ser definido en la JEP en las próximas semanas.
En medio del escándalo de las declaraciones del exdirector del CTI Julián Quintana, en contra del Almirante Álvaro Echandía, director de la dirección nacional de inteligencia, por la supuesta infiltración a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, la Fiscalía reveló que se tendrán resultados en poco tiempo. Así lo anunció el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien indicó que la entidad definirá la situación jurídica del excandidato presidencial por el caso del hacker Andrés Sepúlveda, con el fin de establecer si el político es llamado a imputación de cargos, o si por el contrario se archiva la indagación. La Fiscalía aún no ha establecido una relación directa entre la campaña presidencial de Zuluaga y las 'chuzadas' a los negociadores de La Habana. “El denominado caso del hacker Sepúlveda está asociado con delitos informáticos y espionaje, en el marco de esas investigaciones ya se han proferido seis condenas, asociados con una empresa criminal, que incluso tuvo acceso ilegal a redes que albergaban información de seguridad nacional. Por el momento, no se ha establecido si esas interceptaciones estaban asociadas con una campaña política y ni al Centro Democrático”, enfatizó el fiscal. Martínez anunció que la denuncia radicada este jueves por el excandidato presidencial por una supuesta infiltración en su campaña será revisada por el mismo fiscal que indaga el caso de Andrés Sepúlveda. El jefe del ente investigador agregó que al país no le conviene que estás indagaciones queden en “incertidumbre” por lo que pidió mayor celebridad en el proceso.
El exdirector de CTI Julián Quintana reveló en Twitter un documento que confirmaría que la Dirección Nacional de Inteligencia sí le entregó información inicial sobre el hacker Andrés Fernando Sepúlveda. “El señor Andrés Sepúlveda tiene en su laptop las interceptaciones al correo de Pacho Santos, así como la extracción de documentos mediante técnicas de hacking. En la oficina 211, ubicada en calle 93 b, 17 – 25, no solo se hace el manejo de la información y la campaña de marquetín negra, sino el sabotaje a portales gubernamentales, la extracción del fraude”, dice el documento. Además, el documento alerta de la entrada y salida a esa oficina de personas en horas de la noche, un hecho que califica de inusual. Quintana dijo a BLU Radio que hasta que él abandonó la Fiscalía no había elementos suficientes para imputar cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, por las presuntas chuzadas al proceso de paz durante la campaña presidencial de 2014. “Concretamente no se obtuvieron evidencias suficientes para realizar una imputación (…) hay evidencias pero no las suficientes para hacer una imputación”, manifestó. Escuche en este audio más información de las siguientes noticias: -5 mil 800 familias afectadas por el invierno en el país se registran en el país: hay atención especial en 6 departamentos por inundaciones y deslizamientos. -Una persona murió luego de chocar su vehículo contra un separador en la vía La Cordialidad, a la altura del municipio de Galapa, Atlántico. -Nigel Farash, líder británico del Brexit viajó a Nueva York para reunirse con Donald Trump.
"Mi trabajo era hacer acciones de guerra sucia y operaciones psicológicas, propaganda negra, rumores, en fin, toda la parte oscura de la política que nadie sabe que existe, pero que todos ven", indica el hacker colombiano en una extensa entrevista con la revista estadounidense. Sepúlveda, que cumple una condena de diez años de cárcel en su país, explica que ayudó a manipular las elecciones de nueve países de Latinoamérica mediante el robo de datos, la instalación de programas malignos (malware) y la creación de burlas en las redes sociales. Los países a los que alude son Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala y Venezuela. El pirata informático, de 31 años e ideológicamente cercano a la derecha, dice haber viajado durante ocho años a través del continente americano manipulando las principales campañas políticas. En la actualidad, el hacker cumple una condena de 10 años de cárcel en Colombia por los delitos de uso de software malicioso, conspirar para delinquir, violación de datos y espionaje vinculados a las elecciones de ese país en 2014. En su entrevista con Bloomberg Businessweek, Sepúlveda asegura que el trabajo realizado para la campaña de Peña Nieto fue de lejos "el más complejo" que hizo y que costó 600.000 dólares. Con el fin de ayudar a Peña Nieto a obtener la victoria, Sepúlveda supuestamente encabezó un equipo de seis hackers que robaron estrategias de campaña, manipularon redes sociales para crear falso entusiasmo e instalaron spyware (programa informático espía) en las sedes de campaña de la oposición.
