En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, Claudia López, compartió detalles íntimos sobre su fallido proceso de maternidad junto a su esposa, Angélica Lozano. López confesó que la presión política y un fuerte escándalo mediático en 2021 coincidieron con la pérdida de su bebé, un suceso que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.El intento más cercano de la pareja por ser madres ocurrió en enero de 2021. Tras varios procesos, Lozano quedó embarazada. Sin embargo, la noticia coincidió con un polémico viaje de vacaciones de López que desató críticas nacionales. "Fue tal el escándalo y tal la presión que Angélica terminó perdiendo el bebé", relató López, subrayando que el dolor fue tan profundo que afectó su capacidad para liderar la ciudad y vivir el duelo simultáneamente.La exmandataria recordó con amargura el tratamiento de ciertos sectores de la prensa durante ese periodo. "Yo en la mitad de ese duelo de haber perdido mi bebé, y ellos regodeándose con el tema, era una cosa miserable", afirmó al referirse a las portadas y cuestionamientos que recibió mientras atravesaba la pérdida familiar.¿Por qué Claudia López renunció a ser madre?Tras el traumático episodio, López decidió no retomar los intentos de fertilidad. La razón principal fue la imposibilidad de equilibrar su rol como "alcaldesa cuidadora" de ocho millones de personas con la carga emocional de un nuevo proceso. "No soy capaz de ser tu esposa, estar tranquila, cuidar a la ciudad y ser una buena alcaldesa", le expresó en su momento a Lozano.Al finalizar su mandato en la Alcaldía, la pareja evaluó retomar el proyecto, pero decidieron desistir definitivamente. López, de 56 años, explicó que la edad fue un factor determinante, considerando que sería injusto para el menor tener madres tan mayores durante su adolescencia. "Mi sueño en la vida siempre ha sido tener una Angélica chiquita, pero no... en otra vida", concluyó la dirigente política.
En diálogo con Mañanas Blu, la senadora Angélica Lozano abordó los retos, críticas y la génesis de la nueva normativa que regula las encuestas de opinión política y electoral en Colombia. La legisladora enfatizó que el objetivo primordial es garantizar la calidad de la información que recibe el ciudadano, dado el alto impacto que estas mediciones tienen en la psicología del elector. Justicia con la autoría y el origen legislativoLa senadora aclaró la controversia sobre quién ideó esta regulación, otorgando el crédito total al exsenador Rodrigo Lara. "El autor original, el que investigó y escribió el proyecto es Rodrigo Lara", afirmó Lozano, explicando que, al no estar él en el actual Congreso, retomaron su texto con su consentimiento. "Mal haríamos en apropiarnos de un trabajo intelectual y legislativo ajeno", añadió, celebrando que tras cinco años de intentos, la iniciativa sea hoy una realidad vigente.Un cuerpo de expertos para auditar la opiniónLozano explicó que, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido la autoridad de encuestas por 30 años, carecía de dientes técnicos. La nueva ley soluciona esto dotando al CNE de un cuerpo de cinco expertos en estadística. Anteriormente, el consejo estaba compuesto solo por abogados que, según la senadora, simplemente "chuleaban" los informes sin un análisis profundo."Esos señores y señoras... su función es hacer la auditoría de cada encuesta nacional", detalló Lozano, subrayando que estos expertos verifican estándares técnicos mínimos para asegurar que, si se afirma que "Colombia piensa algo", la muestra realmente represente al país y no solo a un sector.Uno de los puntos más polémicos ha sido la obligatoriedad de hacer públicos los microdatos. Lozano defendió este cambio como una medida esencial de transparencia. Según la senadora, antes las firmas entregaban solo presentaciones visuales: "Mandaban un PowerPoint, una presentación, unas barritas, unos números con color... Los microdatos es que tienen que mandar el soporte, el Excel y tienen que ser públicos".Esta apertura permite que expertos independientes y ciudadanos capacitados verifiquen si los resultados presentados coinciden con los datos recolectados. "Aquí no están en venta peluches, aquí las encuestas de opinión pública y electoral moldean e influyen la opinión de la gente", sentenció Lozano, justificando que la transparencia no debería "mortificar" a las encuestadoras.Escuche aquí la entrevista:
La senadora Angélica Lozano se refirió al reciente decreto presidencial que elimina la prima especial de servicios de los congresistas —una bonificación cercana a los 17 millones de pesos mensuales— asegurando que “el decreto es un camino que nunca se había previsto”. La congresista recordó que durante la última década se presentaron 18 proyectos en el Congreso con este mismo propósito: “Doce de reforma constitucional y seis de proyecto de ley. De modo que el decreto sí es algo novedoso”, declaró en entrevista con Mañanas Blu.La medida, firmada por el presidente Gustavo Petro y el Departamento Administrativo de la Función Pública, entraría en vigor el próximo 20 de julio, afectando a quienes resulten electos en los comicios legislativos del 8 de marzo. Lozano celebró la decisión, aunque destacó que el proceso elegido por el Ejecutivo rompe con la tradición institucional: “Personalmente acompaño la decisión, pero sin duda el camino blindado es el de la ley o la reforma constitucional. Este abre una astilla que nunca se habló”.Una lucha de una década por reducir privilegiosLozano, quien ha liderado desde su llegada al Congreso la lucha por reducir los altos salarios de los legisladores, recordó los repetidos intentos frustrados por vía parlamentaria y ciudadana. “En el Congreso, diez años de intentos. El Senado aprobó la eliminación de la prima hace año y medio, pero la Cámara lo hundió al final del trámite”, relató.La senadora también evocó la fallida consulta anticorrupción de 2018, que obtuvo más de 11 millones de votos. “Fue un logro colectivo por encima de todas las diferencias. Logramos el 32% de participación, faltando apenas un punto para hacerla vinculante”, señaló. Para ella, la eliminación de la prima recoge ese mandato ciudadano de austeridad: “Celebro el gesto del Gobierno porque recoge ese mandato que nos unificó por encima de las diferencias”.Riesgos jurídicos y controversia institucionalAunque Lozano destacó el contenido del decreto, alertó sobre su fragilidad legal y los posibles efectos colaterales. “Un decreto es más frágil; es de un gobierno. Y al ser así, deja la puerta abierta a demandas”, advirtió, señalando que la medida podría afectar hasta a 2.500 altos funcionarios cuyos salarios están vinculados al de los congresistas. “País de abogados que somos, habrá controversia jurídica y serán los jueces los que definan”, anticipó.El decreto podría entrar en conflicto con la Ley Cuarta de 1992 y el artículo 187 de la Constitución, disposiciones que establecen el sistema de remuneración para congresistas, magistrados y demás altos dignatarios. “Por eso sorprende el decreto, porque nunca se habló de hacerlo vía ejecutiva”, puntualizó la senadora.Debate político y suspicacias electoralesEl anuncio del decreto coincide con el arranque del periodo electoral, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre sus posibles fines políticos. Lozano misma expresó su sorpresa ante la oportunidad del anuncio: “La sorpresa la guardó para esta época de campaña, donde igualmente es válido, pero no deja de llamar la atención”.En sus declaraciones, la congresista ironizó sobre la coincidencia entre la rebaja de la gasolina y el decreto durante la campaña: “La gasolina subió 8 mil pesos y ahora, mágicamente, en elecciones va a bajar 300. Una coincidencia, bueno para la gente, pero la gente no es boba”. Al referirse al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con quien ha tenido cruces públicos, señaló: “Él dijo que era una avivatada que el decreto entrara en vigor el 20 de julio. Yo le pregunto, ¿ahora ya no le parece avivatada?”.Impacto político y llamado a la separación de poderesLa senadora también advirtió sobre la creciente concentración de poder en el Ejecutivo. Para ella, el uso recurrente de decretos muestra una tendencia preocupante del presidente Petro: “El presidente ha optado por los ‘decretazos’, por saltarse a las otras ramas del poder. Y el equilibrio institucional es clave para la democracia”, afirmó.Lozano insistió en que el fortalecimiento del Congreso es fundamental para el equilibrio democrático: “Se necesita gente con criterio, que no se venda por ningún puesto, que actúe con rigor y argumentos. Colombia no puede avanzar al son de ningún caudillo”.
La eliminación de la prima especial de servicios de 16 millones de pesos que reciben los congresistas volvió a poner en el centro del debate público el alto salario del Legislativo y las implicaciones reales de la decisión adoptada por el Gobierno nacional mediante decreto.La senadora Angélica Lozano, una de las principales impulsoras de la reducción salarial desde hace más de una década, defendió en Recap Blu la decisión y aseguró que se trata de una medida de "equidad", más que de un cálculo fiscal o político. Según explicó, el salario de los congresistas en Colombia es uno de los más altos del mundo, incluso en comparación con parlamentos europeos, lo que ha generado históricamente una brecha profunda frente al ingreso del ciudadano promedio.¿En cuánto quedará el salario de congresistas?Actualmente, el salario mensual bruto de un congresista asciende a 51,5 millones de pesos, compuesto por tres rubros: un sueldo básico cercano a los 12 millones, una prima especial de servicios de aproximadamente 16,9 millones y los gastos de representación. Con la entrada en vigencia del decreto, esta prima desaparecerá a partir del 20 de julio de 2026, fecha en la que se posesionará el próximo Congreso.Esto significa que los nuevos congresistas arrancarán su periodo con un ingreso de 16,9 millones de pesos menor al actual. Además, al disminuir el ingreso total, también se reducirán proporcionalmente los descuentos por salud, pensión, retención en la fuente y aportes solidarios, lo que ajustará el neto mensual recibido.Hoy, tras las deducciones legales —que rondan los 18,6 millones de pesos—, un congresista recibe en promedio 32 millones de pesos netos. Con la eliminación de la prima, el ingreso final será menor, aunque seguirá sujeto al aumento anual que se realiza con base en el promedio del ajuste salarial de los servidores públicos, generalmente aplicado entre abril y diciembre.Lozano aclaró que la decisión de que la medida rija desde el 20 de julio obedece a razones jurídicas, ya que quienes se posesionan en esa fecha inician un nuevo vínculo laboral, lo que reduce el riesgo de demandas por derechos adquiridos. Esta explicación contrasta con declaraciones previas del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien había sugerido que el recorte debía aplicarse de manera inmediata.Reducen salario ad portas de eleccionesMás allá del debate técnico, la senadora reconoció que el decreto llega en un contexto preelectoral, coincidiendo con otras decisiones populares como el aumento del salario mínimo o la reducción del precio de la gasolina. Sin embargo, insistió en que la lucha por bajar el salario de los congresistas no es nueva y recordó los múltiples intentos fallidos en el Congreso, así como la consulta anticorrupción de 2018, que estuvo a punto de superar el umbral.
La senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Cathy Juvinao presentaron en la tarde de este martes, 23 de diciembre, dos respectivos oficios ante la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, pidiendo la intervención competente de ambos estamentos para ejercer control al decreto 1390 de 2025 con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por cuenta del hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria.Las congresistas verdes solicitaron al alto tribunal la suspensión provisional del decreto, argumentado que las causas invocadas por el Ejecutivo no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad ni extraordinariedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución para la declaratoria del estado de excepción y que el decreto podría eludir el control judicial al haberse expedido en vísperas de la vacancia judicial prevista desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 13 de enero.Según exponen, temas como obligaciones judiciales frente a la UPC en salud, la grave crisis de seguridad y orden público, los desastres naturales producto del cambio climático, y las deudas en temas de subsidios de energía y gas, entre otros, corresponden a problemas estructurales, previsibles o permanentes del Estado.Para las congresistas, la negativa del Congreso a aprobar una iniciativa del Gobierno como la ley de financiamiento, no puede considerarse un hecho habilitante de un estado de excepción, pues se trata de una manifestación normal del equilibrio de poderes y no puede ser usada como excusa para habilitar facultades legislativas excepcionales en el Ejecutivo.Lozano y Juvinao también alertan sobre un posible riesgo de elusión del control constitucional. Señalan que el decreto fue expedido en medio de la vacancia judicial, lo que permitiría que produzca efectos jurídicos relevantes antes de que la Corte adopte una decisión de fondo, habilitando al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante ese periodo.Remitiéndose al auto 272 de 2023, las congresistas sostienen que la Corte sí tiene la facultad excepcional de adoptar medidas para impedir temporalmente los efectos de un decreto declaratorio cuando exista una incompatibilidad constitucional manifiesta y un riesgo cierto de afectación al orden democrático.A su juicio, en este caso se cumplen dichos presupuestos, pues el Gobierno contaba con múltiples mecanismos ordinarios para atender las situaciones alegadas sin acudir a poderes excepcionales; por lo que piden una actuación inmediata que suspenda la ejecución del estado de emergencia económica y le impida al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley especialmente en materia de nuevos impuestos.Complementando la solicitud ante la Corte, las congresistas Lozano y Juvinao pidieron formalmente al procurador general Gregorio Eljach iniciar una actuación disciplinaria contra los ministros firmantes del decreto.“Debe resaltarse que la firma de los ministros no constituye un acto meramente formal, sino una manifestación expresa de responsabilidad individual, mediante la cual cada ministro avala la procedencia constitucional del estado de excepción y la concurrencia de sus presupuestos materiales”, señala el documento.
La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, analizó en Sala de Prensa Blu el agitado cierre legislativo y el panorama político, lanzando críticas frontales al Gobierno y proyectando el camino electoral de su colectivo.Lozano fue directa al calificar el estado de la reforma tributaria: "Está como vegetal. Pero el Gobierno no la deja desconectar (...) está quemando tiempo", afirmó, para que el fracaso del proyecto ocurra lo más cerca posible del 20 de diciembre, cuando inicia el receso judicial.Según la senadora, allanar el camino para un controversial decreto de emergencia económica que establezca impuestos, saltándose la aprobación del Congreso. "Mi hipótesis es que el Gobierno dice, OK, me van a hundir la tributaria, le saco un decreto de emergencia económica, pongo impuestos saltándome el Congreso", explicó. Lozano sostiene que el Gobierno sabe que este mecanismo es inconstitucional, como ocurrió con decretos para el Catatumbo y La Guajira, pero buscaría aprovechar el tiempo que la Corte Constitucional tardaría en tumbarlo durante su vacancia. "Es abuso de poder", dijo."Paz total": un "fracaso" que potencia a los criminalesAl abordar el debate por las revelaciones de Noticias Caracol sobre alias ‘Calarcá’, la congresista fue contundente: "La paz total es un fracaso". Afirmó que esta política y la figura de "gestores de paz" han permitido "abuso, crecimiento de los grupos criminales que tienen un trato absurdamente especial de protección de potencia". Para Lozano, lo expuesto por la investigación muestra una alarmante infiltración: "Es una política desde adentro del Estado, desde el nivel más alto (...) Lo que pasó con la parapolítica al servicio de paramilitares... se está repitiendo, pero ahora como 'disidencio-política'", protegida por el gobierno y "gente de confianza del presidente como '[Iván] Velásquez' y Huertas".Destacó positivamente la mesurada reacción del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien respetó el informe, en contraste con la actitud del presidente Petro. Lozano especuló que esto podría deberse a que Sánchez "es un militar" que, tras el gobierno, regresará a su comunidad castrense, la cual "pasa los gobiernos".Panorama electoralEn clave electoral, Lozano reveló con orgullo que ocupará el número 10 en la lista al Senado de la Alianza Verde, encabezada por Lucho Garzón. "Soy la Messi. Al Senado... La 10 del verde", dijo, resaltando el valor simbólico del número. Sobre las encuestas, comentó los dardos cruzados en el debate pero subrayó la necesidad de que el país "salga de esos extremos que viven en venganza, presos del odio".Al ser preguntada por su pareja, la candidata presidencial Claudia López, Lozano mostró un apoyo firme. "Todo lo que le han hecho a Claudia para sacarla... sin el apoyo económico de nadie, a punta de talento, de gobernar bien, sin corrupción", argumentó. Respecto a posibles alianzas, indicó que López está "siempre dispuesta a construir con pluralismo", pero con carácter. "Ella tiene argumentos, ella defiende a las mujeres, las regiones... y tiene el carácter para enfrentar a los bandidos", concluyó
La principal crítica de la senadora Angélica Lozano radica en que esta reforma tributaria busca cubrir un presupuesto que fue aprobado de manera "inflada y real". Según la congresista, el hueco del presupuesto es significativamente mayor a los $16 billones de pesos que se esperan recaudar con la tributaria. Cifras del Comité Autónomo de Regla Fiscal han demostrado que este déficit podría superar los $40 billones de pesos.Ante esta situación de endeudamiento, que la senadora describe como estar "al gotagota internacional" y viviendo de "avances de tarjetas de crédito," el gobierno se ha negado a "apretarse el cinturón". Lozano señaló que cuando una familia o empresa enfrenta una crisis, debe parar el derroche y reducir el gasto, algo que el gobierno se rehúsa a hacer, manteniendo el gasto suntuario y los eventos, sin voluntad de austeridad.Para la senadora, la deuda nacional es tan grave que, actualmente, para un banco es más rentable comprar deuda a la nación que prestarle a un microempresario o un ciudadano, debido a las tasas altísimas que el gobierno está pagando.Doble impuesto a los ahorradoresLa senadora Lozano desmintió la idea de que la reforma no afectará a la clase media. Argumentó que los impuestos a sectores como el licor o los bancos se trasladarán de inmediato a los ciudadanos, ya sea a través de las tarifas de los servicios financieros o el precio final de los licores.Uno de los puntos más controvertidos es el castigo al ahorro. Lozano enfatizó que la reforma busca clavar un doble impuesto a los Certificados de Depósito a Término (CDTs), castigando al ciudadano que se sacrifica y se priva de gastos para ahorrar 2, 3 o 20 millones de pesos. "Si usted ahorra, pague," ironizó la senadora sobre la medida, catalogándola como contraproducente.La senadora explicó el mecanismo de la votación conjunta que se llevará a cabo en la tarde. Hay varias ponencias, incluyendo una positiva (del gobierno, posiblemente con modificaciones) y ponencias negativas (que buscan archivar el proyecto).El proceso favorece potencialmente el archivo del proyecto gubernamental:1. Para que se apruebe una ponencia de archivo, es necesario que las cuatro comisiones (casi 100 integrantes) voten sí por mayoría, una por una, lo cual es improbable dado que "el gobierno domina la cámara".2. Para que se hunda la ponencia positiva del gobierno, solo se necesita que una sola comisión la niegue.La senadora Lozano confirmó que en la Cuarta Comisión del Senado votará negativo, lo que podría ser el escenario posible para hundir el proyecto, ya que basta con el rechazo de una comisión para que la ley de financiamiento no prospere.Escuche aquí la entrevista:
El exministro Juan Fernando Cristo, líder del movimiento En Marcha, celebró recientemente la definición jurídica de su partido, confirmada tras la decisión de la Corte Constitucional de cerrar una disputa legal que se extendió por más de tres años.El partido, que ha defendido principios liberales desde su separación del Partido Liberal, se mostró "muy contento" con este fallo.Lanzamiento de una coaliciónCon su estatus legal asegurado, En Marcha avanza en la consolidación de una fuerte coalición de cara a las elecciones legislativas. Cristo confirmó que, tras dos meses de trabajo, el primero de diciembre se realizará el lanzamiento oficial de esta alianza en la Plaza de la Aduana, en Cartagena.La coalición está integrada por En Marcha, la Alianza Verde, el partido Demócratas y el partido Colombia Renaciente. El objetivo primordial es aspirar a convertirse en la primera fuerza política en el Congreso de la República en las elecciones de marzo.Aunque la cabeza de lista para el Senado aún no se ha definido, la coalición cuenta con una lista de cerca de 90 nombres al Senado y más de 170 a las Cámaras en distintos departamentos. Algunos precandidatos de En Marcha incluyen al senador Guido Echeverri, el senador Juan Carlos Bocanegra, la exsecretaria de educación de Bogotá Enna Bonilla, y Yolanda Mené, excandidata a la gobernación del Cauca. Además, en sintonía con las tendencias actuales, la lista incluirá varios influencers. Se están invitando también figuras importantes del Partido Verde, como Angélica Lozano, Ariel Ávila y Jap Hernández.Candidatura presidencialA pesar de que Cristo puede ser candidato, en diálogo con Mañanas Blu 10:30, aclaró que solo lo sería por En Marcha, no por toda la coalición de partidos. De hecho, el acuerdo concretado hasta el momento solo se refiere a las listas al Congreso, no a las candidaturas presidenciales.Cristo estaba esperando la definición jurídica de la personería de En Marcha para tomar una decisión personal. Anunció que la próxima semana se reunirá la dirigencia de En Marcha (incluyendo candidatos y directorios departamentales) para tomar una decisión en materia de candidatura presidencial, la cual seguramente se anunciará la próxima semana.Escuche aquí la entrevista:
La senadora Angélica Lozano es una de las que se ha pronunciado sobre el polémico debate sobre la cuota de género en el gabinete ministerial. Su “disgusto” se centra en el nombramiento de Juan Carlos Florián, quien ha solicitado ser llamado "ministra", y las implicaciones que esto tiene para la legítima representación de las mujeres en el poder ejecutivo.Para Lozano, esto no solo desvirtúa la ley, sino que también “banaliza y manosea las luchas de las mujeres y las personas LGBT”, según comentó la senadora en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, este viernes.La senadora Lozano, con orgullo, destacó la reciente modificación de la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000), actualizada en 2024, que elevó la participación de las mujeres del 30 % al 50 % en los cargos directivos del ejecutivo.Según explicó, esta ley, avalada por la Corte Constitucional, aplica desde las alcaldías municipales y gobernaciones hasta la Presidencia de la República, incluyendo todos los ministerios y departamentos administrativos.“Esto no es solo de números o mujeres haciendo bulto. Es que más de la mitad de los colombianos somos mujeres y ahí hay una mirada de agenda y de problemática”, aseveró.La controversia por el nombramiento de Juan Carlos FloriánEl punto central de la crítica de Lozano es el nombramiento del ministro Juan Carlos Florián. A pesar de que Florián se autodenomina “marica” y se refiere a sí mismo como “ministra”, Lozano fue contundente al afirmar que "la ley de cuotas es de mujeres”.“Que esto no se llena con que si el hombre, un señor homosexual o una persona trans, no, esto es una cuota de mujeres y él tiene todo el derecho en su intimidad y en lo público a autodenominarse como quiera, pero eso no cambia la ley. Entonces, él es un hombre”, sentenció.La senadora subrayó la importancia de la claridad en la aplicación de la ley, instando a “respete a las mujeres y respete también a la a las luchas LGBT por la igualdad”. Además, denunció que el Gobierno tardó en reglamentar la ley, buscando sumas que incluyeran a “operarias, secretarias” en lugar de enfocarse en los cargos directivos.Angélica Lozano no solo cuestionó la interpretación de la Ley de Cuotas, sino que también criticó lo que consideró una "banalización" de las luchas sociales.Incluso, manifestó que “el manoseo viene del presidente”, quien, a pesar de haber usado el “pañuelo feminista en campaña”, ha “protegido, impulsado y defendido a toda clase de abusadores y de gente que ha ejercido violencia machista y abusos de distinto orden laboral”.Asimismo, Lozano enfatizó la difícil situación de las personas trans en Colombia, con un promedio de vida de solo 35 años, debido a la violencia y discriminación sistémica. Por ello, le pareció grave que “el presidente banalice o le parezca chistoso”.
En diálogo con Mañanas BLU, la senadora Angélica Lozano, integrante de las comisiones económicas del Congreso, ha levantado serias preocupaciones sobre la propuesta de reforma tributaria y el presupuesto nacional del Gobierno.Lozano expresó su desazón ante la falta de claridad y advirtió sobre una posible estrategia gubernamental para que el Congreso rechace el presupuesto, permitiendo su aprobación por decreto, una situación que, según ella, replicaría el escenario del año anterior. La nación se encuentra a la expectativa de conocer los detalles de una reforma tributaria que, según el ministro Germán Ávila, busca recaudar la ambiciosa cifra de 26 billones de pesos en nuevos impuestos."Ninguna pista. Me da pena con sus oyentes porque todos estamos especulando," afirmó la senadora Lozano, lamentando la opacidad en torno a los nuevos gravámenes. La única indicación que ha dado el gobierno es la intención de "recuperar lo que la Corte le quitó sobre los hidrocarburos, el petróleo, la gasolina," siendo esta la única pista de sector que se ha proporcionado hasta el momento. La senadora Lozano ve en la cifra anunciada para la reforma tributaria y el monto global del presupuesto una clara señal de la estrategia gubernamental. Para el año entrante, el gobierno ha solicitado 556 billones de pesos, un monto que la congresista califica de "inflado" y "estrambótico". Según su interpretación, este presupuesto se presenta con la intención de ser rechazado por el Congreso."Creo que presentó un monto tan alto y anuncia una tributaria tan alta que es para garantizar que el Congreso le diga no y entonces vuelve a repetirse el presupuesto por decreto," explicó Lozano, haciendo alusión a la comodidad que el gobierno experimentó al aprobar el presupuesto de este año sin la intervención del legislativo. CongresoLa senadora Lozano manifestó que el cuerpo legislativo "no quiere que se repita el decreto" y busca aprobar el presupuesto por ley. Sin embargo, esto requiere la voluntad del gobierno, que "estuvo muy cómodo con el decreto," dejando al Congreso "bailando solo".Existen dos caminos para la reforma tributaria, y el gobierno parece estar eligiendo el que considera más favorable. Si la reforma es de "financiamiento" (para cubrir un déficit), se tramita únicamente por las comisiones terceras de Cámara y Senado, donde el gobierno tiene "total oposición". Si es una tributaria para "algo adicional," implica las comisiones cuartas, donde el gobierno "estima que puede tener más ambiente".Doble carga para BogotáA la preocupación nacional se suma una "doble tributaria" para los ciudadanos de Bogotá. Además de la reforma nacional, la capital se enfrenta a una reforma tributaria distrital impulsada por el alcalde Galán, que se votará este mismo mes de septiembre. Esta propuesta busca recaudar 1.2 billones de pesos nuevos al año, lo que representa un aumento del 8%.Aunque la iniciativa distrital incluye un mensaje positivo de "simplificación" al reducir las tarifas de ICA a cuatro, la senadora advierte que "el diablo está en los detalles". Lozano manifestó inquietudes específicas:Sobrecarga empresarial: Podría "terminar sobrecargando también al empresariado bogotano que además del golpe nacional recibiría el golpe distrital".Incentivos mal enfocados: Los incentivos para nuevas inversiones y generación de empleo son clave, pero están dirigidos a la operación estratégica alrededor del aeropuerto El Dorado , en lugar de donde realmente se necesitan, como el sur y occidente de la ciudad (Soacha). El sector aeroportuario es "un tesoro valioso" que "no necesita incentivos" y "puede pagar a tope".Discrecionalidad en incentivos: La determinación de estos incentivos en una comisión posterior se presta a "discrecionalidad y a arbitrariedad," por lo que "la regla debe ser clara para todos".Impacto en prediales: Los prediales también sufrirán un impacto, con el estrato 4 en Bogotá, clavado por todo lado," y los incentivos para estratos 1 a 3 son mínimos, como una rebaja de 80,000 pesos para predios menores de 270 millones, cuando lo que se necesita es la posibilidad de pagar el predial a cuotas.Escuche aquí la entrevista:
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.