El Ejército Nacional confirmó que las disidencias de las Farc del frente de Carlos Patiño están lanzando explosivos desde viviendas en el corregimiento El Plateado, municipio de Argelia, Cauca. De acuerdo con el informe, lo anterior es una violación clara al derecho internacional humanitario, a los Convenios de Ginebra y a los derechos humanos.En los últimos días, el corregimiento de El Plateado ha sido centro de operaciones militares. Incluso, el pasado jueves murieron 15 guerrilleros y al menos 12 más resultaron heridos por una ofensiva aérea del Ejército Nacional.A esto, hay que sumar que los pobladores de la zona se han visto encrucijados en medio de estas acciones de los grupos criminales y, además, los techos de sus viviendas están siendo usados para lanzar artefactos improvisados.“Es una artillería totalmente artesanal que están empleando los bandidos a través de la fabricación de unos tubos de refinería, que los emplean de manera artesanal y los construyen sin ningún tipo de arquitectura ni de ingeniería”, afirmó el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. “Los pobladores y campesinos lo llaman la ‘bomba loca’ porque se lanza y no tiene control”, concluyó.A estos hechos, se suma también el campamento que improvisaron desde la infraestructura que surte de agua a las comunidades, y desde donde también se han lanzado explosivos no convencionales contra las tropas que se mantienen en la zona.Asimismo, según el comunicado, durante los últimos meses las disidencias han cometido numerosos atentados contra la subestación eléctrica del corregimiento de El Mango, que es la que surte de energía al municipio de Argelia.Frente a esto, el Ejército Nacional confirmó que continuará adelantando acciones en el departamento para impedir que se ponga en peligro la integridad y la tranquilidad de los pobladores de la región.
Estos fueron los temas tratados en En Blu Jeans del 28 de abril de 2024:El programa comenzó con la pregunta: ¿cree usted que las groserías dicen lo que otras palabras no pueden comunicar?@TravesíaTv compartió detalles sobre las piscinas.En #TecnologíaDeBolsillo se entregaron datos tecnológicos que todos deben saber.Como tema central, Román Hernández, psicoterapeuta clínico, tanatólogo y conferencista, habló sobre las groserías.En #LaMaquinaDeLaVerdad hablaron sobre mitos y realidades sobre las cucarachas.Escuche el programa completo en el siguiente enlace:
Otra investigación de contratos durante la alcaldía de Daniel Quintero está en el ojo del huracán y serán investigados, de manera previa, por el Ministerio Público.Se trata de varios contratos firmados por un valor cercano a los 8 mil millones de pesos en el año 2023, entre la Secretaría de Participación y siete corporaciones, entre las que se destacan: Asercomunitaria, Casa Creo, Innova con Amor, Corcuidar, Corpolaureles, Cor-social y Corporación para el desarrollo Altavista Somos.Por ello, la Personería de Medellín abrió indagación previa en contra de funcionarios por determinar que habrían suscrito dichos contratos. "La Personería Distrital de Medellín, a través del proceso de vigilancia administrativa de instrucción disciplinaria, abrió indagación previa de oficio en contra de funcionarios por determinar por las presuntas irregularidades de la firma de contratos entre la Secretaría de Participación Ciudadana y siete corporaciones", indicó Yenny Serna Montoya, personera Delegada 20D de Vigilancia e Instrucción Disciplinaria.La Personería Distrital informó que esta indagación se desarrollará con respeto estricto de la garantía del debido proceso, de tal manera que, si con las pruebas recaudadas se individualizan los presuntos responsables y se identifica la existencia de un reproche disciplinario, se procederá con la apertura formal de investigación disciplinaria y de ser el caso, la formulación de pliego de cargos o el archivo del proceso.
Un desalojo pacífico fue lo que le pidieron a las más de 4.000 familias que invaden la Hacienda Santa Elena, un predio de 120 mil hectáreas en propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), donde desde hace varios meses estos habitantes han buscado establecer sus viviendas de manera irregular.Quienes hacen parte de esta masiva invasión celebraron, con caravanas y banderas de Colombia, el anuncio del presidente Gustavo Petro el pasado 11 de abril, cuando le pidió al alcalde de la localidad que buscara haciendas con tierra fértil y terrenos de la SAE para dar soluciones de vivienda a estas familias, pero la dicha les duró poco, porque este lunes la entidad confirmó que este terreno no puede ser negociado ni utilizado para proyectos sociales, por su estatus jurídico."Donde hay predios de la SAE le pediré que organice a las familias que se han tomado los terrenos para vivienda en una asociación de vivienda, integren una asociación de vivienda y el Gobierno Nacional va a ayudarles", expresó el mandatario.Luego de ello, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía y un representante de la Sociedad de Activos Especiales, en el que evidenciaron que la posición de la comunidad es no abandonar el sitio hasta que no sean reubicados. Mauricio Urquijo, director de la SAE regional Occidente, aclaró por qué este predio no aplica para la promesa del presidente."Sobre el predio Santa Elena es importante decir que es un predio que por orden judicial no nos permite de ninguna manera hacer ningún tipo de negociación, hacer allí algún proyecto de carácter social y es por eso que requerimos que la comunidad organizada establezca un diálogo con las instituciones públicas, con la Sociedad de Activos Especiales y otras entidades hermanas", afirmó Urquijo.Durante su discurso, Petro también le propuso al mandatario local identificar un terreno apto para construir casas con el apoyo del Gobierno Nacional, con el fin de resolver el déficit de vivienda que existe en esa zona del Bajo Cauca antioqueño, que según el mandatario de esa localidad es de 3.300 viviendas nuevas y más de 6.000 soluciones de mejoramiento.
La reforma pensional está ad portas de convertirse en ley en Colombia, y sobre todo el proyecto y el articulado aprobado por el Senado en días recientes son muchas las preguntas que quedan para los cotizantes.Para hablar sobre esta reforma, se conectó a Sala de Prensa Blu, Kevin Harman, experto en sistemas pensionales, con amplio conocimiento sobre el sistema colombiano, y analizó las implicaciones de la reciente reforma aprobada por el Congreso de la República. En la conversación, Harman destacó la importancia de tener en cuenta las particularidades de cada persona al momento de abordar el sistema pensional. Señala que la pensión es un reflejo de la vida laboral de cada persona, y que factores como la estabilidad laboral, los salarios y las oportunidades de cotización pueden afectar significativamente la pensión final. En cuanto a la reciente reforma pensional, Harman afirma que hay aspectos positivos y otros que requieren mayor atención. Por un lado, destaca el pilar solidario de la reforma, que busca garantizar una ayuda económica a aquellas personas que no han tenido una pensión adecuada. Sin embargo, también resalta la importancia de fortalecer el pilar semi-contributivo, ya que muchas personas podrían quedar relegadas a este pilar debido a las dificultades del mercado laboral. Harman, además, hizo énfasis en la necesidad de aumentar la protección social en la vejez, teniendo en cuenta la realidad laboral y las desigualdades existentes en el país. También mencionó la importancia de facilitar la cotización al sistema de pensiones para aquellos trabajadores informales, y propone la implementación de programas que permitan cotizar de forma gradual y accesible. Privado vs. PúblicoEn cuanto al debate sobre los fondos privados de pensiones y el sistema público, Harman señala que ambas opciones tienen ventajas y desventajas dependiendo del perfil y los ingresos del trabajador.Explicó que los fondos privados pueden ser más beneficiosos para aquellos trabajadores con salarios más bajos, mientras que el sistema público puede ser más adecuado para aquellos con salarios más altos. Sin embargo, resalta la importancia de garantizar la sostenibilidad del sistema y buscar mecanismos para evitar pensiones insuficientes en el futuro. "Entonces si usted gana entre uno o dos salarios mínimos, normalmente le conviene más estar en un fondo privado, ¿por qué? Porque existe ese mecanismo que pueden ser menos años y está el fondo de garantía de pensión mínima", detalló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: